Jose Jesus Limon Gutierrez
Expediente 852/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 852/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Jesus Limon Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
03/09/2021...Irapuato, Guanajuato, tres de septiembre de dos mil veintiuno. ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a las constancias aportadas por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Valle de Santiago, Guanajuato, en cumplimiento al fallo protector; sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO Al respecto, conviene destacar que mediante sentencia definitiva emitida por este órgano jurisdiccional el catorce de junio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad responsable Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, de Valle de Santiago, Guanajuato, dentro expediente ********************, realizara lo siguiente: "1. Deje sin efectos el acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, por medio del cual se decretó como medida de alimentos provisionales el 20% del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el hoy quejoso. 2. Deje insubsistente el auto de veinticuatro de enero siguiente, por medio del cual se decretó medida precautoria de embargo para garantizar los referidos alimentos provisionales, por la cantidad de $********************(**********); y su ejecución. 3. Ordene, girar oficio a la fuente laboral del quejoso, a fin de que se abstenga de seguir descontando cantidad alguna con motivo de la medida provisional de alimentos decretada en el juicio de origen; y, 4. En su lugar, siguiendo los lineamientos del presente fallo, proceda negar la medida provisional de alimentos solicitada por la parte quejosa, en razón que, HASTA EL MOMENTO EN QUE SE HIZO EL PRONUNCIAMIENTO, no existía algún indicio que acreditara algún vínculo paterno-filial entre el demandado y el recién nacido, siendo insuficientes las documentales exhibidas por la parte tercera interesada. Lo anterior, desde luego, no prejuzga si en el desarrollo del juicio se desahogan diversas probanzas con las que pudiera demostrarse algún vínculo paterno-filial, pues en su caso, ello deberá ser materia de valoración de la autoridad responsable a efecto de determinar si esas probanzas resultan suficientes para decretar alguna medida provisional de alimentos; valoración que no es materia del presente amparo." En consecuencia, en acuerdo de quince de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, por misiva registrada con el progresivo 7610/2021, la responsable informó que mediante auto de seis de agosto de dos mil veintiuno dejó sin efectos el acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, dentro del expediente ********************, en el que se ordenó el descuento 20% (veinte por ciento) de los ingresos semanales, quincenales o mensuales del aquí quejoso a favor del menor. Asimismo, dictó otro siguiendo los lineamientos del fallo protector, en el que determinó negar la medida provisional de alimentos solicitada por la aquí tercera interesada, tomando en consideración que hasta el momento en que se hizo el pronunciamiento, no existía indicio que acreditara algún vínculo paterno-filial entre el demandado y el ahora recién nacido, siendo insuficientes las documentales exhibidas por la parte tercera interesada. Por otro lado, ordenó girar oficio a la fuente laboral del quejoso, a fin de que se abstenga de seguir descontando cantidad alguna con motivo de la medida provisional de alimentos decretada en el juicio de origen. Finalmente, dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veinte, en la parte en que se decretó la medida precautoria de embargo para garantizar los referidos alimentos provisionales, por la cantidad de $********************(********************); y su ejecución, ordenando en consecuencia, levantar la diligencia de embargo de veintidós de mayo de dos mil veinte. En tales condiciones, con dichas actuaciones, se insiste, la responsable cumplió con lo ordenado en la sentencia de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental, carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. DESTINO: Expediente principal es DEPURABLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Documentos: La parte promovente no allegó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, inciso b), 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Finalmente, hágase saber a las partes que a partir del catorce de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Juan David Garcidueñas Cuevas, funge como secretario en funciones de Juez, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2873/2021, emitido en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
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... Ténganse por recibido el oficio de cuenta, que signa el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite copia de las constancias con las que aduce demostrarlo. En tales condiciones, córrase traslado la parte quejosa, copia de la promoción de mérito y sus anexos, para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informó la referida autoridad; apercibiéndole que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Se precisa a la parte quejosa que al contar con acceso al expediente electrónico podrá descargar copia de dicha constancia que obra en el aludido expediente; sin embargo, en caso de que quiera obtener físicamente el traslado, deberá agendar una cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, para que lo tome en consideración al momento de agendar su cita. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
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... Téngase por recibido el escrito de cuenta, suscrito por ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita la aclaración de sentencia de este asunto, que la misma cause ejecutoria y se requiera el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable; al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de quince de julio de dos mil veintiuno, toda vez que se dio contestación a dichas solicitudes. Notifíquese.
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15/07/2021... SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que las partes lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a la responsable, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 183709 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2003 Página: 23 "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Contradicción de tesis 44/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito. 24 de junio de 2003. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy primero de julio en curso, aprobó, con el número 22/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de julio de dos mil tres. Nota: Por ejecutoria del veintinueve de marzo de dos mil doce, el Pleno declaró infundada la solicitud de modificación de jurisprudencia 10/2011 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones expuestas en la solicitud respectiva. En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Época: Novena Época Registro: 195909 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Julio de 1998 Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 47/98 Página: 146 "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo". Incidente de inejecución 19/93. Juan González Mendoza y otros. 18 de septiembre de 1996. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Inconformidad 89/97. Constructora Inmobiliaria Gilmar, S.A. de C.V. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Inconformidad 144/97. Israel Téllez Lara y otro. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Inconformidad 90/98. María Ruth Gallegos Corona. 20 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales. Incidente de inejecución 6/98. Francisco Horst Leonel Hernández Mendoza y otros. 24 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Benito Alva Zenteno. Tesis de jurisprudencia 47/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió a efecto de que el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Valle de Santiago, Guanajuato, dentro expediente *****, realice lo siguiente: - 1. Deje sin efectos el acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, por medio del cual se decretó como medida de alimentos provisionales el 20% del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el hoy quejoso. - 2. Deje insubsistente el auto de veinticuatro de enero siguiente, por medio del cual se decretó medida precautoria de embargo para garantizar los referidos alimentos provisionales, por la cantidad de *****; y su ejecución. - 3. Ordene, girar oficio a la fuente laboral del quejoso, a fin de que se abstenga de seguir descontando cantidad alguna con motivo de la medida provisional de alimentos decretada en el juicio de origen; y, - 4. En su lugar, siguiendo los lineamientos del presente fallo, proceda negar la medida provisional de alimentos solicitada por la parte quejosa, en razón que, HASTA EL MOMENTO EN QUE SE HIZO EL PRONUNCIAMIENTO, no existía algún indicio que acreditara algún vínculo paterno-filial entre el demandado y el recién nacido, siendo insuficientes las documentales exhibidas por la parte tercera interesada. Lo anterior, desde luego, no prejuzga si en el desarrollo del juicio se desahogan diversas probanzas con las que pudiera demostrarse algún vínculo paternofilial, pues en su caso, ello deberá ser materia de valoración de la autoridad responsable a efecto de determinar si esas probanzas resultan suficientes para decretar alguna medida provisional de alimentos; valoración que no es materia del presente amparo. En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Valle de Santiago, Guanajuato, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien veces de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia Civil en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Valle de Santiago, Guanajuato, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la tesis: Época: Novena Época Registro: 165779 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P. LVIII/2009 Página: 12 "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión puedan modificarse las decisiones de los Jueces, porque en el ejercicio de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores -cualquiera que sea su tipo- llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola2. Amparo en revisión 414/2008. Ignacio Flores Anguiano y otros. 22 de enero de 2009. Mayoría de siete votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Roberto Lara Chagoyán y Óscar Palomo Carrasco. El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LVIII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve. LEVANTA RESERVA Por otro lado, visto el estado de autos se advierte que, en acuerdo de treinta de junio del año en curso, se reservó proveer en relación al escrito del autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita la aclaración de sentencia, por las razones que expone, hasta en tanto la sentencia causara ejecutoria; circunstancia que aconteció; por tanto, se provee sobre dicho ocurso. En efecto, de autos se advierte que el juicio de origen es el F0004/2020 del índice de Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Valle de Santiago, Guanajuato. Sin embargo, en el considerando séptimo de la sentencia terminada de engrosar el catorce de junio del año en curso, precisamente, se soslayó asentar como expediente de origen el *****, concediendo el amparo solicitado. En ese sentido, con fundamento en los artículos 223 y 224 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aclara la sentencia de mérito, por advertirse que existe una incongruencia en la misma y la cual no altera o varía el sentido de la decisión asumida; por tanto, la sentencia debe quedar en los siguientes términos: Consideraciones sujetas a aclaración Consideraciones que deben prevalecer SÉPTIMO. Efectos del amparo (vicios de fondo). En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Valle de Santiago, Guanajuato, dentro expediente ****, realice lo siguiente: -1. Deje sin efectos el acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, por medio del cual se decretó como medida de alimentos provisionales el 20% del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el hoy quejoso. - 2. Deje insubsistente el auto de veinticuatro de enero siguiente, por medio del cual se decretó medida precautoria de embargo para garantizar los referidos alimentos provisionales, por la cantidad de **** y su ejecución. - 3. Ordene, girar oficio a la fuente laboral del quejoso, a fin de que se abstenga de seguir descontando cantidad alguna con motivo de la medida provisional de alimentos decretada en el juicio de origen; y, - 4. En su lugar, siguiendo los lineamientos del presente fallo, proceda negar la medida provisional de alimentos solicitada por la parte quejosa, en razón que, HASTA EL MOMENTO EN QUE SE HIZO EL PRONUNCIAMIENTO, no existía algún indicio que acreditara algún vínculo paterno-filial entre el demandado y el recién nacido, siendo insuficientes las documentales exhibidas por la parte tercera interesada. SÉPTIMO. Efectos del amparo (vicios de fondo). En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Valle de Santiago, Guanajuato, dentro expediente *****, realice lo siguiente: -1. Deje sin efectos el acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, por medio del cual se decretó como medida de alimentos provisionales el 20% del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el hoy quejoso. - 2. Deje insubsistente el auto de veinticuatro de enero siguiente, por medio del cual se decretó medida precautoria de embargo para garantizar los referidos alimentos provisionales, por la cantidad de *****; y su ejecución. - 3. Ordene, girar oficio a la fuente laboral del quejoso, a fin de que se abstenga de seguir descontando cantidad alguna con motivo de la medida provisional de alimentos decretada en el juicio de origen; y, - 4. En su lugar, siguiendo los lineamientos del presente fallo, proceda negar la medida provisional de alimentos solicitada por la parte quejosa, en razón que, HASTA EL MOMENTO EN QUE SE HIZO EL PRONUNCIAMIENTO, no existía algún indicio que acreditara algún vínculo paterno-filial entre el demandado y el recién nacido, siendo insuficientes las documentales exhibidas por la parte tercera interesada. En el entendido que, con tal aclaración solo se subsana la incongruencia advertida, sin que con ello, se insiste, se alteren las consideraciones esenciales de la misma, tan es así que, prevalece el estudio de la medida cautelar respecto a los alimentos provisionales decretados; por lo que, no da origen una incompatibilidad de los efectos del fallo protector, ni altera la esencia de lo resuelto. Por tanto, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 200118 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Mayo de 1996 Materia(s): Común Tesis: P. LXXXI/96 Página: 43 "ACLARACION OFICIOSA DE SENTENCIA EN MATERIA DE AMPARO. PROCEDE EN APLICACION SUPLETORIA DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SIEMPRE QUE NO SE ALTERE LA SUSTANCIA DE LO DECIDIDO. Las sentencias dictadas por los tribunales federales en materia de amparo pueden ser aclaradas oficiosamente por éstos, por aplicación supletoria y analógica del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que otorga a los tribunales la facultad para subsanar las omisiones que noten, así como de los numerales 223 a 226 de tal ordenamiento, que regulan la institución de la aclaración de sentencia. La supletoriedad opera de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Amparo, aun cuando tal institución no se encuentre prevista en ésta, siempre que sea indispensable aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión o bien corregir algún error o defecto de la sentencia, sin alterar la sustancia de lo decidido pues dicha aclaración no contradice los principios del proceso de amparo; por lo contrario, es congruente con éstos y los complementa." Aclaración de sentencia en amparo en revisión 517/95. London Clothes, S.A. 8 de abril de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios por estar desempeñando un encargo extraordinario. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de mayo en curso, aprobó, con el número LXXXI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a trece de mayo de mil novecientos noventa y seis. Asimismo, devuélvase al Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Valle de Santiago, Guanajuato, la copia certificada del expediente *****, en dos tomos, que obran por separado, por ser innecesario su resguardo. Finalmente, se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y, por lista a la tercera interesada y por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público adscrita.
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