José Juan Méndez Serrano

Expediente 81/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
81/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
07/08/2019

Partes del expediente

  • José Juan Méndez Serrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil número 35/2019 de su índice, interpuesto por el quejoso **********, en contra del auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." En ese sentido, acúsese recibo al tribunal de alzada y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, se ordena notificar al Juez Tercero Civil de Partido, con residencia en esta ciudad y a la Magistrada Propietaria de la Décima Sala Civil, con residencia en Guanajuato, capital, autoridades que fueron señaladas como responsables, el contenido del presente auto, así como remitirles copias certificadas del proveido de siete de marzo de dos mil diecinueve y del testimonio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 107 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en atención a su contenido, se acuerda: Téngasele informando que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ***********, contra el proveído de siete de marzo de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ***********; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene al quejoso interponiendo recurso de queja contra el proveído de siete de marzo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este tribunal determinó el siete de marzo del año en curso, desechar la demanda de amparo promovida por ***********, por resultar notoriamente improcedente. IV. Sin que haya lugar a suspender el procedimiento de conformidad con el artículo 102 de la Ley de la materia, toda vez que en el presente asunto no ha iniciado, dado el desechamiento que se combate.

  4. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso *****************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de once de febrero del año en curso; en ese sentido, se acuerda: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo presentada por el citado quejoso, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." De la segunda parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hace consistir en: La resolución de siete de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca de apelación *********** de su índice, mediante la cual, declaró improcedente el recurso de denegada apelación interpuesto por los mandatarios judiciales del aquí quejoso, que se interpuso con la intención de que se admita la apelación que se promovió en contra de los autos de veinticuatro de agosto y cinco de septiembre, ambos del año pasado. Dichos proveídos textualmente establecen: "Celaya, Guanajuato, a 24 veinticuatro de agosto del año 2018 dos mil dieciocho. 2018. 'Año de Manuel Doblado Forjador de la Patria'. Se agrega el ocurso suscrito por la ciudadana ***************, presentado en la secretaria de este juzgado el día 21 veintiuno de agosto del año en curso {Folio 108}. Dígase a la promovente, que previo a acordar su petición, deberá presentar copias certificadas de los siguientes documentos que obran en el expediente que se encuentra en segunda instancia, consistentes en el contrato privado de fecha 12 doce de mayo de 2009 dos mil nueve y del título de propiedad número 4,057 de fecha 28 de octubre del 2009 dos mil nueve, realizada por el Notario Público Número 56 de esta ciudad, así como la contestación de la demanda realizada por ***************, documentales que hace referencia la resolución de segunda instancia emitida por el número de toca 326/2018 dictada por la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el día 25 de junio del año 2018, una vez hecho lo cual y presentados los documentos antes señalados, se procederá a emitir el acuerdo correspondiente de conformidad por los artículos 224, 225 y 304 fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Notifíquese por lista." "Celaya, Guanajuato, a 05 cinco de septiembre del 2018 dos mil dieciocho. 'Año de Manuel Doblado Forjador de la Patria'. A sus autos el ocurso suscrito por la ciudadana *****************, recibido en la Secretaria de este juzgado el día 03 tres de septiembre del año en curso (Folio 107). Téngasele a la promovente, por realizando manifestaciones contenidas en su ocurso, así como exhibiendo copias certificadas del expediente en el que se actúa C372/2013, expedidas por el licenciado Rubén Alejandro Aguilera Granados, Secretario de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mismas que se mandan agregar en autos para que surtan los efectos legales correspondientes, lo anterior en términos de los artículos 224 y 225 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Ahora bien, en atención a la resolución de 25 veinticinco de junio del 2018 dos mil dieciocho, dictada por la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca de apelación número 326/2018, en cuyo considerando quinto de la misma se determinó lo siguiente: ´.Consecuentemente, se declara la nulidad absoluta del contrato privado de compraventa, de fecha doce de mayo de dos mil nueve, celebrado entre Martha Elba Sánchez Ramírez y José Juan Méndez Serrano, con el carácter de vendedora y compradora respectivamente, ratificado notarialmente en la misma fecha.´ En las relatadas circunstancias, al haberse decretado la nulidad absoluta del contrato privado de compraventa, de fecha 12 de mayo de dos mil nueve, celebrado entre Martha Elba Sánchez Ramírez y José Juan Méndez Serrano, con el carácter de vendedora y comprador respectivamente, y que fue ratificado notarialmente, por lo que en términos de la resolución supracitada de fecha 25 veinticinco de junio del 2018 dos mil dieciocho, dictada por la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del Toca de apelación número 326/2018, y como consecuencia de lo determinado, con sustento en los artículos 1717 y 1730 del código civil de la Entidad, se ordena poner en posesión física y materialmente a la ciudadana ************, respecto del bien inmueble consistente en una casa ubicada en ***************** de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, con sus entradas y salidas, usos y costumbres y servidumbres con todo lo que de hecho y por derecho corresponda, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 460 y 462 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y en ejecución de la sentencia, se deja la contraseña correspondiente a la parte interesada, para que realice los trámites administrativos respectivos." Bajo ese contexto, debe decirse que la determinación reclamada no constituye la última actuación o resolución dentro del procedimiento de ejecución, puesto que no aprueba ni reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de los que declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es irrefutable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior se afirma, habida cuenta que con dicho acto el Juez responsable busca continuar con la ejecución del juicio y no debe perderse de vista que: I. La parte quejosa fue parte formal en el juicio ************ del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta localidad; II. El acto reclamado en esta instancia obedece a la existencia de un fallo que causó ejecutoria por ministerio de ley, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que el acto reclamado, en su caso, pueda considerarse de imposible reparación, puesto que los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, por regla general, no pueden aplicárseles las disposiciones de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de amparo. Ciertamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P/.J108/2010, que aparece publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció como criterio obligatorio, que excepcionalmente el amparo indirecto procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso; sin embargo, en el caso no se surte algún caso de excepción porque el acto reclamado en esta instancia constitucional no es ajeno a la cosa juzgada, ya que es consecuencia mediata de la sentencia dicta en el juicio en la que se ordenó hacer trance y remate del bien embargado y, por tanto, es claro que no puede aplicarse por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra de la resolución reclamada es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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