Jose Jesus Rodriguez Garcia
Expediente 257/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 257/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Jesus Rodriguez Garcia
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio III-235/2022, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por medio del cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de queja Q-53/2022, relativo al recurso de queja interpuesto en el presente sumario constitucional por la parte quejosa, en contra del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, misma que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En consecuencia, acúsese el recibo correspondiente; efectúense las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. Finalmente, se ordena destruir las copias certificadas de todo lo actuado en el presente sumario constitucional, enviadas a la superioridad con motivo de la substanciación del recurso de queja propuesto por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; Y, POR OFICIO A LA SUPERIORIDAD.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Nahieli Avendaño Palacios, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio II.1309/2022, signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que por auto dictado por el Presidente de dicho órgano colegiado el cuatro de abril del actual, se admitió el recurso de queja interpuesto por José Jesús Rodríguez García, en contra del auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, quedando registrado bajo el recurso de queja 53/2022, de lo que se toma conocimiento el suscrito para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL QUEJOSO; Y, CÚMPLASE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito de expresión de agravios signado por el quejoso José Jesús Rodríguez García, mediante el cual, interpone recurso de queja en contra del auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo 257/2022, por el cual se desechó su demanda de garantías. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que el suscrito Juez Federal desechó la demanda de amparo, y remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con copia certificada de todo lo actuado en este expediente en que se provee, toda vez que no hay más partes a notificar. Asimismo, glósese para constancia copia del escrito de expresión de agravios. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL QUEJOSO; Y, CÚMPLASE.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 18 DE marzo DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. SE ACUERDA ESCRITO ACLARATORIO. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso José Jesús Rodríguez García, a través del cual, da cumplimiento al requerimiento preventivo de once de marzo de dos mil veintidós. CUESTIONES PRELIMINARES. En principio, conviene señalar que en el apartado correspondiente de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, el aquí quejoso indicó que reclama a las autoridades responsables: 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla (Enrique López Criollo), y 2. Jefe de Causas adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la región Judicial Centro con sede en Puebla (Marco Antonio Tenna Lázaro), el auto de primero de febrero del año en curso, dictado en la carpeta judicial administrativa 213/2019/PUEBLA, en el que por una parte: a) Tuvo al quejoso justificando su inasistencia a la audiencia inicial y no difirió la misma. b) Por otra parte requirió a la representación social para que peticionara medios de conducción en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se hace constar que el aquí quejoso no señaló algún acto privativo de libertad como acto reclamado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Respecto del referido acto reclamado, el suscrito Juez estima que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracciones I y III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". En ese sentido, el artículo 107, fracciones I y III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determinen la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" El numeral 107, de la Carta Magna, fracción I, precisa la procedencia del amparo contra actos de un tribunal judicial, que afecten derechos sustantivos; y previene, en su fracción III, los casos en que son competentes para conocer de ellos, los Jueces de Distrito en vía de amparo indirecto, cuyos casos se reiteran en lo conducente en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tratándose de actos realizados fuera de juicio o después de concluido; esto es, de una interpretación sistemática de ambos preceptos, se colige que el juicio de amparo indirecto, es procedente contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando su ejecución sea de imposible reparación. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales "el proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme."; consideración que se reproduce en el artículo 170, fracción I, párrafo final, de la Ley de Amparo, en relación a que "en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." En ese contexto, en el caso particular, si el acto reclamo se circunscribe en la orden de no diferir la audiencia inicial de formulación de imputación de uno de febrero de dos mil veintidós, dictada en la carpeta judicial administrativa 213/2019/PUEBLA, y requerir a la representación social para que solicitara como medio de conducción alguno de los establecidos en el artículo 141 del Código de Procedimientos Penales, dicho auto se trata de actos fuera de juicio o procedimiento penal, emitidos justo antes de que inicie. Por otra parte, si bien ha quedado claro que el acto que se analiza, fue dictado fuera de juicio, lo cierto es que su ejecución no es de imposible reparación, al no afectar por sí mismos la libertad personal del investigado o algún derecho sustantivo. En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del agente del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse la comparecencia forzosa del investigado, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Bajo esa tesitura, contra el auto que no difiere la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, por analogía e identidad jurídica en lo substancial la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Como se indicó el quejoso reclama el auto de uno de febrero de dos mil veintidós, en la carpeta judicial administrativa 213/2019/PUEBLA, en el que requirieron a la representación social algún medio de conducción para el desahogo de la audiencia de formulación a imputación en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; acto que no supone una afectación cierta e irreparable a sus derechos sustantivos. Se afirma lo expuesto, porque en contra del quejoso no existe alguna orden de presentación o comparecencia por medio del uso de la fuerza pública ni se le apercibió al aquí amparista con orden de aprehensión; máxime que en el escrito aclaratorio de cuenta manifestó bajo protesta de decir verdad, que no reclama alguna orden privativa de libertad. En mérito de ello, no procede el juicio de amparo indirecto de conformidad con el criterio jurisprudencial transcrito, por lo que al haberse acreditado de forma notoria e indudable la causal de improcedencia señalada en párrafos que anteceden, se desecha la demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Desechamiento que se hace extensivo a los actos que se le reclaman al Jefe de Causas del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
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