José Ismael Vázquez Martínez

Expediente 495/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
495/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • José Ismael Vázquez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró firme el proveído en el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido y se clasificó como destruible. Sin embargo, en acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se proveyó respecto de la suspensión de plano solicitada, la cual fue concedida. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que refiere: "[.] 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano. Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables"." Se modifica el destino del presente expediente y se determina que el mismo es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Finalmente, atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Oficial del Registro Civil 01 de esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de trece de octubre del año en curso, remite copia certificada del acta de defunción de *******************. Ahora bien, del estado que guardan los autos, así como de la revisión de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte: Que no existe alguna de la que se desprenda que el directo quejoso *********************, haya ratificado la demanda de amparo presentada a su favor por ***************. Que el acto reclamado en este asunto consistió esencialmente en la incomunicación, tortura, tratos crueles e inhumanos, así como la privación de la libertad fuera de procedimiento. Que de manera inmediata, a la presentación de la demanda, esto es, en los primeros minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se acordó la suspensión de plano respecto de los actos relativos a la incomunicación, tortura, tratos crueles e inhumanos, y la suspensión provisional en torno a la privación de la libertad fuera de procedimiento. Se requirió a las autoridades implicadas al cumplimiento de la suspensión, y se ordenó al actuario adscrito para que de inmediato lo notificara a las autoridades responsables para que se acatara la misma, así como a la parte actora para conocimiento; y, A fin de que se constituyera en el domicilio de las responsables o en diverso lugar en el cual le informaran, que pudiera estar el directo quejoso, siempre y cuando fuera jurisdicción de este juzgado, a efecto de que le requiera que en el acto de la notificación o por escrito, dentro de los tres días siguientes, manifestara por sí o por medio de su representante si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su favor, apercibido que de no hacerlo se tendría por no presentada, con fundamento en el precitado numeral 15 de la ley reglamentaria, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado, sin que le haya sido posible localizar al directo quejoso en los lugares buscados. Que mediante proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se requirió a la promovente del amparo, para que en el término de tres días legalmente computado, informara si tenía noticia en torno a la localización del directo quejoso ****************, o si contaba con algún dato novedoso que sirviera para dicho fin, a efecto de que este órgano jurisdiccional estuviera en posibilidad de proveer lo conducente; bajo apercibimiento de que de no hacerlo en el término otorgado, se procedería conforme a lo que en derecho corresponda. Después de realizar diversas gestiones a fin de obtener todos los informes de las autoridades responsables en relación a la suspensión de plano, el cuatro de noviembre de dos mil veinte, y que pese a las medidas tomadas en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, no se logró la comparecencia del directo quejoso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso de veinticinco de septiembre del mismo año, por lo que de conformidad con el numeral 15, párrafos cuarto y quinto, de la ley de la materia, se ordenó la suspensión del procedimiento en el presente juicio constitucional y dar vista al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para el ejercicio legal de sus funciones. Ahora bien, precisado lo anterior, se destaca que en el juicio del que se trata este Juzgado de Distrito sí actuó con la premura que el asunto ameritaba, dado que se ordenó la suspensión de plano actos relativos a la incomunicación, tortura, tratos crueles e inhumanos de *******************, con motivo de la detención llevada a cabo fuera de procedimiento judicial, a fin de que de inmediato cesara su ejecución; también se dictaron las medidas y diligencias necesarias para dar conocimiento y hacer cumplir el mandato suspensional de plano, como ya se precisó en supralíneas, en auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, y diligencias del mismo día. De igual forma, tomando en consideración que en la demanda de amparo se reclamaron actos que pudieran ser constitutivos de tortura y que se atribuyeron a las autoridades responsables. Y que al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos en revisión 4530/2014, 4578/2014, 5880/2014 y 3669/2014, 1088/2015 y 2744/2015, ha desarrollado la doctrina constitucional respecto de las obligaciones de las autoridades cuando reciben una denuncia de tortura o advierten la existencia de la misma. Estableció que la tortura debe ser investigada y considerada en su doble vertiente: como delito y como violación de derechos humanos con trascendencia en el proceso penal instaurado contra la persona que asegura haberla padecido. En consecuencia, mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; I, II y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como 1, 13, 27 a 29 y 34 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, con copia certificada del presente expediente, se ordenó dar vista al Ministerio Público del fuero común correspondiente, a fin de que iniciara una investigación de manera independiente, imparcial y minuciosa, para determinar si existe o no algún delito que perseguir. Con motivo de lo anterior: El veintiuno de mayo del año en curso, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, con residencia en esta ciudad, informando que el diecisiete del mismo mes y año, dio inicio a la carpeta de investigación número 50711/2021, con el fin de llevar a cabo el esclarecimiento de posibles hechos delictuosos. Mediante proveído de veinticinco de junio del año en curso, el Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, informó que la carpeta de investigación número 50711/2021, se acumuló a la diversa 88433/2020, radicada en la Agencia V de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional "C", de esta ciudad, al enterarse que existía una persona de nombre *******************, en carácter de fallecido, motivo por el cuál se solicitó a ésta última informara lo relativo a dicha carpeta. Seguidos diversos trámites legales, mediante proveído de trece de octubre del año que transcurre, se tuvo a la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Región "C", con residencia en esta ciudad, entre otras cosas, remitiendo copia certificada del certificado de defunción del directo quejoso *******************, por lo que se solicitó al Registro Civil de esta ciudad, el acta de defunción correspondiente. En oficio recibido en esta data, se tuvo al Oficial del Registro Civil 01 de esta ciudad, remitiendo el acta de defunción del directo quejoso ******************. En esta tesitura, de lo anterior se desprende que, por circunstancias ajenas al alcance de este órgano de control constitucional, se tuvo conocimiento que el directo quejoso había fallecido, por lo que, como ya se plasmó, al tenor de ello se requirió al Registro Civil de esta ciudad, a fin de que remitiera la información que tuviera en sus registros relativo al directo quejoso, incluso de ser el caso, el acta de defunción del mismo. Entonces, es inconcuso que este Juzgado Federal actuó acorde a la ley de la materia, sin que se obtuviera la ratificación de la demanda toda vez que el directo quejoso falleció desde las dieciocho horas del veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; es por ello que, ante dicha circunstancia se tiene por no interpuesta la demanda que promovida ************, a favor de quien en vida respondía a nombre de *****************.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Región "C", con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de seis de octubre del año en curso, remite copia certificada del certificado de defunción del directo quejoso *****************, así como diversas constancias relativas a la carpeta de investigación 88433/2020 de su índice. Dado lo voluminoso de las constancias remitidas por el oficiante, se ordena formar un tomo de prueba, para el mejor manejo del expediente. En ese sentido, en con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese oficio al Director General del Registro Civil, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, remita copia certificada del acta de defunción de ****************, o bien, manifieste el impedimento legal que tuviere, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido, se le podrá imponer una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo.

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