José Humberto Muro Cortés

Expediente 260/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
260/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
10/06/2016

Partes del expediente

  • José Humberto Muro Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En diez de junio de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que del veintisiete de mayo al nueve de junio de dos mil dieciséis, transcurrió el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de mayo del presente año, en el juicio de amparo 260/2016-3.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diez de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis en la que se sobreseyó este juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y en el segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AYUNTAMIENTO TERCERO INTERESADO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.

  2. Principal

    VISTOS los autos relativos al juicio de amparo 260/2016-3, promovido por José Humberto Muro Cortés contra actos del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José Humberto Muro Cortés solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que enseguida se precisan. Autoridades responsables: Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Notificador Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. "IV. ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como responsables reclamo: El ilegal Mandamiento de Embargo de fecha 07 de Agosto de 2015 (sic). La ilegal Acta de Mandamiento de Embargo de fecha 21 de Octubre de 2015. La ilegal Acta de Embargo de fecha 21 de Octubre de 2015. Documento que solamente señala a un lado de un escudo: "ZACATECAS/GOBIERNO DEL ESTADO" "GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE INGRESOS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES", que maneja la misma fecha 21 de octubre de 2015". Preceptos constitucionales que se consideran violados. El quejoso señaló como garantías vulneradas las que tutelan los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El expediente se registró con el consecutivo 260/2016-3 que le correspondió; y previa aclaración de la demanda de amparo, mediante proveído de catorce de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor y las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en el mandamiento de embargo decretado en contra del quejoso dentro del expediente relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa CEAIP-PRA-62/2014; así como la ejecución de ese mandato. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez precisados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, visible en la página 95 del rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.2.1. Inexistencia. No son ciertos los actos que se reclaman a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, toda vez que en el informe justificado que rindió su presidenta lo negó expresamente (f. 93-99). Atendiendo a lo anterior, y dado que el impetrante no aportó prueba alguna para desvirtuar esas negativas, por ello, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto al acto de dichas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, y la tesis del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II.3. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y al Notificador Ejecutor adscrito a dicha dependencia, toda vez que así lo refirieron al rendir su respectivos informe justificado (f. 70-71 y 51-52); Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con las copias certificadas del expediente relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa CEAIP-PRA-62/2014, sustanciado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, las cuales revisten pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, de epígrafe y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". III. Improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, al ser cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 158 de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Pues bien, este resolutor advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, en razón de que se reclaman actos inmersos dentro de un procedimiento administrativo de ejecución los cuales no constituyen una resolución definitiva, sino únicamente el inicio de ese procedimiento; es decir, no son la última determinación dentro de la secuela ejecutiva del conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende la obtención -por vía coactiva- del crédito fiscal a cargo del deudor -quejoso-. Al respecto, los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso a), de la ley de la materia establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y ." De las precitadas porciones normativas se colige que el juicio de amparo procederá contra actos que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, aunque no sean emitidos por Tribunales administrativos, judiciales o del trabajo, siempre y cuando se trate de la última resolución y se podrán reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento que hayan dejado sin defensa a la parte inconforme. Ahora, importa acotar que el procedimiento administrativo de ejecución es la actividad administrativa que el Estado lleva a cabo para hacer efectivos los créditos fiscales determinados a su favor; facultad que también es conocida como económico coactiva. Para sustentar esta afirmación conviene tener presente lo dispuesto por los ordinales 132 a 141, 145, 151, 152, 160, 161, 173 a 176 y 193 a 200 del Código Fiscal Municipal del Estado de Zacatecas, que establecen lo siguiente: "Artículo 132. Cuando un crédito fiscal de cualquier naturaleza, no se pague en la fecha o en el plazo señalado en la ley, se hará efectivo por medio del procedimiento de ejecución señalado en este título; excepto aquellos adeudos provenientes de contratos o de concesiones en los que se haya estipulado de manera expresa, que los contratantes o concesionarios no quedan sujetos a dicho procedimiento. Artículo 133. El procedimiento administrativo de ejecución, se consignará por escrito levantándose una acta para cada diligencia, las que se harán constar unas a continuación de otras, debiendo ser firmadas por las personas que intervengan. Artículo 134. Los recargos, gastos de ejecución y cualesquiera otros créditos que se causen durante el procedimiento, se harán efectivos juntamente con el crédito inicial, sin necesidad de notificación, emplazamiento u otras formalidades especiales. Artículo 135. En el caso del artículo 132, la Tesorería Municipal, iniciará la ejecución administrativa expidiendo un mandamiento motivado y fundado, en el que ordenará que se requiera al deudor para que efectúe el pago en la caja de la misma oficina, dentro de los tres días siguientes al del requerimiento con el apercibimiento de que si no lo hiciere, se le embargarán bienes bastantes para cubrir el importe del crédito insoluto, así como los vencimientos y gastos de que trata el artículo 134. Artículo 136. El requerimiento se hará personalmente al deudor, si fuere encontrado en su domicilio; se le entregará copia del mandamiento de ejecución y se levantará acta pormenorizada de la diligencia, de la que también se entregará copia al deudor. Artículo 137. Si no se encontrare al deudor en la primera búsqueda, el ejecutor lo citará para una hora fija del día hábil siguiente, dejándole citatorio con la persona que se encuentre en el domicilio del deudor y si no lo hubiere, con el vecino más inmediato. Si no espera el deudor a la hora señalada, la diligencia de requerimiento se practicará en los términos del artículo 135 con cualquiera de las personas a que se refiere la parte final del párrafo anterior. Artículo 138. Cuando la autoridad fiscal, por cualquier motivo no haya localizado al deudor o a su representante legal, el requerimiento se hará por edictos en la forma señalada en el artículo 99 y surtirá efectos en los términos del artículo 100 de este Código. Artículo 139. Si durante la ejecución falleciera el deudor, las notificaciones se practicarán en el domicilio que deberá señalar el representante legal de la sucesión a la Tesorería Municipal, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su nombramiento. Si no hubiere representante de la sucesión o éste no señale domicilio, las notificaciones se harán por edictos en los términos del artículo anterior, cualquiera que sea el estado que guarde el procedimiento. Artículo 140. La autoridad fiscal podrá ordenar que se practique embargo precautorio en el acto mismo del requerimiento, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, siempre que hubiere peligro de que se ausente el deudor o de que enajene u oculte sus bienes. La orden para practicar este embargo, se incluirá en forma expresa en el mandamiento que ordene se haga el requerimiento. Si el deudor no paga las prestaciones que adeuda dentro de los tres días siguientes al del requerimiento, el embargo precautorio se convertirá en definitivo, sin necesidad de declaración expresa en este sentido. Artículo 141. Si en virtud del requerimiento el deudor cubre sus adeudos, la Tesorería Municipal otorgará el recibo oficial correspondiente y se dará por concluido el procedimiento. En el recibo se hará constar el importe del adeudo pagado y el monto de los gastos de ejecución. . Artículo 145. Vencido el plazo de tres días siguientes al del requerimiento hecho al deudor y sin que haya cubierto totalmente el crédito a su cargo, se procederá al embargo de bienes suficientes a cubrir el crédito conforme al procedimiento que se señala en los artículos siguientes: Igual procedimiento se seguirá en los casos de embargo precautorio de secuestro convencional. . Artículo 151. Quedan exceptuados de embargo: I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares. II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor. III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensables para el ejercicio de la profesión, arte y oficio a que se dedique el deudor. IV. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, en cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella están destinados. V. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las leyes. VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras. VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste. Artículo 152. El ejecutor trabará ejecución en bienes bastantes para cubrir los créditos fiscales, los recargos causados, los gastos de ejecución y los vencimientos futuros hasta por un año, poniendo todo lo secuestrado previo inventario e identificación bajo la guarda del o de los depositarios que fueren necesarios, que serán designados anticipadamente por la oficina exactora y si ésta no lo hubiere hecho por el ejecutor en el mismo acto de la diligencia. Cuando se trate de negociaciones comerciales, industriales o agrícolas, el ejecutor a su juicio podrá embargar mercancías, artículos manufacturados, productos o frutos de la negociación o bien un porcentaje de las ventas o ingresos diarios que no podrán exceder del 25%. Artículo 160. La Tesorería Municipal podrá embargar el inmueble propiedad del deudor, no obstante que esté embargado por otras autoridades, aun las del trabajo, esté sujeto a cédula hipotecaria, procedimiento de cobro o concurso. Artículo 161. El Tesorero Municipal bajo su responsabilidad, nombrará y removerá libremente a los depositarios quienes tendrán el carácter de simples depositarios en el embargo de bienes muebles, de administradores en los embargos de bienes raíces y de interventores encargados de la caja de las negociaciones comerciales, industriales, agrícolas y ganaderas. Sin embargo, la Tesorería Municipal podrá investir de facultades ilimitadas de administración a los depositarios de negociaciones comerciales, industriales, agrícolas y ganaderas embargadas cuando así convenga a los intereses fiscales. Artículo 173. Una vez que se tenga el avalúo de los bienes, se anunciará su venta por medio de convocatorias que se fijarán en el lugar más visibles de la Tesorería Municipal, por el término de tres días si fueren muebles, y de nueve si fueren inmuebles y se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación, cuando menos diez días antes de la fecha señalada para el remate. Artículo 174. El remate se convocará dentro de los treinta días siguientes a aquel en el que se determine el avalúo de los bienes embargados. Artículo 175. El remate se efectuará en subasta pública, la que se realizará en el local de la Tesorería Municipal, pudiéndose designar otro lugar para la subasta y ordenar que los bienes embargados se rematen en lotes y fracciones. Artículo 176. La Tesorería Municipal recabará certificado de gravámenes y notificará a los acreedores que aparezcan en el certificado, del procedimiento de ejecución para que deduzcan las acciones que les competan o bien concurran al remate y formulen las observaciones que estimen, las que serán resueltas por la Tesorería en el acto de la diligencia. Las notificaciones a los acreedores serán personales, salvo que se desconozca su domicilio, en cuyo caso la notificación se tendrá por hecha con la publicación de la convocatoria de remate. Artículo 193. Verificado el remate, la Tesorería remitirá el expediente al Ayuntamiento para su aprobación. Si el ejecutado no está conforme con el resultado del procedimiento administrativo de ejecución fiscal, hará valer lo que a sus derechos convenga ante dicha Presidencia Municipal, dentro del término que señala el artículo 210 fracción III como recurso que la Ley le concede para su defensa, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo de aprobación. Artículo 194. Los bienes rematados pasarán a ser propiedad del comprador libre de todo gravamen. A fin de que se cancelen los que reportare el Tesorero Municipal que finque el remate deberá comunicar al Registro Público de la Propiedad respectivo, la traslación de dominio efectuado respecto de los bienes que estén registrados. Los encargados del Registro Público de la Propiedad deberán inscribir los traslados de dominio de bienes que resulten de los remates celebrados por la Tesorería Municipal, cuando tal registro deba hacerse conforme a la Ley y procederán a hacer las cancelaciones de gravámenes que sean procedentes como consecuencia de la adjudicación. Artículo 195. Con el producto del remate se pagará el crédito fiscal consistente: I. En los gastos de ejecución; II. En los recargos causados y multas; III. En los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos que dieron lugar al embargo; IV. Los vencimientos ocurridos durante el procedimiento de ejecución. Artículo 196. Anexo al expediente y para los efectos de calificación y aprobación, la Tesorería Municipal remitirá una liquidación relativa al principal, intereses, recargos, gastos, viáticos, costas y demás anexidades legales que el adquiriente deberá pagar como requisito previo para obtener en su favor la adjudicación de los bienes rematados. Artículo 197. El Ayuntamiento dictará resolución a más tardar dentro de los quince días siguientes a la recepción del expediente. El remate sólo podrá ser revocado por vicios sustanciales en el procedimiento que se puntualizarán en la resolución; en este caso se tendrá por nulo lo actuado y se convocará a nuevo remate, ordenándose si fuera preciso la reposición total de las diligencias. Artículo 198. Aprobado el remate y cubierta por el adquirente la liquidación principal y anexidades legales, se expedirá al adjudicatario copia certificada del acta de remate y de la resolución del Ayuntamiento documentos que le servirán de título de propiedad cuando se trate de bienes muebles, y de título de propiedad provisional, mientras se otorga la escritura si se trata de bienes inmuebles. El costo de la escrituración y de cualquiera otro gasto que la adjudicación origine, serán por cuenta del comprador y así se hará constar en el acta de remate. Artículo 199. Se prevendrá al ejecutado por medio de cédula que se fijará en el tablero de la Tesorería Municipal, que extienda la escritura de venta en el término de cinco días, apercibido que de no hacerlo, la otorgará en su rebeldía la autoridad fiscal, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil. Artículo 200. Otorgada la escritura se pondrá al comprador en posesión de los bienes adjudicados, pero si éste pidiere que la posesión se le dé judicialmente, se remitirán las diligencias al juez de primera instancia de la jurisdicción para que lo haga a costa del interesado con citación de colindantes, arrendatarios y demás interesados." De los normativos transcritos destaca, en lo que al caso interesa, que el procedimiento administrativo de ejecución se efectúa mediante una serie de actos que se originan cuando la autoridad fiscal exige el pago de los créditos fiscales que no sean cubiertos en la fecha o en el plazo señalado por la ley. Para ello, se dispone que la Tesorería Municipal iniciará la ejecución administrativa expidiendo para tal efecto un mandamiento de ejecución motivado y fundado en el que ordenará requerir al deudor para que efectúe el pago; requerimiento que se hará personalmente en su domicilio y en el supuesto de no hacerlo se procederá al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos en favor del fisco a fin de obtener los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. En suma, el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende hacer efectivo un crédito fiscal por parte del deudor. Ahora, debe decirse que el procedimiento de ejecución es administrativo porque el órgano que lo ejecuta es la administración pública y porque materialmente no tiene como finalidad la resolución entre partes contendientes, por lo que al no tener como supuesto una controversia no puede decirse que se trate de actos administrativos seguidos en forma de juicio en los términos literales del arábigo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, de la interpretación relacionada de ese inciso con el último párrafo de la fracción IV del mismo ordenamiento, en torno a que el amparo contra remates sólo procede contra la última resolución (que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes reclamados), se infiere que operan las mismas razones para la procedencia del juicio hasta que se dicte esa determinación. En efecto, aun cuando en el procedimiento de ejecución no se está en presencia de actos desarrollados en forma de juicio, lo cierto es que sí existe una serie coherente y concordante de actos tendentes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme similar a una sentencia ejecutoriada. Por ende, como la sentencia constituye un título ejecutivo, la liquidación fiscal firme es la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y como tal surge dentro del procedimiento de ejecución por constituir un presupuesto formal de éste; además, la ejecución forzosa brinda la posibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos sin la necesidad de acudir a los Tribunales para una previa aprobación. Ahora, una vez precisada la naturaleza del procedimiento administrativo de ejecución se puede sostener que tratándose de actos emitidos dentro de dicho procedimiento, el juicio de amparo sólo procede contra ellos hasta que se dicte en él la resolución definitiva, esto es, en la que se aprueba o desaprueba el remate -resolución con la que culmina dicho procedimiento- pudiéndose reclamar válidamente -en ese momento- todas las violaciones cometidas dentro de aquél. De considerar lo contrario, es decir, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales del referido procedimiento administrativo de manera aislada se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, cuando es voluntad del legislador que la autoridad administrativa tenga la posibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales. El aserto apuntado se considera así, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en la que ha sostenido que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones dictadas en el procedimiento administrativo de ejecución, puesto que sólo puede promoverse cuando se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie, es decir, en la que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. Lo anterior tiene como fin evitar la obstaculización de la ejecución de las resoluciones que tienen el carácter de cosa juzgada, por lo que no debe admitirse el juicio de amparo indirecto en contra de las determinaciones intermedias que se vayan emitiendo en tal procedimiento administrativo de ejecución, ni aun en el caso de que se reclame la inconstitucionalidad de la ley que rija dicho procedimiento, ya que de lo contrario el cumplimiento de las resoluciones fiscales se haría interminable. Bajo ese panorama, si en la especie los actos impugnados constituyen el mandamiento de ejecución y su respectiva ejecución -a través de las Actas relativas a los mandamientos de requerimiento de pago y de embargo de siete de agosto de dos mil quince, y embargo practicado el veintiuno del mismo mes y año, expedidos en cumplimiento a la resolución dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa CEAIP-PRA-62/2014, en el que se emitió un crédito fiscal en contra del quejoso-, es indudable que no se está en los casos de excepción para la procedencia del juicio de amparo dentro del procedimiento administrativo de ejecución instaurado en contra del inconforme, máxime que no es extraño al procedimiento en virtud de que le fue notificada la resolución que determinó el crédito fiscal. En efecto, de las constancias que obran en el presente juicio de amparo se advierte la copia certificada de la resolución de trece de mayo de dos mil quince [f. 56-61], emitida en el precitado procedimiento de responsabilidad administrativa, en la que se determinó un crédito fiscal en contra del quejoso y la respectiva notificación llevada a cabo el día catorce del mes y año citados [f. 63]; lo que patentiza que el inconforme no es tercero extraño al procedimiento de origen. Desde esa óptica, para respetar la intención del legislador en el sentido de no entorpecer -mediante la promoción del juicio de amparo- los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones definitivas, el quejoso deberá esperar hasta el dictado de la última resolución, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate para combatir en amparo tanto esa resolución como las violaciones cometidas durante dicho procedimiento y, particularmente, las inherentes a los actos que en esta vía controvierte. Lo anterior no implica colocar en estado de indefensión al solicitante del amparo, sino únicamente significa que en tratándose de actos del procedimiento administrativo de ejecución el juicio de amparo sólo procede hasta que se dicte en ese procedimiento la resolución definitiva con que culmina, pudiéndose reclamar tanto ésta como las violaciones cometidas en la secuela del procedimiento, con la finalidad de no obstaculizar injustificadamente la resolución ejecutiva. En el contexto anotado, se considera que las violaciones o las irregularidades que pudieran haberse suscitado en los mandamientos de ejecución y en los requerimientos de pago son factibles de reclamarse en la instancia constitucional hasta que se produzca la última resolución del procedimiento ejecutivo iniciado por la autoridad hacendaria contra el inconforme, en virtud de que esa actuación no tiene el carácter de autónoma, sino que forma parte del citado procedimiento administrativo de ejecución de acuerdo con lo establecido por los preceptos del Código Fiscal Municipal del Estado de Zacatecas antes transcritos y, por ende, las irregularidades cometidas cobran vigencia al momento de emitirse la resolución final. Al respecto, es aplicable en lo conducente, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 17/98 que informa: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." Por identidad de razones también es aplicable al tema la tesis aislada P.LVI/97 del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se impugnen actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige, inclusive, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclama también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución del procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe." Por las razones apuntadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en este juicio constitucional, conforme a lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de esa propia legislación. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por José Humberto Muro Cortés, respecto de los actos reclamados al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, Notificador Ejecutor de su adscripción y Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos en los considerandos II.2.1. y III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho Consejo, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza, hoy veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE.

  3. Principal

    En doce de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro 7392.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Administrador de Correos de esta ciudad, mediante el cual informa que la pieza postal relativa al oficio 9109, dirigido al Ayuntamiento Municipal de Teúl de González Ortega, Zacatecas, se encaminó a su destino en tiempo y forma; asimismo, comunica que hará el requerimiento del acuse de recibo correspondiente para que sea canalizado directamente a este Juzgado. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.

  4. Principal

    En uno de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no hay constancia que permita acreditar que el tercero interesado Ayuntamiento de Teúl de González Ortega, Zacatecas, hubiera quedado notificado del oficio 9109, por el que se le emplazó en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo; en consecuencia, mediante oficio que derive de este proveído, requiérasele que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación de este auto, informe a este Juzgado de Distrito la fecha en que recibió el indicado oficio. Asimismo, requiérase al Administrador Local de Correos de esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas remita a este Tribunal Federal el acuse de recibo correspondiente al oficio de que se trata, o bien, informe el destino que le dio a la pieza postal relativa al mismo, adjuntándole al efecto copia simple de la factura relativa. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, AL AYUNTAMIENTO TERCERO INTERESADO Y AL ADMINISTRADOR DE CORREOS Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.

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