José Ignacio Martínez Patiño
Expediente 880/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Ignacio Martínez Patiño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el término de tres días concedido al quejoso y a las terceras interesadas para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; por tanto, en atención a los elementos que obran en el expediente, de oficio, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. En la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, para el efecto de que la autoridad responsable juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en Celaya, Guanajuato: 1) Dejara insubsistente la determinación reclamada de diez de octubre de dos mil dieciocho, en la parte relativa a la forma en que se admitió la prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN), así como en el apartado donde determinó que el pago de los honorarios del perito designado en esa materia, correrían a cargo de las partes en un cincuenta por ciento; 2) Con libertad de jurisdicción emitiera otra decisión, en la que al momento de admitir la prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN), subsane los vicios puntualizados en esta sentencia; y, 3) Asimismo, al momento de decidir a qué parte corresponde el pago de honorarios del perito ********** (designado por la juzgadora de origen), se ocupara de resolver todos y cada uno de los argumentos planteados por el mandatario judicial del quejoso relacionados con la determinación de que corresponde a las partes en un cincuenta por ciento erogar ese gasto; además, prescinda del argumento donde se acotó que las partes por el hecho de estar asistidas por abogado particular se presume su posibilidad económica para ese efecto. Por acuerdo de dieciocho de febrero pasado causó ejecutoria la determinación en comento y se requirió a la responsable su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio registrado con el número 1934, el juez responsable primeramente informó que el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve dejó insubsistente parte correspondiente de la audiencia preliminar de diez de octubre de dos mil dieciocho, del expediente ***de su índice. Luego, con la diversa misiva registrada con el número 2423, la autoridad en comento remitió un disco versátil digital con copia certificada de la grabación de audio y video de la audiencia preliminar del expediente ****de su índice, celebrada el cinco de marzo actual; así como copia certificada del acta sucinta de dicha audiencia. De las citadas documentales -que merecen eficacia probatoria plena acorde a lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º-; así como en concordancia con la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."; se desprende que la autoridad responsable realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente la audiencia preliminar de diez de octubre de dos mil dieciocho, del expediente ****de su índice, en la parte relativa a la forma en que se admitió la prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucléico (ADN), así como el apartado donde determinó que el pago de los honorarios del perito designado en esta materia correrían a cargo de las partes en un cincuenta por ciento. b) El cinco de marzo de dos mil diecinueve, dictó una nueva determinación en la audiencia preliminar del expediente de origen, en la que fundó y motivó la admisión de la prueba pericial genética; indicó que los gastos erogados por el desahogo de dicha pericial correrán a cargo del Poder Judicial del Estado; estableció los alcances y restricciones del dictamen, el que únicamente versará sobre el vínculo de parentesco entre el aquí quejoso y la menor de edad tercera interesada, y no sobre otras cuestiones genéticas inherentes a su persona; indicó el lugar en que habrán de tomarse las muestras para la elaboración del dictamen, las que se obtendrán por medio de exudado bucal -muestra de saliva-, por ser menos invasivo; precisó que se vigilará que el laboratorio donde se realice el estudio de las muestras correspondientes, cuente con certificación de la Secretaría de Salud; así mismo, enfatizó que se vigilará la cadena de custodia de las muestras en comento. c) Finalmente, el juez primigenio hizo hincapié en que para llegar a la determinación precedente, prescindió del argumento de que debido a que las partes cuentan con abogado particular, se presume que cuentan con recursos económicos para pagar la prueba pericial genética en trato. En esas condiciones, si la autoridad responsable dejó sin efectos la determinación recurrida, y dictó una nueva en la que, con libertad de jurisdicción fundó y motivó su decisión, estableció los alcances y restricciones del dictamen pericial en genética, los lineamientos para su preparación y desahogo, y lo hizo prescindiendo del argumento donde se acotó que las partes, por el hecho de estar asistidas por abogado particular, se presume su posibilidad económica para pagar la prueba de mérito; se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado, por lo que en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. En mérito de lo anterior, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral antes referido de la Ley de la materia, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente y el cuaderno original del incidente de suspensión son depurables una vez que trascurran cinco años, contados a partir de que se ordena su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se concedió el amparo -en el expediente principal-; y por lo que hace a la suspensión provisional y definitiva, fue concedida en ambas ocasiones. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, por no haber sido ofrecidos por las partes.
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por el juez de Partido Civil especializado en Materia Familiar en Celaya, Guanajuato, con el que dice dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, y al efecto anexa copia certificada del acta de audiencia preliminar celebrada el cinco de marzo de dos mil diecinueve en el expediente ***de su índice, así como disco versátil digital que contiene copia certificada de la videograbación de la referida audiencia. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida. Finalmente, por lo que hace al dispositivo digital de mérito, guárdese en sobre cerrado que se glose al sumario para que obre como legalmente corresponde.
- Principal
Con fundamento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite el juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar en Celaya, Guanajuato, al que anexa copia certificada del auto dictado el diecinueve de febrero actual en el expediente ****, de su índice, en el que dejó sin efecto la resolución emitida en la audiencia preliminar en su etapa IV, en cuanto a la prueba en genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN), así como en la forma en que se erogarían los gastos de la misma. Así mismo, que señaló las diez horas del cinco de marzo de dos mil diecinueve para llevar a cabo el desahogo de la mencionada etapa IV de la audiencia preliminar. En razón de lo que precede, se tiene a la autoridad oficiante en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto.
- Principal
Visto el estado de autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente juicio, que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de Gobierno correspondiente. Por ende, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en Celaya, Guanajuato, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en la siguiente forma: 1) Deje insubsistente la determinación reclamada de diez de octubre de dos mil dieciocho, en la parte relativa a la forma en que se admitió la prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN), así como en el apartado donde determinó que el pago de los honorarios del perito designado en esa materia, correrían a cargo de las partes en un cincuenta por ciento; 2) Con libertad de jurisdicción emita otra decisión, en la que al momento de admitir la prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN), subsane los vicios puntualizados en esta sentencia; y, 3) Asimismo, al momento de decidir a qué parte corresponde el pago de honorarios del perito ***********(designado por la juzgadora de origen), se ocupe de resolver todos y cada uno de los argumentos planteados por el mandatario judicial del quejoso relacionados con la determinación de que corresponde a las partes en un cincuenta por ciento erogar ese gasto; además, prescinda del argumento donde se acotó que las partes por el hecho de estar asistidas por abogado particular se presume su posibilidad económica para ese efecto. Lo que deberá realizar en el término de tres días, en el entendido que deberá allegar a esta instancia las constancias con que lo acredite; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia.
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