José Inés Diaz Escobedo
Expediente 502/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Inés Diaz Escobedo
- Víctor Marín Gamboa
- Gerardo Márquez de Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado por la Síndica Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene al Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por conducto de la citada Síndica Municipal, por apersonado al presente juicio de amparo como tercero interesado, désele la intervención legal que le corresponde. Con las manifestaciones que hace y documentales exhibidas hágase nueva relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos del que se advierte que la parte quejosa le da el carácter de autoridad responsable al Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas; y, que al efecto los artículos 1°, fracción I, 5°, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;." La parte quejosa señala como autoridades responsables a la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas y al Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas; asimismo, los actos reclamados los hace consistir en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el siete de mayo de dos mil diecinueve, omisión de dictar acuerdo de ejecución del laudo a fin de que se lleve a cabo su reinstalación y el requerimiento de pago de la condena a la parte demandada, en el juicio laboral 512/2016; así como la omisión de dar cumplimiento al laudo en el referido juicio laboral. Luego, de las constancias que remitió la autoridad señalada como responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, se advierte que el acto reclamado deriva del juicio laboral 512/2016, promovido por José Inés Díaz Escobedo, Miguel Ángel Márquez Muñoz, Gerardo Márquez de Santiago, Angie Vianey Guzmán García y Janeth Cristina Castaño Zacarías, contra el Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas. De igual forma, cabe precisar que dentro de las relaciones jurídicas reguladas por el derecho se encuentran las de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras de ellas -coordinación- son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, en las que para dirimir las controversias que entre ellos se suscitan es necesario acudir ante los tribunales ordinarios. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano superior respecto de los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órgano del Estado. Por último las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, mismas que se dan en un plano de igualdad entre ellos, en un ámbito superior al de los particulares. En esta tesitura, las relaciones susceptibles de ser sometidas a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo son las llamadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por tanto para los actos de autoridad para los efectos de la procedencia de amparo se distinguen por: a).- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b).- Que esa relación tiene su nacimiento en una ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c).- Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera del particular. d).- Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales no precisa el consenso de la voluntad del afectado. Tiene apoyo a la anterior conclusión, la tesis 2a. CCIV/2001, Novena Época, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, del Tomo XIV, Noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Adecuando lo expuesto al caso que nos ocupa, es indudable que en el mismo no se da esa relación de supra a subordinación para que pueda considerarse al Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, como autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, toda vez que como antes se indicó ésta tiene el carácter de parte demandada dentro del juicio laboral 512/2016. Entonces, se sostiene que para efectos del juicio de amparo, el Ayuntamiento solo podrá considerarse como autoridad responsable, cuando incumpla en la ejecución de un laudo y en la legislación de la que deriva dicho juicio, no contemple algún otro medio con el cual pueda ejecutarse el cumplimiento del referido laudo, pues en caso contrario, el Ayuntamiento no es considerado autoridad responsable para efecto del juicio de amparo, si en el juicio de origen esté previsto legalmente que se le puede coaccionar a su cumplimiento. Dicho lo anterior, se destaca que los quejosos en su escrito de demanda, sostienen que el Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, ha sido omiso en dar cumplimiento al laudo y al convenio elevado a la categoría de laudo, en el juicio laboral 512/2016. De esto se obtiene que tal acto es emanado de un juicio laboral regido por las reglas de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, seguido ante una autoridad judicial cuyo propio código lo faculta a emitir medidas de apremio para cumplir sus determinaciones, pues de no hacerlo sus determinaciones quedarían al arbitrio de las partes para su cumplimiento, lo que conllevaría a la carencia de certeza jurídica. Así, la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, en sus artículos 285 y 286, establecen: "Artículo 285.- Transcurrido el término señalado en el artículo 283, la o el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo a la o el deudor que de no efectuarlo, se le impondrá una multa de hasta quince veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la diligencia; de no hacerlo en un nuevo requerimiento, se librará oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, quedando autorizada aquélla para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa. Artículo 286.- Si la condena consiste además en la reinstalación de la o el trabajador, en la diligencia de requerimiento de pago se procederá a reinstalar a la o el actor, cuidando de que se realice en las mismas condiciones, términos y puesto en que se desempeñaba antes de su separación. Si la condena consiste en una obligación de hacer, la o el Presidente verificará y solicitará de la parte obligada a dar cumplimiento, las constancias necesarias que acrediten el cumplimiento de la obligación, apercibiendo al obligado que de no hacerlo se informará a su superior jerárquico para que se inicie el procedimiento administrativo que corresponda por el incumplimiento." La interpretación armónica de los artículos en cita, evidencia que las personas físicas que integran el Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, pueden ser objetos de multa, para el caso que se resistan u opongan a cumplir con el laudo, incluso, de persistir su conducta, se librará oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena ante el Presidente del Tribunal, quedando autorizada aquélla para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa. Dicho lo anterior, debe decirse que, dado que el acto reclamado deriva de un juicio laboral, corresponde a los aquí quejosos, gestionar ante el Tribunal de origen, que realice las gestiones para el cumplimiento del laudo a que fue condenada la autoridad que aquí señala como responsable; como lo son la multa prevista en el artículo 285 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, o incluso, de persistir su conducta, se puede librar oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, quedando autorizada aquélla para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa. Luego, debe decirse que de las constancias que obran en autos, aportadas por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, no se advierte que se hubieran agotado el procedimiento ni los medios de apremio a las personas físicas que integran a la dependencia responsable, a fin de logar el cumplimiento del laudo por ende no pueden tener el carácter de autoridad responsable. Por ello, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° de esta última, con el único fin de regularizar el procedimiento, es pertinente establecer que no se tiene como autoridad responsable a la antes señalada. Sin embargo, conforme al artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, es pertinente establecer que le asiste el carácter de tercera interesada al Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas; por tanto, a fin de emplazar a juicio a la citada tercera interesada con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, gírese oficio con los insertos necesarios. Por lo antes expuesto, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del veinte de enero de dos mil veinte, para su celebración.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que el informe justificado de la autoridad responsable, no se puso a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud que el auto en que se dio vista con su contenido, se notificó mediante diligencia de ocho de noviembre de esta anualidad; para dar oportunidad a ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve, para su celebración.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio y anexos de cuenta, signado por la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo.
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