José Juan López Albor

Expediente 97/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
97/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/02/2018

Partes del expediente

  • José Juan López Albor
  • Carlos Guillermo Fabian Parra

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, glósese el oficio que remite el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo del que deriva este cuaderno e informa que se aceptó la competencia planteada por este juzgado. En consecuencia, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en atención a que se trata de un cuaderno de antecedentes. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Carlos Guillermo Fabián Parra, José Juan López Albor y Juan Macedo Negrete, el primero de los mencionados en cuanto representante común en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, contra actos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con residencia en la Ciudad de México. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 97/2018. Ahora bien, al tratarse de un presupuesto procesal para la válida tramitación y resolución del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito examina su competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto, de conformidad con las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo. El referido artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para la competencia: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, del análisis de la demanda, específicamente del capítulo de antecedentes se desprende: Que el cuatro de marzo de dos mil trece, Soralla Bañuelos de la Torre, apoderada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, solicitó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, tomara nota de los acuerdos aprobados en la XXXVI Sesión Extraordinaria del consejo nacional de dicho sindicato, entre los cuales, se aprobó el nuevo estatuto y la elección del Presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación pública; y, Que en virtud de lo anterior, el doce de marzo de dos mil trece el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente 43/44 emitió el acuerdo en el que tomó nota del nuevo estatuto y de la designación de Juan Díaz de la Torre como Presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para concluir el periodo comprendido del veinte de octubre de dos mil doce al diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, conservando las atribuciones de Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional. De lo anterior tenemos que, en el caso la parte quejosa reclama medularmente el acuerdo emitido dentro del expediente 43/44 del índice del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en el que tomó nota del nuevo estatuto y la designación de Juan Díaz de la Torre como Presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y, como consecuencia de lo anterior, las determinaciones que ha realizado Juan Díaz de la Torre como presidente de ese consejo. Atento lo anterior, el acuerdo emitido dentro del expediente laboral de origen en el que se tiene a Juan Díaz de la Torre como Presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es un acto que tuvo ejecución en la Ciudad de México, lugar en donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo, con residencia en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013, reformado y adicionado por el diverrso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, como el acto reclamado tuvo ejecución en la Ciudad de México, donde ejercen jurisdicción los jueces de Distrito en Materia de Trabajo, con residencia en esa ciudad, se concluye que es uno de ellos quien debe conocer del asunto que nos ocupa, pues existe plena certeza de que el acto reclamado tuvo ejecución en esa población. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en Materia de Trabajo en turno, con residencia en la Ciudad de México. En consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, al juez que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por otra parte, resulta innecesario proveer sobre la suspensión de los actos reclamados solicitada por la parte quejosa, toda vez que no se está en presencia de los actos mencionados por el artículo 48 de la Ley de Amparo que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistida del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.L.R.B/Estefania Aponte

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