José Iván Quiñonez Cruz

Expediente 361/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
361/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • José Iván Quiñonez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales. En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Ahora del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran agregada las constancias que acredite que las partes, hayan sido notificadas del proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, se encomienda a la Actuaria adscrita notifique personalmente a la parte quejosa, tercera interesada, y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesado, el proveído de seis de agosto del presente año.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA REGINALDO ALFREDO RODRIGUEZ GAMBOA LOS PROVEÍDOS DICTADOS EL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Y SEIS DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO QUE RESPECTIVAMENTE DICEN: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran agregada las constancias que acredite que las partes, hayan sido notificadas del proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, se encomienda a la Actuaria adscrita notifique personalmente a la parte quejosa, tercera interesada, y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesado, el proveído de seis de agosto del presente año. _____________________________________________________________________ Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, se agregó a los presentes autos el oficio 830/2021, el cual contiene un disco, que suscribe el Juez de Control y Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado, actuando en Región Norte, con sede en Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, mediante el cual informa que en audiencias de veintiuno de enero y doce de febrero del año en curso, en la causa penal número 265/2020, se autorizó la salida alterna consistente en suspensión del proceso a favor de Jorge Joaquín Borbolla Ruiz, Atilano Borbolla Ruiz, Leobardo borbolla Ruiz, Rafael Borbolla Ruiz, Jesús Ramón Borbolla Ruiz, José Domingo Castro Valdez, Luis Fernando Cota Leyva y Reginaldo Alfredo Rodríguez Gamboa, donde se impuso como plan de reparación del daño la restitución del bien inmueble materia del juicio penal; donde estuvo presente el ofendido José Iván Quiñonez Cruz, aquí quejoso, quien estuvo de acuerdo, ordenándose suspender el procedimiento, y los imputados se obligaron a cumplir con las obligaciones establecidas en el numeral 195, fracciones I, II, IX y XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto por el plazo de dos años. Ahora bien, se aprecia que por resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se dictó resolución en el presente juicio de amparo, concediendo al quejoso José Iván Quiñonez Cruz, el amparo y protección de la Justicia Federal, que aún no queda firme, por encontrase pendiente de causar ejecutoria. En efecto, el suscrito juzgador advierte la actualización de una causal de improcedencia en este juicio de amparo, derivada del oficio 830/2021, y un disco, que contiene las audiencias de veintiuno de enero y doce de febrero del presente año, donde se autorizó una salida alterna al procedimiento consistente en suspensión condicional del proceso, ordenándose suspender el procedimiento por el plazo de dos años, cuyo análisis se hace valer de manera oficiosa por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde con el numeral 62 de la Ley de Amparo. Tiene observancia la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo??????????????? aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese tenor, el quejoso en la demanda de amparo el acto reclamado lo hizo consistir en: 1.- La determinación de tres de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 265/2020, llevada a cabo en la audiencia inicial, de formulación de imputación, vinculación a proceso y medidas cautelares, respecto la solicitud de la medida provisional de restitución del bien inmueble sobre el cual está basada la desposesión y/o despojo. 2.- La determinación de ocho de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 265/2020, derivada de la audiencia inicial, de formulación de imputación, vinculación a proceso y medidas cautelares, respecto la solicitud de la medida provisional de restitución del bien inmueble sobre el cual está basada la desposesión y/o despojo. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la ley de la materia, en la medida de que en la causa penal número 265/2020, instruida contra de Jorge Joaquín Borbolla Ruiz, Atilano Borbolla Ruiz, Leobardo borbolla Ruiz, Rafael Borbolla Ruiz, Jesús Ramón Borbolla Ruiz, José Domingo Castro Valdez, Luis Fernando Cota Leyva y Reginaldo Alfredo Rodríguez Gamboa, por el delito de despojo cometido por dos o más personas; toda vez que en fecha de veintiuno de enero y doce de febrero del año en curso, se celebró audiencia en la que se autorizó la salida alterna consistente en suspensión condicional del proceso a favor de los imputados de referencia, en donde se impuso como plan de reparación del daño la restitución del bien inmueble materia del proceso de origen, en donde estuvo de acuerdo el aquí quejoso José Iván Quiñonez Cruz; así también se les impuso como condiciones las establecidas en el artículo 195, I, II, IX y XIV del Código Nacional de procedimientos Penales, por el plazo de dos años, lo que origina el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia en conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" La fracción anterior señala que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento que, de conformidad con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe entenderse como el acatamiento consiente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. Al respecto, el Máximo Tribunal señala que el consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. ? De ahí que se actualiza la causal de improcedencia examinada, toda vez que los imputados de referencia al expresar su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado; igualmente la parte ofendida estuvo de acuerdo en la restitución del bien inmueble motivo del inicio del proceso penal. Situación que pone de manifiesto la aceptación de los hechos materia de la imputación y de las bases jurídicas del auto de vinculación a proceso o que, al menos, no las cuestionaron los procesados, al obligarse a reparar el daño causado -restitución del bien inmueble- al ofendido José Iván Quiñonez Cruz, aquí quejoso por la comisión del delito, a cambio de evitar la imposición de una pena privativa de la libertad personal. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, la parte quejosa esencialmente se duele de la negativa de la restitución del bien inmueble sobre el cual está basada la acusación contra los imputados, bien inmueble que ya fue restituido al aquí quejoso, como consecuencia de la reparación del daño por la salida alterna optada por los procesados de mérito en la causa penal 265/2020. Por consiguiente, resulta palmario que en el particular se actualiza la causal de improcedencia citada en supra líneas, en la medida de que al haber accedido los procesados a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio dentro de la causa penal 265/2020; que la reparación del daño consistió en la restitución del bien inmueble al ofendido José Iván Quiñonez Cruz; ya que la voluntad de concluir la referida causa penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Al respecto, deviene exactamente aplicable lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), visible a página 461, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I. Décima Época de registro 2014495, que dice: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE?? CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." En tal virtud, lo procedente es dictar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la invocada ley.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, se agregó a los presentes autos el oficio 830/2021, el cual contiene un disco, que suscribe el Juez de Control y Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado, actuando en Región Norte, con sede en Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa, mediante el cual informa que en audiencias de veintiuno de enero y doce de febrero del año en curso, en la causa penal número 265/2020, se autorizó la salida alterna consistente en suspensión del proceso a favor de Jorge Joaquín Borbolla Ruiz, Atilano Borbolla Ruiz, Leobardo borbolla Ruiz, Rafael Borbolla Ruiz, Jesús Ramón Borbolla Ruiz, José Domingo Castro Valdez, Luis Fernando Cota Leyva y Reginaldo Alfredo Rodríguez Gamboa, donde se impuso como plan de reparación del daño la restitución del bien inmueble materia del juicio penal; donde estuvo presente el ofendido José Iván Quiñonez Cruz, aquí quejoso, quien estuvo de acuerdo, ordenándose suspender el procedimiento, y los imputados se obligaron a cumplir con las obligaciones establecidas en el numeral 195, fracciones I, II, IX y XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto por el plazo de dos años. Ahora bien, se aprecia que por resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se dictó resolución en el presente juicio de amparo, concediendo al quejoso José Iván Quiñonez Cruz, el amparo y protección de la Justicia Federal, que aún no queda firme, por encontrase pendiente de causar ejecutoria. En efecto, el suscrito juzgador advierte la actualización de una causal de improcedencia en este juicio de amparo, derivada del oficio 830/2021, y un disco, que contiene las audiencias de veintiuno de enero y doce de febrero del presente año, donde se autorizó una salida alterna al procedimiento consistente en suspensión condicional del proceso, ordenándose suspender el procedimiento por el plazo de dos años, cuyo análisis se hace valer de manera oficiosa por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde con el numeral 62 de la Ley de Amparo. Tiene observancia la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo??????????????? aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese tenor, el quejoso en la demanda de amparo el acto reclamado lo hizo consistir en: 1.- La determinación de tres de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 265/2020, llevada a cabo en la audiencia inicial, de formulación de imputación, vinculación a proceso y medidas cautelares, respecto la solicitud de la medida provisional de restitución del bien inmueble sobre el cual está basada la desposesión y/o despojo. 2.- La determinación de ocho de septiembre de dos mil veinte, en la causa penal 265/2020, derivada de la audiencia inicial, de formulación de imputación, vinculación a proceso y medidas cautelares, respecto la solicitud de la medida provisional de restitución del bien inmueble sobre el cual está basada la desposesión y/o despojo. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la ley de la materia, en la medida de que en la causa penal número 265/2020, instruida contra de Jorge Joaquín Borbolla Ruiz, Atilano Borbolla Ruiz, Leobardo borbolla Ruiz, Rafael Borbolla Ruiz, Jesús Ramón Borbolla Ruiz, José Domingo Castro Valdez, Luis Fernando Cota Leyva y Reginaldo Alfredo Rodríguez Gamboa, por el delito de despojo cometido por dos o más personas; toda vez que en fecha de veintiuno de enero y doce de febrero del año en curso, se celebró audiencia en la que se autorizó la salida alterna consistente en suspensión condicional del proceso a favor de los imputados de referencia, en donde se impuso como plan de reparación del daño la restitución del bien inmueble materia del proceso de origen, en donde estuvo de acuerdo el aquí quejoso José Iván Quiñonez Cruz; así también se les impuso como condiciones las establecidas en el artículo 195, I, II, IX y XIV del Código Nacional de procedimientos Penales, por el plazo de dos años, lo que origina el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia en conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" La fracción anterior señala que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento que, de conformidad con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe entenderse como el acatamiento consiente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. Al respecto, el Máximo Tribunal señala que el consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. ? De ahí que se actualiza la causal de improcedencia examinada, toda vez que los imputados de referencia al expresar su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado; igualmente la parte ofendida estuvo de acuerdo en la restitución del bien inmueble motivo del inicio del proceso penal. Situación que pone de manifiesto la aceptación de los hechos materia de la imputación y de las bases jurídicas del auto de vinculación a proceso o que, al menos, no las cuestionaron los procesados, al obligarse a reparar el daño causado -restitución del bien inmueble- al ofendido José Iván Quiñonez Cruz, aquí quejoso por la comisión del delito, a cambio de evitar la imposición de una pena privativa de la libertad personal. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, la parte quejosa esencialmente se duele de la negativa de la restitución del bien inmueble sobre el cual está basada la acusación contra los imputados, bien inmueble que ya fue restituido al aquí quejoso, como consecuencia de la reparación del daño por la salida alterna optada por los procesados de mérito en la causa penal 265/2020. Por consiguiente, resulta palmario que en el particular se actualiza la causal de improcedencia citada en supra líneas, en la medida de que al haber accedido los procesados a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio dentro de la causa penal 265/2020; que la reparación del daño consistió en la restitución del bien inmueble al ofendido José Iván Quiñonez Cruz; ya que la voluntad de concluir la referida causa penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Al respecto, deviene exactamente aplicable lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), visible a página 461, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I. Décima Época de registro 2014495, que dice: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE?? CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." En tal virtud, lo procedente es dictar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la invocada ley.

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