José Jesús Arias Pasaye y Otros.
Expediente 819/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Jesús Arias Pasaye y Otros.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se enviaron los autos originales del expediente de amparo 819/2018. Asimismo, informa que en auto de tres de octubre del año en curso, dicho juzgado se avocó al conocimiento de dicho asunto y admitió a trámite la demanda que dio origen al cuaderno en que se actúa, mismo que se registró con el número de amparo indirecto 501/2018, de su índice. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase por personal autorizado de este juzgado de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase por recibidos los informes que rinden las siguientes autoridades: Director del Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruiz"; y, Encargado del Departamento de Seguridad y Vigilancia del Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruiz". Ambos residentes en Uruapan, Michoacán, mediante el cual informan sobre la suspensión de plano decretada en el presente juicio. Atento lo anterior, se tiene satisfecho el requerimiento decretado al respecto y con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Pasaye López, a favor de José Jesús Arias Pasaye, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de Uruapan, Michoacán y de otra autoridad. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 819/2018. Ahora bien, la promovente señala como actos reclamados los siguientes: La incomunicación y segregación, así como los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional de los que es objeto el quejoso directo, consistentes en azotes, palos, tormentos de cualquier especie y todos aquellos que pongan en peligro si integridad física o psicológica. Por tanto, en relación con los actos reclamados, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que la autoridad ante la cual se encuentre a disposición el quejoso directo realice lo siguiente: Ordene de forma inmediata en su caso, el cese de la incomunicación, segregación, azotes, tormentos y torturas, así como todos aquellos actos que pongan en peligro la integridad física y la vida del peticionario del amparo, o bien, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el entendido de que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad ante la cual se encuentra a disposición el quejoso, su integridad física y salud del mismo, a fin de que no sufran algún atentado contra su salud o su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Ello, al tratarse de actos reclamados que importan ataques a la libertad personal que pueden poner en peligro la vida e integridad física del quejoso, incluso de manera indirecta, los cuales aparentemente ocurren fuera de procedimiento o por orden emitida por autoridades de carácter administrativo, no obstante el posible señalamiento de autoridades judiciales responsables. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del improrrogable plazo de doce horas, contado a partir de que reciban notificación del presente auto, rinda informen sobre el cumplimiento de la suspensión de plano, en el que indiquen el cumplimiento dado a dicha suspensión, sin perjuicio de la investigación ministerial o continuación del procedimiento penal que en su caso se instruya, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento efectivo de dicha medida cautelar. Lo anterior, con el apercibimiento que de no acatar dicha suspensión, la autoridad responsable respectiva será sancionada en los términos que señala el Código Penal Federal por el delito de abuso de autoridad por cuanto a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurra, como lo dispone el artículo 206 de la Ley de Amparo. Se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe por vía fax al número 01 443 3 21 54 41 (fax directo), o bien, al correo del secretario de guardia javier.morales.guzman@correo.cjf.gob.mx sin perjuicio de que confirme su recepción en el propio número telefónico de fax directo, o en su caso, en el teléfono móvil de dicho secretario con número 44 31 70 60 04, sólo en caso de enviarse por vía electrónica. Por otro lado, la parte promovente del amparo manifiesta que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Uruapan, Michoacán. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De lo anterior tenemos que, si los actos reclamados no requieren ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado éstos, de lo contrario, es decir, si los actos requieren de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde tenga lugar la ejecución de los actos reclamados y en la especie, éste será necesariamente el del lugar en que se encuentre la persona sobre la cual se materialicen los mismos. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados se están ejecutando en Uruapan, Michoacán, en virtud de que el quejoso está recluido en un centro penitenciario ubicado en dicha población, por lo que tiene aplicación el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, como el Centro Federal de Reinserción Social en que guarda reclusión el quejoso se encuentra fuera del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declina de plano la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, por lo que se le solicita que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber a este juzgado si acepta la competencia declinada a su favor. En tal virtud, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase de manera inmediata por servicio de mensajería acelerada el expediente en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizada para tal efecto a la persona que designa, quien podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promueva con dicho carácter, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Se autoriza al actuario de este juzgado practicar notificaciones por lista a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo cuando para llevar a cabo una notificación personal se constituya en el domicilio correcto de lo cual deberá cerciorarse y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previo aviso fijado en la puerta y las razones que al respecto se levanten. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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