José Isaías Sánchez García

Expediente 648/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
648/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • José Isaías Sánchez García

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada interpusiera el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), sin que lo realizara; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal es destruible, ya que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción III y 34, ambos del Acuerdo General antes mencionado. Háganse las anotaciones respectivas, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación oficial 194/2023 proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, formada con motivo de la recepción de la diversa comunicación oficial 220/2023, exhorto 212/2023 del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso expedir el acuse de recibo correspondiente, ya que el propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo genera de forma automática. En ese contexto, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, que el quejoso José Isaías Sánchez García, fue notificado del proveído de nueve de junio del año en curso, el veintiuno de junio posterior; por tanto, dese de baja la comunicación oficial antes descrita y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a nueve de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 648/2023-G. Se desecha la demanda de amparo. Es preciso apuntar que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, se advierte que se actualiza la hipótesis normativa prevista por el artículo 113, por materializarse la causal de improcedencia que señala el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 6º, todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda intentada, por las razones que a continuación se indican. En efecto, el ordinal 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el diverso 61, fracción XXIII, de la legislación en comento, enuncia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, el artículo 6º de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquiera persona en los casos que esta ley lo permita." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo indirecto se sigue a instancia de parte agraviada; es decir, a solicitud de aquella persona física o moral que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; solicitud que podrá realizar por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la citada ley. En efecto, para promover el juicio de amparo, el quejoso debe presentar por escrito su voluntad de excitar a los órganos jurisdiccionales encargados de llevar a cabo el control de constitucionalidad de los actos que señala como reclamados, bien por la vía ordinaría o por la vía electrónica, en cuyo caso deberá plasmar su voluntad a través de la firma autógrafa de la persona que suscriba el escrito de demanda de amparo (quejoso, representante legal, apoderado o cualquier persona en los casos especialmente previstos); o bien, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), documento de identidad que produce los mismos efectos que la referida firma autógrafa. Todo lo anterior, conduce a este órgano jurisdiccional a concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando no obra en el escrito de demanda -ordinario o electrónico- la manifestación expresa del quejoso que permita advertir que es su voluntad promover la acción constitucional, en términos de los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la ley de la materia. Ahora, es menester precisar que la posibilidad de promover por vía electrónica el juicio de amparo no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL, con los mismos efectos jurídicos que las firmas autógrafas. En el caso concreto, del escrito de cuenta -presentado en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California-, se advierte que el promovente es José Isaías Sánchez García; sin embargo, la demanda presentada carece de firma autógrafa de dicho quejoso, por lo cual no es posible constatar su voluntad de promover el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que si bien obra un signo gráfico que podría interpretarse como la firma del referido quejoso, como se obtiene de la certificación de cuenta, en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el diverso juicio 646/2023, promovido por Jacinto Demetrio Ríos Ortiz, el cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Del referido juicio, se advierte que la demanda respectiva fue firmada por el nombrado Jacinto Demetrio Ríos Ortiz y por el licenciado Roberto Castro Jáuregui; asimismo, que la firma estampada a nombre de dicho profesionista coincide con el signo gráfico que obra en la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Lo anterior, también se concatena con la copia simple de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Roberto Castro Jáuregui, que se anexó al escrito inicial de demanda, de la que se advierte una firma similar a la estampada en la demanda de cuenta; medios de convicción que concatenados entre sí, son suficientes para establecer que el signo gráfico que calza el escrito inicial de demanda corresponde a la persona que en su caso fungiría como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y no del directo agraviado. Sin que de la lectura íntegra de la demanda, se advierta alguna imposibilidad por parte del quejoso para estampar su firma y tampoco se tenga la certeza de que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, dicho profesionista, siga fungiendo como su defensor en el proceso penal de origen, al no existir manifestación en ese sentido. Por tanto, se toma en consideración que, si el ejercicio de la acción de amparo por escrito exige que la demanda sea suscrita -con firma autógrafa- directamente por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo; resulta válido concluir que la demanda de amparo requiere estar firmada por el propio quejoso o por quien legalmente lo represente, siempre que así se manifieste, sin que pueda ser sustituida por un documento en copia simple, pues no se tiene la certeza de que haya voluntad del quejoso para promover la demanda, de ahí que no se satisface uno de los principios elementales del juicio de amparo, como es el demostrar el agravio contra el acto de autoridad por el que se acude al juicio constitucional, ni tampoco puede presumirse que existe voluntad del quejoso de interponer la acción de amparo, por lo que ante este supuesto el Juez de amparo está facultado para desechar de plano la demanda de amparo, máxime que no está en los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo que permiten subsanar requisitos secundarios de la presentación de la demanda. Por tanto, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el solicitante de la protección federal, ya que la falta de su firma en la demanda que se atiende, no puede considerarse como una irregularidad de la misma en los términos previstos por el numeral 114 de la ley de la materia, pues si el escrito no colma esa exigencia, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Sirve de apoyo la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 241, enero-junio de 1988, tomo I, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el Juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que en un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza, por consiguiente en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." De esa manera, como se precisó en párrafos anteriores, debido a que la demanda de amparo no contiene la firma autógrafa de la parte quejosa, es indudable que no existe evidencia de su expresión para promover el presente juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3° y 6° del mismo ordenamiento legal y del diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, lo procedente es desecharla de plano. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 314, octubre de 1992, tomo X, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA." Así como la tesis XVII.7 K (10a.) del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2154, libro 18, mayo de 2015, tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, titulada: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J. 32/2011 (10a.)]." Domicilio y autorizados. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Castro Jáuregui, ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, en virtud que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los diversos artículos 26, fracción I, inciso c), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 289 y 298 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y 138, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a quien corresponda, se constituya en el domicilio ubicado en avenida La Coruña, número 1700, Conjunto Urbano Esperanza, en Mexicali, Baja California, y: Notifique personalmente la presente determinación judicial al quejoso José Isaías Sánchez García, por conducto de su autorizado. Lo requiera para efecto que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y, Lo aperciba que de no hacerlo, las notificaciones que surjan dentro del procedimiento incluso las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de éste juzgado; lo anterior, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se solicita atentamente al Juez exhortado para que, de considerarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano