José Jaime Arias Hernández

Expediente 281/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 39 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
281/2021
Año
2021
Actuaciones
39
Última actuación
06/08/2021

Partes del expediente

  • José Jaime Arias Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio remitido por el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas e informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción aceptó la competencia declinada por este tribunal y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************. Por tanto, dado que en el presente cuaderno no existe acuerdo pendiente de pronunciar ni constancia que recabar, previas las anotaciones en el libro respectivo así como en el sistema correspondiente, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso j), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data; el cual deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las trece horas con cuarenta minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo número 281/2021, promovido por *****; se encuentra en audiencia pública Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas mediante oficio CCJ/ST/1242/2021 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, ante César Antonio Hernández León, secretario con quien actúa y da fe, la declara abierta, sin la comparecencia de las partes ni de persona alguna que las represente. Además, se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Enseguida el secretario hace relación de las constancias existentes en autos, entre las que destacan: el escrito inicial de demanda; auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia de ley y con los informes justificados del juez Primero Penal de Partido, fiscal Regional "C" de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, del juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, todos con residencia en Celaya; del director general de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del estado de Guanajuato; del fiscal general del estado de Guanajuato, ambos con residencia en la capital del estado; del encargado del despacho de la Dirección de la Policía de Investigación del Delito en el estado de Querétaro; del juez Primero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, quien rindió el informe correspondiente a los jueces Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo y Noveno de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro; del juez Segundo de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial del estado de Querétaro, quien rindió el informe referente a los jueces Menor Penal, Segundo, Sexto y Octavo de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial de Querétaro; de la coordinadora de Gestión Jurídico Administrativa del juzgado de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, quien rindió el informe de los jueces de Ejecución de las unidades 1 y 3; y, del juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, unidad 2, todos con residencia en la ciudad de Querétaro. A lo que el encargado del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que se indica para los efectos legales conducentes y por rendidos los citados informes de las autoridades. A continuación, se abre el período probatorio en el que se tienen por desahogadas las documentales exhibidas por la autoridad responsable; con lo que se cierra. Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en donde el secretario hace constar que ninguna de las partes los presentó. A lo que el encargado del despacho acuerda: Se tienen por omisas a las partes en formular alegatos en el presente asunto; con lo que se cierra esta etapa y se da por concluida la audiencia, para enseguida dictar resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 281/2021; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el cinco de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado al día siguiente a este Juzgado, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del Juzgado de Oralidad Penal de esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS LES RECLAMO, LA ORDEN GIRADA YA SEA EN FORMA VERBAL O ESCRITA CONSISTENTE EN ORDEN DE DETENCIÓN Y/O ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O REAPREHENSIÓN/ Y/O ORDEN DE DETENCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O ORDEN DE DETENCIÓN POR EXTREMA URGENCIA Y/O LA PRESENTACIÓN FORZOSA Y/O LA ORDEN DE ARRAIGO Y/O EL TRASLADO Y/O LA INVESTIGACIÓN Y/O LA LOCALIZACIÓN Y/O CUALQUIER ACTO PRIVATIVO Y/O LA TRAMITACIÓN OCULTA DE AVERIGUACIONES PREVIAS DONDE SE ACEPTEN TESTIGOS SIMULADOS Y FALSOS OFENDIDOS DÁNDOLE VIDA A PROCESOS PENALES SEGUIDOS EN MI CONTRA DE LOS SUSCRITO Y/O DE ********************Y QUE PUEDAN DEJARME EN ESTADO DE INDEFENSIÓN Y LA EJECUCIÓN DE DICHOS ACTOS DE AUTORIDAD, de manera verbal y/o por escrito y demás prohibidos por el artículo 22 constitucional, con relación a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, que pretenden hacer objeto al suscrito, y los actos de violencia física o moral de que aparentemente pretenden inferirme, con el objeto de que me declare responsable de delitos que no he cometido." En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 281/2021; además, requirió al promovente para que, bajo protesta de decir verdad, aclarara lo siguiente: El carácter con el que promueve, esto es, si lo hace por propio derecho o en representación de ********************, o en ambos. En caso de promover en nombre y representación de la persona moral o de ambos, deberá acreditar la personalidad con la cual comparece al presente juicio. Cuál o cuáles son los actos reclamados en concreto que reclama de las autoridades señaladas como responsables. Una vez desahogado lo anterior, en el sentido de que comparece a juicio por propio derecho y que únicamente combate en esta vía constitucional la orden de aprehensión o reaprehensión o traslado, así como su ejecución, por auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Asimismo, reconoció el carácter de terceros interesados a los siguientes: Fiscal de procesos adscrito al Juzgado de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, quien fue emplazado al presente juicio el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (foja 79). ********************, quien fue emplazado al presente juicio el dos de junio de dos mil veintiuno (fojas 80 y 81). ********************, quien fue emplazado al presente juicio el dos de junio de dos mil veintiuno (fojas 82 y 83). TERCERO. En auto de veintiséis de mayo pasado, se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso denominó como director y/o encargado de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, Región "C", ubicada en Celaya, Guanajuato; por tanto, la presente sentencia no regirá para ella. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se -previo diferimiento- celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Incompetencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es así, pues el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar la orden de reaprehensión librada el cuatro de febrero de dos mil veinte, por el juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, unidad 2, dentro de la carpeta de ejecución número ********************, con la finalidad de que cumpla con la pena privativa que le fue impuesta en la causa penal número ******************** del índice del extinto Juzgado Noveno de Primera Instancia penal, por su responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, cometido en agravio de ******************** y ********************; así como su ejecución. Ahora bien, la única autoridad que aceptó la existencia del acto reclamado fue el juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, unidad 2, con residencia en la ciudad del mismo nombre (foja 85). Por su parte, las diversas autoridades Las autoridades responsables juez Primero Penal de Partido (foja 33), juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato (foja 30), fiscal Regional "C" de la Fiscalía General del estado de Guanajuato (foja 26), todos con residencia en Celaya; director general de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del estado de Guanajuato (foja 41); fiscal general del estado de Guanajuato (foja 37), ambos con residencia en la capital del estado; juez Primero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro (foja 57), quien rindió el informe correspondiente a los jueces Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo y Noveno de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro; juez Segundo de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial del estado de Querétaro (foja 60), quien rindió el informe referente a los jueces Menor Penal, Segundo, Sexto y Octavo de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial de Querétaro; coordinadora de Gestión Jurídico Administrativa del juzgado de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro; quien rindió el informe de los jueces de Ejecución de las unidades 1 y 3 (foja 53); encargado del despacho de la Dirección de la Policía de Investigación del Delito en el estado de Querétaro (foja 44), todos con residencia en la ciudad de Querétaro, al rendir su respectivo informe justificado negaron los actos que se les atribuyen. Ahora bien, de la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, en relación con el diverso numeral 37 de la Ley de Amparo, se desprende que, para fijar la competencia de los juzgados de Distrito, se deben seguir las reglas siguientes: a. Que conocerá del asunto el juzgado federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b. Que cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda. c. Y que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese contexto, conforme al primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que resida dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado o resulta inexistente y el quejoso no lo desvirtúa o no señala nuevas autoridades, debe declarar que carece de competencia legal y remitir el asunto al juez de Distrito que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia correspondiente. En la especie, es cierto el acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión, pero la autoridad que lo aceptó reside en Querétaro, Querétaro; además, de las constancias remitidas por el juez responsable se evidencia que a la fecha no se ha cumplimentado tal mandato de captura. De igual forma, de dichas constancias se evidencia que en la orden reclamada se precisó que el último domicilio que obra en autos como perteneciente al ahora quejoso su ubica en ********************. En tal virtud, este juzgado federal carece de competencia para conocer y resolver el presente juicio; por lo que deberá remitirse al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicio Federales en el estado de Querétaro, en turno, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde reside la autoridad responsable ordenadora que aceptó la existencia del acto reclamado; dado que se actualiza el supuesto del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 9/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." No es obstáculo que en la demanda de amparo el quejoso refirió que lo buscaron en su domicilio, el cual se ubica en esta ciudad; sin embargo, ese dato es insuficiente para determinar que este juzgado deba conocer del asunto, pues si bien es cierto que el acto reclamado podría ser ejecutado en ese o en cualquier otro lugar donde se encuentre el inconforme; también lo es que admitir esa afirmación como un criterio para determinar la competencia de un órgano jurisdiccional, implicaría dejar al arbitrio del justiciable la elección del juez de Distrito que habrá de conocer de su demanda, pues bastaría con que aseverara residir en determinado lugar para que ahí se ventile su juicio; lo cual es jurídicamente inadmisible porque la ley fija los parámetros para determinar si se surte o no la competencia en favor de un juzgador. Máxime, que en el presente juicio de amparo no existe prueba alguna de la que se advierta que en tal domicilio proporcionado por el quejoso resida este, pues solo es su dicho, el cual, se insiste, es insuficiente para determinar que corresponde al juez de Distrito donde se ubica el domicilio que precisa el promovente, dado que adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal en el que radique la autoridad responsable que lo emitió. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos del presente juicio al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicio Federales en el estado de Querétaro, en turno, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con el propósito de que si lo estima pertinente se avoque a su conocimiento. Se solicita a la autoridad federal que, de no tener inconveniente, comunique lo procedente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado Federal y fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato carece de competencia para resolver el juicio de amparo promovido por ********************. Segundo. Remítanse los autos al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicio Federales en el estado de Querétaro, en turno, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Tercero. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno de este juzgado.

  3. Incidental

    Vista la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el término de cinco días para que la parte quejosa exhibiera la garantía fijada a fin de que continuaran los efectos de la suspensión definitiva concedida, sin que obre constancia de que lo haya realizado, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada por este tribunal federal a ********************. Infórmese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales conducentes. Es aplicable el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, tesis I.3º.C.26.K, publicado en la página 1470, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, PERO DEJA DE HACERLO SIN NECESIDAD DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO, SI EL QUEJOSO NO EXHIBE DENTRO DEL PLAZO LEGAL LA GARANTÍA EXIGIDA, POR MÁS QUE IMPUGNE LA LEGALIDAD DE ÉSTA." No obstante lo anterior, se precisa que mientras no se ejecute el acto reclamado o se dicte sentencia firme en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia, la parte quejosa podrá cumplir con el requisito de efectividad destacado, con lo cual de inmediato la suspensión volverá a surtir efectos, en términos del artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

  4. Incidental

    Visto el oficio que remite la jueza Segunda de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial del estado de Querétaro, a través del cual rinde informe previo; al respecto, agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponde, atento a que del estado de autos se advierte que ya se había rendido y acordado lo conducente; así mismo, que el catorce de junio actual se dictó resolución en la presente incidencia.

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