José Jaime Barrera Sánchez

Expediente 21/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
21/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/01/2019

Partes del expediente

  • José Jaime Barrera Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de este sumario, del que se advierte que mediante determinación de quince de enero de dos mil diecinueve, contenida en el oficio *** (foja 25), la titular de la Dirección de Tránsito y Policía Vial de esta localidad, respondió la petición formulada por el quejoso ante dicha autoridad en data veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. De lo que antecede, es inconcuso que en la especie sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Se afirma lo anterior, en virtud de que en la presente instancia constitucional la parte quejosa reclamó de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial de esta localidad, la omisión de emitir la respuesta correspondiente al escrito de petición que le presentó el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, así como su correspondiente notificación. Ahora bien, de las constancias exhibidas por la responsable junto con su informe de ley, las cuales adquieren valor probatorio, con apoyo en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el quince de enero del año en curso, la autoridad responsable emitió la resolución correspondiente al escrito de petición, presentado por el quejoso el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 25). Ciertamente, en el sumario obra el acuse de recibo (foja 9) del escrito signado por el agraviado ***** a través del cual solicitó a la Dirección General de Tránsito y Policía Vial, con residencia en esta localidad, copia certificada de la boleta de infracción con número de folio *** a nombre del propio peticionario, levantada en data ocho de septiembre de dos mil dieciocho, por la oficial ***** Asimismo, obra en autos de este asunto la documental pública consistente en el oficio registrado bajo el número ***, de dieciocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 24 a 26), signado por el delegado de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial de este municipio, al que cual adjuntó la documental consistente en el oficio **** , de quince de enero de los actuales, suscrito por la titular de la Dirección de Tránsito y Policía Vial de esta localidad -dirigido al quejoso- a través del cual le informó que resulta procedente su petición, relativa a la expedición de la copia certificada de la boleta de infracción ***, donde hace de su conocimiento que desde el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, fecha en que se realizó el pago correspondiente por tal derecho para la certificación, la misma se encontraba a su disposición para que acudiera a recogerla (foja 25). Ahora, del sumario también se desprende que la parte peticionaria tuvo conocimiento de la reseñada respuesta el dieciséis de enero de dos mil dieciocho (foja 26), pues en esa data su autorizado en esta institución constitucional firmó el acuse de recibo de la respuesta a su solicitud. Lo que precede, pone de manifiesto que la responsable emitió la respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, con lo cual restituyó su derecho de petición, provocando con ello que cesaran los efectos de la omisión tildada de inconstitucional. En ese contexto, resulta oportuno puntualizar que el mencionado artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.--- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Dicho precepto constitucional, exige para la tutela debida del derecho de petición, tres requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: 1. Dictar el acuerdo correspondiente; 2. Que la autoridad provea respecto a todos los aspectos planteados en el escrito petitorio, es decir, que haya congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y 3. Que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Lo que patentiza que la responsable realizó los actos necesarios dentro de su competencia para contestar la solicitud presentada por la parte agraviada, colmándose con ello el requisito consistente en que la respuesta que recaiga a la petición del gobernado debe hacérsele de su conocimiento. En atención a lo expuesto y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ***** , de conformidad con lo establecido por el artículo 63 fracción V, y numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, es innecesario celebrar la audiencia constitucional programada para las diez horas con cincuenta minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. En esta fecha se giró el oficio 1217.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese al sumario el oficio que remite el delegado de la autoridad responsable, Dirección General de Tránsito y Policía Vial de esta ciudad, al que adjunta prueba documental; con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se admite y se tiene por desahogada dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al celebrarse la audiencia en este juicio; con lo anterior dese vista a las partes.

  3. Principal

    Visto el oficio y anexo que remite la titular de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial del municipio de Celaya, Guanajuato, a través del cual rinde informe justificado y realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional, y con relación a los alegatos, dígasele que estos podrán ser tomados en consideración al momento de resolver el juicio en que se actúa. Finalmente, se tienen como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de la materia, a las personas que indica.

  4. Principal

    Recepción y admisión de la demanda. Vista la demanda de amparo signada por ******, en contra de actos de la directora general de Tránsito y Policía Vial del Municipio de Celaya, Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 21/2019-V. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda constitucional. Intervención de fiscal adscrito. Dese la intervención que corresponda al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe con justificación, con el que deberá remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomó en cuenta para emitir el acto reclamado, lo que deberá hacer dentro del término de quince días. Sin embargo, deberá tomar en consideración el artículo 17 constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establecen: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)" "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con cincuenta minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Causales de sobreseimiento. Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Pruebas. Con relación a las pruebas documentales que exhibe el promovente, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Pronunciamiento de incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle *** en esta ciudad; y como autorizados en los términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a ******, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que los autorizados cuente con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano