José Isaac Kantun Koyoc

Expediente 1455/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1455/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • José Isaac Kantun Koyoc

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, con el cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de diecisiete de noviembre del año en curso. Ahora bien, visto el anexo del oficio de cuenta, se advierte que la responsable no cumple adecuadamente con la prevención que se le realizó. Lo anterior, en razón de que con el oficio de cuenta adjuntó el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, el cual es el mismo que ya había remitido a este Juzgado Federal; en el cual, si bien, ordenó agregar los tres escritos presentados por el quejoso, sólo acordó sobre el contenido de uno de ellos, que es el de siete de julio del presente año, sin que se pronunciara sobre las peticiones contenidas en los dos restantes de veinticinco de abril y veintitrés de mayo, ambos de este año (se reitera, sólo ordenó agregarlos); tal como se le hizo notar en el auto de dieciocho de noviembre en curso. En consecuencia, se requiere, nuevamente a la autoridad responsable en cita, a efecto de que en el plazo de TRES DÍAS, remita el acuerdo con el cual acredite que dio debida contestación a las solicitudes formuladas por el amparista en los citados ocursos de veinticinco de abril y veintitrés de mayo del año en curso; o debiendo remitir las constancias en copia certificada con las cuales acredite el sentido de su informe; lo anterior para estar en aptitud de resolver adecuadamente el presente juicio. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 259 y 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su informe justificado, adjuntó las constancias relacionadas con los actos reclamados, de las cuales se advierte que en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, si bien, ordenó agregar los tres escritos presentados por el quejoso, sólo acordó sobre el contenido de uno de ellos, que es el de siete de julio del presente año, sin que se pronunciara sobre las peticiones contenidas en los restantes de veinticinco de abril y veintitrés de mayo, ambos de este año. En consecuencia, se requiere a la autoridad responsable en cita a efecto de que en el plazo de TRES DÍAS, remita el acuerdo con el cual acredite que dio debida contestación a las solicitudes formuladas por el amparista en los ocursos de veinticinco de abril y veintitrés de mayo del año en curso, o bien, manifieste lo que considere pertinente al respecto; debiendo remitir las constancias en copia certificada con las cuales acredite su dicho; lo anterior para estar en aptitud de resolver adecuadamente el presente juicio. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 259 y 237, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día veinte de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.

  4. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado en esa propia fecha a este Juzgado Segundo de Distrito, comparecieron Juan Jesús Cab Nah y José Martiniano Cab Nah o José Martimiano Cab Nah, por conducto de su defensor José Rangel Falcón Salazar, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos emitidos por el Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Tekax, Yucatán y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, previa su aclaración, se admitió a trámite la demanda, la que quedó previamente registrada con el número 1834/2022-VIII-B; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, se ordenó emplazar a los terceros interesados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgador, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 36, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la quejosa reclama de las autoridades responsables, fundamentalmente, lo siguiente: A) Del Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: La aprobación del Código Penal del Estado de Yucatán, de donde emana el artículo 378 del cual se reclama su inconstitucionalidad. B) Del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: La promulgación del Código Penal del Estado de Yucatán, de donde emana del artículo 378 el cual se reclama su inconstitucionalidad. C) Del Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Pernal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, Yucatán: La resolución judicial de once de julio de dos mil veintidós, es decir el auto de vinculación a proceso y la aplicación del Artículo 378 del Código Penal del Estado de Yucatán, del cual se reclama su inconstitucionalidad. D) Del Director del Centro de Reinserción Social de Tekax, Yucatán: La ejecución de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada derivada del auto de vinculación a proceso de fecha once de julio de dos mil veintidós, relativo a la causa penal 44/2022, dictada por el Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Pernal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, Yucatán. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado de Yucatán (promoción 20472) y Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán (promoción 20272), consistentes en la aprobación y promulgación del Código Penal del Estado de Yucatán, de donde emana el artículo 378 el cual se reclama su inconstitucionalidad. Máxime, que respecto de la disposición normativa que se reclama, no es necesario acreditar su existencia, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, con número de registro 191452, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con residencia en Tekax, Yucatán, pues así lo reconocieron al emitir sus informes justificados. Lo anterior se corrobora con las constancias que integran el expediente de la causa penal 44/2022,remitidas por la autoridad responsable, así como con la copia de audio y video de las audiencias celebradas en dicha causa, en apoyo a su informe justificado, las que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que constituyen documentales públicas, además que respecto a la segunda se trata de una videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que contiene. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTA. Estudio de las causas de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la citada ley. Los invocados preceptos, precisan en su contenido: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Así, un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución, dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Se cita al caso, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, con registro 199808, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En relación a lo anterior, se tiene que de las constancias que integran este sumario constitucional, se aprecia lo siguiente: 1. Mediante audiencia de seis de julio de dos mil veintidós, emitida en la causa penal 44/2022, del índice de la responsable se vinculó a proceso a los aquí quejosos Juan Jesús Cab Nah y José Martiniano Cab Nah o José Martimiano Cab Nah por su posible intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa (3). 2. Mediante oficio 1684/2023 de uno de septiembre de dos mil veintitrés, recibido el once siguiente, el Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Tekax de Álvaro Obregón, Yucatán -posterior a la audiencia constitucional celebrada- hizo del conocimiento de este juzgado que los directos quejosos Juan Jesús Cab Nah y José Martiniano Cab Nah o José Martimiano Cab Nah, se acogieron al procedimiento especial abreviado (promoción 14470). 3. Del citado oficio, se aprecia que en audiencia de quince de mayo de dos mil veintitrés, resultó procedente el procedimiento abreviado solicitado por las partes y el Fiscal de Litigación de la Fiscalía General del Estado que interviene en el proceso penal de origen, y por resolución de esa propia fecha, se emitió sentencia condenatoria en la que se resolvió sobre su responsabilidad penal por la comisión de los delitos de lesiones calificadas (3), imponiendo las penas correspondientes, la suspensión de sus derechos civiles y políticos. En consecuencia, si bien es cierto que la parte quejosa reclamó la violación de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, los propios quejosos se conformaron con la prosecución del procedimiento abreviado, renunciando expresa y voluntariamente a la interposición de los recursos que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que originó se dictara la sentencia definitiva, la cual se declaró firme atento a dichas renuncias. Bajo esa circunstancia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de la materia, al existir un cambio en la situación jurídica de los peticionarios del amparo, quien ahora se encuentran sujetos a la condena impuesta en la resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés. De modo que el auto de vinculación a proceso que constituyó el acto reclamado ya no puede ser analizado, pues de cierto modo ha quedado sustituido con la sentencia de quince de mayo de dos mil veintitrés. Resulta aplicable el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 1279, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2000902, que menciona: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hicieron valer los quejosos en su demanda de amparo. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo, respecto de la norma combatida, cuya aprobación y promulgación se reclama, del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Yucatán; lo anterior, en razón de que no debe desvincularse su estudio del que debe realizarse respecto del acto de su aplicación. Aplica al caso concreto la tesis correspondiente a la Séptima Época, con registro 232028, sustentada por el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 217-228, Primera Parte, en materia Constitucional, página: 27, cuyo rubro y texto disponen: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya" QUINTA. Protección de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Jesús Cab Nah y José Martiniano Cab Nah o José Martimiano Cab Nah, en relación con el acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos señalados en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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