José Inés García Jiménez

Expediente 700/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
700/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
03/10/2017

Partes del expediente

  • José Inés García Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El tres de octubre de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del dieciocho al veintinueve de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el once de septiembre pasado, dentro del juicio de amparo número 700/2017-7; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No existen constancias que devolver a la autoridad señalada como responsable. No se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta al juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia de once de septiembre pasado dictada por este juzgado; en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. cecy*

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 700/2017, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa asistida del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; declara abierta la diligencia, sin la asistencia de las partes, ni representante legal de éstas. Abierta la audiencia, el secretario da cuenta con el pedimento registrado bajo el número 12209 signado por la representante social de la adscripción por medio del cual formula alegatos. A lo que la juez provee: Agréguense a los autos el pedimento de cuenta y tómese en consideración en el momento procesal oportuno; por cuanto hace a la solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente juicio, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa dicha copia. Enseguida, el secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, la juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, por conducto de su presidenta (foja 14); y, emplazado el tercer interesado Compañía Minera Sabinas, Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 13). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta, con las documentales adjuntadas por la junta responsable a su informe con justificación, relativas a las copias certificadas del auto de veintiuno de febrero de la presente anualidad, del escrito presentado ante ella el quince de marzo de dos mil diecisiete, de la notificación personal realizada a la apoderada legal del actor de cuatro de agosto del año en curso y del cierre de instrucción de diecisiete de agosto, relativos al expediente laboral 533/2014 (fojas 16 y 20). Al respecto, la juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene desahogada de acuerdo a su propia y especial naturaleza la prueba señalada. En el período de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la agente del Ministerio Público de la adscripción. La juez determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para vertilos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 700/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el estado de Zacatecas, José Inés García Jiménez demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Junta Especial Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 533/2014. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos en referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de dos de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 533/2014, promovido por José Inés García Jiménez contra la Compañía Minera Sabinas, Sociedad Anónima de Capital Variable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Presidenta de la Junta Especial Cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas aceptó la existencia del acto reclamado, pues al rendir el informe con justificación aceptó que aún no ha dictado el laudo en el juicio de origen (fojas 14 y 15). Lo anterior se corrobora con las documentales que anexó al referido informe, consistente en las copias certificadas del auto de veintiuno de febrero de la presente anualidad, del escrito presentado ante ella el quince de marzo de dos mil diecisiete, de la notificación personal realizada a la apoderada legal del actor de cuatro de agosto del año en curso y del cierre de instrucción de diecisiete de agosto de la presente anualidad, relativos al expediente laboral 533/2014 (fojas 16 a 20); las que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: El veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (foja 16), la junta responsable dio el término de tres días a las partes a fin de que manifestaran su conformidad en relación con la certificación asentada en el sentido de que no había pruebas pendientes por desahogar dentro del expediente laboral 533/2014; así como para que promovieran los alegatos de la parte que representan. Por escrito presentado ante la autoridad responsable el quince de marzo de dos mil diecisiete, el apoderado legal de la Compañía Minera Sabinas, Sociedad Anónima de Capital Variable, formuló alegatos en favor de su representada (foja 17). El cuatro de agosto de la presente anualidad, se realizó notificación personal a la apoderada legal del actor (aquí quejoso), del auto de veintiuno de febrero de la anualidad en curso (foja 19). El diecisiete de agosto del actual, se declaró cerrada la instrucción en el juicio natural y se ordenó turnar los autos para que se formulara el proyecto de laudo. La omisión de dictar el laudo en el expediente de origen constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Reproducción innecesaria de conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. El quejoso argumenta medularmente que la autoridad responsable vulnera los artículos 885, 886, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que no ha dictado el laudo en el juicio natural, lo que ocasiona el retraso en la administración de justicia. El concepto de violación resulta infundado, como se argumentará a continuación. La administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben de resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna por ello. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justica consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En concordancia con lo anterior, cuando se reclame en amparo la omisión del dictado del laudo, el análisis de la constitucionalidad de dicho acto, una vez que se cumplan los presupuestos para su emisión, no sólo debe atender a la dilación existente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, sino también al tiempo que transcurra durante el juicio constitucional, pues sostener lo contrario iría en contra del propio derecho fundamental involucrado (justicia pronta), sin que existiera una razón de mayor peso. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis XXVII.3o.19 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, agosto de 2015, Tomo III, página: 2407: "LAUDO. PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD EN LA OMISIÓN DE SU DICTADO NO SÓLO DEBE ATENDERSE A LA DILACIÓN EXISTENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SINO TAMBIÉN AL TIEMPO EN QUE SE PROLONGUE DURANTE DICHO JUICIO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios que integran el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, la cual debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita; la prontitud se traduce en la obligación de las autoridades jurisdiccionales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes de la materia; así, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consista en la omisión del dictado del laudo, el análisis de su constitucionalidad no sólo debe atender a la dilación existente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, sino también al tiempo que transcurra durante el juicio constitucional, pues es precisamente la expeditez en la impartición de justicia la que se reclama, y lo que hace susceptible de analizar la constitucionalidad de la omisión por el tiempo prolongado que subsista". Lo expuesto, teniendo como directriz interpretativa el artículo 1° constitucional, pues es la interpretación que protege en mayor medida el derecho a una justicia pronta, y es conforme con la garantía de seguridad jurídica, porque tiene como presupuesto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo en el juicio de origen exista la obligación de emitir el laudo. Por tanto, basta que al momento de la presentación de la demanda el juicio de origen se encuentre en estado de resolución para que pueda analizarse la constitucionalidad de la omisión reclamada, en relación con la dilación en la administración de justicia alegada. En ese contexto, los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". Del precepto anterior se deduce que la etapa de resolución de los juicios competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje inicia una vez que se cierra la instrucción, lo que acontece cuando son rendidos los alegatos de las partes o trascurre el plazo fijado para tal efecto. Así, declarada cerrada la instrucción, dentro del plazo de diez días, el auxiliar de la junta formulará el proyecto de laudo. Presentado dicho proyecto, dentro de los cinco días siguientes, cualquiera de los integrantes de la junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estimen necesarias para mejor proveer; en caso de ordenarse ese tipo de actuaciones, se señalará día y hora para para su desahogo, dentro de un lapso de ocho días; desahogadas las pruebas, se formulará un nuevo proyecto de laudo tomándolas en cuenta. Transcurrida la etapa anterior se citará para discusión y aprobación del laudo, dentro de los diez días siguientes. De tal suerte que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme con el derecho a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, deben tramitar y resolver los juicios laborales en los plazos y términos destacados. Luego, el cierre de instrucción es el presupuesto principal de la emisión del laudo en los juicios en comento, pues una vez concluida dicha etapa, como se expuso, el juicio se encuentra en estado de resolución, por lo que es congruente analizar la dilación en la substanciación de dicha etapa. En esta instancia constitucional, se reclama la omisión de la junta responsable de dictar el laudo en el juicio de origen. Al rendir su informe con justificación, la responsable citada aceptó la existencia del acto reclamado, pues afirmó que en dicho juicio aún no ha sido emitido el laudo correspondiente. En ese tenor, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, se advierte que en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado, hasta el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos para que se elaborara el proyecto de laudo respectivo. Lo expuesto implica que al momento de la presentación de la demanda de amparo (uno de agosto de dos mil diecisiete) aún no se actualizaba el presupuesto para la emisión del laudo materia del acto reclamado, pues no se había determinado el cierre de la instrucción. Por tanto, resulta evidente que en la fecha destacada, el juicio natural no se encontraba en estado de resolución. En consecuencia, a pesar de que no se ha emitido el laudo respectivo, al promoverse la presente instancia constitucional la omisión combatida se encontraba justificada, porque, se insiste, todavía no se declaraba cerrada la instrucción. Sin que sea posible analizar la dilación en la emisión de la declaración anterior, pues resulta ajena a la instancia constitucional, al haberse reclamado expresamente la omisión en el dictado del laudo del juicio de origen. Máxime que, en su caso, tal análisis únicamente conllevaría la obligación de que se dictara tal determinación, lo que ya aconteció en la especie. Tiene aplicación la tesis 2a.CV/2013 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Libro1, tomo I, Décima Época, diciembre de dos mil trece, página setecientos treinta y dos, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En esa línea, no es posible pronunciarse sobre la dilación acontecida a partir de que se emitió la declaración del cierre de instrucción en el juicio natural, dado que, se reitera, tal determinación no era existente al momento de la presentación de la demanda de amparo; luego, no sería congruente tomar en cuenta tal actuación, dado que implicaría vincular a la autoridad responsable respecto de lo actuado durante la tramitación del juicio de amparo, lo que crearía incertidumbre jurídica en relación con la litis constitucional. En consecuencia, al no haberse determinado el cierre de instrucción del juicio natural, la omisión reclamada resulta justificada, pues no se había emitido el presupuesto para que la autoridad responsable se encontrara obligada a emitir el laudo de origen. En conclusión, al ser infundado el concepto de violación y no advertirse alguna cuestión por la que proceda suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Inés García Jiménez contra el acto que reclamó de la Junta Especial Cincuenta y tres de la Federal de Conciliación de Arbitraje en el Estado de Zacatecas, consistente en la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 533/2014, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas certifica: Que se encuentran fijadas las diez horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Doy fe. El secretario. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veintitrés de los corrientes, se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado de la Magistrada Presidenta de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. A fin de dar oportunidad a que el quejoso y el tercero interesado se impongan del contenido del informe justificado de que se habla en el párrafo que antecede y dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del once de septiembre de dos mil diecisiete, para su verificativo. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  4. Principal

    El veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado con el folio 11373 y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obren como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de dicha autoridad, copia certificada del auto de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, escrito de alegatos y constancia de notificación y auto de diecisiete de agosto del propio año; las que dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la referida audiencia. Por otra parte, atendiendo a que el tercero interesado persona moral Compañía Minera Sabinas, sociedad anónima de capital variable, no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por tanto, se determina que mientras no lo haga, las subsecuentes que tengan el carácter personales, se le practiquen por medio de lista de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. Cecy*

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