José Juan Acuña Romero
Expediente 158/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Juan Acuña Romero
- Director General de Notarias dependiente de la Secretaria de Gobierno del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, transferencia, resguardo y destino final de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION CONSTITUCIONAL ENGROSADA EL 30/AGOSTO/2023, QUE DICE:RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido por razón de turno, el día hábil siguiente a este juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que se precisarán con posterioridad. Por proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la citada demanda, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete. En determinación de diez de marzo dos mil veintitrés, se admitió a trámite la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa por un nuevo acto reclamado, y se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación. Posteriormente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Competencia El suscrito juzgador es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad que reside en el territorio en que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Precisión de los actos reclamados Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hacen consistir en: Demanda inicial. La omisión de responder la solicitud que elevó mediante escrito de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Ampliación de demanda. El oficio ******************** de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable dio respuesta a su solicitud. Es aplicable al caso concreto, porque no se opone a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se trascriben a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Inexistencia del acto reclamado señalado en el inciso a) -sobreseimiento- El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de las constancias de autos se advierta claramente que no existe el acto reclamado, o cuando no se demuestre su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, en su informe con justificación la directora General de Notarías del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, negó categóricamente la omisión que la parte el disconforme le atribuye, sin que exista medio de convicción idóneo que desvirtúe esa negativa, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral antes citado. Es así, pues la autoridad responsable al rendir su informe justificado anexó el oficio ******************** de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual dio respuesta a la solicitud del peticionario; el citado oficio lo notificó a la parte quejosa mediante correo electrónico enviado a la dirección burrolayasociados@gmail.com. (fojas 111 y 112). Apoya la jurisprudencia 284, publicada en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". De lo que se obtiene, entonces, que la autoridad responsable dio respuesta a la solicitud elevada por la aquí parte quejosa antes del tres de febrero de dos mil veintitrés, en que se presentó la demanda que originó la tramitación de este juicio de derechos. Por tanto, debe tenerse como inexistente la omisión que se le atribuye a dicha autoridad, y en consecuencia, sobreseer en este juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Aplica la tesis II. 1o.C.T. 217 K, visible en la página 313, del Tomo XIV, Octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". IV. Existencia del acto reclamado señalado en el inciso b) Es cierto el acto reclamado a la directora General de Notarías del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, pues dicha certeza se corrobora con el oficio ******************** de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable dio respuesta a la solicitud de la parte quejosa que planteó mediante ocurso de veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Documental que envió anexa al informe con justificación de ampliación de demanda, a la que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial número 226 sustentada por el Pleno de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". V. Causas de improcedencia actualizada (acto reclamado señalado en el inciso b) Previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan de oficio o que hayan hecho valer las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 y 63, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. Al respecto, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que aunque subsiste el acto reclamado, al ser sustituido por uno diverso, emitido por la propia autoridad, aquél, ya no puede surtir efectos, al dejar de existir su objeto para su análisis de constitucionalidad haber cesado los efectos del acto que se combate: Es menester precisar que la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Del texto del precepto legal reproducido se deduce que para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado, o en otras palabras, que exista una situación jurídica que definitivamente impida la ejecución que dio motivo al amparo por tornar inexistente el objeto o la materia del mismo. Como se señaló en párrafos que anteceden, el acto reclamado en estudio consiste en el oficio ******************** de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable dio respuesta a la solicitud de la parte quejosa que planteó mediante ocurso de veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Es necesario señalar que, en el citado oficio, la autoridad responsable como respuesta a la parte quejosa respecto de su solicitud de veintidós de septiembre de dos mil veintidós le dio vista para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. Ahora, por escrito presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veinte de junio del año en curso, la parte quejosa comunicó que la directora General de Notarías del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, de nueva cuenta le concedió vista respecto del multicitado oficio -acto reclamado-, por lo que compareció ante ella para formular manifestaciones. Seguidamente, por proveído de catorce de agosto del presente año, la autoridad responsable remitió la determinación de veintidós de junio de dos mil veintitrés, en la que contestó la solicitud de origen planteada por la parte quejosa. En ese contexto, es evidente la actualización de la causal de improcedencia en estudio, porque a pesar de la existencia de la respuesta dada por la autoridad responsable al escrito presentado por la parte quejosa el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, consistente en el oficio ******************** de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, que resultó ser el acto reclamado en vía de ampliación, ya no está surtiendo sus efectos, con motivo de un nuevo pronunciamiento de la responsable, en torno al escrito del quejoso. Es así, pues lo que rige la situación de la parte quejosa, es la nueva respuesta que emitió la autoridad responsable el veintidós de junio de dos mil veintitrés. En esa medida, es incuestionable que el acto que se reclama, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber sido sustituido por la citada determinación, ya que en el caso de concluirse que el acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que estima violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues se incidiría en el nuevo pronunciamiento de la autoridad responsable, sin que éste hubiere sido objeto de la controversia constitucional. Al respecto, apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, de diciembre de 2006, a página 189, al tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así como la diversa jurisprudencia P/J.90/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, voz y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." VI. Decisión En ese contexto, se sobresee en el juicio por la inexistencia del acto reclamado señalado en el inciso a) en términos del considerando III, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción IV de la Ley de amparo. Asimismo, respecto del acto consistente en referido en el inciso b), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. Por otra parte, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la parte quejosa en vía de alegatos, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio, promovido por ********************, por los motivos expuestos en los considerandos III y V de esta resolución. Notifíquese personalmente y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe, terminando de engrosar la sentencia hasta hoy treinta de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permiten las labores del Juzgado. Doy Fe. Sergei
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Ténganse por recibido el oficio de cuenta suscrito por la directora general de Notarías del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento decretado en auto de doce de julio de la presente anualidad, y para tal efecto, remite copia de las constancias solicitadas. Pruebas. Ahora bien, con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que no se han allegado las constancias solicitadas a la dirección General de Notarías del Estado de Sonora, en proveído de doce de julio de la presente anualidad. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la referida audiencia y se señalan para su celebración las once horas con veintiocho minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CR./CJD./005/2970/2023, de la Comisión de Receso del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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