Jose Isabel Cortes Gongora

Expediente 851/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
851/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
10/08/2018

Partes del expediente

  • Jose Isabel Cortes Gongora

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió del tres al nueve de agosto en curso. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por José Isabel Cortés Góngora, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Progreso, Yucatán, en contra del acto que reclama del Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 851/2018-II-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, la parte quejosa reclama: La omisión de dar respuesta a la solicitud que realizó mediante el oficio TRANS/0479/2017, presentado el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, con el que solicitó el cumplimiento al convenio de coordinación y colaboración en materia de transporte público que celebró con el Gobernador del Estado de Yucatán, el veintidós de enero de dos mil dieciséis, específicamente a lo estipulado en la cláusula cuarta del mismo. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 7° del mismo ordenamiento, dado que la promovente del juicio de amparo carece de legitimación para ocurrir al juicio constitucional, pues no lo hace como persona moral de derecho privado (en defensa de intereses patrimoniales), sino como persona moral oficial. En efecto, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) Cuando aquél obra como persona moral de derecho privado (equiparándose); y, b) Se trate de actos que afecten su patrimonio. Por tanto, sólo en este supuesto es bajo el cual pueden ser protegidas en amparo las personas morales oficiales, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción. La primera, establece que el Estado (poder público), no goza de derechos humanos, y en consecuencia, no se encuentra en posibilidad de promover el juicio constitucional. La excepción, cuando actúa como si fuera particular desde una proyección de derecho privado en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir al juicio de amparo, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichas corporaciones (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones), excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. En la especie, de acuerdo con la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el Presidente Municipal del Ayuntamiento quejoso, reclama la omisión de dar respuesta al oficio que presentó el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, con el que requirió al Secretario de Administración y Finanzas, el cumplimiento al convenio de coordinación y colaboración en materia de transporte público que celebró con el Ejecutivo del Estado, por su conducto; estimando que con ello se transgrede en su perjuicio el derecho fundamental de petición. En este orden de ideas, es claro que en su calidad de persona moral oficial, no puede promover juicio de amparo, porque, como ya se dijo, no es titular de derechos fundamentales, ni se está en el caso de excepción aludido, por cuanto que de los autos en consulta no se advierte que actúe como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales. En otras palabras, la circunstancia de que dicho organismo haya formulado una petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa, no se traduce en que deba gozar de los mismos derechos que un particular, dado que no es posible que la autoridad se despoje motu proprio de su investidura. Admitir lo contrario sería tanto como desnaturalizar el juicio de amparo para convertirlo en una mera instancia dentro de una cuestión administrativa, lo cual no es jurídicamente factible. Eso es así, porque la persona moral oficial no deja de actuar como autoridad en ejercicio del poder público que le fue dotado, y por ende, el juicio de amparo que promueva es improcedente, por no ajustarse al supuesto previsto en el artículo 7° de la Ley de Amparo. De ahí que resulta jurídicamente inaceptable que el AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN, por conducto de su Presidente Municipal, promueva el presente juicio amparo indirecto contra los actos que reclama, pues éstos derivan de su actuar como autoridad, lo que conduce a considerar que carece de legitimación para impugnar a través del juicio constitucional la omisión de dar respuesta a la petición de mérito. Ello, pues no sería dable concederle la protección de la Justicia Federal, dado que la Secretaría de Administración y Finanzas actúa también como un órgano del Estado; por consiguiente, no puede llegarse al extremo de establecer una contienda entre los mismos sujetos de poder, pues ello va contra la naturaleza del juicio de amparo, puesto que, como se dijo, la parte quejosa ocurre como persona moral oficial de derecho público y no como persona asemejada a una de derecho privado. Apoya la anterior consideración, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, localizable en la página dos mil cuatrocientos setenta y cinco, Libro 3, febrero de dos mil catorce, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2005501, de rubro y texto: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTEPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del análisis comparativo de los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa. Así, conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado (equiparándose); y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ése es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción. La primera, que el Estado (poder público), no goza de garantías individuales y, por lo mismo, no podía promover juicio de amparo. La excepción, cuando actúa como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir al amparo, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichas corporaciones (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones), excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. En cada caso, el órgano de amparo debe verificar que se cumplan tales requisitos para estimar procedente el juicio constitucional y, de ahí, estar en condiciones de examinar la constitucionalidad del acto de que se trate, al ser presupuesto de orden público. Por ende, existe compatibilidad con las jurisprudencias referentes al tema, integradas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, el cual dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa, ya que en tal tema no son opuestas a los principios y situaciones abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, a contrario sentido, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por OSCAR ANTONIO MORALES DÍAZ y ANABEL CABANZO PECH, contra el acto que reclaman de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda, y como sus autorizados a las personas que menciona en el mismo en los términos que señala. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Además, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase. SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LAY DE AMPARO.

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