José Iván García Fregoso
Expediente 179/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Iván García Fregoso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los arábigos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como se sobreseyó en este juicio de amparo acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción I, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos y de la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 179/2023 del que deriva esta incidencia hoy se dictó un acuerdo en el que se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese asunto y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de veintidós de mayo del año en curso, se negó la suspensión provisional respecto del acto reclamado y en la interlocutoria pronunciada el cinco de junio siguiente, se negó la medida cautelar definitiva en cuanto a la citada actuación; y, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación; en razón de lo anterior, se provee lo siguiente: En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este incidente de suspensión carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en esta incidencia se negó la suspensión provisional y la medida cautelar definitiva respecto del acto reclamado acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción III, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 179/2023 promovido ********************o ********************en contra del acto de la autoridad que se precisará más adelante. I. ANTECEDENTES Del contenido de la demanda destaca que el justiciable manifestó que mediante el escrito de ocho de diciembre de dos mil veintidós, solicitó al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo -en su denominación correcta-, copias fotostáticas simples de la causa penal******************** (identificada anteriormente con el expediente ********************), el cual afirma que envío por correo postal y que esa autoridad no ha dictado el proveído respectivo en cuanto a su promoción. El inconforme estima que el acto que reprocha al ente responsable vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y causa afectación a su esfera jurídica. II. TRÁMITE Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ********************o ********************promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que más adelante se indicarán. En el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró con el progresivo 179/2023; de oficio decretó la separación de los autos, precisó que este juicio de amparo únicamente se tramitaría respecto del acto que el inconforme ********************o ********************reclamó al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, consistente en la omisión de acordar el escrito de ocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó copias fotostáticas simples de la causa penal******************** (identificada anteriormente con el expediente ********************), el cual asevera que envío por correo postal y la separación del presente asunto se realizó respecto del acto que el inconforme reprochó a la propia autoridad judicial atinente a la omisión de acordar el ocurso de ocho de diciembre de dos mil veintidós, a través del cual pidió copias fotostáticas simples y certificadas de la causa penal********************, el cual afirma que envío por correo postal; y, desechó de plano la demanda de amparo. Inconforme con esa resolución judicial, el inconforme interpuso el recurso de queja que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito bajo el toca 88/2023, quien en la ejecutoria de diez de mayo del año en curso, declaró fundado ese medio de impugnación para que este órgano jurisdiccional de no advertir alguna diversa causal de improcedencia a la analizada en el auto recurrido proveyera lo conducente en relación con la admisión del escrito inicial. En acato a esa ejecutoria, en el proveído de veintidós de mayo del año en curso, este Juzgado Federal admitió a trámite el escrito inicial; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado carece de ejecución, dada su naturaleza omisiva; por tanto, ese presupuesto procesal se surte a favor de este órgano de control constitucional, en razón de que el escrito inicial se presentó en el territorio en el que ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate el acto siguiente: Del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, combate: La omisión de acordar el escrito de ocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó copias fotostáticas simples de la causa penal******************** (identificada anteriormente con el expediente ********************), el cual asevera que envío por correo postal. V. INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO La responsable Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, en su informe justificado negó la certeza del acto reclamado, porque señaló que no había recibido en su Oficialía de Partes el escrito de petición de copias que el disconforme afirma que envió a través del servicio postal. Por otro lado, el titular de la acción de amparo no desvirtuó dicha negativa, porque no ofreció algún medio de convicción con ese propósito, dado que aun cuando aportó en este asunto un ocurso de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en donde aparentemente formula una solicitud copias fotostáticas simples de la causa penal******************** (identificada anteriormente con el expediente ********************), lo cierto es que ese libelo no contiene sello de recepción del órgano jurisdiccional responsable ni de la Oficialía de Partes de esa autoridad judicial y tampoco evidenció que esa promoción la depositó en las oficinas del servicio postal mexicano para que se entregara al referido órgano jurisdiccional, por lo que al valorarse ese instrumento al cual se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2, es factible sostener que el inconforme no desvirtúa la negativa que el ente responsable sostuvo en su informe justificado ni demuestra la certeza del acto reclamado, porque no acredita que formuló una petición de copias fotostáticas simples del proceso penal que se instruye en su contra; en ese sentido, la documental que aportó aun cuando fue valorada es insuficiente para evidenciar el presupuesto procesal de la existencia de la omisión atacada; por tanto, debe tenerse por inexistente esa actuación. En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó la negativa que la referida autoridad sostuvo en su informe con justificación ni demostró con alguna prueba la obligación de ese órgano jurisdiccional de actuar en el sentido que pretende al no evidenciar que formuló una solicitud de copias fotostáticas simples de la causa penal que esa autoridad judicial instruye en su contra y, por ende, que dicho ente público tenía el deber de proveer sobre tal petición en términos de lo establecido por el numeral 17 de la Carta Magna es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia del acto atribuido a la autoridad responsable. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto al acto impugnado al órgano jurisdiccional responsable, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************o ********************en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Incidental
AUDIENCIA RELATIVA AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 179/2023. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las diez horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca Rodrigo Courtois Yannini, con el secretario Felipe Hernández López procede a celebrar la presente audiencia incidental, sin la comparecencia de las partes y esos sujetos procesales tampoco manifestaron su intención a asistir a esta diligencia. Relación de constancias. El secretario hace una relación de las constancias que obran en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 179/2023, entre las que se encuentran las siguientes: (i) la copia fotostática simple de la demanda de amparo; y, (ii) el auto de veintidós de mayo del año en curso, en donde se negó la suspensión provisional solicitada. Enseguida, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca tiene por hecha la relación de las constancias que antecede y dispone la apertura del período probatorio. Etapa probatoria. En esta etapa se hace constar que la parte quejosa anunció una documental, la cual se relaciona, se admite y se desahoga por su propia naturaleza en términos de lo dispuesto por el numeral 144 de la Ley de Amparo. Enseguida, al no existir algún otro medio de convicción que relacionar se cierra el período probatorio aperturándose el diverso de alegatos. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar que las partes no ejercieron su derecho de alegar, por lo que se cierra dicha etapa. Luego, al no existir alguna diligencia pendiente de realizar, se concluye la presente audiencia procediéndose a dictar la siguiente: RESOLUCIÓN Mediante la que se falla el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 179/2023 promovido por **** o ***** en contra del acto de la autoridad que se precisarán más adelante. I. ANTECEDENTES De los hechos y las abstenciones que el justiciable manifestó bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes del acto reclamado destaca que mediante el escrito de ocho de diciembre de dos mil veintidós, solicitó al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo -en su denominación correcta-, copias fotostáticas simples de la causa penal **/*** (identificada anteriormente con el expediente **/***), el cual afirma que envío por correo postal y que esa autoridad no ha dictado el proveído respectivo en cuanto a su promoción. El inconforme estima que el acto que reprocha al ente responsable vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y causa afectación a su esfera jurídica. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue presentada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, la cual por razón de turno fue remitida a este órgano jurisdiccional, donde quedó registrada con el progresivo 179/2023. El quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo -en su denominación correcta-, combate: La omisión de acordar el escrito de ocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó copias fotostáticas simples de la causa penal **/**** (identificada anteriormente con el expediente **/****), el cual asevera que envío por correo postal. Mediante el proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se admitió el escrito inicial y se ordenó tramitar -por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se negó la suspensión provisional solicitada, por las consideraciones expuestas en la determinación de esa data. La audiencia incidental se celebró en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a lo previsto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128 y 144 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y SUSPENSIÓN DEFINITIVA La responsable Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, en su informe previo negó la certeza del acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito de ocho de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual el justiciable solicitó copias fotostáticas simples de la causa penal ***/**** (identificada anteriormente con el expediente **/****), el cual asevera que envío por correo postal; en ese sentido, la citada autoridad señaló que no había recibido en su Oficialía de Partes el escrito de petición de copias que el disconforme afirma que envió a través del servicio postal. Por otro lado, el titular de la acción de amparo no desvirtuó dicha negativa, porque no ofreció algún medio de convicción con ese propósito, dado que aun cuando aportó un ocurso de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en donde aparentemente formula una solicitud copias fotostáticas simples de la causa penal **/*** (identificada anteriormente con el expediente **/***), lo cierto es que ese libelo no contiene sello de recepción del órgano jurisdiccional responsable y tampoco evidenció que esa promoción la depositó en las oficinas del servicio postal mexicano para que se entregara a la citada autoridad judicial, por lo que al valorarse ese instrumento al cual se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2, es factible sostener que no desvirtúa la negativa que la responsable sostuvo en su informe previo ni demuestra la certeza del acto reclamado, porque no acredita que el disidente formuló una petición de copias fotostáticas simples del proceso penal que se instruye en su contra; en ese sentido, la documental valorada es insuficiente para evidenciar el presupuesto procesal de la existencia de la omisión atacada; por tanto, debe tenerse por inexistente esa actuación. Luego, si en esta incidencia es inexistente el acto reprochado a la responsable, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Lo anterior, en razón de que ningún sentido práctico tendría otorgar la suspensión de un acto cuya existencia ni siquiera está probada en esta incidencia, pues es inconcuso que no existe materia sobre la cual decretar la medida cautelar. Esta determinación producirá efectos a partir del dictado de esta interlocutoria y hasta en tanto se notifique al ente responsable la sentencia ejecutoriada que se pronuncie en el juicio constitucional de donde deriva este incidente. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a **** o ***** en contra del acto reclamado a la autoridad responsable por las consideraciones expuestas en el apartado IV de esta resolución. Notifíquese.
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