José Isabel Ruiz Almanza
Expediente 800/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Isabel Ruiz Almanza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que acompaña la ejecutoria de veintiuno de noviembre del año en curso, en la que se consignan los puntos resolutivos siguientes: ".ÚNICO.- Es infundado el presente recurso de queja." Acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio remitido vía en línea por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra del proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por **********, con el carácter que tiene reconocido en autos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de tres de octubre del año en curso, así como señalando las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el referido medio de impugnación. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con su respectiva notificación, así como de las constancias señaladas por la parte quejosa y las que se estimen pertinentes para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito el de tres de octubre de dos mil dieciocho, determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.
- Principal
Agréguense en autos los escritos signados por **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en proveído de veintiséis de septiembre pasado; en ese sentido, se acuerda: En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los rohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, algún juicio, o los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los juicios o recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los juicios o recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Bajo las consideraciones anteriores, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: El auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato, en el juicio ordinario civil *****************, mediante el cual, entre otras cosas, determinó no proveer de conformidad la solicitud del aquí promovente, ello en virtud de que la ejecución de sentencia no puede ir más allá de disposiciones de orden público; además, de surtirse la hipótesis del numeral 20 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad. El auto de seis de septiembre pasado, emitido en el citado controvertido, mediante el cual, se determinó no acordar de conformidad lo solicitado toda vez que su petición de veintinueve de agosto hogaño, se atendió en providencia de treinta y uno de agosto pasado. De lo anterior se infiere que la parte quejosa se duele en esencia del proveído de treinta y uno de agosto pasado, así como el auto de seis de los actuales, emitidas en el juicio ordinario civil 27/2017 del índice del Juzgado Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato, mediante los cuales, entre otras cosas, se determinó no proveer de conformidad lo solicitado por el promovente del amparo, en etapa de ejecución de sentencia. A este respecto, es menester traer a colación lo dispuesto por los artículos 236 y 264 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, estatuyen: "Artículo 236. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados. Artículo 264. La denegada apelación procede cuando se declara inadmisible la apelación por el inferior." De la lectura de los preceptos legales transcritos, se desprende que la legislación en comento otorga a los gobernados un medio de impugnación ordinario, como lo es el recurso de apelación, para que la Superioridad confirme, revoque o modifique la sentencia o el acto dictado en la primera instancia. Y, para el supuesto de que se declare inadmisible el recurso de apelación por el Tribunal inferior, procederá en su contra la denegada apelación. Bajo esas premisas, se concluye que si la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando el proveído de treinta y uno de agosto pasado, así como el auto de seis de los actuales, emitidas en el juicio ordinario civil 27/2017 del índice del Juzgado Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato, mediante los cuales, entre otras cosas, se determinó no proveer de conformidad lo solicitado por el promovente del amparo, en etapa de ejecución de sentencia; es incuestionable que, previo a instar este juicio de amparo, era menester que agotará el medio ordinario legal de defensa que prevé el citado código procesal de la entidad, para así cumplir con el aludido principio de definitividad; es decir, la apelación. Por tanto, es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. De ahí que, al no haber cumplido con dicho principio rector del juicio constitucional, se materializa la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del invocado dispositivo 63 de la ley reglamentaria. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada a foja 1100, Tomo VIII de Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Además debe ponerse de relieve que sobre los actos que se combaten no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento, ya que como se dijo, es parte actora en el contencioso de origen. Por ello, se insiste que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -apelación- para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 4°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
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