José Ivan Solorio Razo
Expediente 540/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Ivan Solorio Razo
- No Existe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, acusando recibo del oficio 17114, mediante el cual se le notificó que el treinta de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia emitida en autos dentro del presente juicio de amparo y se le devolvieron en un tomo el original del toca I-103/2019. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, en la que se negó la protección de la Justicia Federal solicitada, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, primer párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, devuélvase a las autoridades responsables las constancias que remitieron al presente juicio como complemento a su informe justificado, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/2557/2019 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del once de julio de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 540/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó al juicio el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, José Iván Solorio Razo, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. Previa aaclaaración de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, el cuatro de junio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. En auto de doce de junio de este año se reconoció el carácter de tercera interesada a Imelda Bravo Cano, en su calidad de actora dentro del juicio familiar de origen. Finalmente, seguido el juicio por su cauces legales, en esta misma fecha se verificó la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades jurisdiccionales, con residencia en donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que José Iván Solorio Razo reclama lo siguiente: La resolución de veinticinco de abril de este año emitida en el toca de apelación I-103/2019, que confirmó el auto de recurrido de doce de marzo del mismo año pronunciado en el juicio ordinario familiar 580/2018, que sobre divorcio necesario promovió Imelda Bravo Cano frente al quejoso. Actos que atribuye a: Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar. Ambos con sede en esta ciudad. Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 35 y 39), lo que se corrobora con las constancias que acompañó al mismo el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, consistentes en el toca original del que deriva el acto reclamado, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio del acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de abril de este año emitida en el toca de apelación I-103/2019, que confirmó el auto de recurrido de doce de marzo del mismo año pronunciado en el juicio ordinario familiar 580/2018, que sobre divorcio necesario promovió Imelda Bravo Cano frente al quejoso. El concepto de violación expresado por la parte quejosa, se tiene por reproducido como si a la letra se insertara, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en el único concepto de violación que el quejoso formula aduce que es ilegal que el magistrado responsable haya calificado de inoperantes los agravios que hizo valer contra el auto apelado de doce de marzo de este año, bajo el argumento que los mismos se dirigieron al diverso auto de uno de marzo del mismo año, ya que como se aprecia de su contenido ambos autos difieren en su contenido, lo que a su parecer es un error de apreciación, que cuarta su derecho de acceso a la justicia. Dicho concepto de violación es infundado y por ende, se estima apegada a derecho la calificación de inoperancia realizada por el magistrado responsable, como a continuación se demostrará. Para hacerlo, en primero término debe señalarse que en la resolución de veinticinco de abril de dos mil diecinueve que constituye el acto reclamado, el magistrado responsable calificó de inoperantes los agravios que el quejoso dirigió al auto apelado de doce de marzo de este año pronunciado en el juicio familiar de origen, bajo las siguientes consideraciones: "(.) Son inoperantes las consideraciones que anteceden. Se estima de esta forma, en razón de que tales alegaciones, de acuerdo a las constancias procesales que obran en el testimonio en que se resuelve, se aprecia que son tendientes a combatir los argumentos que fueron emitidos en un primer momento por el juez de origen, en su proveído de fecha 1° primero de marzo del año en curso, consultable a fojas 57 del subyacente, por lo que en tal virtud y en todo caso, ésta fue la resolución en contra de la cual el ahora apelante debió inconformarse en su momento procesal, de modo que si no lo hizo, el mismo adquirió firmeza procesal, debiendo por tanto ahora, sufrir las consecuencias de su omisión en catamiento a lo previsto por el artículo 95, párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Así, entonces, al ser los motivos de inconformidad que hace valer el recurrente en contra de las consideraciones sostenidas por el a quo, en un proveído diverso al que constituye la materia de estudio del recurso que se resuelve, estos es, al ser las causas de agravio que invoca el disidente en esta alzada, materia de una resolución diversa a la que constituye la fuente del presente recurso, las mismas se tornen inoperantes (.)" Como se ve, el argumento toral por la que el magistrado responsable calificó inoperantes los agravios del quejoso, descansa en que a su parecer, los dirigió a combatir el auto de uno de marzo de este año y no el diverso apelado de doce de marzo de la misma anualidad; por ello, se hace necesario traer a colación también el contenido de ambos proveídos: El contraste de ambas determinaciones permite concluir que en el auto de uno de marzo de este año (visible en la foja 57 del tomo de pruebas), el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, determinó no acordar de conformidad la solicitud elevada por el quejoso para que se fijara fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de reincorporación al domicilio conyugal, argumentando que en la sentencia definitiva no se sentaron las bases para que el quejoso fuera reinstalado en su domicilio y además, que la restitución de los derechos de propiedad que el accionante del amparo aducía, deberían dilucidarse en otra acción, al tratarse de cuestiones relacionadas con un conflicto de propiedad y posesión, dado que en esa contienda se debe atender exclusivamente a cuestiones del orden familiar. Mientras que, en el diverso proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, el juez responsable, en atención a la petición formulada por el quejoso el ocho de marzo de este año (foja 58 del tomo de pruebas), para que lo restituyera en el goce de sus derechos de habitar en el inmueble que constituye el domicilio conyugal y de ser necesario, se autorizara como medio de apremio el rompimiento de cerraduras; proveyó que el accionante del amparo debería estarse a lo acordado en el diverso proveído de uno de marzo de la anualidad en curso, en el que se le había negado la solicitud elevada en ese sentido. Bajo ese orden de ideas, a juicio de quien resuelve, fue apegada a derecho la calificación de inoperancia realizada por el magistrado responsable, en atención a que los agravios que el abogado del quejoso, los cuales obran en las fojas 61 a 69 del tomo de pruebas, revelan que, como lo precisó el resolutor de segunda instancia, el accionante de tutela constitucional, encaminó sus agravios a atacar la determinación de uno de marzo de dos mil diecinueve y no la diversa materia de la apelación, es decir, la de doce de marzo del mismo año, tal y como se aprecia de las inserciones siguientes: Como se ve, los argumentos vertidos por el quejoso en su escrito de agravios, fueron todos dirigidos a atacar el auto de uno de marzo de dos mil diecinueve y no el diverso apelado de doce de marzo del mismo año, pues como se aprecia de las inserciones antes añadidas, en el auto materia de la apelación, el juez familiar responsable no realizó un solo argumento para negar la reincorporación del quejoso al domicilio conyugal, sino que únicamente hizo una remisión expresa a lo que ya había determinado en el diverso proveído de uno de marzo del mismo año. En cambio, de las tres imágenes insertas, se aprecia que en el escrito de agravios se indicó que se transcribía textualmente el auto combatido de doce de marzo de este año, sin embargo, esa transcripción corresponde al segundo párrafo de la determinación de uno de marzo de este año y no al auto apealado. Mientras que, de la segunda imagen inserta se aprecia que se alega que el auto impugnado determinó que la sentencia no sentó las bases para la diligencia de restitución; y de la tercera imagen, se advierte que el accionante del amparo adujo que en el auto reclamado se había señalado que era un conflicto derivado de la propiedad y posesión del domicilio conyugal. Es decir, en ningún momento el quejoso cuestionó el hecho de que el juez ante una segunda petición de reincorporación, determinara que debía estarse a lo acordado en auto de uno de marzo del mismo año. Por ende, es apegada a derecho la calificación de inoperancia realizada por el magistrado responsable, al evidenciarse sin duda alguna, que los agravios se encaminaron a un auto que no fue materia de la impugnación. Consecuentemente, ante lo infundado del único concepto de violación planteado y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Determinación que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, al no haberse impugnado por vicios propios. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a José Iván Solorio Razo por su propio derecho contra el acto reclamado materia de estudio en dicho apartado. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de doce de junio de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
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