José Israel Aguilar Medina

Expediente 897/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
897/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • José Israel Aguilar Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente asunto, por encontrarse totalmente concluido; asimismo, se obtiene que por auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, se agregó a los autos el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, al que adjuntó copia certificada de las constancias que integran la causa penal **********, con las cuales se formó un tomo de prueba. En consecuencia, al haberse ordenado el archivo definitivo del presente asunto, por encontrarse totalmente concluido, se estima innecesario conservar las referidas constancias de prueba, y por tanto, se ordena su devolución a la citada autoridad, para los efectos legales conducentes. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambió su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy f

  2. Principal

    El veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta, que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir veintidós de octubre de dos mil veinticinco. Notifíquese; y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión y a sus asesores jurídicos.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 897/2021-B, promovido por José Israel Aguilar Medina, por su propio derecho, contra actos de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado, con sede en Mexicali; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, y turnado el mismo día al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esa ciudad, José Israel Aguilar Medina, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos atribuidos a la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado, con sede en Mexicali, que hizo consistir en lo siguiente: Actos reclamados "La omición (sic) de realizar el descuento real de la prición preventiva (sic), ordenada por la Autoridad Judicial (Juez de distrito especialisado [sic] en ejecución), en la que se ordenaba el descuento de 1 Año 10 meses y días de Prición Prebentiva (sic), mismos que de (sic) deberán ser descontados de la pena de prición (sic) de 3 años 10 meses que se me inpuso (sic) por dibersos (sic) delitos del orden federal." Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de la autoridad responsable, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Declaratoria de incompetencia por parte del Juzgado declinante. Por acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 1414/2021-3, promovido por José Israel Aguilar Medina, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, estableció que de acuerdo con la descripción del acto reclamado, y tomando en consideración las manifestaciones del quejoso, ese órgano jurisdiccional carecía de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo; por lo que, declinó competencia para conocer de la misma, al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en turno. Cuarto. Radicación, admisión de la demanda y trámite del juicio. En proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se agregó a los autos el oficio sin anexos proveniente del Juzgado en cita, en el que informó sobre la incompetencia declinada en el juicio de amparo 1414/2021-3, de su índice; de ahí que, únicamente se ordenó formar el expediente, se ordenó registrar en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 897/2021-B, y se determinó estar a la espera a que se recibieran en este Juzgado las constancias remitidas por el Juzgado declinante, para acordar lo que en derecho correspondiera. Luego, por acuerdo de seis de enero de dos mil veintidós, se agregó a los autos el oficio remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con sede en esta ciudad, al que adjuntó el juicio de amparo en mención, proveniente del Juzgado declinante; por lo que, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo de trato. De igual manera, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Quinto. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. Sexto. Mediante Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; y, en su artículo 1°, se estableció como nueva fecha límite para reanudación total de las actividades jurisdiccionales el treinta de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, mediante diverso Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2021 a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Luego, en el diverso Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo que a continuación se transcribe: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 31 de octubre de 2021, a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Posteriormente, en el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de 2020 al 16 de enero de 2022, la actividad jurisdicción se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. [.]" Después, en Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 1º de mayo de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." En Acuerdo General 7/2022, del pleno del citado Consejo, se reformó el aludido artículo para quedar como sigue: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 5 de junio de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Y, por último, por Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo que enseguida se transcribe: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de 2020 al 7 de agosto de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por lo anterior, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: La omisión de la autoridad responsable Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para el Estado, con sede en Mexicali, de realizar dentro del Sistema Penitenciario (expediente administrativo), el descuento de la prisión preventiva de la pena impuesta al quejoso en la causa penal 151/2015, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, conforme a lo ordenado por el Juez de Control Especializado en Ejecución, con residencia en Ciudad de México. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con residencia en Mexicali, Baja California ?en su denominación correcta?, ya que así lo manifestó de manera categórica al rendir su informe justificado, al referir que no tenía facultades para realizar el acto cuya omisión se le reclama; sin que la parte quejosa hiciera manifestación al respecto o aportara alguna prueba para desvirtuar dicha negativa, no obstante que en su momento se impuso del contenido de dicho informe. En la inteligencia que lo informado por la autoridad responsable, se corrobora con lo establecido en el artículo 64, fracciones IV, VI y XI, del Reglamento Interno de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 64. La Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales estará a cargo de un Director, quien será auxiliado por las unidades administrativas referidas en el artículo 23, fracción III, Apartado A, del presente Reglamento, y tendrá a su cargo el ejercicio de las atribuciones siguientes: (.) IV. Cumplir y dar seguimiento a la ejecución de las sentencias que imponga o modifique el órgano jurisdiccional del orden común, respecto de las personas sentenciadas privadas de la libertad, así como las resoluciones emitidas por el Juez de Ejecución; (.) VI. Aplicar la normatividad vigente respecto a la ejecución de penas y medidas judiciales en los Centros Penitenciarios en el Estado y demás establecimientos que determinen las disposiciones aplicables; (.) XI. Vigilar que el régimen de cumplimiento de ejecución de la pena impuesta a las personas privadas de la libertad sentenciadas, sea conforme a la normatividad aplicable, tomando en conslderaeo6n el contenido de la ley, la sentencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos." (Lo resaltado es propio). Porciones normativas de las que se desprende, en lo que interesa, que a la autoridad responsable Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con residencia en Mexicali, Baja California, únicamente le compete cumplir y dar seguimiento a la ejecución de las sentencias que imponga o modifique el órgano jurisdiccional del fuero común, respecto de las personas sentenciadas privadas de la libertad, así como las resoluciones emitidas por el Juez de Ejecución. De manera que, es dable colegir que a la aquí responsable no le corresponde dar seguimiento al procedimiento de ejecución derivado de la causa penal de origen, ya que ésta fue del conocimiento de un órgano jurisdiccional del orden federal (Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali), que le dio trámite hasta la etapa correspondiente al dictado de la ejecutoria de segunda instancia, siendo que ahora la Juez Quinto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, es la autoridad jurisdiccional que conoce de la etapa de ejecución de penas, bajo el expediente S.I.P.E. 2192/2017-V, de su índice. Por lo que, ante tales circunstancias, es evidente que a la autoridad responsable no le compete realizar algún descuento de la pena de prisión que se le hubiere impuesto al directamente agraviado en la causa penal natural, cuya omisión se le reclama en esta vía constitucional. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, cuyo rubro establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." De igual manera, apoya lo anterior la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto atribuido a la autoridad responsable, sin que la parte quejosa ofreciera prueba idónea ni suficiente para desvirtuar dicha negativa, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto a dicho acto, por actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 897/2021-B, promovido por José Israel Aguilar Medina, por su propio derecho, contra los actos reclamados a la autoridad responsable indicada en el considerando tercero, y por las razones expuestas en esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese; y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión y a sus asesores jurídicos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de julio de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, la Secretaria Encargada del Despacho únicamente se encuentra facultada para dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con diez minutos del veintiocho de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Ahora, ya que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al Actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso a través de los medios electrónicos establecidos en el Acuerdo General 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del mencionado proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a sus asesores jurídicos.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano