Jose Juan Lopez Ramos

Expediente 320/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
320/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Jose Juan Lopez Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. I. SE DECLARA FIRME SENTENCIA. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que a la fecha de este proveído, feneció el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución dictada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II.DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional, al promovente José Juan López Ramos, en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    29/04/22 v I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 320/2022-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por José Juan López Ramos, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), José Juan López Ramos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós (fojas 6 a 11), se registró la demanda promovida por José Juan López Ramos, con el número de juicio de amparo indirecto 320/2022-C; por lo que se admitió a trámite la misma, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintiocho de marzo del año en curso, se señalaron las nueve horas con veintidós minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso José Juan López Ramos, reclama: 1. La orden de aprehensión emitida en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 - 12 4) ISAÍ RIVAS LÓPEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN, EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA, POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS DIVERSOS JUECES: 1) ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 2) BET NIMRA PÉREZ HERNÁNDEZ, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 3) ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 5) KARLA IVONNE MUNGUÍA OLMOS, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 6) MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 7) MARIO CORTÉS ALDAMA, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 8) MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 9) ROSA AURORA ESPEJEL PRADO, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. 10) ROSARIO IVONNE RIVERA CALZADA, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 11) AARÓN HERNÁNDEZ CHINO, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 12) ROSALVA ELENA ZARATE HERRERA, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. Niega (foja 27) 13 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA -POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE-. Niega (foja 20) 14 TITULAR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. Niega (foja 17) 15 JEFE REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. Niega (foja 21) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho relativo a que la autoridad responsable 4. Isaí Rivas López, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, en el informe justificado que rindió en el presente juicio (por sí y en representación de los diversos Jueces 1. Adriana De Lourdes Martínez Jiménez, 2. Bet Nimra Pérez Hernández, 3. Enrique López Criollo, 5. Karla Ivonne Munguía Olmos, 6. Magally Escamilla Rodríguez, 7. Mario Cortés Aldama, 8. María Guadalupe Muñoz Pérez, 9. Rosa Aurora Espejel Prado y 10. Rosario Ivonne Rivera Calzada, 11. Aarón Hernández Chino y 12. Rosalva Elena Zarate Herrera), haya hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que de la revisión a los índices de la sede judicial a su cargo, se advirtió, que se encuentra radicada la carpeta judicial administrativa 1670/2021/PUEBLA, a nombre del aquí quejoso José Juan López Ramos, la cual se encuentra a cargo de 12. Rosalva Elena Zarate Herrera, Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución, del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, en la que se vinculó a proceso al referido agraviado directo, por el hecho con apariencia de delito de encubrimiento y delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia. Así mismo, la referida autoridad responsable, comunicó que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 667/2021, por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se ordenó la inmediata libertad del quejoso de referencia, en la destacada carpeta judicial administrativa. Lo anterior, se estima de ese modo, en virtud que la citada autoridad responsable, informó que en dicho antecedente judicial, no se encontró registro de haberse decretado diversa orden privativa de libertad en contra del aludido peticionario de garantías; de ahí, que deba prevalecer el sentido del presente fallo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó la quejosa en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso José Juan López Ramos, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Martha Graciela Lemus Barajas, quien autoriza y da fe. Doy Fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Pablo. En la propia fecha, se giraron los oficios correspondientes al tenor de la minuta que se anexa y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, hago constar y certifico que en la misma fecha en que se engrosó la sentencia que antecede se elaboró la versión electrónica de carácter público en la que se suprimieron los datos personales de las partes, en términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)En San Andrés Cholula, Puebla, a las siendo las nueve horas con veintidós minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 320/2022-C, promovido por José Juan López Ramos, por propio derecho; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria que autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la asistencia de las partes, ni de su representante legítimo. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan el escrito de demanda presentado por José Juan López Ramos, auto admisorio, informes justificados rendidos por las autoridades responsables y proveídos en que se recibieron. Asimismo, la secretaria certifica: - Que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, abierto el período probatorio, la secretaria certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. Acto continuo, el Juez acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede y por perdido el derecho de las partes a ofrecer pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, los formuló mediante pedimento 106/2022 presentado el cinco de abril de dos mil veintidós (fojas 30 a 33); y, que las demás partes no ejercieron ese derecho. El Juez de Distrito acuerda: Se tiene al Representante Social adscrito formulando alegatos; y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo, con lo que se da por concluido el periodo de referencia. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, el suscrito Juez procede a dictar: S E N T E N C I A V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 320/2022-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por José Juan López Ramos, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), José Juan López Ramos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós (fojas 6 a 11), se registró la demanda promovida por José Juan López Ramos, con el número de juicio de amparo indirecto 320/2022-C; por lo que se admitió a trámite la misma, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintiocho de marzo del año en curso, se señalaron las nueve horas con veintidós minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso José Juan López Ramos, reclama: 1. La orden de aprehensión emitida en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 - 12 4) ISAÍ RIVAS LÓPEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN, EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA, POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS DIVERSOS JUECES: 1) ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 2) BET NIMRA PÉREZ HERNÁNDEZ, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 3) ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 5) KARLA IVONNE MUNGUÍA OLMOS, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 6) MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 7) MARIO CORTÉS ALDAMA, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 8) MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 9) ROSA AURORA ESPEJEL PRADO, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. 10) ROSARIO IVONNE RIVERA CALZADA, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 11) AARÓN HERNÁNDEZ CHINO, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 12) ROSALVA ELENA ZARATE HERRERA, JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA. Niega (foja 27) 13 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA -POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE-. Niega (foja 20) 14 TITULAR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. Niega (foja 17) 15 JEFE REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. Niega (foja 21) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho relativo a que la autoridad responsable 4. Isaí Rivas López, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, en el informe justificado que rindió en el presente juicio (por sí y en representación de los diversos Jueces 1. Adriana De Lourdes Martínez Jiménez, 2. Bet Nimra Pérez Hernández, 3. Enrique López Criollo, 5. Karla Ivonne Munguía Olmos, 6. Magally Escamilla Rodríguez, 7. Mario Cortés Aldama, 8. María Guadalupe Muñoz Pérez, 9. Rosa Aurora Espejel Prado y 10. Rosario Ivonne Rivera Calzada, 11. Aarón Hernández Chino y 12. Rosalva Elena Zarate Herrera), haya hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que de la revisión a los índices de la sede judicial a su cargo, se advirtió, que se encuentra radicada la carpeta judicial administrativa 1670/2021/PUEBLA, a nombre del aquí quejoso José Juan López Ramos, la cual se encuentra a cargo de 12. Rosalva Elena Zarate Herrera, Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución, del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, en la que se vinculó a proceso al referido agraviado directo, por el hecho con apariencia de delito de encubrimiento y delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia. Así mismo, la referida autoridad responsable, comunicó que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 667/2021, por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se ordenó la inmediata libertad del quejoso de referencia, en la destacada carpeta judicial administrativa. Lo anterior, se estima de ese modo, en virtud que la citada autoridad responsable, informó que en dicho antecedente judicial, no se encontró registro de haberse decretado diversa orden privativa de libertad en contra del aludido peticionario de garantías; de ahí, que deba prevalecer el sentido del presente fallo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó la quejosa en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso José Juan López Ramos, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Incidental

    I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 320/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Juan López Ramos; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por José Juan López Ramos, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: La orden de aprehensión, dictada en su contra; así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: NÚMERO DE OFICIO AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME PREVIO OF.INC.470 -1 1) Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en la Ciudad de Puebla. Negó OF.INC.470 -2 2) Bet Nimra Pérez Hernández, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en la Ciudad de Puebla. Negó OF.INC.470 -3 3) Enrique López Criollo, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en la Ciudad de Puebla. Negó OF.INC.47 -4 4) Isaí López Rivas, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en la Ciudad de Puebla. Negó OF.INC.470 -5 5) Karla Ivonne Munguía Olmos, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en la Ciudad de Puebla. Negó OF.INC.470 -6 6) Magally Escamilla Rodríguez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en la Ciudad de Puebla. Negó OF.INC.470 -7 7) Mario Cortés Aldama, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en la Ciudad de Puebla. Negó OF.INC.470 -8 8) María Guadalupe Muñoz Pérez, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en la Ciudad de Puebla. Negó OF.INC.470 -9 9) Rosa Aurora Espejel Prado, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en Puebla. Negó OF.INC.470 -10 10) Rosario lvonne Rivera Calzada, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en la Ciudad de Puebla. Negó OF.INC.470 -11 11) Aarón Hernández Chino, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en la Ciudad de Puebla. Negó OF.INC.470 -12 12) Rosalba Elena Zarate Herrera, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con Sede en la Ciudad de Puebla. Negó OF.INC.470-13 Fiscal General del Estado de Puebla. Negó OF.INC.470-14 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Negó OF.INC.470 -15 Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla, de la Agencia de Investigación Criminal. Negó CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables señaladas, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Juan López Ramos, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. I. ALEGATO MINISTERIAL. Visto, intégrese a los presentes autos para que obre como corresponda, el pedimento número 106/2022, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, por el cual, solicita: 1. Se le tenga formulando en tiempo y forma, el alegato ministerial; 2. Se niegue el amparo y protección al aquí quejoso; y, 3. Se le expida copia de la sentencia que eventualmente se emita y del auto que la declare ejecutoriada. Al respecto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha ley; ténganse por hechas las manifestaciones del mencionado Representante Social de esta adscripción, vertidas en vía de alegatos, solicitando se niegue el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso José Juan López Ramos; y, en el momento procesal oportuno; expídasele a su costa, copia de la resolución que se dicte en este controvertido constitucional; así como del auto que declare firme la misma. Notifíquese por lista a las partes.

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