José Ignacio Ortega Becerril
Expediente 381/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Ignacio Ortega Becerril
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese sus autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede la ciudad de Zacatecas, mediante el cual transcribe el proveído de uno de junio del año en curso, emitido en los autos del juicio de amparo directo civil 202/2021, de su índice, del que se desprende que acusa recibo del oficio por el cual le fue remitido el juicio de amparo indirecto 381/2021-I, del índice de este juzgado; e, informa que acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y asume el conocimiento de la misma. En consecuencia, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos originales o copia certificada que deban ser devueltos a las partes, y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Ignacio Ortega Becerril, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 381/2021-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La sentencia definitiva dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro del juicio especial de desahucio 86/2019, por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito de la Capital. COMPETENCIA AMPARO DIRECTO. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda que originó el presente expediente, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer del juicio de derechos fundamentales en términos de los artículos 34, 48 y 170 de la Ley de Amparo, porque de la demanda de amparo, se obtiene que el acto que reclama el quejoso consiste en la sentencia dictada dentro del juicio especial de desahucio 86/2019, dictada por el Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital. Luego, precisado lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, los cuales literalmente establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De la interpretación de los citados arábigos, se obtiene que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, que decidan el juicio en lo principal, o que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido. Luego, si el acto reclamado lo constituye la sentencia dictada dentro del juicio especial de desahucio 86/2019, dicha determinación en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, es impugnable mediante juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que se trata una sentencia. Además, por las razones que se afirman, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 6/2015, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y cinco, del Libro 17, abril de dos mil quince, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente de plano para conocer de la demanda de amparo en cuestión y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda promovida por José Ignacio Ortega Becerril, anexos y copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes, fórmese cuaderno de antecedentes. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Ramón Ortega Becerril, Pedro Edmundo Becerril de Haro, y Pedro Edmundo Becerril de Alba, en virtud de que no proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho y/o Abogados, tal como exige el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 5 de Febrero, número ciento uno (101), colonia Lomas de la Soledad, en Zacatecas, Zacatecas.
- Principal
SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 381/2021-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La sentencia definitiva dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro del juicio especial de desahucio 86/2019, por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito de la Capital. COMPETENCIA AMPARO DIRECTO. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda que originó el presente expediente, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer del juicio de derechos fundamentales en términos de los artículos 34, 48 y 170 de la Ley de Amparo, porque de la demanda de amparo, se obtiene que el acto que reclama el quejoso consiste en la sentencia dictada dentro del juicio especial de desahucio 86/2019, dictada por el Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital. Luego, precisado lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, los cuales literalmente establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De la interpretación de los citados arábigos, se obtiene que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, que decidan el juicio en lo principal, o que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido. Luego, si el acto reclamado lo constituye la sentencia dictada dentro del juicio especial de desahucio 86/2019, dicha determinación en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, es impugnable mediante juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que se trata una sentencia. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Ramón Ortega Becerril, Pedro Edmundo Becerril de Haro, y Pedro Edmundo Becerril de Alba, en virtud de que no proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho y/o Abogados, tal como exige el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 5 de Febrero, número ciento uno (101), colonia Lomas de la Soledad, en Zacatecas, Zacatecas.
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