José Juan Acuña Romero
Expediente 1787/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1787/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Juan Acuña Romero
Actuaciones
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Glósese a los autos el oficio de cuenta firmado por el secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remitió testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de diez de noviembre de dos mil veintitrés, de la que se advierte que en el amparo en revisión administrativo 1064/2022 el órgano plenario, resolvió lo siguiente: "[.] Primero. Se confirma la sentencia recurrida dictada el veintidós de julio de dos mil veintidós, por el juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 1456/2021. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pedro Flores Jocobi, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos indicados en el fallo traído a revisión. [.]" Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en el amparo en revisión administrativa 1064/2022, del control del oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo 1456/2021 del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Determinación y efectos del órgano revisor. Ahora bien, con base en el resolutivo efectuado por el órgano revisor en su testimonio de ejecutoria, se advierte que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: "[.] a) Dejen de aplicar, en perjuicio de la parte quejosa, lo dispuesto en la fracción I, inciso a), y segundo párrafo, del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que no se efectúen los descuentos futuros a las pensiones de viudez y jubilación de las cuales goza la parte quejosa; y, b) Reintegre los descuentos que se hayan realizado a dichas pensiones, anteriores y posteriores a la presentación de la demanda de derechos. [.]" Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente sumario -cuyos efectos se precisaron previamente-. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, es importante destacar que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Apoyan a lo anterior las tesis de rubros siguientes: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese; mediante oficio al órgano colegiado, así como a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Cumplen prevención. Visto el escrito suscrito por José Juan Acuña Romero y Jesús Antonio Acuña Martínez, se observa que se atendió cabalmente el requerimiento efectuado el dieciséis de noviembre del año en curso; en consecuencia, se acuerda lo siguiente: 2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por José Juan Acuña Romero y Jesús Antonio Acuña Martínez, cada uno en lo personal y, respectivamente como albaceas, el primero de la sucesión a bienes de Ramón Acuña Villanes; y el segundo, de la sucesión a bienes de Jesús Acuña Villanes, en contra de los actos atribuidos al juez Primero de Primera Instancia de lo Civil de este Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Representante común. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los peticionarios a José Juan Acuña Romero, sin perjuicio de que durante el trámite del biinstancial pueda ser substituido por el diverso quejoso. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con diecisiete minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente; ello con fundamento en lo señalado en el numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. 4. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan sus informes justificados, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dichos informes copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Al efecto, se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a las ********************. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto los actos que se les reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a las autoridades. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir sus informes con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo hagan saber a este juzgado. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 7. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrán por hechas las mismas, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete. 10. Emplazamiento. Este órgano jurisdiccional se reserva proveer al respecto, hasta en tanto sean rendidos los informes justificados de las ********************. 11. Incidente de suspensión. Tramítese el incidente de suspensión solicitado. 12. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas las documentales públicas y privadas, la instrumental de actuaciones, así como la presuncional lógica, legal y humana que acompañan con la demanda, sin perjuicio de desahogarlas y hacer relación de ellas durante la audiencia constitucional y valorarlos al dictar la sentencia respectiva. 13. Notificación a las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), se hace del conocimiento de las ********************, que únicamente serán notificadas por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 14. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 15. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 16. Copias de constancias del Expediente Electrónico. Conforme a lo previsto por el segundo párrafo del numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes para que hagan uso de dicha herramienta. Notifíquese; ******************** a la ********************, por oficio a las ******************** y por lista a los ********************. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Trámite incidente. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 128, 138, 140 y 147, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1787/2023, promovido por José Juan Acuña Romero y Jesús Antonio Acuña Martínez, cada uno en lo personal y, respectivamente como albaceas, el primero de la sucesión a bienes de Ramón Acuña Villanes; y el segundo, de la sucesión a bienes de Jesús Acuña Villanes, contra los actos atribuidos al juez Primero de Primera Instancia de lo Civil de este Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y otras autoridades. 2. Informes previos. Pídase informes previos a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo en el plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que reciba el oficio de notificación correspondiente; enviándole para ese efecto, copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, se sirvan proporcionar información que permita calcular la garantía ante una eventual concesión al momento de resolver en definitiva la presente incidencia. Apercíbaseles que, en caso de no hacerlo dentro del lapso señalado, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del numeral 142 y 260, fracción I, de la Ley de la materia, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se presumirá cierto los actos que se les atribuye y se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización. 3. Fecha de la audiencia incidental. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia incidental. 4. Precisión de los actos reclamados. En el caso, los quejosos señalan en esencia como acto reclamado los siguientes: La orden de emplazamiento a juicio, prácticas de diligencias judiciales o inspecciones judiciales, la orden, trámite, actos judiciales tendentes a desalojarlos de un predio rústico o fracción denominado "Rancho el Paredon" de ciento vente hectáreas, del predio San Francisco, o condueñazgo San Francisco y/o mancomunidad San Francisco, ubicado en carretera Hermosillo-Ures, kilometro 30, aproximadamente 5.5 a 6 kilómetros al sur del poblado de Topahue, con residencia en esta ciudad. 2. El cumplimiento y ejecución de cualquier orden de desalojo y/o desocupación, emplazamiento y/o notificación, práctica de diligencia judicial o de fe judicial, notificación a juicio o procedimiento judicial que pretenda desposeernos del predio rústico denominado "Rancho el Paredon". 5. Suspensión provisional. Ahora, a fin de determinar sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, resulta pertinente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ciertos requisitos para la procedencia de ésta figura en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA.", fijó importante criterio respecto de la técnica que debe seguir el juzgador para el estudio de la suspensión del acto reclamado. En efecto, señaló que el análisis de la concesión de la medida cautelar, debe realizarse conforme al orden lógico siguiente: Expresamente la solicite el quejoso; Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión, No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Ahora, en el caso, se obtiene que el primer requisito se satisface, en tanto que los quejosos solicitan expresamente la suspensión del acto reclamado para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, aspecto que colma el primero de los requisitos En cuanto al segundo de los requisitos, también se encuentra satisfecho, pues si bien, por la naturaleza de la suspensión provisional, las responsables aún no se pronuncian respecto de la existencia o no de los actos reclamados, lo cierto es que para determinar respecto de la certeza, debe atenderse a las propias manifestaciones de los promoventes realizadas bajo protesta de decir verdad, ya que son los únicos elementos con los que cuenta el juez para resolver sobre la solicitud de concesión. Ahora, respecto del inciso c), se destaca que también se cumple, pues se trata de los actos reclamados precisados con antelación en el punto 4, de esta determinación, esto es, la falta de emplazamiento a un procedimiento y la posible desposesión del bien inmueble que defienden los agraviados como de su propiedad, lo que traduce en la posible consumación del desalojo o lanzamiento que los solicitantes de amparo impugnan, respecto del predio que defienden como de su propiedad y posesión, lo que constituye la inminente realización de actos positivos por parte de las referidas autoridades responsables, lo que hace viable la concesión de la medida suspensional decretada. Asimismo, para el solo dictado de la suspensión provisional la documentación exhibida con la demanda, se considera suficiente para tener por acreditado el interés suspensional, pues con dichas documentales acreditan tener el carácter con el que se ostentan, en lo personal y, cada uno, en representación de los albaceazgos que refieren, pues al efecto exhiben: Copia certificada de la escritura número seis mil trescientos ochenta y seis, volumen ciento treinta y seis, pasada ante la fe de Juan Antonio Ruibal Corella, notario público número sesenta y ocho, con ejercicio y residencia en Hermosillo, Sonora; dicho acto jurídico quedó registrado con inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con el número 124045 de diez de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, en la sección I, volumen doscientos ocho, por Rosa Munguía Ramos. Copia certificada expedida por el secretario "b" adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, del acuerdo dictado en el juicio 1188/2002 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ramón Acuña Villanes, consistente en acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, acta de comparecencia, aceptación y protesta de albacea mediante el cual el agraviado José Juan Acuña Romero, fue designado albacea en el referido juicio sucesorio. Copia certificada de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, de acta doce de marzo de dos mil ocho, expedida por Miriam Guadalupe Carbajal Hurtado en el expediente número 1626/2007 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Jesús Acuña Villanez, mediante el cual se designó al impetrante Jesús Antonio Acuña Martínez, como albacea de dicha sucesión. Copia certificada de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, expedida por el secretario Segundo del Juzgado de lo Familiar con Competencia Especializada, con residencia en esta ciudad, de resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente 2545/2022, con la cual se acredita que José Jesús Acuña Villanez, Jesús Acuña Villanes, José Jesús Acuña Villanez y José Jesús Acuña Billanes, corresponden a la misma persona. Documental pública consistente en constancia de censo ganadero, de catorce de septiembre de dos mil veintidós, expedida por el Director General de Servicios Ganaderos, con la cual se acredita que el asiento de producción del quejoso Jesús Antonio Acuña Martínez, corresponde al predio "El Paredon", con marca de herrar, número 138670. Documental pública consistente en copia certificada de título de marca de herrar y señal de sangre, número 138670, a nombre del promovente Jesús Antonio Acuña Martínez, expedido por Víctor Manuel Hiriart Luquin, dicha certificación fue ante la fe de Bertha Elena Valenzuela Galvan, titular de la notaría pública número ciento doce, con residencia en esta ciudad, de diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Documental pública consistente en original de guía de tránsito número 1689193, de uno de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se autoriza a la parte quejosa, la movilización de ganado procedente del rancho "El Paredon", expedida por el inspector de Ganadería de la Cuarta Zona Bis, con residencia en esta ciudad, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Subsecretaría de Ganadería del Gobierno del Estado de Sonora. Constancia original de Unidad de Producción Pecuaria del Sistema Nacional de Idientificación Individual de Ganado, de tres de febrero de dos mil veintitrés, con la cual el solicitante de amparo Jesús Antonio Acuña Martínez, acreditado que mi asiento de producción se encuentra en el rancho o predio "El Paredon", con el número 26-030-2359-001. Documental pública consistente en copia certificada de doce de julio de dos mil dos, expedida por la secretaria Primera del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, en el juicio número 885/1995, relativo a juicio de interdicto de retener posesión promovido por Ernesto Acuña Villanes, José Jesús Acuña Villanes y Manuel Acuña Villanes en contra de Santiago López Molina, sobre el bien inmueble "El Paredon", sujeto a posesión del impetrante. Tales documentos enumerados corresponden a aquellas pruebas que el numeral 143, de la Ley de Amparo, permite ofertar en el incidente de suspensión, lo que, concatenando con las manifestaciones de los agraviados, efectuadas bajo protesta de decir verdad, tornan procedente la suspensión solicitada. En esa medida, del análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, se colige, de manera indiciaria y provisional, que el actuar de las responsables no se ajusta a la ley aplicable, pues del análisis preliminar de los actos reclamados, se desprende que en relación con el fondo del asunto pudiera asistirle un derecho a los solicitantes de la protección constitucional, que hace posible anticipar, con cierto grado de acierto, el resultado del fallo, sin perjuicio de que lo anterior pueda ser modificado con posterioridad, con la certeza del acto reclamado y pertinencia del derecho del derecho aplicado al mismo, por ser estos aspectos propios de la resolución final del juicio. En ese tenor, al no advertirse que se siga perjuicio al interés social ni que se contravengan disposiciones de orden público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, 139 y 151, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que, no se desaloje ni se ejecute el lanzamiento del predio que mencionan los impetrantes, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Siempre y cuando a la fecha no hayan sido ejecutados los actos y/o que éstos no provengan de autoridades distintas a las responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, con número de registro 197239, cuyo rubro y texto establecen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." 6. Requisito de efectividad. La anterior medida suspensional surte efectos desde luego, en términos de los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si en el término de cinco días, cada uno de los quejosos no exhibe caución, en cualquier forma legal, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual se fija de manera discrecional, considerando que el reclamo se hace consistir en una falta de emplazamiento de un procedimiento que desconocen los quejosos; y, dicha garantía servirá para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros interesados, en caso de existir, y de no obtener la parte quejosa sentencia favorable en el juicio de amparo del que deriva el incidente en el que se actúa. En el entendido que, de conformidad con lo establecido en los artículos 139 y 154 de la Ley de la Materia, dicha garantía es susceptible de revocarse o modificarse, con base en elementos objetivos y/o pruebas supervinientes que se alleguen a los presentes autos. En la inteligencia que, si la garantía se presenta en billete de depósito, ésta deberá contener en el apartado correspondiente "concepto del billete", la leyenda "se autoriza al Secretario Técnico para que reciba información de este billete". Lo anterior, con independencia de los datos de identificación correspondientes que debe contener dicho billete de depósito (número de expediente y quejoso), así como la finalidad para la que se exhibe: garantizar la suspensión provisional o definitiva, según sea el caso. 7. Apercibimiento. Apercíbase a los promoventes que de no cumplir con la obligación indicada, dejará de surtir sus efectos la suspensión y el acto reclamado podrá ejecutarse. 8. Copias de constancias del Expediente Electrónico. Conforme a lo previsto por el segundo párrafo del numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes para que hagan uso de dicha herramienta. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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