Jose Jorge Cuautle Torres

Expediente 489/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
489/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Jose Jorge Cuautle Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. II. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto en el que se negó el amparo, no es de relevancia documental, y es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), en relación con el numeral 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Devolución de documentos a las partes. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que se remitieron en complemento al informe justificado, se ordena devolver a la autoridad responsable Jorge Eduardo Ramírez Téllez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (por conducto del Administrador de dicho centro), las documentales siguientes: ( Dos discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos al registro de audio y video de la audiencia celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de impugnación 220/2022. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran los sobres amarillos que contiene los discos antes aludidos - fojas 77 y 211 del juicio de amparo en que se actúa-, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, no ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la autoridad indicada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. IV. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista al quejoso José Jorge Cuautle Torres y a los terceros interesados 1. María Josefina Ofelia Domínguez Sánchez, 2. Alejandro Osorio Fuente, 3. José Rigoberto Jaime González Galaviz, 4. Joaquín Velentín Sánchez García o Juaquín Valentín Sánchez García, 5. Isabel Cristina Castellanos Melgarejo y 6. Guadalupe Pérez González; y, por oficio a la autoridad responsable, al fiscal federal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de agosto de dos mil veintitrés. QUEJOSO INFORMA. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ********************, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en auto de veinte de julio pasado, informa el domicilio correcto y completo de la tercera interesada 6. ********************, y remite diversas constancias para justificar su dicho. SE ORDENA EMPLAZAMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la citada Ley, se ordena a la actuaria o actuario judicial de la adscripción que corresponda, que realice lo siguiente: Se constituya en ********************, Edificio ********************, departamento ********************, Infonavit ********************, en la ciudad de ********************; Busque a la tercera interesada 6. ******************** y le notifique el presente proveído, así como auto admisorio de demanda; La emplace a juicio; Le corra traslado con copia autorizada del escrito de demanda, aclaratorios, auto admisorio y el presente; por si a su interés conviene se apersone, ofrezca pruebas y alegue sus derechos; y, Le haga de su conocimiento la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional -diez horas con veinticuatro minutos de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés-. De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la tercera interesada con las constancias de autos. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona actuaria judicial que corresponda realizar el emplazamiento de mérito aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro de cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsan el procedimiento del presente asunto. Notifíquese personalmente vía emplazamiento a la tercera interesada 6. ********************; y, por lista a las demás partes.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo se notifica por medio de lista a la parte tercera interesada Guadalupe Pérez González, el proveído de uno de agosto y nueve de junio ambos de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, primero de agosto de dos mil veintitrés. QUEJOSO INFORMA. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ********************, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en auto de veinte de julio pasado, informa el domicilio correcto y completo de la tercera interesada 6. ********************, y remite diversas constancias para justificar su dicho. SE ORDENA EMPLAZAMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la citada Ley, se ordena a la actuaria o actuario judicial de la adscripción que corresponda, que realice lo siguiente: Se constituya en ********************, Edificio ********************, departamento ********************, Infonavit ********************, en la ciudad de ********************; Busque a la tercera interesada 6. ******************** y le notifique el presente proveído, así como auto admisorio de demanda; La emplace a juicio; Le corra traslado con copia autorizada del escrito de demanda, aclaratorios, auto admisorio y el presente; por si a su interés conviene se apersone, ofrezca pruebas y alegue sus derechos; y, Le haga de su conocimiento la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional -diez horas con veinticuatro minutos de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés-. De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la tercera interesada con las constancias de autos. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona actuaria judicial que corresponda realizar el emplazamiento de mérito aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro de cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsan el procedimiento del presente asunto. Notifíquese personalmente vía emplazamiento a la tercera interesada 6. ********************; y, por lista a las demás partes. San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil veintitrés. DESAHOGO. Agréguese a los autos el escrito de José Jorge Cuautle Torres, a través del cual, da cumplimiento a lo ordenado en autos de dieciséis de mayo y seis de junio, ambos de dos mil veintitrés; al efecto, se provee: Por lo que, hace al acto que reclama del Agente del Ministerio Público Federal, de la Décima Agencia Investigadora y/o de la Célula 5 del Equipo de Investigación y Litigación I de la Fiscalía General de la República, consiste en: ".se le pide la falta de EJERCICIO E INEJERCICIO de la acción penal." Por lo que toca al punto segundo, relativo al acto que atribuye al juez de Control del Centro de Justicia Penal en el Estado de Puebla, señala: ".La cual se desarrolló en la audiencia del 24 de abril de 2023." Respecto a la fecha en que tuvo conocimiento, manifiesta: ".. Al momento de comentar en la audiencia de impugnación 220/2022 de fecha 24 de abril de 2023." En tales condiciones, se tiene a la parte quejosa, desahogan el requerimiento que se le formuló el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, y por ende, provéase el escrito de demanda, el diverso recibido en este juzgado el cinco de junio de dos mil veintitrés y el escrito de cuenta, en los siguientes términos: DESECHAMIENTO PARCIAL. Por lo que respecta al acto reclamado al Agente del Ministerio Público Federal, de la Décima Agencia Investigadora y/o de la Célula 5 del Equipo de Investigación y Litigación I de la Fiscalía General de la República, consiste en: ".se le pide la falta de EJERCICIO E INEJERCICIO de la acción penal.", debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie también se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Es decir, el principio de definitividad encuentra sustento en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias para producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, ello, siempre que tales recursos o medios de impugnación suspendan el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de garantías; salvo los casos de excepción, previstos legal y jurisprudencialmente. No se soslaya que, no existe obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado cuando el gobernado únicamente aduzca violaciones directas a la Constitución, ya que no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. Así, la excepción al principio de definitividad se actualiza cuando la parte quejosa aduce violaciones directas a la Constitución, se actualiza, por exclusión: 1. Cuando el acto reclamado carece absolutamente de fundamentación y motivación; y, 2. Cuando exclusivamente se aduce violación a la garantía de audiencia, pero fuera de esas hipótesis, los particulares se encuentran obligados a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso. Ahora bien, el artículo 20 Constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C, se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento del a acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" De lo que se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el Juez de Control facultado para tal efecto, ya que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente, por analogía jurídica, la jurisprudencia de rubro y texto que dicen: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." Acorde a lo anterior, el Ministerio Público, como agente investigador, debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; y, al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación. Por su parte, durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En ese orden, el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control; como así lo disponen los artículos 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, se concluye que la finalidad de los medios de impugnación es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado y, con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico para subsanar las omisiones, excesos, defectos y, en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables. Así, los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten sus pretensiones. Ahora bien, cabe destacar que en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de votos la contradicción de tesis 233/2017 de su índice, de la cual derivó la tesis jurisprudencial 27/2018, que a la letra se cita: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Criterio jurisprudencial en el que se sostuvo que si bien los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, también lo es que el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales permite impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Por tanto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Así mismo, indicó que las referidas determinaciones no se limitan a las enunciadas en dicho numeral (258), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; entendiéndose que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto. Luego, bajo esa tesitura, es evidente que las omisiones que reclama la parte quejosa, son impugnables, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De esta manera, si el medio de defensa que contempla la ley que rige el acto tildado de inconstitucional tiene por objeto impulsar la prosecución del procedimiento penal, es claro que existe la obligación de promoverlo previamente a la solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Luego, la facultad de impugnar prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las omisiones y actuaciones del Ministerio Público en la fase de investigación, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En ese sentido, la inactividad del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión, que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca; omisión que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario. Máxime que, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores en la etapa de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, toda vez que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las omisiones y/o determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. En consecuencia, la omisión reclamada debe ser impugnada en la vía jurisdiccional ordinaria, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues según lo establece el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar en sede judicial, las omisiones del ministerio público durante la fase de investigación. Así, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Por lo tanto, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, contra las omisiones reclamadas por la parte quejosa, en la especie se actualiza de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; lo que conlleva a desechar de plano la demanda de derechos fundamentales, en términos de lo dispuesto por el numeral 113 de la mencionada Ley. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver la queja 119/2019. ADMISIÓN. En otro aspecto por lo que corresponde al acto reclamado consistente en la audiencia de impugnación celebrada en el expediente 220/2022 el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por José Jorge Cuautle Torres, contra los actos del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla, que conoce del medio de impugnación 220/2022. VISTA MINISTERIAL. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del siete de julio de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; y, para tal efecto se remite copia de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio. En dicho informe justificado deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el acta mínima y el registro audiovisual de la audiencia en la que se hubiere dictado el acto reclamado, acompañando el índice cronológico de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes; de igual forma, el juez de control responsable deberá remitir la resolución que conste por escrito del acto reclamado, en términos del artículo 67, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la inteligencia de que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional jdo3mp6cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 222 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad responsable, que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dichos actos no sean en sí mismos violatorios de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la autoridad responsable que al rendir su informe no podrán variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlos, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rindan el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la autoridad responsable, que en el caso de que se nieguen a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251 , en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". AUTORIZACIÓN DE EMPLEADO Se autoriza al Actuario adscrito o empleado, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la autoridad responsable. OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS OFICIOS Se precisa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, le hace entrega, en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, con apercibimiento que de no hacerlo del diverso numeral 245, se le impondrá una multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional). TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se solicítese al 1. Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Puebla, que conoce del medio de impugnación 220/2022, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente: - Informe a este juzgado la denominación correcta y actual, así como el nombre correcto del fiscal que interviene en el medio de impugnación 220/2022, pues le resulta el carácter de tercero interesado, en términos del artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo; y, -El nombre completo, así como el domicilio correcto de las personas que comparecieron a la audiencia celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, a quienes les asiste el carácter de terceros interesados en términos del artículo5, fracción III, inciso d). En el entendido, de que deberá remitir las constancias necesarias relativas de donde se advierta tal información; con la finalidad de emplazarlos al presente juicio. En el entendido, que de ser información reservada deberá manifestarlo así y tomar la medidas pertinentes al respecto. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicita y no se está en los supuestos en que éste deba abrirse de oficio. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue presentado físicamente, así la presente determinación pues se trata del auto admisorio. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa, en cumplimiento a lo ordenado en auto de seis de junio de dos mil veintitrés, mediante oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. QUEJOSO INFORMA. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ********************, mediante el cual, atiende parcialmente el requerimiento realizado en auto de veinte de julio pasado, pues informa dónde puede ser localizado el tercero interesado 3. ********************; sin hacerse cargo de la tercera interesada 6. ********************. En ese sentido, téngase al quejoso manifestando que, a pesar que en la razón de catorce de julio del año en curso, asentada por la actuaria judicial, ésta hizo constar que fue informada que el tercero interesado 3. ******************** ya no vive en el interior ********************, del número ********************, de la calle ******************** ********************, colonia ********************, en la ciudad de ********************, por parte de sus vecinos; dicho tercero afirma que el buscado sigue viviendo ahí, ya que lo vio alrededor de las diecisiete horas con treinta minutos, saliendo de su domicilio, sin especificar qué día. Por otro lado, informa que el tercero interesado 3. ******************** también puede ser encontrado en un horario entre las dieciocho y veinte horas con treinta minutos, en su carrito de venta de tamales, el cual instala a las afueras de la Farmacia ******************** ubicada en la esquina de las calles 18 ******************** y ********************, en el ******************** de la ciudad de ********************. Por lo que, solicita que se lleve a cabo el emplazamiento del aludido tercero interesado en dichos domicilios en los horarios que indica. SE ORDENA EMPLAZAMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo ********************6, fracción I, inciso b) de la citada Ley, se ordena a la actuaria o actuario judicial de la adscripción que corresponda, que realice lo siguiente: Se constituya en los domicilios antes indicados en los horarios sugeridos por el quejoso; Busque al tercero interesado 3. ******************** y le notifique el presente proveído, así como auto admisorio de demanda; Lo emplace a juicio; Le corra traslado con copia autorizada del escrito de demanda, aclaratorios, auto admisorio y el presente; por si a su interés conviene se apersone, ofrezca pruebas y alegue sus derechos; y, Le haga de su conocimiento la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional -la cual se fijará más adelante-. De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la tercera interesada con las constancias de autos. Con fundamento en el artículo ********************1, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona actuaria judicial que corresponda realizar el emplazamiento de mérito aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. RESERVA. En esa guisa, se reservar acordar lo correspondiente respecto del emplazamiento de la tercera interesada 6. ******************** hasta en tanto se obtenga el resultado de la diligencia recién encomendada. DIFERIMIENTO. Por otro lado, vista la certificación con la que se dio cuenta, se advierte que fueron señaladas las diez horas con treinta y ocho minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. No obstante, como se desprende de párrafos precedentes, éste órgano jurisdiccional se encuentra realizando las gestiones correspondientes a fin de emplazar a la parte tercera interesa al presente sumario constitucional. Por tanto, al ser evidente que el presente expediente no se encontrará integrado para la fecha marcada, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con veinticuatro minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro de cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, ********************63, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 1/00 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsan el procedimiento del presente asunto. Notifíquese personalmente vía emplazamiento al tercero interesado 3. ******************** en los términos indicados; y, por lista a las demás partes.

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