Jose Izquierdo Ayala
Expediente 889/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Izquierdo Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio del secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y como lo solicita mediante atento oficio que al efecto se gire hágase de su conocimiento que la demanda de amparo promovida por Isaura ********************, en cuanto apoderada jurídica del quejoso ********************, se admitió a trámite el dos de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 889/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con la documental exhibida por los quejosos y con las ofrecidas por las responsables al rendir su informe justificado, lo cual hicieron de manera conjunta. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales referidas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes presentó alegatos. En relación con lo anterior el Juez acuerda: Vista la certificación de cuenta, se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, Isaura González Izquierdo por propio derecho y en representación de José Izquierdo Ayala, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Acuerdo emitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, que ordena remitir el juicio de amparo a este órgano jurisdiccional. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; órgano jurisdiccional que en proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, la registró bajo el número 737/2020; asimismo, estimó que correspondía el conocimiento de la misma a este órgano jurisdiccional, por haber conocido del juicio de amparo 321/2019, promovido por José Izquierdo Ayala a través de su apoderada jurídica y ordenó su remisión a este juzgado. Tercero. Avocamiento y admisión de la demanda. El dos de diciembre de dos mil veinte, este juzgado de distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán; se registró con el número 889/2020; se admitió la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la omisión reclamada se le atribuye a autoridades con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, el acto reclamado por los quejosos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, al Director de Recaudación, al Director General de Política Tributaria, al Administrador de Rentas de Morelia y al Director de Auditorías y Revisión Fiscal, últimas cuatro autoridades adscritas a la mencionada Secretaría, es: La negativa a emitirle un nuevo cheque por concepto de devolución de impuesto sobre la renta por enajenación de bienes inmuebles, por la cantidad de $13,940.00 (trece mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, el Director de Recaudación, el Director General de Política Tributaria, el Administrador de Rentas de Morelia y el Director de Auditorías y Revisión Fiscal, últimas cuatro autoridades adscritas a la mencionada Secretaría, al rendir su informe justificado de manera conjunta, negaron la existencia del acto reclamado. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la peticionaria de amparo, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implican una actividad desplegada por las autoridades responsables, los cuales dejan huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Ello, porque lo único que adjuntó a su demanda de amparo fue: Original del Poder General para actos de administración y riguroso dominio, otorgado por José Izquierdo Ayala a Isaura González Izquierdo, ante la fe del Notario Público 132, con ejercicio en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Escrito de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, del que se advierte sello de recibido por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de siete del mismo mes y año. Original y copia del escrito datado el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, con sello de recibido por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de treinta y uno siguiente. Promoción original presentada el quince de abril de dos mil diecinueve en este órgano jurisdiccional, en el juicio de amparo 321/2019. Acuerdo de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo 321/2019 [sin firmas]. Copia simple del cheque de folio 17569255, expedido la Secretaría de Finanzas y Administración, el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, a favor de José Ayala Izquierdo por la cantidad de $13,940.00 (trece mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), de BBVA Bancomer. Copia simple del cheque de folio 69982149, expedido la Secretaría de Finanzas y Administración, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, a favor de José Izquierdo Ayala por la cantidad de $13,940.00 (trece mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), de BBVA Bancomer. De cuyas documentales no se advierte que hubiere solicitado a las responsables la emisión de un nuevo cheque ni que se hubiere negado a emitirlo. Ello porque con la documental identificada por este juzgador como "1", únicamente logra acreditar que José Izquierdo Ayala le otorgó a Isaura González Izquierdo poder general para actos de administración y riguroso dominio. Con los escritos "2" y "3", prueba que el siete de septiembre y treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, Isaura González Izquierdo solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración, la devolución por concepto de pago de impuesto sobre la renta, antes de la expedición de los cheques. Con la documental "4" prueba que el quince de abril de dos mil diecinueve, solicitó a este juzgado, la devolución del poder notarial identificado con el número "1". Finalmente, respecto de las identificadas como "5" "6" y "7", si bien son copias simples, su existencia se corrobora con lo manifestado por las responsables al rendir su informe justificado, en el sentido de que sí le fueron expedidos esos dos cheques y que desconocen la razón por la que no fueron cobrados. Por tanto, es evidente que con las pruebas que adjuntaron los promoventes del amparo, no lograron acreditar que solicitaron a las responsables la emisión de un nuevo cheque y mucho menos que las mismas se hubieren negado a expedirlo. No es obstáculo a lo anterior que en la demanda de amparo los quejosos hubieren manifestado que acudieron ante la responsable (no especifican cuál de ellas) en diversas ocasiones pero que ésta se negó a emitir un nuevo cheque bajo el argumento de que estaban mintiendo porque Bancomer nunca se negó a pagar el cheque. Lo anterior, porque los quejosos no acreditaron su dicho. Máxime, las responsables adjuntaron diversos oficios de los que se advierte que no obra en sus instalaciones petición alguna relacionada con la devolución de retención de impuestos. Los cuales con los siguientes: Oficio SFA/DARF/PL/073/2020, de cuatro de diciembre de dos mil veinte, por medio del cual el Director de Auditoría y Revisión Fiscal hizo del conocimiento de la Dirección de lo Contencioso, que Isaura González Izquierdo ni José Izquierdo Ayala, habían presentado solicitud o petición alguna relacionada con la devolución de pago de retención de impuestos (foja 78). Oficio SFA/SP/0309/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por la Secretaria particular de la Secretaría de Finanzas y Administración, en el que informa al Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparo, de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración, que no se encontró ninguna petición y/o solicitud suscrita por Isaura González Izquierdo ni por José Izquierdo Ayala, relacionada con la devolución de pago por concepto de retención de impuestos (foja 79). Oficio SFA/DR/ADRM/0856/2020-V, de ocho de diciembre de dos mil veinte, a través del cual el Administrador de Rentas de Morelia, comunicó al Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparo, de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración que no encontró solicitud alguna por parte de los quejosos relacionada con la devolución del concepto de retención de impuestos (foja 93). Oficio SFA/SR/DOFV/SO/DC/OF-637/2020, emitido por la Directora de Operación de Fondos y Valores al Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparo, de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración, en el que informó que el cheque 0000308 de veintisiete de mayo de dos mil nueve, de la Institución Financiera BBVA Bancomer, con folio 69982149 ya había sido entregado pero que desconocía el motivo por el cual el mismo no había sido cobrado. Asimismo, como correctamente lo señalan las responsables, la parte quejosa en la demanda refirió que fue dicha institución financiera quien no le quiso pagar el citado cheque porque ya tenía meses de haber sido expedido por las responsables y que necesitaba uno nuevo, por lo que en su caso deben solicitar por escrito a la Secretaría de Finanzas, la expedición de un nuevo cheque para poder realizar su cobro. Por tanto, este juzgador estima que los quejosos tienen expedito su derecho para acudir ante la Secretaría de Finanzas y Administración a solicitar la expedición de un nuevo cheque por pago de lo indebido [pago del impuesto sobre la renta], y la autoridad se los debe emitir porque así está autorizado en acuerdo de devolución de tres de abril de dos mil diecinueve. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable mencionada, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Isaura González Izquierdo por propio derecho y en representación de José Izquierdo Ayala, en contra de los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso tercero de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que en proveído de trece de los actuales, se dio vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. Por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, para su verificativo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CR./CJD./015/4283/2020 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF***VIKI
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