José Juan Méndez Serrano

Expediente 721/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
721/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • José Juan Méndez Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la promovente del amparo **********, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado el cinco de los actuales del año en curso. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo en ejecución de las mismas;" Pues bien, la fracción transcrita del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente en dos supuestos, a saber: a) Resoluciones emitidas en los juicios de amparo; b) Aquellas que se realicen en ejecución de las mismas. Por cuanto va al primer supuesto, es evidente que esta causal de improcedencia tiene como finalidad evitar la interposición de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de medios de impugnación que la propia Ley de la materia previene y no mediante un nuevo y autónomo juicio de constitucional. Respecto de la segunda hipótesis tenemos que el amparo es improcedente también, cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones emitidas en los juicios de amparo; y, sobre este tópico, se puede mencionar que la ejecución de una resolución de amparo no sólo se refiere al caso de una sentencia protectora, lo serán también aquellos supuestos en los cuales al negar el amparo o decretar el sobreseimiento, existe algún mandato por cumplir, verbigracia, la imposición de una sanción. Así, para los efectos del presente juicio de amparo, habremos de analizar la primera hipótesis planteada por esta fracción para determinar la improcedencia del juicio de amparo, la cual se refiere a las omisiones o actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza y aun del cuaderno incidental, incluyendo los de trámite. Establecido lo anterior, se concluye que por disposición expresa del legislador, se halla vedada la posibilidad jurídica de promover un juicio de amparo en contra de las omisiones o resoluciones pronunciadas en otro de la misma naturaleza, sin que exista excepción alguna, pues la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo, tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden. Por tanto, si el acto reclamado consiste en el auto de siete de agosto de dos mil dieciocho, dictado por la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, donde negó la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo dictado en el toca de ***************, del índice de la responsable ordenadora, y como consecuencia de ello, el auto de veinticuatro de agosto dictado por la autoridad ejecutora Juez Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad dentro del juicio C-372/2013 de su índice; Es inconcuso que el diverso juicio de amparo que se promueva contra tal acto, es improcedente, pues como se dijo, el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo u omisiones, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de amparo, debido, a que la Ley de Amparo prevé medios de impugnación bajo los cuales se pueden discutir las decisiones que en tales juicios se dicten. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por la promovente del amparo **********, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado el cinco de los actuales del año en curso. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo en ejecución de las mismas;" Pues bien, la fracción transcrita del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente en dos supuestos, a saber: a) Resoluciones emitidas en los juicios de amparo; b) Aquellas que se realicen en ejecución de las mismas. Por cuanto va al primer supuesto, es evidente que esta causal de improcedencia tiene como finalidad evitar la interposición de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de medios de impugnación que la propia Ley de la materia previene y no mediante un nuevo y autónomo juicio de constitucional. Respecto de la segunda hipótesis tenemos que el amparo es improcedente también, cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones emitidas en los juicios de amparo; y, sobre este tópico, se puede mencionar que la ejecución de una resolución de amparo no sólo se refiere al caso de una sentencia protectora, lo serán también aquellos supuestos en los cuales al negar el amparo o decretar el sobreseimiento, existe algún mandato por cumplir, verbigracia, la imposición de una sanción. Así, para los efectos del presente juicio de amparo, habremos de analizar la primera hipótesis planteada por esta fracción para determinar la improcedencia del juicio de amparo, la cual se refiere a las omisiones o actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza y aun del cuaderno incidental, incluyendo los de trámite. Establecido lo anterior, se concluye que por disposición expresa del legislador, se halla vedada la posibilidad jurídica de promover un juicio de amparo en contra de las omisiones o resoluciones pronunciadas en otro de la misma naturaleza, sin que exista excepción alguna, pues la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo, tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden. Por tanto, si el acto reclamado consiste en el auto de siete de agosto de dos mil dieciocho, dictado por la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital, donde negó la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo dictado en el toca de ***************, del índice de la responsable ordenadora, y como consecuencia de ello, el auto de veinticuatro de agosto dictado por la autoridad ejecutora Juez Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad dentro del juicio C-372/2013 de su índice; Es inconcuso que el diverso juicio de amparo que se promueva contra tal acto, es improcedente, pues como se dijo, el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo u omisiones, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de amparo, debido, a que la Ley de Amparo prevé medios de impugnación bajo los cuales se pueden discutir las decisiones que en tales juicios se dicten. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada Propietaria de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 721/2018-ll. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia, como se verá a continuación: A) La fracción IV del aludido numeral 108 de la legislación en comento establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." El citado numeral establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa indique con precisión cuál es el acto de autoridad que reclama y haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Respecto de dicho tópico, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado deba indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Maestra ***************, Magistrada Propietaria que integra la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, quien puede ser localizada en Circuito ****************, Guanajuato, Guanajuato. Juez Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, quien puede ser localizado en ****************. IV. ACTOS RECLAMADOS DE LA Maestra ***************, Magistrada Propietaria que integra la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la resolución de negar conceder la suspensión solicitada por el quejoso en el amparo directo tramitado dentro de los autos del toca ************ tramitado y seguido ante la sala que esta preside, específicamente en el auto de fecha 7 de agosto del año en curso y notificado que fuera a través de mi mandataria judicial y autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como del Juez tercero Civil de Partido de esta ciudad dentro de los autos 27 del mismo mes y año en curso, mismo que sería consecuencia de la ordenadora y esta TERCERA INTERESADA ********** del bien inmueble ubicado CALLE ********** NUMERO ********** ESQUINA CON CALLE **********, DE LA COLONIA ********** TAMBIEN CONOCIDA COMO **********, EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, del cual tengo en posesión desde principios del año 2009, lo anterior se afirma y podrá comprobarse una vez que las autoridades responsables emitan sus informes previos y justificados por ende mi interés jurídico en la presente demanda que hoy se formula, ya que tal circunstancia me agravia directamente al suscrito en virtud de ser titular directamente y de manera personal de diversos derechos subjetivos tales como el que tengo derecho a conservar la posesión física y material de dicho inmueble citado a supra líneas, así como a que se administre la justicia, a no ser molestado o afectado por ninguna autoridad máxime carente de una debida justificación y adecuada fundamentación y motivación , por ende a que no se me prive de un derecho, por ende el que en el acto que se reclama se violentan mis derechos humanos y personales al dejarme en estado de indefensión mediante los actos de autoridad ordenados que resulten ser de imposible reparación, sin respetar mi garantía de audiencia como lo determina la ley , de debido proceso, de justicia eficaz y efectiva, de equidad procesal, al no permitirme una adecuada defensa previo al acto privativo que hoy se combate, la legalidad de certeza y seguridad jurídica, traducido en la afectación que se pretende llevar a cabo en mi perjuicio por la responsable." Sin embargo, de lo recién transcrito y de la lectura integral de la demanda, no se advierte con claridad lo decidido en el acto reclamado, esto es, la determinación asumida por la Sala responsable en el toca **********. Circunstancia que resulta imprescindible para que el suscrito se pronuncie sobre la procedencia de la demanda; en tales condiciones, es necesario que la parte quejosa exhiba copia certificada o simple del acto reclamado, o bien, lo transcriba en su literalidad. Lo que desde luego se encuentra en posibilidad de desahogar, al ser parte en el procedimiento de origen. Conclusivamente, ante la omisión incurrida por la parte quejosa, lo procedente, conforme a los mencionados artículos 108, fracción IV, en relación con el 114, todos de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Exhiba copia certificada o simple del acto reclamado, o bien, lo transcriba en su literalidad. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si es el quejoso quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Fabiola ************ al contar respectivamente con cédulas profesionales números ************* inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y autorizando en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a ***********, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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