José Jerónimo Martínez Victorio

Expediente 381/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
381/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
12/07/2019

Partes del expediente

  • José Jerónimo Martínez Victorio
  • Congreso del Estado de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, doce de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase la documental que solicita el autorizado de la parte quejosa, previa certificación de su desglose y constancia legal de su entrega.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; cinco de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 381/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el nueve de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo, José Jerónimo Martínez Victorio, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 2. Gobernador del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 3. Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 4. Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "1.- DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, se reclama: 1.1.- La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676, así como, los decretos por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la referida legislación, específicamente por cuanto hace a los arábigos 1, 2, fracciones XVIII y XIX y 4, 10, 20, 22, 23, 32 y 33. 1.2.- La discusión, aprobación y expedición de la Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019, específicamente los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, inciso a), 20, inciso a), 21 inciso a) y 200, fracción V, que establecen el pago del impuesto predial. 1.3.- La discusión, aprobación y expedición de la Ley Número 677 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, así como, los decretos por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la referida legislación, específicamente por lo que hace al artículo 10, en lo relativo al impuesto predial. 2.- DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO, se reclama: 2.1.- La aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676, así como, los decretos por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la referida legislación, específicamente por cuanto hace a los numerales 1, 2, fracciones XVIII y XIX y 4, 10, 20, 22, 23, 32 y 33. 2.2.- La aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019, específicamente los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, inciso a), 20, inciso a), 21 inciso a), 200, fracción V, que establecen el pago del impuesto predial. 2.3.- La aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley Número 677 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, así como, los decretos por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la referida legislación, específicamente por lo que hace al artículo 10, en lo relativo al impuesto predial. 3.- DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO se reclama: 3.1. La omisión de refrendar el decreto que contiene la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, publicada en el Periódico Oficial el 3 de enero de 1984. 4.- DEL DIRECTOR DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, se reclama: 4.1- La aplicación de los preceptos legales cuya inconstitucionalidad se reclama, a través de la recepción del pago y expedición de los recibos respectivos." SEGUNDO. Precepto constitucional vulnerado. La parte quejosa señaló como derecho violado el contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose en el libro de gobierno respectivo con el número 381/2019, por los restantes actos y autoridades; se les solicitó su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de un diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y, el diverso 36/2016 que lo modifica publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, en vigor a partir del catorce de junio de dos mil dieciséis ya que se reclaman leyes locales con motivo de su primer acto de aplicación por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que la parte quejosa reclama la discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación que en el ámbito de su competencia realizaron las autoridades señaladas como responsables y dieron origen a la: a) Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, así como los decretos, por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida legislación, específicamente en lo que hace a los artículos 1, 2, fracciones XVIII y XIX, 4, 10, 20, 22, 23, 32 y 33. b) Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, específicamente sus artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, inciso a), 20, inciso a), 21, inciso a) y 200, fracción V; y, c) Ley de Hacienda Municipal número 677, así como los decretos, por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones, de la referida legislación, específicamente en lo que hace a su artículo 10. En la inteligencia de que al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero se reclama la omisión de refrendar la legislación citada en el inciso a). Lo anterior, con motivo del primer acto de aplicación que se materializó a través del pago del impuesto predial y sus accesorios contenido en el recibo de pago G-378180, de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, correspondiente al bimestre 1/2019 a 6/2019. TERCERO. Oportunidad de la demanda. El quejoso en su demanda bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; data en que dijo, le fueron aplicados los numerales que tilda de inconstitucionales con motivo del pago del impuesto predial e impuestos adicionales contenido en el recibo de pago G-378180, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento. En tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del veintiocho de marzo al veintidós de abril de dos mil diecinueve (descontándose los días treinta y treinta y uno de marzo, seis, siete, trece, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de abril de dos mil diecinueve, por haber sido inhábiles; de ahí que, al haberse presentado la demanda el nueve de abril de dos mil diecinueve, pasado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos al Congreso y Gobernador , ambos del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, relativos al proceso legislativo que comprende la discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación de la Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, específicamente en lo que hace a sus artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, inciso a), 20, inciso a), 21, inciso a) y 200, fracción V; Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, en lo que hace a los artículos 1, 2, fracciones XVIII y XIX, 4, 10, 20, 22, 23, 32 y 33, y Ley de Hacienda Municipal número 677, en lo que respecta a su artículo 10, dado que así lo reconocieron al rendir su informe justificado, por conducto de los funcionarios públicos que los representan; máxime que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos que el quejoso les atribuye, por ser de naturaleza legislativa, no está sujeta a prueba, en razón de que es evidente que en ejercicio de sus respectivas atribuciones, éstas participaron en el proceso legislativo de donde emanan los preceptos legales reclamados. Por su parte el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero , al rendir su informe justificado por conducto del funcionario público que lo representa, negó la existencia del acto omisivo que se le reclama; no obstante, su negativa se desvirtúa y se tiene por cierta dicha omisión, ya que consta como hecho notorio en la publicación oficial de cada uno de los decretos que aparecieron en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, que dicho funcionario público no refrendó la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, sino únicamente fue refrendada por el Secretario General de Gobierno de la propia administración pública estatal guerrerense; asimismo, por cuanto a la Ley de Hacienda Municipal 677, del Estado de Guerrero. Por último, el Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero , al rendir su informe justificado, reconoció parcialmente el acto que se le atribuyó, reflejado en el recibo de pago G-378180, de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Sin embargo, lo procedente es tener por cierto el acto de aplicación que se atribuye a la autoridad responsable municipal; lo que además se corrobora con el original que corresponde al recibo de pago G-378180, exhibido por el quejoso y en copia certificada por la responsable municipal citada, la cual dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que son suficientes para acreditar el pago realizado por la parte quejosa por conceptos de impuesto predial (PREDIOS URBANOS EDIFICADOS) e impuestos adicionales y sus accesorios. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE SE ESTIMAN INFUNDADAS. La autoridad municipal responsable sostuvo que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIII , y XXIII , del artículo 61, esta última relacionada con el diverso ordinal 108, fracción VI , todos de la Ley de Amparo. En relación con la primera causal no vierte razonamiento alguno tendente a tratar de probar su actualización, sino que únicamente se limita a citarla, lo que no es suficiente para que este juzgado de Distrito quede obligado a efectuar un pronunciamiento al respecto, ya que es necesario que quien invoque alguna causal, exprese las razones lógico jurídicas que considere llevan de manera indudable, a la actualización de la misma, situación que no sucedió; por lo que, procede desestimar la causal invocada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la página 365, del Tomo XXIV, octubre de 2006, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio ". En relación con la segunda de las causales de improcedencia en estudio, la cual a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que emana del numeral 108, fracción VI, de la ley de la materia, que establece la obligación a cargo de todo peticionario de amparo de expresar en su demanda los preceptos que, conforme al artículo 1º de la propia ley de la materia, contengan los derechos humanos cuya violación se reclame. En el caso no se advierte que la parte quejosa dejara de observar tal requisito en su demanda de amparo, habida cuenta que sobre el particular señaló en el apartado relativo que, el precepto constitucional que en el caso le es transgredido es el 31, fracción IV. Por su parte, el Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, en representación del Secretario del Ramo, residente en Chilpancingo, así como el Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, afirman que en el caso se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo , pues la parte quejosa no acreditó la lesión de un interés jurídicamente tutelado; lo cual se estima infundado atento a lo siguiente. Conforme con la citada disposición legal, la reclamación de una norma general, en la vía de amparo indirecto, presupone la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la quejosa, para que así el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que causa a la parte amparista; de lo contrario, si dicha norma legal, por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de amparo enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal impugnada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Al particular, tiene aplicación el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 55/97, que se lee en la página 5, tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Sobre el particular, pero en relación con la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, en específico los artículos 1, 2, fracciones XVIII y XIX, 4, 10, 20, 22, 23, 32 y 33, así como de la Ley de Hacienda Municipal número 677, en lo que respecta a su arábigo 10, además del Decreto 118 por el que se reformó y adicionó el mismo; si bien al imponerse de la documental exhibida por la parte quejosa, no se advierte que dichas legislaciones le hayan sido aplicadas. Sin embargo, al alegar la peticionaria de amparo que la aplicación de aquéllas constituye un sistema normativo respecto de la diversa Ley de Ingresos 172, para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve al regular éstas el pago del impuesto predial; y dado que ello está vinculado con una cuestión de fondo, pues pretende someter a control constitucional la regulación de una contribución por tres legislaciones, lo cual hace que no se actualice la causa de improcedencia que se analiza a su respecto. Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia número P./J. 135/2001, integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XV, enero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE SE ESTIMAN FUNDADAS. Siguiendo con el análisis de las causas de improcedencia, este juzgado estima que se actualiza la prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pero en relación con la diversa VIII, del artículo 108 , del mismo ordenamiento legal, respecto de la Ley número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, en específico sus artículos 9, 10, 11, 13, 14, 17, inciso a), 20, inciso a), 21, inciso a) y 200, fracción V. Sobre el particular, en este apartado se retoma el análisis que respecto del numeral citado en primer término se realizó en líneas precedentes, como si a la letra se insertaran en este apartado en obvio de repeticiones. En ese sentido, una de las causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema, es la que tiene su origen en el diverso numeral 108, fracción VIII, de la ley de la materia, que establece la obligación a cargo de todo peticionario de amparo de expresar en su demanda los conceptos de violación tendientes a controvertir la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que es éste en el que la parte promovente mediante la exposición de hechos, argumentos y razonamientos establece las violaciones de derechos que le causan los actos reclamados. Si se omite expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado aduciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas no constituyen una verdadera expresión de verdaderos conceptos de violación a que se refiere el artículo invocado, supuesto en el cual, el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede examinar la regularidad constitucional del acto reclamado, lo cual determina la improcedencia del juicio de conformidad con dicha fracción. En efecto, la ausencia o falta de tales conceptos, hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se le solicita, ya que no está en posibilidad de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos que se reclaman porque se cometan o no violaciones de derechos, pues no basta que la parte quejosa en su demanda señale determinados preceptos constitucionales que estime infringidos, si no expresa en qué consiste la infracción que imperativamente debe quedar razonada en el concepto correspondiente, para que se satisfaga el requisito exigido por segunda de las disposiciones legales citadas. En esa postura, si bien, la parte quejosa reclamó los actos legislativos que dieron origen a la legislación arriba anotada, con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el recibo oficial G-378180, de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve que al efecto exhibió, no expuso cuál es el derecho que se ve afectado por el acto de autoridad y de qué manera le agravia, mediante razonamientos o argumentos tendentes a demostrar su inconstitucionalidad, a fin de hacer patente un ataque a sus derechos humanos, dado que si bien hace manifestaciones, sus razonamientos van encaminados a controvertir la Ley de Hacienda Municipal número 677 y de Catastro número 676, las cuales tilda de inconstitucional al no haber sido refrendadas por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y de manera destacada el artículo 12, fracción III, de la Ley de Ingresos 172 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de los que aduce que trastocan el principio de proporcionalidad tributaria, porque utiliza como referencia el valor catastral, de conformidad con la Ley de Catastro Municipal del Estado, número 676. De ahí que si bien la quejosa refiere los motivos y disposiciones legales respecto a la falta de refrendo de la Ley de Catastro Municipal 676 asi como de Hacienda Municipal 477 y decretos que las modifican, lo cierto es que no expuso las razones por las que considera que la Ley número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, en específico sus artículos 9, 10, 11, 13, 14, 17, inciso a), 20, inciso a), 21, inciso a) y 200, fracción V, le generan un perjuicio en su esfera jurídica de derechos fundamentales. En ese contexto si la parte quejosa al no exponer conceptos de violación alguno respecto a las disposiciones legales arriba anotadas y dado que no se ubica en algún supuesto que permita suplir la queja, procede decretar el sobreseimiento en el juicio a su respecto al actualizarse la causa de improcedencia en estudio. En apoyo a las consideraciones expuestas es aplicable por analogía la jurisprudencia 3ª./J. 28/93, de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo 72, Diciembre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Por otro lado, en relación con los actos reclamados al Gobernador del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, consistentes en la orden de publicación de la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, específicamente por lo que hace a los artículos 1, 2, fracciones XVIII y XIX, 4, 10, 20, 22, 23, 32 y 33, Ley de Ingresos número 172 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019, en sus numerales 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, inciso a), 20, inciso a) y 200, fracción V, así como también de la Ley número 677 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, en esencia su ordinal 10, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que no se advierte que la parte quejosa reclame por vicios propios, los actos legislativos que le corresponden respecto de las legislaciones reclamadas. Los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" El numeral transcrito en primer término establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos, diversos a los contemplados en las demás fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; por otra parte, de conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, el refrendo del decreto promulgatorio de una ley o la publicación de ésta, serán reclamables en amparo únicamente cuando se les atribuyan vicios propios. Luego, tomando en consideración que en el presente sumario no se reclamó por vicios propios la orden de publicación de la Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, específicamente por lo que hace a los artículos 1, 2, fracciones XVIII y XIX, 4, 10, 20, 22, 23, 32 y 33, Ley de Ingresos número 172 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019, en sus numerales 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, inciso a), 20, inciso a) y 200, fracción V, así como también de la Ley número 677 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, en esencia su ordinal 10, el juicio de amparo resulta improcedente ; en consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con apoyo en el artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de los aludidos funcionario público y acto reclamado. SEXTO. Estudio de fondo. Al no existir alguna otra causa de improcedencia que deba estudiarse; se procede al estudio del acto reclamado relativo al proceso legislativo de la Ley de Ingresos número 172 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en específico el numeral 12, fracción III; de la Ley de Catastro Municipal Número 676, 1, 2, fracciones XVIII y XIX, 4, 10, 20, 22, 23, 32 y 33; así como de la Ley de Hacienda Municipal número 677, en específico el arábigo 10, además del Decreto 118 por el que se reformó y adicionó el mismo, con motivo de su primer acto de aplicación. Antes cabe hacer la siguiente precisión. La parte quejosa, como se adelantó, acude a esta instancia a reclamar las referidas legislaciones con motivo de su primer acto de aplicación, bajo el argumento que la regulación del impuesto predial por aquéllas constituye un sistema normativo; en razón a eso, afirma que la falta de refrendo de dos de ellas hace inconstitucional su causación. Sobre el particular, se apunta que la Ley de Ingresos reclamada regula cada uno de los elementos esenciales de dicha contribución, lo que hace que tal sistema no se actualice, además de no carecer del vicio formal alegado y de prever de manera expresa la inaplicación de la Ley de Catastro Municipal para la regulación de aquel impuesto y remitir de manera concreta para efectos de uno de los elementos a lo dispuesto en la Sección Única, Predial, del Capitulo Segundo del Título Segundo de la Ley de Ingresos, y para cualquier valuación y revaluación a lo previsto en la Sección Segunda, Capítulo Único del Título Octavo de esa Ley de Ingresos, así como las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción; lo cual a mayor detalle se abordará en párrafos subsecuentes. Ahora, si bien en el recibo exhibido por la parte quejosa se advierte que fue aplicada la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, que abrogó la diversa 677, como se aprecia de los artículos Transitorios de la Ley citada en primer término , sin que este juzgador previniera para que el peticionario de amparo la integrara a la Litis constitucional; por los motivos expuestos con antelación, ello ningún fin práctico tendría, puesto que, como se señaló, la mecánica de causación del impuesto predial y su cálculo no deriva de un sistema de normas al estar su regulación contenida en la Ley de Ingresos número 172 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, la cual también de manera expresa abrogó la aplicación de cualquier otra disposición contenida en una norma diversa. En ese sentido, se tiene que la parte quejosa alega que el artículo 12, fracción III, de la legislación citada en primer término, que establece la base del impuesto predial es inconstitucional en virtud de que utiliza como referencia el "valor catastral", cuya definición y proceso para su cálculo se encuentra previsto en la Ley de Catastro Municipal Número 676 y en la diversa Ley de Hacienda Municipal número 677 de ahí que esto último contraviene lo previsto por el artículo 31, fracción IV, Constitucional al carecer de un requisito de validez legislativa, dado que no fueron refrendadas por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Por los motivos expuestos respecto de la aplicación de la Ley de Hacienda Municipal número 677, se estima infundado el motivo de queja, al haber sido abrogada por la diversa 492, cuya vigencia se estableció a partir del día siguiente de su publicación ; Igual ocurre respecto de las restantes legislaciones es infundado el concepto de violación, para justificar tal afirmación cabe hacer las siguientes precisiones. La parte quejosa, como se adelantó, reclama la aplicación de las leyes antes señaladas como un sistema normativo tributario; entendido esto como un conjunto de normas establecidas para regular las relaciones jurídicas que en materia de contribuciones surgen entre los sujetos pasivos de la obligación y el ente Estatal como parte activa, otorgando certeza en cuanto a los deberes y derechos con que cuentan ambas partes. Dentro de dicho sistema, a su vez puede generarse uno diverso tomando en consideración los elementos de cada una de las contribuciones, en razón de que un impuesto no siempre se encuentra previsto en una misma legislación o, en virtud de la mecánica y forma en que se cuantifican requieren acudir a diversas disposiciones, a fin de determinar la manera en que se llevará a cabo el cálculo y pago que los gobernados tienen obligación de aportar al Estado a manera de gasto público, conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para determinar en qué caso nos encontramos ante un sistema normativo tributario respecto a la regulación de una contribución, resulta indispensable analizar en cada caso concreto, el ámbito de imposición del mismo, así como el conjunto de reglas y la mecánica que legalmente resulte aplicable; esto es así, ya que dependerá del contenido de las disposiciones legales, la forma en que deberá calcularse la base, tasa, o incluso el importe a pagar por una determinada contribución. Sobre esa línea de pensamiento, debe concluirse que será con base en las disposiciones legales, así como el ámbito de imposición de las contribuciones, en que se determinará si algún impuesto, atendiendo a la mecánica de su causación, cálculo, entero o por la variedad de disposiciones legales en que se encuentra previsto, al conjunto de disposiciones que lo regulan, puede ser considerado un sistema normativo tributario o no. Con base en lo expuesto, se pone en evidencia que pueden reclamarse como sistema normativo aquellas disposiciones que guarden íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo demuestre el acto concreto de aplicación de una de ellas, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un conjunto de leyes, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Sin embargo, este derecho a impugnar en el juicio de amparo un conjunto de disposiciones legales por virtud de un acto concreto de aplicación de alguna de ellas, reviste singulares matices porque es necesario que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, afecta a las demás en su sentido, alcance o aplicación, por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente, de ahí que la inconstitucionalidad de una norma fiscal no pueda trascender a una norma civil, administrativa o penal, a pesar de que la primera haga referencia a la segunda. En ese sentido, el método de impugnación sistemática de las leyes no puede integrarse ni abarcar disposiciones que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que es básico que guarden una correspondencia real entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir normas generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia las que no afectan aun su esfera de derechos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 100/2008 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas". Establecido lo anterior, debe analizarse si en el caso concreto se aplicaron en perjuicio de la parte quejosa las disposiciones reclamadas; para ello, a continuación, se inserta un cuadro comparativo de las legislaciones en comento, al cual se agrega para ejemplificar la ley de ingresos de los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, en la parte que regulan la contribución en análisis. Ley Número 408 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. ARTÍCULO 15. Este impuesto se causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago, de la siguiente manera: I. Para aquellos predios que hayan sido valuados en los términos de la Ley de Catastro y de las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción, vigentes; se causará y pagará de conformidad con la base y tasa siguiente:.". "ARTÍCULO 9o. Este impuesto se causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago, de la siguiente manera: I. Para aquellos predios que hayan sido valuados en los términos de la ley de Catastro y de las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción, vigentes; se causará y pagará de conformidad con la base y tasa siguiente: .". "PREDIAL ARTÍCULO 9. Este impuesto se causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago, de la siguiente manera I. Para aquellos predios que hayan sido valuados en los términos de lo dispuesto por la Sección Segunda, Capítulo Único del Título Octavo de esta Ley de Ingresos, así como las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción, vigentes; se causará y pagará de conformidad con la base y tasa siguiente: .". ARTÍCULO 18. "I. OBJETO. La propiedad de predios urbanos y suburbanos y las construcciones adheridas a ellas, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. II. SUJETO. Los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos; rústicos baldíos; urbanos y suburbanos edificados; rústicos edificados; construcciones ubicadas en predios ejidales y comunales, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. III. BASE. "El valor catastral del predio" y de las construcciones, apartamento o local en condominio, los del régimen de tiempo compartido y multipropiedad; conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley, y en la Ley de Catastro Municipal y su Reglamento. IV. TASA. Porcentaje que habrá de aplicarse a una base a fin de determinar una cantidad a pagar. V. TARIFA O CUOTA. Cantidad liquida a pagar por una unidad de grabación. VI. PERIODO DE PAGO. Lapso en el cual el particular tiene la obligación de hacer el pago, contando con un plazo determinado para acudir a hacer sus enteros al erario" Artículo 12. "I. OBJETO. La propiedad de predios urbanos y suburbanos y las construcciones adheridas a ellas; así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. II. SUJETO. Los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos; rústicos baldíos; urbanos y suburbanos edificados; rústicos edificados; construcciones ubicadas en predios ejidales y comunales, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. III. BASE. "El valor catastral del predio" y de las construcciones, apartamento o local en condominio, los del régimen de tiempo compartido y multipropiedad; conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley, de Catastro Municipal y su Reglamento. IV. TASA. Porcentaje que habrá de aplicarse a una base a fin de determinar una cantidad a pagar. V. TARIFA O CUOTA. Cantidad liquida a pagar por una unidad de grabación. VI. PERIODO DE PAGO. Lapso en el cual el particular tiene la obligación de hacer el pago, contando con un plazo determinado para acudir a hacer sus enteros al erario". ARTÍCULO 12. Para los efectos de esta Ley se entiende por: I. OBJETO. La propiedad de predios urbanos y suburbanos y las construcciones adheridas a ellas; así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. II. SUJETO. Los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos; rústicos baldíos; urbanos y suburbanos edificados; rústicos edificados; construcciones ubicadas en predios ejidales y comunales, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. III. BASE. El valor catastral del predio y de las construcciones, apartamento o local en condominio, los del régimen de tiempo compartido y multipropiedad; conforme a las disposiciones establecidas Sección Segunda, Capítulo Único del Título Octavo de esta Ley. Para el ejercicio fiscal 2019 se aplicará a todas las bases grabables (sic) un factor de actualización por inflación del .04 adicional a la base gravable del ejercicio fiscal inmediato anterior. IV. TASA. Porcentaje que habrá de aplicarse a una base a fin de determinar una cantidad a pagar. V. TARIFA O CUOTA. Cantidad liquida a pagar por una unidad de grabación. VI. PERIODO DE PAGO. Lapso en el cual el particular tiene la obligación de hacer el pago, contando con un plazo determinado para acudir a hacer sus enteros al erario. TÍTULO OCTAVO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO SECCIÓN PRIMERA DE LAS AUTORIDADES FISCALES SECCIÓN SEGUNDA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CATASTRO ARTÍCULO 154. La determinación de bases gravables, para el cobro de contribuciones inmobiliarias tales como el impuesto predial y el Impuesto sobre adquisición de inmuebles, se realizará en los términos de la presente Ley basándose en los valores unitarios de terreno y construcción. Los trámites que realicen los contribuyentes y las resoluciones administrativas que emitan todas las Autoridades Municipales que requieran para su realización o determinación estimar el valor de una propiedad inmueble, mediante valor catastral, de mercado, valor físico directo o valor fiscal de la propiedad, deberán invariablemente solicitar que se emita avalúo por escrito en documento oficial elaborado por peritos autorizados por la Dirección de Catastro en los términos de la presente Ley. Los trámites que se efectúen con base en un avalúo, que se practique contraviniendo lo dispuesto por el presente artículo, tendrán efectos nulos ante cualquier instancia municipal y el funcionario que haya aceptado o tramitado dicho avalúo, será sujeto de los procedimientos por las responsabilidades administrativas y el daño patrimonial que corresponda de acuerdo a la legislación vigente. ARTÍCULO 155. La Secretaría de Administración y Finanzas Municipal por conducto de la Dirección de Catastro, determinará la base gravable del Impuesto Predial así como del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, mediante el procedimiento que se establece en esta Ley y en la Tabla de Valores Unitarios de Terreno y Construcción, para el Municipio de Acapulco de Juárez. ARTÍCULO 157. Para los efectos de esta Ley se entiende por: (.) XI. Región catastral: la superficie territorial de índole operativo que determine la Autoridad catastral. XII. Zona catastral: cada una de las superficies que en su conjunto integran una región catastral. 180 XVI. Clave catastral: identificador codificado que define a una región, zona, manzana y predio. XVII. Valor unitario: es el valor monetario fijado al suelo y/o construcción por metro cuadrado o por hectárea, obtenido mediante los procedimientos establecidos en esta Ley y su Reglamento. XVIII. Valuación: el proceso de obtención del valor catastral. XIX. Valor catastral: el obtenido mediante la aplicación de los valores unitarios de terreno y construcción, a las partes correspondientes e integrantes del inmueble. XX. Revaluación: la actualización de los valores catastrales para determinar su presente magnitud originada por alguna de las causas establecidas en esta Ley y su reglamento.". "ARTÍCULO 158. Para determinar el valor catastral de cada predio, se aplicarán los valores unitarios para el terreno y para los diferentes tipos de construcción que al efecto elabore la Dirección de Catastro Municipal, mismos que previamente estarán aprobados y autorizados por el Honorable Congreso del Estado". "ARTÍCULO 171. Para efectuar el proceso de valuación y revaluación catastral de los predios urbanos deberá partirse del valor unitario por metro cuadrado aplicable, conforme a su división territorial catastral, en relación con los polos de desarrollo local definidos, así como a la zona y calle de su ubicación, tomando en consideración las disposiciones que en materia de valuación y revaluación tales como acabados y características del inmueble y como lo establezca en la presente Ley". Como se observa de lo transcrito, en las leyes de ingresos de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, se estableció que el impuesto predial causará y se pagará de conformidad con objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, épocas de pago, cuando se trate de predios que hayan sido valuados en términos de la Ley de Catastro; así, respecto al tercero de los elementos del impuesto predial, "el valor catastral del predio" se hará conforme con las disposiciones establecidas en la Ley de Catastro Municipal y su Reglamento; lo cual conforme con lo reseñado respecto de lo que se determina un "sistema normativo tributario", se concluye que en relación con esas leyes sí se está en presencia de dicho sistema, dado el contenido de las disposiciones legales transcritas, así como la mecánica de su causación y, cálculo. En contraste, tal sistema normativo no se actualiza en la Ley Número 172 de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve en relación con la Ley de Catastro Municipal; pues, como se puede advertir del contenido de las disposiciones legales reproducidas en la última de las columnas, pone en evidencia que no guardan una íntima relación para ser considerada una verdadera unidad normativa. Lo anterior, al no haber correspondencia real entre ellas, esto es así, porque el cobro por concepto del impuesto predial sólo se define en la Ley de Ingresos, la cual regula cada uno de los elementos esenciales de dicha contribución, pues su definición y la mecánica de su cálculo se encuentran previstas en esa legislación, sin hacer remisión expresa a alguna otra. Ello, porque en la ley de ingresos en análisis se estableció que el impuesto predial causará y se pagará de conformidad con objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, épocas de pago, cuando se trate de predios que hayan sido valuados en términos de lo dispuesto por la Sección Segunda, Capitulo Único del Título Octavo de la Ley de Ingresos, así como las Tablas de Valores Unitario de Terreno y Construcción; de ese apartado se obtiene que, las determinaciones de bases gravables para el cobro de esa contribución se realizará en los términos de la referida ley de ingresos basándose en los valores unitarios de terreno y construcción, asimismo, a través de la aplicación de dichos valores se obtendrá el valor catastral y el valor unitario, es el obtenido mediante los procedimientos establecidos en esa legislación; finalmente, en relación con el proceso de valuación y revaluación catastral de predios urbanos se tomará en consideración lo previsto por la citada ley de ingresos. De todo lo cual, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, no existe disposición legal esencial para determinar el impuesto predial que constituya el mencionado sistema normativo respecto de la Ley de Catastro, pues la Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve por sí sola prevé todos los elementos necesarios para fundar el cobro del impuesto cuya inconstitucionalidad reclama, ya que las mismas, como se ha sostenido, no guardan relación entre sí; por tanto, es suficiente para la regulación de la referida contribución, sin necesidad de acudir a la diversa legislación propuesta por el quejoso; de ahí lo infundado del motivo de queja. Por tanto, dado que los elementos del impuesto en comento se encuentran previstos en la Ley número 172, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y no en la ley hacendaria, no genera trasgresión alguna al principio de justicia tributaria que se viene comentando, ya que se está en presencia de una ley en sentido formal y material; incluso se reconoce la posibilidad de que los elementos esenciales de dicha contribución se encuentren previstos en la legislación mencionada en primer término. Sobre el particular resulta aplicable en el caso concreto, por identidad jurídica sustancial, la tesis P. XXII/95 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DERECHOS. PARA QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA BASTA CON QUE SUS ELEMENTOS ESENCIALES SE CONSIGNEN EXPRESAMENTE EN UNA LEY, AUN CUANDO ESTA SEA LA DE INGRESOS. Si el principio de legalidad tributaria consiste en que los elementos esenciales de un tributo se consignen expresamente en una ley, se respeta tal principio cuando los elementos esenciales de algún derecho se consignan en la Ley de Ingresos respectiva, pues el principio de legalidad no exige que tales elementos se consignen en una determinada ley, sino sólo que se establezcan en ley". Pero además, la conclusión a la que arriba, no solo descansa sobre la base de que las legislaciones analizadas con anterioridad no forman un sistema normativo tributario al no ser dependientes entre sí; sino además, en el hecho de que la Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, dejó sin efecto alguno lo dispuesto en la Ley de Catastro Municipal 676, del Estado de Guerrero, de ahí que no exista la aplicación complementaria que alega la parte quejosa. Ciertamente, a fin de demostrar la afirmación anterior, en principio debe precisarse que las leyes de ingresos pueden modificar o derogar las disposiciones previstas en diversas leyes fiscales, ya que si bien es verdad tales ordenamientos tienen vigencia anual y constituyen un catálogo de impuestos, también pueden contener demás disposiciones de carácter general que sirvan de fundamento y sustento legal para establecer el pago de diversas contribuciones. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACION. PUEDEN DEROGAR LEYES FISCALES ESPECIALES. Es inadmisible el argumento en el sentido de que las leyes de ingresos de la federación no pueden modificar las disposiciones de las leyes fiscales especiales, ya que por una parte, si bien es verdad que tales ordenamientos tienen vigencia anual y constituyen un catálogo de impuestos, también contienen otras disposiciones de carácter general que tienen por objeto coordinar la recaudación de las contribuciones, y por otra parte dichas leyes de ingresos poseen la misma jerarquía normativa que los ordenamientos fiscales de carácter especial y, por tanto pueden modificarlas y derogarlas en determinados aspectos que se consideren necesarios para una mejor recaudación impositiva". Así, una vez que se han retomado las consideraciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cobro de un derecho cumple con el principio de legalidad tributaria aún en los casos en que se encuentre previsto en una ley de ingresos; así como que esta última puede modificar o derogar las artículos previstos en leyes fiscales, es necesario imponerse del contenido de los artículos 9; primero, tercero y séptimo transitorios de la Ley Número 172, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, de contenido: "ARTÍCULO 9. Este impuesto se causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago, de la siguiente manera: 1. Para aquellos predios que hayan sido valuados en los términos de lo dispuesto por la Sección Segunda, Capítulo Único del Título Octavo de esta Ley de Ingresos, así como las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción, vigentes; se causará y pagará de conformidad con la base y tasa siguiente: .". "T R A N S I T O R I O S "ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, entrará en vigor el día primero de enero del año 2019". "ARTÍCULO TERCERO. Para el ejercicio fiscal 2019 y para todos los efectos de la determinación de la base gravable del impuesto predial previsto en la Sección Única, Predial, del Capítulo Segundo del Título Segundo de la presente Ley, así como para cualquier valuación y reevaluación se estará únicamente a lo dispuesto por la Sección Segunda del Título Octavo de la presente Ley. Quedando sin efecto alguno lo dispuesto por Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676.". "ARTÍCULO SÉPTIMO. Cualquier disposición expedida con anterioridad y que se oponga a la presente ley, quedará derogada". Derivado de lo anterior, se advierte que el legislador determinó que las contribuciones que percibiera por concepto de Impuesto predial, sería la conceptuada en dicha legislación, de acuerdo con los elementos de la contribución también ahí previstos. En ese mismo sentido, debe deducirse del contenido del artículo PRIMERO transitorio que la legislación en comento es aplicable para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y, que la misma entraría en vigor a partir del primero de enero de dos mil diecinueve. A su vez, en el diverso TERCERO transitorio, de manera expresa el legislador dispuso que quedaba sin efecto alguno lo previsto en la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676 y para los efectos de la base gravable del impuesto predial, se estará a lo dispuesto en la Sección Única, Predial, del Capitulo Segundo del Titulo Segundo de la Ley de Ingresos, y para cualquier valuación y revaluación se estará a lo previsto en la Sección Segunda, Capítulo Único del Título Octavo de esa Ley de Ingresos, así como las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción. Y en el último de los transitorios transcritos, abrogó cualquier disposición o norma legal vigente que se contrapusiera con lo establecido en la referida Ley de Ingresos. En esa línea argumentativa, el contenido de las disposiciones transcritas crea certidumbre en cuanto a la inexistencia del sistema normativo tributario que refiere la recurrente, pues contrario a ello existió una derogación implícita de la Ley de Catastro Municipal como de cualquier otra que se contraponga a lo previsto en la Ley número 172, de Ingresos para el municipio de Acapulco de Juárez. Ello es así, en virtud de que ambas legislaciones tienen la misma jerarquía, por haber sido emitidas por el mismo órgano legislativo y además, ambas regulan la misma contribución; sin embargo, debe considerarse que la ley posterior deroga a la anterior de manera tácita. Bajo ese contexto al resultar el concepto de violación propuesto infundado, lo que procede es negar el amparo solicitado en contra de la Ley de Ingresos número 172 para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en específico su artículo 12, fracción III así como de la Ley de Catastro Municipal Número 676, en concreto los numerales 1, 2, fracciones XVIII y XIX, 4, 10, 20, 22, 23, 32 y 33; y de la Ley de Hacienda Municipal número 677, respecto del arábigo 10, con motivo de su primer acto de aplicación. Asimismo, no pasa desapercibido que en el recibo exhibido por la parte quejosa se advierta el pago de impuestos adicionales; sin embargo, por lo que ello refiere, no es materia de estudio al no existir la instancia de la parte agraviada que motive un pronunciamiento al respecto, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente . Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio respecto a los actos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Jerónimo Martínez Victorio, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- ... VISTOS LOS AUTOS PARA RESOLVER SENTENCIA... Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente . Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio respecto a los actos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Jerónimo Martínez Victorio, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese

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