Jose Jesus Saiz Lugo
Expediente 571/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 11/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jose Jesus Saiz Lugo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Director General Adjunto "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, rinde informe justificado; ahora bien, como se advierte de los autos del presente cuaderno de antecedentes, por acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, se planteó la competencia del juicio de amparo 571/2017 al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, misma que por auto de diecisiete de mayo del año en curso, aceptó e hizo del conocimiento de este órgano de control constitucional mediante oficio 2284-5A; por lo tanto, previa copia simple que del oficio de referencia se deje en el cuaderno de antecedentes en que se actúa, remítase el original de dicho comunicado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por el Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que se aceptó la competencia del juicio de amparo número 571/2017, y toda vez que dicho juzgado aceptó la competencia planteada, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en la fracción I, del ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción; dado que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, aceptó la competencia planteada en el juicio de amparo número 571/2017; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el cuaderno de antecedentes en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Así también, glósese al presente cuaderno de antecedentes, el diverso derivado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 571/2017, el cual es susceptible de destrucción. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que en el presente cuaderno de antecedentes no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de un cuaderno de antecedentes con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que en auto de catorce de mayo del año en curso, se ordenó su integración, con motivo de la competencia planteada al Juzgado Sexto de Distrito con residencia en esta ciudad, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente cuaderno de antecedentes, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. De igual forma, se tienen por recibidos los telegramas signados por el Director de Amparos en la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales, con el primero, acusa recibo del oficio 776-1 derivado del acuerdo de cuatro de abril del presente año, y comunica que se encuentra transcurriendo el término que le fue concedido para rendir su respectivo informe justificado, con el segundo, solicita se le amplié el termino para rendir el informe solicitado, en razón de que se encuentra recabando información y la documentación necesaria para estar en aptitud de rendir dicho informe, y con el restante dirigido al incidente de suspensión, comunica que en dicha dependencia se recibió el oficio 627-1 el diecisiete de abril de del año en curso, y que el diecinueve del mismo mes y año, rindió informe previo. Ahora bien, como se advierte de los autos del presente cuaderno de antecedentes, por acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, se planteó la competencia del juicio de amparo 571/2017 al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, misma que por auto de diecisiete de mayo del año en curso, aceptó e hizo del conocimiento de este órgano de control constitucional mediante oficio 2284-5A; por lo tanto, previa copia simple que de los telegramas de referencia se deje en el cuaderno de antecedentes en que se actúa, remítanse los originales de dichos comunicados al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta firmado por los apoderados legales de la parte quejosa, mediante el cual hacen diversas manifestaciones en relación al informe justificado rendido por el Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México. Se tienen por formuladas las manifestaciones en los términos que indica el promovente, mismas que serán analizadas en el momento procesal oportuno. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por oficio 6129, la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, remitió copias certificadas de las documentales solicitadas del juicio de amparo 161/2012, de su índice y estableció que dicho procedimiento se encuentra en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria pronunciada en el citado juicio de amparo, bajo la inconformidad 10/2017 (fojas 97 a la 162). Ahora bien, toda vez que de las documentales proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se obtiene que ante el referido Juzgado, se tramitó diverso juicio de amparo 161/2012, promovido por Moisés Tapia Tapia y Juan Antonio Romero Sepúlveda, en su carácter de apoderados legales de José Jesús Saiz Lugo, quien a su vez funge como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del finado Benjamín Saiz Gastelum, el que señaló como acto reclamado del Tribunal Superior Agrario en sustitución del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, la Resolución Presidencial de veinte de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, que dotó de tierras al ejido "Tobobampo", Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, con la que se afectó indebida e ilegalmente un lote de terreno con superficie de 100-00-00 hectáreas, ubicadas en el predio denominado "La Hacienda de Tetameche o San Rafael" de la Alcaldía de Ocoroni, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, propiedad de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Benjamín Saiz Gastelum; Juicio en el que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión: ".con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo, concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la sucesión intestamentaria a bienes de Benjamín Saiz Gastélum, representada por conducto de su albacea José Jesús Saiz Lugo, para el efecto de que la autoridad responsable sustituta Tribunal Superior Agrario, con residencia en México, Distrito Federal, deje sin efectos la resolución presidencial de veinte de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha cuatro de junio de ese mismo año, en la cual dotó de terrenos al poblado denominado "Tobobampo", Municipio de Sinaloa de Leyva, Estado de Sinaloa, por concepto de dotación definitiva de ejido, de una superficie de 1,346-00-00 hectáreas, y sus efectos, por lo que toca exclusivamente al lote 150 ciento cincuenta, del predio rústico denominado Tetamecha o San Rafael, ubicado en Ocoroni, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, con superficie de terreno de 100-00-00 hectáreas, y lo emplace al juicio agrario, y así se le dé la oportunidad de alegar lo que crea necesario, y en su momento, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, en el entendido de que estos efectos del fallo protector se concretan tomando en cuenta que dicho inmueble fue afectado por la resolución presidencial reclamada, de ahí que sea procedente integrar al inconforme a la relación jurídica procesal...": habiéndose tenido el Juez Sexto de Distrito en el Estado, por cumplida la ejecutoria en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, que a la fecha de presentación de la presente demanda de amparo se encontraba pendiente de resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, bajo el recurso de inconformidad 10/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Por tanto, al haberse reclamado en el citado juicio de amparo 161/2012, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, actos que corresponden a la Resolución Presidencial de veinte de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, relativo a la dotación de tierras al Poblado "Tobobampo", Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, relacionado al lote de terreno de 100-00-00, hectáreas, propiedad de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Benjamín Saiz Gastelum, está relacionado con los actos reclamados en el amparo en que se actúa, al precisar la parte quejosa que impugna la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete en el juicio agrario número 5/2017, así como todo el procedimiento relativo a la dotación de tierras al poblado "Tobobampo", Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa por lo que se refiere al lote de 100-00-00 hectáreas propiedad de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Benjamín Saiz Gastelum, materia del diverso amparo 161/2012, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado y al ser así se considera que a este órgano de control constitucional no corresponde el conocimiento del presente asunto, por cuestión de turno. Todo ello, aunado al hecho de que los propios quejosos en los puntos 6, 7 y 8, del apartado de antecedentes refieren que ante la inconformidad de la Resolución Presidencial de veinte de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, dictada por el Presidente de la República, promovieron el juicio de amparo número 161/2012, ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, y, que con fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce dictó sentencia concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, contra los actos del Tribunal Superior Agrario y otras autoridades, quedando acreditado lo referente a la posesión y explotación agrícola y ganadera del lote de terreno de las 100-00-00 hectáreas propiedad de Benjamín Saiz Gastelum, por lo que los actos reclamados derivan de la Resolución Presidencial de veinte de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, materia del amparo 161/2012, que promovieron ante el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, permite concluir que los actos del juicio de garantías 161/2012, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, de esta ciudad y los impugnados en el amparo en que se actúa, están íntimamente relacionados por lo siguiente: Como punto de partida, se destaca que el Consejo de la Judicatura Federal, con el carácter de órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con autonomía para emitir la normatividad necesaria para desarrollar tales funciones, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, expidió el Acuerdo General del Pleno de ese órgano administrativo que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; adicionado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, al ser publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación, los que tienen aplicación en el presente asunto, en tanto que su vigencia comenzó a partir del veinte de junio de dos mil quince y la adición al acuerdo de catorce el marzo de dos mil dieciséis, en que se publicó, esto es, la vigencia del acuerdo se suscitó previo a la presentación de este juicio. Asimismo, se destaca que los artículos 45, fracciones I y II, y el diverso artículo 46 de ese acuerdo, que fue reformado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en lo que interesa disponen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I.- Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II.- Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: .II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; .Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano". En observancia a que los presupuestos descritos tienen como finalidad aprovechar el conocimiento de las constancias derivadas de un mismo expediente, se considera que a este órgano de control constitucional no corresponde conocer del presente juicio de amparo. Lo anterior es así, pues como se adelantó, las documentales remitidas por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ponen de manifiesto que los actos reclamados en este juicio de amparo 571/2017, se encuentran estrechamente relacionado con los actos reclamados del procedimiento de dotación de tierras al Poblado "Tobobampo", Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, relativo al lote de terreno de 100-00-00, hectáreas, propiedad de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Benjamín Saiz Gastelum, dictados en el diverso 161/2012, del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa con sede en esta ciudad, en virtud que el acto aquí reclamado por los quejosos Moisés Tapia Tapia y Juan Antonio Romero Sepúlveda, en su carácter de apoderados legales de José Jesús Saiz Lugo, quien a su vez funge como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del finado Benjamin Saiz Gastelum, derivan de la Resolución Presidencial de veinte de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, procedimiento de Dotación de Tierras al Poblado "Tobobampo", Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, relacionado al lote de terreno de 100-00-00, hectáreas, propiedad de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Benjamín Saiz Gastelum, del índice del mencionado Juzgado Sexto. Por tanto, al estar relacionados unos y otros actos al tramitado inicialmente ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del diverso amparo 161/2012, es claro que se actualiza el supuesto de relación a que alude la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General precitado y su adición, y por lo tanto, corresponde al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, conocer del amparo en que se actúa por conocimiento previo, ya que tramitó diverso amparo que está relacionado y vinculado con los nuevos reclamados en el amparo en que se actúa, por actualizarse la figura de asunto relacionado. En ese sentido, ante la eventualidad de que no corresponde a este órgano de control constitucional resolver en el presente asunto por las razones precisadas en párrafos que anteceden, con fundamento en los preceptos 45, fracción II y 46, fracción II, así como en los párrafos sexto y séptimo del último numeral en cita, del Acuerdo General multicitado y su adición, toda vez que el tema de turno administrativo no obedece a cuestiones jurisdiccionales, remítanse los presentes autos al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, previo cuaderno de antecedentes que se forme, para que manifieste a este juzgado si acepta el conocimiento del presente juicio de amparo, con la súplica de que se sirva acusar recibo. En la inteligencia que en fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, se resolvió en definitiva, el incidente de suspensión, por lo que no hay motivo para esperarse a remitir los autos al juez que se considera competente para conocer del asunto. Por las razones expuestas en líneas precedentes, se deja sin efecto la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS QUEJOSOS MOISES TAPIA Y JUAN ANTONIO ROMERO SEPÚLVEDA, APODERADOS LEGALES DE JOSÉ JESÚS SAIZ LUGO, QUIEN A SU VEZ FUNGE COMO ALBACEA DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL FINADO BENJAMIN SAINZ GASTELUM Y A LA PARTE TERCERO INTERESADA EJIDO TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA, EL AUTO DE CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE A LA LETRA DICE: Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta firmado por los apoderados legales de la parte quejosa, mediante el cual hacen diversas manifestaciones en relación al informe justificado rendido por el Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México. Se tienen por formuladas las manifestaciones en los términos que indica el promovente, mismas que serán analizadas en el momento procesal oportuno. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por oficio 6129, la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, remitió copias certificadas de las documentales solicitadas del juicio de amparo 161/2012, de su índice y estableció que dicho procedimiento se encuentra en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria pronunciada en el citado juicio de amparo, bajo la inconformidad 10/2017 (fojas 97 a la 162). Ahora bien, toda vez que de las documentales proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se obtiene que ante el referido Juzgado, se tramitó diverso juicio de amparo 161/2012, promovido por Moisés Tapia Tapia y Juan Antonio Romero Sepúlveda, en su carácter de apoderados legales de José Jesús Saiz Lugo, quien a su vez funge como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del finado Benjamín Saiz Gastelum, el que señaló como acto reclamado del Tribunal Superior Agrario en sustitución del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, la Resolución Presidencial de veinte de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, que dotó de tierras al ejido "Tobobampo", Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, con la que se afectó indebida e ilegalmente un lote de terreno con superficie de 100-00-00 hectáreas, ubicadas en el predio denominado "La Hacienda de Tetameche o San Rafael" de la Alcaldía de Ocoroni, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, propiedad de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Benjamín Saiz Gastelum; Juicio en el que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión: ".con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo, concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la sucesión intestamentaria a bienes de Benjamín Saiz Gastélum, representada por conducto de su albacea José Jesús Saiz Lugo, para el efecto de que la autoridad responsable sustituta Tribunal Superior Agrario, con residencia en México, Distrito Federal, deje sin efectos la resolución presidencial de veinte de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha cuatro de junio de ese mismo año, en la cual dotó de terrenos al poblado denominado "Tobobampo", Municipio de Sinaloa de Leyva, Estado de Sinaloa, por concepto de dotación definitiva de ejido, de una superficie de 1,346-00-00 hectáreas, y sus efectos, por lo que toca exclusivamente al lote 150 ciento cincuenta, del predio rústico denominado Tetamecha o San Rafael, ubicado en Ocoroni, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, con superficie de terreno de 100-00-00 hectáreas, y lo emplace al juicio agrario, y así se le dé la oportunidad de alegar lo que crea necesario, y en su momento, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, en el entendido de que estos efectos del fallo protector se concretan tomando en cuenta que dicho inmueble fue afectado por la resolución presidencial reclamada, de ahí que sea procedente integrar al inconforme a la relación jurídica procesal...": habiéndose tenido el Juez Sexto de Distrito en el Estado, por cumplida la ejecutoria en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, que a la fecha de presentación de la presente demanda de amparo se encontraba pendiente de resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, bajo el recurso de inconformidad 10/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Por tanto, al haberse reclamado en el citado juicio de amparo 161/2012, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, actos que corresponden a la Resolución Presidencial de veinte de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, relativo a la dotación de tierras al Poblado "Tobobampo", Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, relacionado al lote de terreno de 100-00-00, hectáreas, propiedad de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Benjamín Saiz Gastelum, está relacionado con los actos reclamados en el amparo en que se actúa, al precisar la parte quejosa que impugna la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete en el juicio agrario número 5/2017, así como todo el procedimiento relativo a la dotación de tierras al poblado "Tobobampo", Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa por lo que se refiere al lote de 100-00-00 hectáreas propiedad de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Benjamín Saiz Gastelum, materia del diverso amparo 161/2012, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado y al ser así se considera que a este órgano de control constitucional no corresponde el conocimiento del presente asunto, por cuestión de turno. Todo ello, aunado al hecho de que los propios quejosos en los puntos 6, 7 y 8, del apartado de antecedentes refieren que ante la inconformidad de la Resolución Presidencial de veinte de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, dictada por el Presidente de la República, promovieron el juicio de amparo número 161/2012, ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, y, que con fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce dictó sentencia concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, contra los actos del Tribunal Superior Agrario y otras autoridades, quedando acreditado lo referente a la posesión y explotación agrícola y ganadera del lote de terreno de las 100-00-00 hectáreas propiedad de Benjamín Saiz Gastelum, por lo que los actos reclamados derivan de la Resolución Presidencial de veinte de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, materia del amparo 161/2012, que promovieron ante el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, permite concluir que los actos del juicio de garantías 161/2012, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, de esta ciudad y los impugnados en el amparo en que se actúa, están íntimamente relacionados por lo siguiente: Como punto de partida, se destaca que el Consejo de la Judicatura Federal, con el carácter de órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con autonomía para emitir la normatividad necesaria para desarrollar tales funciones, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, expidió el Acuerdo General del Pleno de ese órgano administrativo que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; adicionado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, al ser publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación, los que tienen aplicación en el presente asunto, en tanto que su vigencia comenzó a partir del veinte de junio de dos mil quince y la adición al acuerdo de catorce el marzo de dos mil dieciséis, en que se publicó, esto es, la vigencia del acuerdo se suscitó previo a la presentación de este juicio. Asimismo, se destaca que los artículos 45, fracciones I y II, y el diverso artículo 46 de ese acuerdo, que fue reformado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en lo que interesa disponen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I.- Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II.- Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: .II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; .Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano". En observancia a que los presupuestos descritos tienen como finalidad aprovechar el conocimiento de las constancias derivadas de un mismo expediente, se considera que a este órgano de control constitucional no corresponde conocer del presente juicio de amparo. Lo anterior es así, pues como se adelantó, las documentales remitidas por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ponen de manifiesto que los actos reclamados en este juicio de amparo 571/2017, se encuentran estrechamente relacionado con los actos reclamados del procedimiento de dotación de tierras al Poblado "Tobobampo", Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, relativo al lote de terreno de 100-00-00, hectáreas, propiedad de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Benjamín Saiz Gastelum, dictados en el diverso 161/2012, del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa con sede en esta ciudad, en virtud que el acto aquí reclamado por los quejosos Moisés Tapia Tapia y Juan Antonio Romero Sepúlveda, en su carácter de apoderados legales de José Jesús Saiz Lugo, quien a su vez funge como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del finado Benjamin Saiz Gastelum, derivan de la Resolución Presidencial de veinte de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, procedimiento de Dotación de Tierras al Poblado "Tobobampo", Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, relacionado al lote de terreno de 100-00-00, hectáreas, propiedad de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Benjamín Saiz Gastelum, del índice del mencionado Juzgado Sexto. Por tanto, al estar relacionados unos y otros actos al tramitado inicialmente ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del diverso amparo 161/2012, es claro que se actualiza el supuesto de relación a que alude la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General precitado y su adición, y por lo tanto, corresponde al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, conocer del amparo en que se actúa por conocimiento previo, ya que tramitó diverso amparo que está relacionado y vinculado con los nuevos reclamados en el amparo en que se actúa, por actualizarse la figura de asunto relacionado. En ese sentido, ante la eventualidad de que no corresponde a este órgano de control constitucional resolver en el presente asunto por las razones precisadas en párrafos que anteceden, con fundamento en los preceptos 45, fracción II y 46, fracción II, así como en los párrafos sexto y séptimo del último numeral en cita, del Acuerdo General multicitado y su adición, toda vez que el tema de turno administrativo no obedece a cuestiones jurisdiccionales, remítanse los presentes autos al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, previo cuaderno de antecedentes que se forme, para que manifieste a este juzgado si acepta el conocimiento del presente juicio de amparo, con la súplica de que se sirva acusar recibo. En la inteligencia que en fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, se resolvió en definitiva, el incidente de suspensión, por lo que no hay motivo para esperarse a remitir los autos al juez que se considera competente para conocer del asunto. Por las razones expuestas en líneas precedentes, se deja sin efecto la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.
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