José Jesús Mendoza Castillo

Expediente 710/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
710/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
16/08/2019

Partes del expediente

  • José Jesús Mendoza Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución de ocho de agosto del año en curso, dictada dentro de la queja administrativa 159/2019, de la que se advierte que dicho tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto que desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, pues éste se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado en cita, por lo que ahora ya se cuenta con los autos originales del presente asunto, de ahí que dicho cuaderno puede ser susceptible de destrucción de conformidad con el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que se ordena glosar al presente expediente únicamente las constancias originales que obren en dicho cuaderno para los efectos legales conducentes. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo conjunto en cita. De conformidad con el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General en cita, se determina que el presente asunto NO es de relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese copia del escrito firmado por el quejoso José de Jesús Mendoza Castillo, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de siete de junio del año en curso, para lo cual se ordena rendir el informe respectivo sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto que en el citado auto se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa. Ahora bien, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dentro de los tres días siguientes remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, los autos originales del presente asunto, así como el original y copia del escrito de agravios, para que determine lo que en derecho proceda; lo anterior, previamente la integración del cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que la parte actora se desistió de las dos pruebas de inspección ocular ofrecidas en el juicio de origen, por lo que turnó los autos del expediente 1396/2012 para emitir la resolución del incidente de liquidación correspondiente. Por tanto, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público y el Juez de Distrito debe vigilar su acatamiento, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que en el término de tres días cumpla con la ejecutoria de amparo, o en su defecto, manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo, apercibida que en caso de no cumplir con ello este juzgado procederá de la forma siguiente: Realizará el pronunciamiento respectivo; Determinará las multas procedentes de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, Remitirá los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo correspondiente al incidente de inejecución respectivo. Cobra aplicación la jurisprudencia P.J. 54/2014 (10a.) décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LES DA CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DÍAS, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADA DE LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA REALIZARLO AMERITA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO, O SI EL ASUNTO REVISTE URGENCIA Y NOTORIO PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE ORDENARLO INMEDIATAMENTE POR LOS MEDIOS OFICIALES DE QUE DISPONGA, DE LO CONTRARIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, LE DEVOLVERÁ LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA. De la interpretación funcional de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, armonizada conforme al sistema al que pertenecen, se concluye que es obligación del Juez de Distrito, una vez que se han notificado los requerimientos a la autoridad responsable, requerirla para que cumpla con la ejecutoria protectora dentro del plazo de tres días; no obstante, si la responsable no lo hace a pesar de haber sido prevenida, dicho juzgador federal está obligado a analizar si la complejidad o dificultad para realizarlo amerita que se amplíe el plazo para que la autoridad responsable cumpla; o bien, si el caso reviste urgencia y notorio perjuicio al quejoso, debe ordenar el cumplimiento inmediato de la ejecutoria protectora por los medios oficiales de que disponga. Luego, si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo que se fije, el juzgador de amparo hará el pronunciamiento respectivo, imponiendo las multas procedentes y remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito; sin embargo, si el Juez de Distrito no realiza el análisis relativo a la complejidad o urgencia del cumplimiento de sentencia, ese órgano colegiado, al resolver el incidente correspondiente, le devolverá los autos del juicio para que lo haga." En el entendido de que en la resolución pronunciada en autos se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "1. Provea de inmediato el requerimiento a la Secretaría demandada para que dé cumplimiento al laudo y realice los trámites administrativos necesarios para otorgar al quejoso su nombramiento definitivo, así como para que acredite las gestiones realizadas al respecto. 2.- Si aún no celebra la audiencia relativa al incidente de liquidación promovido por los apoderados del quejoso, provea todos los trámites que correspondan a efecto de que sin mayores dilaciones se verifique dicha diligencia y se pronuncie de inmediato la resolución correspondiente." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medidas de actualización (UMA), de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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