José Ignacio San Martín Sadaba

Expediente 565/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
565/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • José Ignacio San Martín Sadaba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra del auto de treinta de junio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que la parte disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto a causado estado. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional por auto se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1 relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devolución de tomos. En virtud de que carecen de utilidad los tomos de pruebas formados a partir de las constancias remitidas por las autoridades responsables, devuélvanse tales documentales. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vistas las certificaciones de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, con esta fecha se decretó que causó estado el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; asimismo, que por auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se negó la definitiva solicitada. I. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. II. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en este asunto se negó la suspensión provisional y la definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que el original de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. III. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. IV. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca al momento de rendir el informe justificado en representación de las autoridades responsables, respecto de los actos consistentes en: ? La orden de inicio del procedimiento de cobro coactivo ordenada por las responsables en sus bienes y derechos. ? Las consecuencias de hecho y de derecho derivadas de la ejecución del procedimiento referido. Por una parte, negó categóricamente la existencia de los actos en comento respecto del Secretario, Subsecretario de Ingresos y Director de Ingresos y Recaudación todos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, en virtud que las mencionadas responsables carecen de facultades para realizar tales actos. Y por otra, aceptó la existencia del acto que se atribuyó a la Coordinadora de Cobro Coactivo de la señalada secretaría, ante la existencia de créditos fiscales a nombre de José Ignacio San Martín Sabada. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone que se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (...)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. En ese sentido, como se adelantó, de las constancias que integran el presente expediente se advierte que el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca al rendir el informe justificado en representación de las autoridades responsables negó la existencia de los actos reclamados al Secretario, Subsecretario de Ingresos y Director de Ingresos y Recaudación todos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, al manifestar que no se encuentran dentro de sus atribuciones legales para emitir actos correspondientes al procedimiento administrativo de cobro coactivo que se les reclama. Ahora bien, no obstante que respecto de la Coordinadora de Cobro Coactivo de la señalada secretaría, aceptó los actos de disenso materia de este juicio, en virtud que en la base de datos se advierte la existencia de los créditos fiscales 23301 y 23302, lo cierto es que los mencionados créditos se encuentran a nombre de José Ignacio San Martín Sabada, nombre distinto al de la persona que acede a esta instancia constitucional (José Ignacio San Martín Sadaba). En ese sentido, cabe precisar que atendiendo a tal circunstancia en auto de veintiuno de junio pasado, se requirió al promovente del amparo para que bajo protesta de decir verdad y con la documental idónea manifestara si es la misma persona que la que tiene los referidos créditos fiscales; hecho la notificación respectiva, por auto de veintiocho de junio siguiente, el disidente manifestó y comprobó que su identidad se encuentra bajo el nombre de José Ignacio San Martín Sadaba, con lo cual acreditó que se trata de persona distinta a la acreedora de los créditos fiscales. Por tales consideraciones, es inconcuso que deben tenerse por inexistentes los actos que se le atribuyen a la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, en virtud que la persona a quien se le fincaron los créditos fiscales es distinta de la aquí quejosa, por tanto, no se pueden ejecutar en su contra. En las relatadas consideraciones lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente asunto. Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues ni aun celebrándose ésta, el agraviado podría desvirtuar con prueba alguna la causa de sobreseimiento de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales el resultado del fallo tendría el mismo sentido; pues en todo caso, por tanto, en atención al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, procede resolver fuera de audiencia. Resulta aplicable, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, en tanto, el criterio sostenido no se opone a ésta, la tesis XIV 1º 3 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". En tal virtud se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)

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