Jose Jesus Hernandez Garcia

Expediente 68/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
68/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Jose Jesus Hernandez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibidas las constancias de cuenta, remitidas por el Juez Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 90/2023 (129/2023), del índice de este Juzgado, enviado para notificar a la parte promovente el auto de treinta de enero de este año, lo que se llevó a cabo el nueve de febrero cursante, de manera personal. Dese de baja la comunicación oficial de mérito realícense las anotaciones respectivas y desglósense del oficio de cuenta los anexos que le fueron remitidos a la autoridad oficiante, en virtud de ser innecesario su agregado en el presente expediente. ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo intentada, proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: la parte promovente no exhibió documentos. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, treinta de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez Penal de Oralidad de la Segundo Región del Estado de Guanajuato en Valle de Santiago, que considera violatorios de los derechos, fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 68/2023. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Al respecto, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el caso, del estudio integral de la demanda de amparo y del oficio por el que se remite, se desprende que la parte quejosa se duele de manera esencial de lo siguiente: - La resolución de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, llevada a cabo en la audiencia intermedia relativa a la causa penal ******, del índice del Juzgado Penal de Oralidad de la Segundo Región del Estado de Guanajuato en Valle de Santiago, en la que se fijó al imputado la cantidad de $****** (******** 00/100 moneda nacional), por concepto de reparación de daño, por el delito violencia familiar, en agravio del -aquí quejoso-, dándose origen a la suspensión condicional del procedimiento. Acto por el cual deviene indudable y notoriamente improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" La fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad, respecto de actos que se atribuyan a las autoridades judiciales, administrativos o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de confirmar, revocar o modificar, el acto reclamado. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su confirmación, revocación o modificación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Sobre esa base, como se expuso en párrafos que anteceden, la parte quejosa reclama la determinación en la que se fijó al imputado una cantidad con motivo de la reparación de daño decretándose así la suspensión condicional del procedimiento; sin embargo, previo a promover el presente juicio de amparo, la parte quejosa debió interponer en su contra, recurso de apelación previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, los artículos 191, 192, 194 y 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son del tenor siguiente: "Artículo 191. Definición. Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia. La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y (.) Artículo 194. Plan de reparación. En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. (.) Artículo 196. Trámite La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el Juez de control. La incomparecencia de éstos no impedirá que el Juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud. En su resolución, el Juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el Juez de control en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso. La información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser utilizada en caso de continuar el proceso penal. (.) Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; (.)" (Lo subrayado es propio) De tales preceptos se advierte, en lo que interesa, se obtiene que procede promover recurso de apelación, lo que en el caso, acontece respecto al acto reclamado en mención. En efecto, si el acto en estudio se dictó dentro un procedimiento penal, por una autoridad judicial, resulta inconcuso que previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la ley de la materia, a través del cual podía la autoridad responsable examinar de nueva cuenta su determinación y dictar la resolución correspondiente, lo que sería en beneficio de sus intereses. De modo que, al no haber interpuesto ese medio de defensa previo a la presentación de la demanda de amparo, da lugar a que se actualice la causal de improcedencia citada con antelación, pues no agotó el medio ordinario de defensa por el cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Sin que en el particular, se advierte alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan al quejoso de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. La parte quejosa no tiene la calidad de tercero extraña, ni mucho menos por equiparación, puesto que es el agraviado en la causa penal de origen; por lo que estaba en aptitud de hacer valer el recurso correspondiente; y, 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Como corolario, es importante precisar que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2003109, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así, como se vio, no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, con lo que se concluye que la parte quejosa debió promover el recurso de apelación previsto en la legislación penal que rige el juicio natural previo a acudir a esta instancia constitucional. Por tanto, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta; lo anterior, en virtud de que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causa de improcedencia invocada que no variaría con la tramitación del juicio y el ofrecimiento de informes y pruebas. Con independencia de lo anterior, en el caso también se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del citado artículo de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquéllos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, del último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de éstos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. En ese orden, de la narrativa de antecedentes en la demanda, se infiere que la parte promovente fue notificada al momento de desarrollarse la audiencia intermedia de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, relativa a la causa penal ******, del índice del Juzgado Penal de Oralidad de la Segundo Región del Estado de Guanajuato en Valle de Santiago, de donde deriva el -acto reclamado-, pues si bien dice que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, lo cierto es que en esa data aún no existía, pues aún no se celebraba la audiencia citada y, por lo contario, de la lectura integral de la demanda se advierte que conoció del acto desde la fecha de la propia audiencia, pues incluso señala haber realizado manifestaciones durante su desarrollo. Por lo que, de conformidad con el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que el promovente de amparo conoció del acto reclamado el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós; entonces, los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa promoviera oportunamente el juicio de amparo, transcurrieron del dos al veinte de enero del presente año, sin contar por ser inhábiles los días siete, ocho, catorce y quince citado mes y año. No obstante, la demanda de amparo se presentó el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, según se advierte del sello de recepción correspondiente. Sin que se inadvierta, que el escrito de demanda se presentó ante el juez responsable un día antes, el veinticuatro de enero en curso, pues aun para esa fecha la demanda ya era extemporánea, aunado a que su presentación ante la autoridad responsable no interrumpiría el plazo para acudir al amparo biinstancial. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que la parte promovente señala como domicilio procesal, el ubicado en: ******, ******, *******, *******, ********. En consecuencia, toda vez que el referido domicilio, se encuentra fuera de esta ciudad, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este juzgado, y en el ámbito de su jurisdicción, comisione al personal a su cargo, para que se constituya en el domicilio indicado y notifique a la parte quejosa el presente proveído. Asimismo, se requiere a la parte quejosa, a fin de que en el momento de realizar la diligencia o dentro del término de tres días siguientes, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. En la inteligencia de que al tratarse de su domicilio procesal, en su caso (de no encontrar a nadie en el domicilio), podrán notificar mediante aviso que deje fijo en la puerta del domicilio; y, en el supuesto de que sea atendido por persona alguna, y ésta se negare a recibir la notificación respectiva, deberá actuar acorde a lo previsto en el artículo 27, fracción I, inciso a), parte final, de la Ley de Amparo; esto es, asentará la negativa en autos y la notificación se tendrá por hecha. Por economía procesal y para una mayor agilidad en la integración de este negocio, se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, para la práctica de la notificación. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a la parte promovente a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A las personas que indica, se les tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitar expresamente. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, der ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese vía despacho a la parte promovente.

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