José Juan Cisneros Ríos
Expediente 511/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Juan Cisneros Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco, Guerrero; doce de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, QUE DICE: "Agréguese a sus autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada el veinte de mayo de este año y amplía su demanda de amparo en los términos siguientes: "(.) d).- La indebida e ilegal continuación de la arbitraria determinación de Modificar la Guarda y Custodia de mis menores hijos JOSE JUAN Y SEBASTÍAN, ambos de apellidos CISNEROS QUINTANA, la cual en lo futuro pretende sea detentada por la C. SONIA LIDDET QUINTANA MORALES, dentro del Juicio de Guarda y Custodia, promovido por SONIA LIDDET QUINTANA MORALES, en contra del suscrito, mismo que se encuentra radicado bajo el expediente número 276-3/2016, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, por el señalamiento y notificación de fecha y hora para el desahogo de la diligencia de entrega de mis menores hijos, aun y cuando existe pendiente de resolverse el Recurso de Reconsideración." IMPROCEDENCIA Ahora bien, en acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa. Del estudio integral del escrito de demanda, así como de su escrito desahogo y ampliación, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado El proveído de once de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en el expediente 276-3/2016, mediante el cual se modificó la guarda y custodia de José Juan Cisneros Quintana y Sebastián Cisneros Quintana y se señalaron las once horas del veintinueve de mayo de este año, para que la parte quejosa José Juan Cisneros Ríos, haga entrega de dichos menores. En ese contexto, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que, cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable. Ahora bien, siendo el juicio de amparo un medio de control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en su goce pleno, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia de dicho juicio. Entre esas causas de improcedencia se encuentra la prevista en la disposición transcrita, en la cual, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso hace valer recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley, que se estén tramitando en forma simultánea o paralela al mismo, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, dicho juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo es procedente, salvo los casos de excepción contemplados en la Ley de Amparo, cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial; esto es, por su aludida naturaleza, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar o revocar el acto que vaya a reclamarse; pero no lo es cuando dicho medio ordinario se esté tramitando en forma simultánea con el amparo; como en el caso sucede. En efecto, debe reiterarse que el acto reclamado consiste en el proveído de once de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en el expediente 276-3/2016, mediante el cual se modificó la guarda y custodia de José Juan Cisneros Quintana y Sebastián Cisneros Quintana y se señalaron las once horas del veintinueve de mayo de este año, para que la parte quejosa José Juan Cisneros Ríos, haga entrega de dichos menores. Al respecto, del análisis del escrito de demanda, así como de su escrito desahogo y ampliación, se desprende que mediante proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable admitió el recurso de reconsideración interpuesto en contra del auto de donde deriva el acto reclamado. Con ello, se pone de manifiesto que, contra el acto aquí reclamado, el quejoso interpuso recurso de reconsideración; lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la citada fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es importante señalar que, para que se actualice la causa de improcedencia invocada, es necesario que concurran las siguientes circunstancias: 1. Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual se solicita el amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio para la protección de los derechos fundamentales. 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para que el acto reclamado por la vía constitucional sea modificado, revocado o nulificado. En ese contexto, el primero de los presupuestos señalados se acredita, pues se reitera, mediante escrito recibido ante el juzgado responsable, el hoy quejoso, interpuso recurso de reconsideración en contra del proveído de once de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en el expediente 276-3/2016. Por auto de dos de mayo de este año, el Juez responsable admitió a trámite dicho recurso; con lo que se surte la segunda hipótesis para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, pues queda de manifiesto que está en trámite un medio de defensa contra un acto de la autoridad responsable, pues como lo informó el quejoso, su recurso hecho valer fue admitido y se está tramitando al momento en que se resuelve esta petición de amparo; esto es, dicho recurso se tramita paralelamente a este juicio de amparo. De igual manera, se acredita el tercero de los requisitos exigidos, pues en términos del artículo 381 y 382 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 364, el recurso de reconsideración hecho valer, es el medio idóneo de impugnación, toda vez que el mismo tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 190665, de rubro y texto, siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". De igual manera es aplicable al caso, la tesis emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 61, Tomo VII, junio de 1998, de la fuente y época citadas, registro 196114, de rubro y texto siguientes: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad.". Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Cabe apuntar que la cita que en este auto se realiza de los criterios interpretativos emitidos por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, es viable para sustentar lo que así se decide, pues no obstante que surgieron durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, no se oponen a lo previsto en la que actualmente rige; ello, conforme a sus artículos segundo y sexto transitorios.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- José Iván Álvarez Figueroa714/2015
- José Jaime Morales Montero669/2021
- José Jaime Segues Ortiz970/2018
- José Jenifer Noriega Sánchez373/2019
- José Jerónimo Martínez Victorio381/2019
- José Juan Castrejón Salmerón445/2022
- José Juan Enrique Miranda811/2023
- José Juan García Torres484/2017
- José Juan López Torres588/2023
- José Juan Sotelo García1275/2015
- José Juan Valderas García669/2015
- José Juan Valderas García635/2015