Jose Juan Dominguez Lopez
Expediente 1081/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Juan Dominguez Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que por acuerdo de catorce de noviembre del año en curso se giró oficio a la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con sede en San Luis Potosí, en atención a su solicitud de tener mayores elementos de identificación del quejoso y poder estar en condiciones de rendir su informe justificado en el juicio en el que se actúa. En tal virtud, para dar margen a que la autoridad en cita esté en aptitud de rendir su informe respectivo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintitres para su verificativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite la representante de la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con sede en San Luis Potosí, por el cual informa lo siguiente: *Que se localizaron posibles homónimos a nombre del quejoso ********************, motivo por lo que solicita mayores elementos de identificación, como RFC o CURP, a fin de evitar derechos de terceros ajenos a juicio. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, remítase a la autoridad antes mencionada copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, a favor del quejoso lo anterior a efecto de que esté en aptitud de rendir su informe justificado relativo al acto que ante esta instancia constitucional se le reclama. Asimismo, hágase de su conocimiento que subsisten los apercibimientos formulados en el auto de admisión, en el entendido que el informe que llegue a rendir deberá ser tomando como base las directrices trazadas en auto de veintinueve de agosto de este año. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de ocho días con el informe justificado respecto de la ampliación de diez de octubre del año en curso, que rinde el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1081/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Dentro del periodo probatorio la secretaria hace constar las documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana que ofreció la parte quejosa, así como las constancias que allegó al presente expediente las autoridades responsables: 1) Director General de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 2) Apoderado legal de Invex Consumo, S.A. de C.V. Sofom, Entidad Regulada, Invex Grupo Financiera y 3) Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos con residencia en la Ciudad de México, así como 4) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con sede en Monterrey Nuevo León. A lo que el juez provee: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas ofertadas por la parte quejosa, así como por las citadas autoridades responsables y a las demás partes se les tiene por precluido el derecho para ofrecerlas, por lo que se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: 1. Banco BBVA BANCOMER S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER; 2. Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 3. Banco Invex Consumo, S.A. de C.V. Sofom, Entidad Regulada, Invex Grupo Financiera; 4. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos con residencia en la Ciudad de México; y, 5. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con sede en Monterrey Nuevo León. Actos reclamados. *Acuerdo 277/2023 emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, con sede en la Ciudad de México y como consecuencia de ello el bloqueo de las siguientes cuentas bancarias: Número de cuenta 0135778085 de la Institución BBVA Bancomer México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. 2. Número de cuenta 0100350575 de la Institución BBVA Bancomer México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México 3. Número de cuenta 0183727017 de la Institución BBVA Bancomer México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México 4. Número de cuenta 0166113419 de la Institución BBVA Bancomer México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México 5. Número de cuenta 0151087606 de la Institución BBVA Bancomer México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México 6. Número de cuenta 059975010002043953 de la Institución BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 7. Número de cuenta 0816981386 de la Institución Banco Mercantil Del Norte, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 8. Número de cuenta 0825752597 de la Institución Banco Mercantil Del Norte, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 9. Número de cuenta 1055075764 de la Institución Banco Mercantil Del Norte, S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Segunda. Al momento de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, rindió su informe previo, negó el acto que se le reclama. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado respecto de la autoridad antes precisada, por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 133, Tomo ll, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio 1995, de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO". Tercera. Las diversas autoridades señaladas como responsables -Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco Invex Consumo, S.A. de C.V. Sofom, Entidad Regulada, Invex Grupo Financiera, ambos con residencia en la Ciudad de México y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con sede en Monterrey Nuevo León-, al momento de rendir su informe previo manifestaron que es cierto el acto que se les reclama. Por otra parte, del estado de autos se advierte que no obra el informe previo requerido en auto de veintinueve de agosto del año en curso, al Banco BBVA BANCOMER S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, con residencia en la Ciudad de México. Asimismo, de la ampliación proveída el diez de octubre del año en curso, se advierte que no obran los informes previos requeridos a Banco BBVA BANCOMER S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, con sede en la Ciudad de México y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con sede en Monterrey Nuevo León. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el párrafo que antecede, toda vez que no rindieron los informes previos de referencia aun cuando fue oportunamente notificada dichos autos, en el cual se les requirió el mismo, tal como se advierte de los acuses de recibo que obra en autos, los cuales se aprecia que el uno de septiembre y dieciséis de noviembre del año en curso, respectivamente, les fueron entregados dichos oficios. Cabe destacar que, del informe previo rendido por el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, con residencia en la Ciudad de México, se aprecia que emitió el acuerdo 277/2023 en el que incluyó a la lista de personas bloqueadas al quejoso ********************ya que se formuló denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos relacionados con la carpeta de investigación ******************** con motivo del escrito de denuncia formulada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, por el Secretario de Gobierno del estado de Michoacán, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, en términos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, por lo que este Juzgado de Distrito se pronunciará respecto de éstos. Por tanto, en relación con la procedencia de la medida cautelar, el artículo 128 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Además de los requisitos señalados en el precepto que antecede, en diversos criterios emitidos por los tribunales que conforman el Poder Judicial de la Federación, se han establecido los siguientes criterios de procedencia para decretar la suspensión de los actos reclamados, en el orden que enseguida se citan: La petición de parte; La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva se requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; La naturaleza del acto reclamado, esto es, que sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera); La parte quejosa debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Apoya lo anterior la jurisprudencia por reiteración XXVII.3o. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007358, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." Por otro lado, si bien es cierto no se ha establecido un criterio que defina concluyentemente lo que debe entenderse por interés social, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido razonablemente que en términos generales, es aquél que de concederse la suspensión, se privaría a la colectividad de un beneficio que las leyes le otorgan. Al efecto, se invoca la jurisprudencia 8, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Informe 1973, Parte II, Séptima Época, registro: 805484, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA." Del criterio precedente, se advierte que interés social es todo aquello que tienda a la protección del derecho subjetivo que la normatividad positiva (llámese ley constitucional o secundaria) otorga a la comunidad social como tal, siempre y cuando no se contraponga con el derecho subjetivo de cada uno de los miembros en particular. No pasa desapercibido que el interés social se encuentra estrechamente vinculado al concepto de orden público, no obstante que resulte difícil su definición; así, el interés social es aquél que existe cuando, debido a la existencia y realización de algún acto, omisión u hecho, la sociedad, considerada como la comunidad de personas que integran una población determinada puede obtener un provecho o una ventaja previstos en la ley, ya sea mediante la satisfacción de una necesidad colectiva, o el rechazo de cualquier trastorno que resulte en un mal público, todo ello con el propósito de alcanzar el bienestar común. De ahí que, al valorarse cada caso en concreto, se debe ponderar en qué forma se logra el respeto al orden público y al interés social, lo que llevará a concluir si se debe o no conceder la medida cautelar, pues si bien, existen leyes que otorgan beneficios a la colectividad, de los que no debe privársele, por encima de esas leyes está la Constitución y es entonces cuando debe considerarse que el interés social y el orden público no se salvaguardan sólo con el respeto a las leyes, sino fundamentalmente, con la tutela de los derechos humanos, ya que la sociedad también se encuentra interesada en que no queden irremediablemente consumadas las violaciones a esos derechos. Por tanto, se sigue perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive un provecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado, o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública. Por otra parte, se contravienen disposiciones de orden público al conceder la suspensión cuando dichas disposiciones tutelen auténticamente los derechos de la colectividad, tiendan a evitar un mal público o busquen satisfacer una necesidad pública, siempre que la suspensión afecte a ese orden público y, en su caso, se deben examinar los diversos grados de afectación que se causen al interés social y al orden público, así como los daños y perjuicios que pude sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis consultable en la página 185, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, volumen 72, Sexta Parte, registro: 254979, de título: "SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN." Así como la tesis consultable en la página 187 del Semanario Judicial del Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados del Primer Circuito, volumen 72, Sexta Parte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro: 254980, de rubro: "SUSPENSIÓN. PRUEBA DEL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL." Con fundamento en los artículos 128, fracción II, 129, fracción III, 132, 136, 138 y 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión solicitada, toda vez que no se actualiza el segundo de los requisitos del artículo 128 fracción II precitado, pues de otorgar la medida cautelar se contravendrían disposiciones de orden público e interés social. Así se considera pues, aunque no pasa inadvertido que el aseguramiento lo ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera México, sin que fuera por alguna solicitud de organismo internacional o de otro país con el que se tuviera convenio para realizar esas medidas, en el caso válido a que se refiere la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.46/2018; lo que conllevaría a que, por regla general, por el solo aseguramiento de dicho organismo, se concediera una suspensión restitutoria, lo cierto es que en el presente caso existe un motivo diverso que impide la suspensión restitutoria para efectos de que se levantara la medida de aseguramiento, que es precisamente, la circunstancia de que en este caso, se emitió el acuerdo 277/2023 en el que incluyo a la lista de personas bloqueadas al quejoso ********************ya que se formuló denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos relacionados con la carpeta de investigación ******************** ante la Fiscalía General de la República, como se obtiene del informe previo y documentos anexos que rindió la autoridad responsable; merecedora de eficacia demostrativa plena respecto de la presentación de la propia denuncia, por su calidad de documento público y conforme al artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Con lo anterior se dio inicio a la carpeta de investigación de origen, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, según se narra en dicho informe. De lo anterior se infiere que en el presente caso opera el supuesto de la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, conforme al cual se seguiría perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, si se otorgara la suspensión en el juicio de amparo, pues se permitiría la consumación o continuación de los delitos o de sus efectos. Por ello, se insiste, lo conducente es NEGAR LA SUSPENSIÓN SOLICITADA PARA LOS EFECTOS DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO, y se concede solamente para el efecto de que las autoridades no le den destino final a los recursos que se llegaran a asegurar en las diversas cuentas bancarias materia del incidente, con apoyo en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo. Lo anterior porque con esa medida, que es sólo suspensiva, no se sigue perjuicio al interés social ni se afecta el orden público, pues solo se evita que las autoridades den disposición final de los recursos hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo y no se concede al quejoso ningún poder para actuar sobre los mismos. Concesión que se concede sin fijar garantía porque no se advierte que exista un tercero a quien le provoque perjuicio esta medida cautelar, por lo que no encuadra en el supuesto normativo del artículo 132 de la Ley de Amparo . "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; (.)" Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: Primero. Se niega a ********************la suspensión definitiva respecto de las autoridades responsables precisadas en la consideración primera de esta interlocutoria, en virtud de lo precisado en la diversa consideración segunda y tercera. Segunda. Se concede a ********************la suspensión definitiva respecto de las autoridades responsables precisadas en la consideración tercera y para los efectos precisados en dicha consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
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