José Ignacio Monrroy Rosillo
Expediente 407/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Ignacio Monrroy Rosillo
- Benjamín Monrroy Rosillo y Otros.
- Diego Pérez Rosillo
- Daniel Arreguín Rosillo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la que este Juzgado por una parte sobreseyó en el juicio de amparo y por la otra negó el amparo de la justicia federal, no fue recurrida en el plazo legal por la parte a quien irrogó perjuicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para las restantes partes, pues se considera que no les irroga perjuicio dicha determinación. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración; de igual forma, con apego a lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a) del propio acuerdo, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración; ambos supuestos una vez que transcurran tres años, contados a partir de que 1 Sin contar los días dos, tres, nueve, diez y doce del mismo mes y año, por ser inhábiles se ordenó su archivo, puesto que se dictó una resolución en la que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por la otra negó el amparo de la justicia federal, y se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Para efecto del párrafo que antecede, deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso del incidente de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído ordena el archivo como asunto concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 407/2021; y, Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, turnada al día siguiente ante el Juzgado Séptimo de Distrito, *** y ***, demandaron el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se citan: Autoridad responsable: "En cuanto ordenadoras A).- JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL REGIÓN MORELIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. B).- JUEZ DE CONTROL ORAL EN MATERIA PENAL DE LA TERCERA REGIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CON SEDE Y BASE EN SALVATIERRA, GUANAJUATO. Ejecutoras.- A). COMANDANTE ENCARGADO DE APREHENSIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. DESTACAMENTADO EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN. B).- JEFE DE CÉLULA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON SEDE EN SALVATIERRA. C).- AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ENCARGADO DE LA JEFATURA DE CÉLULA DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO RESIDENTE EN LA CIUDAD DE SALVATIERRA." Actos reclamados: "el dictar una [.] orden de aprehensión girada en nuestra contra [.] y el cumplimiento [.]" Actos que consideraron violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. Mediante proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, el juez Séptimo de Distrito en el estado de Michoacán, admitió a trámite la demanda bajo el progresivo *** y mediante determinación de diez de junio siguiente, determinó carecer de competencia por cuestión de territorio y remitió los autos al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esta ciudad. Dicha incompetencia fue turnada a la jueza Quinta de Distrito en el estado de Guanajuato, quien dentro de su expediente ***, el pasado dieciséis de junio, aceptó la competencia planteada; empero, por cuestión de conocimiento previo la remitió a este Juzgado Octavo, al haber conocido previamente del acto reclamado dentro del diverso juicio de amparo ***. Así, mediante acuerdo de veintiuno de junio siguiente, en el que esta potestad se avocó al conocimiento del asunto en el expediente 407/2021; dejó insubsistente la audiencia constitucional previamente verificada, a efecto de emplazar a los terceros interesados ****, así como la agente del Ministerio Público que participó en el procedimiento penal de origen1; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la representación social de la federación adscrita; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. Tercero. Autoridades inexistentes. Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el juez Séptimo de Distrito en el estado de Michoacán, declaró inexistentes a las autoridades señaladas en el ocurso de demanda como "JEFE DE CÉLULA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON SEDE EN SALVATIERRA" y "AGENTE DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ENCARGADO DE LA JEFATURA DE CÉLULA DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO RESIDENTE EN LA CIUDAD DE SALVATIERRA". Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 107, y relativos de la Ley de Amparo; 48 y concernientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo General 3/20132 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la demarcación territorial en que ejerce jurisdicción este juzgado, específicamente en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, en donde además tiene su sede la autoridad responsables ordenadora. Segundo. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias allegadas a este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: a)La orden de aprehensión de fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictada dentro de los autos de la causa penal número *** del índice del Juzgado de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede y base Salvatierra, por los hechos que la ley señala como los delitos siguientes: o Robo calificado indeterminado, previsto y sancionado por los artículos 191, 192, 194, fracciones IV y VI, en relación con los numerales 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal vigente para el estado de Guanajuato, cometido en agravio de ****. o Daños dolosos, previsto y sancionado por los artículos 210 y 212, en relación con los numerales 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal vigente para el estado de Guanajuato, cometido en agravio ***, respecto del vehículo de motor tipo ****. o Daños dolosos, previsto y sancionado por el artículo 210, en relación con los numerales 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal vigente para el estado de Guanajuato, cometido en agravio de ****., respecto al vehículo de motor maca ****.. o Homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 138, 140 y 153, fracción I (ventaja), en relación con los numerales 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, cometido en agravio de ****.. o Pandillerismo, previsto y sancionado por el artículo 223, en relación con los numerales 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, cometido en agravio de la sociedad. b)La ejecución del citado mandato de captura. Actos reclamados a las siguientes autoridades: Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, Michoacán. Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, actuando en la sede y base Salvatierra. Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado de Michoacán. Tercero. Inexistencia de actos por cuanto a un quejoso. Las autoridades responsables al rendir su respectivo informe, negaron la existencia de los actos reclamados en lo que en su ámbito de competencia corresponde respecto al quejoso ****. Por tanto, si el peticionario de la tutela federal no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Luego, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, en relación al citado quejoso. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Inexistencia de actos por cuanto a dos autoridades señaladas como responsables. La jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, Michoacán, y el encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado de Michoacán, al rendir su respectivo informe, negaron la existencia de los actos reclamados en lo que en su ámbito de competencia corresponde respecto a los quejosos ****. Y ****.. Por tanto, si los citados accionantes de la tutela federal no ofrecieron prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. No escapa que diversa autoridad ordenadora aceptó la existencia del mandato de captura; sin embargo, no existe dato objetivo alguno que permita vincular a la autoridad ejecutora citada en el presente apartado con su cumplimiento, pues no se tiene mayor indició de la existencia de algún oficio de colaboración para ello, dado que la jurisdicción de dicho cuerpo policiaco es distinta a donde se emitió la orden y donde probablemente tienen su domicilio los imputados. Luego, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Quinto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, actuando en la sede y base Salvatierra, pues así lo manifestó en su informe justificado, ello, únicamente por cuanto a los quejosos ****. Y ****.. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Para apoyar lo anterior, la autoridad responsable remitió un disco versátil digital con archivos en formato .PDF y videograbaciones encriptados electrónicamente con resumen de verificación MD5, emanado de la causa penal ****.; al que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este operador jurisdiccional8. Sexto. Sobreseimiento del presente juicio por cuanto a los quejosos ****.. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Sirve de sustento la Jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, segunda parte, página 553, que al tenor dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. Del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido motivo de estudio en un diverso juicio de amparo que hubiere sido promovido por el mismo o mismos quejosos, en contra de la misma o mismas autoridades, y por el mismo o mismos actos reclamados, sin importar que las violaciones aducidas sean diversas. En el caso, del informe justificado rendido por el juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, actuando en la sede y base Salvatierra, se advierte que, con anterioridad a la presentación de este amparo, este órgano jurisdiccional tuvo conoció de la demanda de amparo que los quejosos ****. promovieron en contra de la orden de aprehensión dictada el veintisiete de octubre de dos mil veinte, dentro de los autos de la causa penal número ****. del índice del Juzgado de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede y base Salvatierra y que se registró como juicio de amparo ****.. Lo que se corrobora con el contenido íntegro del juicio de amparo ****. de este índice y la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil veintiuno, lo que se invoca como hecho notorio9. Por tanto, debe considerarse que ese acto ya fue materia de diversa ejecutoria de amparo. Así se observa del cuadro comparativo que a continuación se inserta: Juicio de amparo 14/2021 Juicio de amparo 407/2021 (en que se actúa) Quejosos ****. Quejosos ****. Autoridad responsable Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, actuando en la sede y base Salvatierra Autoridad responsable Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, actuando en la sede y base Salvatierra Actos reclamados La orden de aprehensión dictada el veintisiete de octubre de dos mil veinte, dentro de los autos de Actos reclamados La orden de aprehensión dictada el veintisiete de octubre de dos mil veinte, dentro de los autos de la la causa penal número****.; y su ejecución. causa penal número****.; y su ejecución. Sentencia El catorce de abril de dos mil veintiuno, se negó el amparo solicitado; resolución que causó ejecutoria el siete de mayo siguiente. Así, de la confrontación de los datos se advierte que los dos procedimientos de amparo fueron promovidos por los mismos quejosos, en contra de los mismos actos reclamados. Por tanto, se afirma que lo resuelto en la sentencia constitucional del amparo ****. surte efecto de cosa juzgada respecto de los actos que ahora controvierte la parte quejosa, lo que impide en este juicio realizar un nuevo estudio en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada: se trata de una cuestión ya resuelta en sentencia ejecutoria. Asumir una posición contraria, implicaría que los quejosos, puedan, válidamente promover tantos amparos como quisieran en contra de exactamente los mismos actos, lo que sería en detrimento de la Justicia Federal que emplearía más recursos materiales y humanos en analizar algo que fue resuelto por diverso órgano constitucional, lo que es contrario a la buena fe que persigue el juicio de amparo. De modo que ya no es legalmente permitido que la parte quejosa acuda nuevamente a promover la presente demanda de amparo donde, al igual que en el primer juicio, reclamó la emisión y ejecución de la orden de aprehensión emitida el veintisiete de octubre de dos mil veinte, dentro de los autos de la causa penal número ****., de la estadística del Juzgado de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede y base Salvatierra. Ese aspecto constituye cosa juzgada: desde que en el juicio de amparo 14/2021 se determinó que la orden de aprehensión era legal; máxime que de la demanda de amparo se advierte que las circunstancias en que la presentó son exactamente las mismas que imperaban desde aquel que se resolvió el primer juicio constitucional. Sirve de orientación la jurisprudencia, siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea." En esas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada por cuanto a los quejosos ****. procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 61, fracción XI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se toma la anterior determinación, sin soslayar lo expuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, si bien el referido artículo en su párrafo segundo exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, lo cierto es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Séptimo. Antecedentes del acto reclamado. Del análisis de las constancias allegadas al sumario (valoradas previamente), se desprenden como antecedentes relevantes de los actos reclamados los siguientes: 1. Mediante oficio 2071/2020, la agente del Ministerio Público de Tramitación Común I de Salvatierra, Guanajuato, solicitó al juez responsable, audiencia privada para peticionar un mandato de captura en contra del aquí quejoso ****. y otros. 2. La aludida audiencia tuvo verificativo el veintisiete de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal ****. del índice del Juzgado responsable, en la cual se libró orden de aprehensión en contra del quejoso y otros, por su probable participación en los hechos que la ley señala como los delitos siguientes: o Robo calificado indeterminado, previsto y sancionado por los artículos 191, 192, 194, fracciones IV y VI, en relación con los numerales 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal vigente para el estado de Guanajuato, cometido en agravio de****.. o Daños dolosos, previsto y sancionado por los artículos 210 y 212, en relación con los numerales 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal vigente para el estado de Guanajuato, cometido en agravio de ****., respecto del vehículo de motor tipo****.. o Daños dolosos, previsto y sancionado por el artículo 210, en relación con los numerales 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal vigente para el estado de Guanajuato, cometido en agravio de****., respecto al vehículo de motor maca **** o Homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 138, 140 y 153, fracción I (ventaja), en relación con los numerales 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, cometido en agravio de ****.. o Pandillerismo, previsto y sancionado por el artículo 223, en relación con los numerales 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, cometido en agravio de la sociedad. Determinación que en conjunción con su ejecución, constituyen los actos reclamados en este juicio de amparo. Octavo. Estudio de fondo. Los conceptos de violación son infundados, sin que este juzgador federal advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, cabe acotar que en el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja en favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de uno de los imputados en la causa penal ***. del índice del Juzgado de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede y base Salvatierra, donde se dictó la orden de aprehensión reclamada. Sin embargo, en la especie se advierte que no existe violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por el juez responsable se encuentra ajustada a derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo10, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que: a)Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b)Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c)Que, si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d)Que, si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla, en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el caso, solo se estudiará la orden reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, se advierte que la resolución reclamada no viola algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice a la persona la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que se advierte que no existe violación a derechos humanos del quejoso en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los argumentos que vierte a manera de conceptos de violación. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a. /J. 67/2017 (10a.)11, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser 11 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014703. absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia 1a. /J. 17/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación12, que establece: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes. 12 Décima Época, número de registro 2019737, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, página 732. Precisado lo anterior, el accionante de la tutela federal en los conceptos de violación alega que la orden de aprehensión dictada vulnera sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, al señalar que no se respetaron las formalidades del procedimiento, que no se fundó ni motivo el acto reclamado, que no se les otorgó audiencia para efectuar su defensa y ofrecer los datos de prueba correspondientes. Argumentos que, se reitera, son infundados. Se explica. En primer lugar, porque no le asiste razón al quejoso cuando refiere que el acto reclamado vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no otorgaron garantía de audiencia para así estar en aptitud de preparar la defensa correspondiente. Sobre el particular, el citado precepto legal, en específico, en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Artículo. 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho [.]" Los actos privativos a los que hace referencia el citado párrafo segundo del artículo 14 constitucional, son aquellos, que al consumarse causan una disminución, menoscabo o supresión definitiva en un derecho del gobernado, pudiéndose ejecutar dichos actos, siempre y cuando se cumplan con algunos de los requisitos precisados en dicho precepto constitucional; dicha disposición contiene inmersos, entre otros, el principio de legalidad y de debido proceso. Esto es, para los efectos de dicho artículo, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho de una persona; no obstante, no todo acto de autoridad provoca una afectación a la esfera jurídica del particular, pues existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de un derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por tanto, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos, entonces, si la privación de un bien material o inmaterial, bajo los aspectos indicados anteriormente es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, este asumirá el carácter de privativo. Por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no tiende a dicho objetivo, sino que la restricción provisional es solo un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo, sino de molestia, los cuales están regulados por el artículo 16 constitucional, al restringir de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación13, de rubro y texto siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 13 Novena Época, número de registro 200080, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, julio de 1996, página 5. procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Precisado lo anterior, es necesario destacar que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece diversos mandatos (entre ellos la orden de aprehensión) que podrá ordenar el juez de control con la finalidad llevar al imputado ante tal potestad para la celebración de la audiencia inicial o para la continuación del proceso. Aunado a ello, dicho numeral restringe los supuestos en los cuales se puede emitir algún mandato para efecto de continuar el proceso; sin que para ello deba respetarse la garantía de audiencia del indiciado. Lo anterior, permite concluir que la orden de aprehensión tiene la naturaleza jurídica de un acto de molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la tesis aislada IX.1o.33 P emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito14, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." En tal virtud, no le asiste la razón al promovente del amparo, puesto que la orden reclamada es un acto de molestia que no pretende privarlo de ninguno de sus derechos, sino simplemente la posible restricción del ejercicio de aquéllos, respecto de lo que en su dictado no rige el derecho de audiencia previa reconocido en el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el contrario, dada la naturaleza de dicho acto, se identifica como un acto de molestia, y resulta suficiente que se dé cumplimiento con el derecho de legalidad reconocido en el artículo 16 constitucional, esto es, basta con que preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia para ello, en donde esta funde y motive la causa legal del procedimiento (lo que será analizado más adelante). Tal aserto deriva de que la orden reclamada, no es un acto privativo, toda vez que no se suprime al quejoso definitivamente de algún derecho integrado a su esfera jurídica, sino que se trata de un acto de molestia que tiene como finalidad que, en su caso, se siga un procedimiento en su contra. De ahí que, es innecesario que el juez responsable le notifique previamente con las formalidades de ley o le informe sobre la apertura de una carpeta de investigación o un proceso penal, pues se insiste, la orden reclamada es un acto de molestia en el cual no rige la garantía de audiencia. En esas condiciones, si la orden reclamada tiene la naturaleza jurídica de un acto de molestia, no es indispensable que se decrete con audiencia previa del imputado, pues, se reitera, no se trata de un acto de supresión de sus derechos. En virtud de lo expuesto, el acto reclamado en modo alguno transgrede los derechos reconocidos en el artículo 14 constitucional; de ahí, lo infundado de dicho argumento. Por otra parte, tampoco asiste la razón al peticionario del amparo cuando señala que pretenden privarlo de su libertad sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; sin que se funde y motive la causa legal de procedimiento, así como el hecho de que no se acredita la existencia de un hecho que la ley señale como delito y tampoco su probable participación en ellos Para corroborar tal afirmación es necesario transcribir el contenido del artículo 16, párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone lo siguiente: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión [.]" Las exigencias que prevé dicho numeral, son los parámetros para analizar la forma de conducción al proceso que se reclama, y para verificar si se acreditó la hipótesis normativa que derivó en esa medida específica y si se justificó la necesidad para que precisamente fuera mediante esa orden de captura por la que se lleve al imputado ante el juez de control para la celebración de la audiencia inicial o para la continuación del proceso dado que el Código Nacional de Procedimientos Penales limita los supuestos de procedencia para la emisión de esa forma de conducción al proceso, únicamente en caso que exista imposibilidad para lograr su asistencia por su propia voluntad ante el juez de control o de enjuiciamiento para la continuación de la secuela procesal, ya sea por la necesidad de cautela, por evadir una orden de comparecencia, por sustraerse de la acción de la justicia o por el incumplimiento de una medida cautelar. Así, necesariamente debe justificarse una de esas hipótesis legales para la emisión de una orden de aprehensión, pues si bien es cierto que ese tipo de mandato judicial tiene como única finalidad la precisada en el párrafo anterior y que, en todo caso, sería una medida cautelar la que afectará la libertad personal del quejoso, también es verdad que esa forma de conducción al proceso restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del indiciado en el tiempo en el que es presentado a una audiencia, por lo que no debe usarse indiscriminadamente, sino única y excepcionalmente en los supuestos que autoriza la ley. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 141, 142 y 143, lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, a saber: a)El mandamiento de aprehensión sea emitido por autoridad judicial competente. b)Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c)Que sea sancionado con pena privativa de libertad. d)Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; debiendo establecerse la clasificación jurídica, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta; y, e)Que la solicitud del fiscal esté motivada por alguno de los supuestos siguientes: 1.Cuando exista necesidad de cautela. 2.Cuando el indiciado resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad. 3.Cuando se declare al imputado sustraído de la acción de la justicia. 4.Cuando el imputado incumpla con alguna medida cautelar. En relación con estos últimos cuatro supuestos, es importante precisar que, si bien tienen la finalidad genérica de conducir al imputado ante el juez, lo cierto es que difieren en cuanto a la razón específica de esa conducción. Ello es así, pues las hipótesis que se indicaron con los puntos 1 y 2 tienen como fin específico celebrar la audiencia inicial, en la cual el agente del Ministerio público formulará la imputación y el juez de control (con base en la información que le proporcionen las partes) determinará si existen datos de prueba de los que se desprende la necesidad de iniciar formalmente una investigación, ante la comisión de un hecho señalado por la ley como delito y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. Mientras que la orden de aprehensión solicitada porque se declaró al imputado sustraído de la acción de la justicia (numero 3) tiene como fin volver a someterlo a la jurisdicción del juez, hacerlo comparecer a alguna audiencia -diversa a la inicial- o volver a internarlo en el lugar en el que se encontraba, según sea el caso. Por último, en el supuesto indicado en el punto 4, la orden de aprehensión tiene como fin la revisión de la medida cautelar impuesta, ante el incumplimiento por parte del imputado, siempre que sea distinta a la prisión preventiva o garantía económica.15 Es necesario aclarar que si bien la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que para la emisión de la orden de aprehensión debe existir necesidad de cautela; los otros supuestos de procedencia requieren igualmente cierto grado de cautela, la cual se actualiza, entre otros supuestos, precisamente cuando se concretan las hipótesis para su emisión, es decir, cuando el inculpado evada o resista una orden de comparecencia, se le declare sustraído de la acción de la justicia o incumpla una medida cautelar. Precisado lo anterior, cabe señalar que, en la especie, según se observa, el juez responsable al momento de emitir la orden de aprehensión que aquí se reclama se apoyó en los artículos 1, 16, 17, 20 y 21 constitucionales, así como en los diversos preceptos legales 141 a 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros; asimismo, explicó los motivos por los cuales resolvió en la forma en que lo hizo. Así, a consideración de esta potestad, el primer requisito para la emisión de una orden de aprehensión se satisface, en virtud de que fue emitida por autoridad competente como es el juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede y base Salvatierra, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en Tarimoro, Guanajuato (00:43:38, archivo de audio y video 2020-10- 27_08.59.54.156). En ese orden, se satisface el segundo de los requisitos necesarios, para que se gire una orden de aprehensión, como lo es la denuncia de los hechos que la ley señala como los delitos de: Robo calificado indeterminado, cometido en agravio de ****.. Daños dolosos, cometido en agravio de ****. y ****. Daños dolosos, cometido en agravio de ****. Homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de ****. y****.. Pandillerismo, cometido en agravio de la sociedad. Presentada por las propias víctimas (00:42:50, archivo de audio y video 2020-10-27_08.59.54.156). Delitos que se sancionan con pena privativa de libertad, acorde con los siguientes artículos 14016, 19117, 19218, 19419, 21020, 21221 y 22322 todos del Código Penal para el estado de Guanajuato; con lo que se satisface el tercero de los extremos que se exigen para emitir un mandato de captura. Asimismo, se considera cumplido el cuarto de los requisitos, relacionado con la existencia de datos en la carpeta de investigación que establezcan que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que exista la probabilidad de que el inculpado lo haya cometido o participado en su comisión. Con la finalidad de corroborar la anterior afirmación, esta potestad considera oportuno enlistar los datos de prueba que expuso la fiscalía y que la autoridad jurisdiccional responsable consideró para emitir el mandato de captura reclamado: 1.Denuncia de los ofendidos. 2.Entrevistas de diversos testigos, dentro de las cuales destaca la rendida por ****., quien manifestó que es suegro de ****.y su vecino, que él se encontraba en su domicilio, cuando el día de los hechos escuchó ruidos en la casa de su nuera y observó que los indiciados (a quienes conoce de toda la vida) quisieron ingresar al inmueble ubicado en ****., motivo por el cual se acercó a reclamarles y estos lo golpearon, por lo que quedó inconsciente, hasta que llegó su nuera para auxiliarlo. 3. Oficio de puesta a disposición número ****.de catorce de julio de dos mil veinte, firmado por el oficial calificador de Tarimoro, Guanajuato, respecto del vehículo de motor tipo ****., placas de circulación**, que se encuentra totalmente calcinado. 4. Informe número ****. firmado por el perito****., respecto del inmueble ubicado en ****. , que presenta daños, en su totalidad, causados por incendio. 5. Informe número ****. firmado por el perito****., respecto del inmueble ubicado en****., que presenta daños en chapas, así como desorden y líquido hemático en su interior. 6. Oficio número ****.signado por el médico legista****., que contiene la revisión realizada a****., del cual se desprende que este sufrió varias lesiones que no ponen en riesgo la vida y tardan en sanar más de quince días, destaca la fractura de la mano derecha y que necesita una valoración para cirugía reconstructiva. 7. Oficio número ****. firmado por el médico legista ****., que contiene la revisión realizada a ****., del cual se desprende que este tiene nueve lesiones visibles en todo el cuerpo, las cuales no ponen en riesgo la vida y tardan en sanar más de quince días, dentro de estas resalta la amputación parcial en el dedo meñique de la mano derecha. 8. Oficio número **** emitido por el perito****., respecto a la valuación de los daños al vehículo calcinado, antes descrito. 9. Oficio número ****.signado por el ingeniero ****., relativo al dictamen de dinámica de causa y hechos al interior del inmueble ubicado en ****., en el cual se concluyó que el incendio fue provocado por acelerantes químicos. 10. Oficio número ****. emitido por el perito ****., respecto a la valuación de los daños realizados al vehículo de motor maca ****., sin placas de circulación, línea ****. (00:08:00, archivo de audio y video 2020-10-27_08.59.54.156). De dichos datos de prueba, previa valoración, el juez de control concluyó que se obtenía el siguiente cuadro fáctico: o Que los hechos se cometieron el doce de julio de dos mil veinte, en dos momentos: o El primer momento cerca de las dieciséis horas de ese día, cuando los ofendidos, ****., salen del domicilio ubicado en ****.y abordaron su vehículo para retirarse del lugar. o Que los indiciados, ****. (quejoso), **** y****., arribaron a ese lugar, quienes portaban armas (guaparras y machetes) y arremetieron en contra de los ofendidos y su vehículo, causando diversas lesiones y daños a estos, incluso les manifestaron que los iban a matar, así como a su familia. o Que ese resultado no se produjo, debido a las acciones del chofer, es decir, los activos no cesaron sus conductas, sino que los ofendidos huyeron del lugar en su vehículo. o Que los ofendidos no tenían oportunidad de defenderse ante la gran cantidad de activos y sus armas. o Que los ofendidos llegaron al domicilio de ****., ubicado en****., lugar en donde son alcanzados por los inculpados, quien ingresan al domicilio y se apoderan de diversos bienes muebles propiedad de****., sin su consentimiento. o Que los inculpados se retiraron de ese inmueble, pero antes de ello, incendiaron una camioneta propiedad de ****.. o El segundo momento cerca de las veinte horas de ese día, cuando los activos llegan al domicilio de****., ubicado en el ****., en donde uno de los inculpados, ****. (quien no es quejoso en el presente asunto), sacó un arma de fuego y disparó en contra de ****., a quien le manifestó que quería privarlo de la vida, sin lograr su cometido. o Finalmente, los activos prendieron fuego -para lo cual usaron gasolina- al domicilio, así como a dos vehículos de motor. (00:43:38, archivo de audio y video 2020-10-27_08.59.54.156). El juez responsable concluyó que se obtuvo el cuadro fáctico anterior después de analizar los datos de prueba. Además, ante tales datos de prueba el juez responsable estimó lo siguiente: Que todos los imputados portaban armas y con ellas arremetieron en contra de los ofendidos, a quienes les manifestaron que los iban a privar de la vida, lo que el juez responsable consideró que califica como el hecho que la ley señala como homicidio calificado (ventaja) en grado de tentativa, ya que los activos realizaron ciertas conductas positivas (agredir físicamente a las personas) con el fin de producir el citado hecho en agravio de ****. y****.. o Que en la especie se actualizó la tentativa y la calificativa (ventaja) del homicidio, pues, por un lado, el resultado no se produjo en virtud de que los ofendidos emprendieron la huida, aunado a que no tenían oportunidad de defenderse y, por otro, se utilizó un arma de fuego, la cual se accionó en contra de ****., quien se encontraba desarmado, lo que implica una ventaja. o Que los activos se introdujeron en el domicilio de ****. y sacaron diversos objetos, con lo cual se acredita la comisión del hecho que la ley señala como el delito de robo calificado indeterminado, puesto que no hay datos de prueba que demuestren el monto de lo robado, aunado a que esas circunstancias evidencian que existe un apoderamiento de ciertos bienes muebles propiedad de ****., sin que esta haya otorgado su consentimiento. o Que se acredita la calificativa del robo, debido a que los ofendidos se apoderaron de los bienes de ****., sin su consentimiento y ello aconteció en morada ajena, aunado a que se realizó o se ejecutó por más de dos personas, lo que se traduce en una agravante. o Que una vez que los activos salen del domicilio de****., prenden fuego a un vehículo propiedad de****., lo cual califica como la comisión del hecho que la ley señala como el delito de daños cometido en agravio de ****., pues quedó claro la intención de rociar gasolina en torno al vehículo y prenderle fuego. o Que el hecho de que prendieran fuego a un inmueble y a otros vehículos de motor, para lo cual utilizaron gasolina, pone de manifiesto la comisión del hecho que la ley señala como el delito de daños cometido en agravio ****. y****., en similares términos a los señalados en el punto anterior. o Que estos hechos deben considerarse cometidos en términos del artículo 223 del Código Penal del estado de Guanajuato, relativo al pandillerismo, pues dicho numeral define como pandilla una reunión habitual, ocasional o transitoria de más de tres personas que, sin estar organizados, cometen un ilícito; que en la especie los activos se reunieron, sin estar organizados con fines delictuosos, para cometer los hechos que la ley señala como los delitos antes descritos. De lo hasta aquí expuesto se advierte que fue correcto el proceder del juez responsable, en determinar que con los datos de pruebas existentes se encuentra debidamente acreditada la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos antes citados. Ante el anterior panorama, este operador jurisdiccional considera que, en la determinación reclamada, contrario a lo señalado por el promovente del amparo ****, sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, aunado a que sí se fundó y motivó la causa legal del procedimiento, puesto que acertadamente ahí se estableció que hasta ese momento procesal obran datos de prueba suficientes para determinar la existencia de los hechos que la ley señala como los delitos de robo calificado indeterminado cometido en agravio de ****; daños dolosos cometidos en agravio de *** y***; daños dolosos cometidos en agravio de***; homicidio calificado en grado de tentativa cometido en agravio de *** y ***; así como pandillerismo cometido en agravio de la sociedad y la probabilidad de que el quejoso y otros participaron en su comisión. Ello es así, puesto que para arribar a esa conclusión el juez responsable realizó una apreciación libre y lógica de los datos de prueba, los cuales le permitieron establecer el aludido cuadro fáctico. Además, esos hechos le permitieron a la autoridad judicial considerar que fueron cometidos en términos de los artículos 13 y 20, primer supuesto, del Código Penal para el estado de Guanajuato, esto es, que el quejoso y otros los realizaron en calidad de coautores, y que la conducta que se le atribuye es a título de dolo directo (00:53:25, archivo de audio y video 2020-10-27_08.59.54.156). Incluso, esos datos de prueba le permitieron establecer que, en la causa penal de origen, hasta ese momento, no se actualizaba una causa de justificación o una causa de exclusión (00:57:15, archivo de audio y video 2020-10-27_08.59.54.156). Por tales motivos, como se anticipó, resultan infundados los conceptos de violación formulados, pues se reitera, sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, aunado a que sí se fundó y motivó la causa del procedimiento, puesto que los diversos datos de prueba citados por el fiscal que solicitó la orden de aprehensión, sí otorgan verosimilitud a los hechos expuestos, y a partir de esos datos es factible suponer razonablemente que se cometieron los hechos que la ley señala como los delitos de robo calificado indeterminado cometido en agravio de***; daños dolosos cometidos en agravio de ***; daños dolosos cometidos en agravio de***; homicidio calificado en grado de tentativa cometido en agravio de *** y ***; así como pandillerismo cometido en agravio de la sociedad, y como que probablemente los indiciados participaron en su comisión, en la medida que este órgano jurisdiccional no vislumbra irregularidad en los mismos y, en cambio, sí advierte verificables los enunciados que integran la hipótesis del Ministerio Público con la información que se desprende de los registros de investigación. Incluso, se debe precisar, ese medio de conducción al proceso ni siquiera exige que los datos de prueba invocados por la fiscalía sean sometidos a contradicción, por lo que lógica y evidentemente el juez de control emitió su resolución basándose únicamente en que los hechos expuestos en la solicitud de la orden judicial -principio de lealtad procesal- pues no podía demeritar la información obtenida de los registros de investigación, sino que en todo caso considerar que los hechos no son verificables con aquellos datos, por no ser conducentes en cuanto al hecho a justificar. Además, en atención al último de los requisitos, el juez acertadamente precisó que la necesidad de cautela que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer comparecer al aquí quejoso y otros, a través de una orden de aprehensión, para que le sea formulada la imputación, se encuentra justificada, entre otros motivos, por la posible pena de prisión, así como el hecho de que esta se vería incrementada considerablemente, debido a la multiplicidad de delitos -concurso de delitos- pues las penas que, en su momento se imponga, serán sumadas entre sí, lo cual hace que los imputados no se presenten voluntariamente. (00:42:08, archivo de audio y video 2020-10-27_08.59.54.156). De ahí que, se cumpla el último los requisitos señalados. En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto, que se girara la orden de aprehensión en contra del ahora quejoso *** y otros, por la probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de robo calificado indeterminado cometido en agravio de ***; daños dolosos cometidos en agravio de *** y***; daños dolosos cometidos en agravio de***; homicidio calificado en grado de tentativa cometido en agravio de *** y***; así como pandillerismo cometido en agravio de la sociedad, y por ende, sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento hasta este momento. Máxime, que, de una correcta y sana crítica de los datos de prueba anteriormente relacionados, observando las reglas de la lógica y la valoración de aquellos elementos (en lo individual y global), que han servido de basamento, llevan a establecer, que son suficientes para determinar la existencia de los hechos que la ley señala como delito de delitos de robo calificado indeterminado cometido en agravio de ***; daños dolosos cometidos en agravio de *** y***; daños dolosos cometidos en agravio de ***; homicidio calificado en grado de tentativa cometido en agravio de *** y***; así como pandillerismo cometido en agravio de la sociedad, e incluso, la probable comisión por parte del aquí quejoso y otros. Finalmente, por cuanto al argumento relacionado a que se le pretende privar de su libertad sin un mandamiento por escrito, debe decirse que resulta inexacta su apreciación, pues la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer las razones y el fundamento que tomó en cuenta el juzgador para pronunciar su decisión, es la videograbación del desarrollo de la audiencia, por lo que es innecesarios que pronuncie una diversa resolución por escrito, aunado a que conforme al artículo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, el Constituyente determinó que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, como es el proceso penal acusatorio y oral, bastará con que quede constancia del acto de molestia por cualquier medio, no sólo por "escrito". El anterior argumento es emanado del criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con el registro digital IUS 2019617, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA QUE LA CONTIENE EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LA EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUEL ACTO DE MOLESTIA." Conclusión. Atento a lo descrito en líneas precedentes, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal. Aunado a que, se reitera, este órgano jurisdiccional advierte que no hay una violación a los derechos fundamentales del quejoso que deba ser reparada oficiosamente o en suplencia de la queja deficiente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por***, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el tercer considerativo de este fallo. Segundo. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *** Y ***, respecto a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto de este fallo. Tercero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *** y ***, en contra de los actos reclamados al juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, actuando en la sede y base Salvatierra, por los motivos expuestos en el sexto considerativo de este fallo Cuarto. La justicia federal no ampara ni protege a ***, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerativo.
- Principal
Por recibido el oficio remitido por el jefe de Unidad de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Salvatierra, por medio del cual remite las constancias de emplazamiento de los terceros interesados **********, *********, ********** y *******, así como de la agente del Ministerio Público que participó en el procedimiento penal de origen; consecuentemente, se les tiene por emplazados al presente juicio
- Principal
Recepción de incompetencia. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, al que se adjunta: El juicio de amparo 403/2021 (un tomo) de su índice, formado con motivo de la incompetencia planteada por el juez Séptimo de Distrito en el estado de Michoacán en su controversial 143/2021; y, Los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión de este último. Con transcripción del presente proveído, acúsese recibido a ambas autoridades. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital bajo el registro número 407/2021-7. Ahora, de lo recibido, se desprende que mediante sentencia de diez de junio de dos mil veintiuno, emitida por el juez Séptimo de Distrito en el estado de Michoacán dentro del juicio de amparo 143/2021, promovido por ***, ***, ***, ****, ***, ***, ***, *** y ****, determinó carecer de competencia por cuestión de territorio (atendiendo a la ejecución del acto reclamado) para fallar en definitiva y remitió los autos al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esta ciudad. Dicha incompetencia fue turnada a la jueza Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, quien dentro de su expediente 403/2021, el pasado dieciséis de junio, aceptó la competencia planteada; empero, por cuestión de conocimiento previo la remitió a este Juzgado Octavo, al haber conocido previamente del acto reclamado dentro del diverso juicio de amparo 14/2021. En tal virtud, al compartir el criterio sostenido por ambos juzgadores, esta potestad se avoca al conocimiento del asunto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Convalidación parcial de actuaciones. Toda vez que de autos se advierte que el juez Séptimo de Distrito en el estado de Michoacán dentro del juicio de amparo 143/2021, celebró la audiencia constitucional el diez de junio de dos mil veintiuno, este juzgador convalida todas las actuaciones previas hasta antes del verificativo de dicha audiencia, la cual se deja insubsistente. Se explica: De una interpretación lógica del artículo 17 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en concordancia con el precepto 17 constitucional, queda claro que tratándose de un asunto en el que un Juez de Distrito resolvió no ser competente para conocer de un determinado asunto, como sucedió en la especie, deben considerarse válidas todas las actuaciones que practicó el referido órgano, incluyendo aquélla diligencia que contiene el inicio de la audiencia constitucional, ello es lógico porque no tendría ningún efecto práctico celebrar una nueva de tal naturaleza desde el inicio, cuando en la que ya tuvo verificativo, se agotó la oportunidad de las partes para ofrecer pruebas, solicitar su desahogo y expresar alegatos, que es uno de los aspectos primordiales que se sigue con el verificativo de la audiencia que prevé el artículo 124 de la Ley de Amparo. Sin embargo, del sumario se desprende que no está integrada en su totalidad la relación procesal, en virtud de que no se reconoció ni llamó a juicio a los terceros interesados, pues en proveído de quince de abril pasado, el homólogo declinante únicamente tuvo por recibido el informe justificado del juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, actuando en la sede y base de Salvatierra (donde precisó que sí existía un mandato de captura en contra de los quejosos), sin pronunciarse en torno a ello. En esas condiciones, a fin de evitar una eventual reposición de procedimiento, este juzgado federal deja sin efectos la audiencia constitucional aludida y ordena la continuación de la secuela procesal hasta antes de su verificativo. Es aplicable la jurisprudencia con registro digital IUS 167142, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento. Intervención de la fiscalía adscrita. Dese la intervención que corresponda a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien, en atención al proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, pronunciado en el cuaderno de varios administrativo de la sección de amparo que se lleva en este juzgado federal, está autorizada para consultar el presente expediente judicial vía electrónica con el nombre de usuario ***** Instrucciones a autoridades responsables. Hágase saber a las autoridades responsables que, en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor relacionada con la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) emitida por el Consejo de Salubridad General, así como al acuerdo emitido por el Secretario de Salud en el que se establecen medidas extraordinarias para atender dicha emergencia, deberán realizar lo siguiente: 1. Rendir cualquier comunicación a esta autoridad al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, el cual se confirmará por la misma vía; y, 2. Señalar un correo electrónico y un número telefónico, para que este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicación y establecer una línea de coordinación relacionada con el presente asunto. Las anteriores determinaciones son tomadas con la finalidad de salvaguardar la salud del personal de este órgano jurisdiccional, así como del personal perteneciente a las autoridades responsables; además de que se pretende evitar la propagación del virus. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las catorce horas con tres minutos del veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos solo de trámite, podrán consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://dpepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_iniasp. Causales de sobreseimiento. Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional; apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tercero interesado. Analizadas las constancias remitidas, se estima que les reviste el carácter de terceros interesados en términos del artículo 5º, fracción III, incisos c) y d) de la Ley de Amparo, a las víctimas ****, ***, *** y ****, así como al agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia de donde emana el acto reclamado. Por tanto, se ordena su llamamiento a juicio por conducto de la autoridad responsable, juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, actuando en la sede y base de Salvatierra, en el último domicilio que tengan señalado en el juicio de origen incluso estrados o domicilio electrónico, quien deberá correrle traslado con copia del escrito inicial de demanda y del presente proveído. Asimismo, deberá requerir a las víctimas para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de practicado el emplazamiento respectivo, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, sin necesidad de ulterior acuerdo. Incidente de suspensión. Sin que sea necesario iniciar incidente de suspensión alguno, por ya haberse concluido ante el juez Séptimo de Distrito en el estado de Michoacán dentro del juicio de amparo 143/2021, los cuales se ordena conservar por separado. Domicilio, autorizados y medios electrónicos. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación con el usuario "********************", por lo que se insta al oficial judicial "A" de este órgano jurisdiccional, para que dé de alta en el expediente electrónico en línea al citado usuario para tales efectos, así como para el acceso y consulta vía remota del presente asunto. Ello, al así haber sido ordenado por el juez Séptimo de Distrito en el estado de Michoacán dentro del juicio de amparo 143/2021. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el escrito inicial de demanda, por no haberse proporcionado mayores datos que justifiquen que los autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea. Con apego en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, modificado únicamente por cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 1/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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