José Ignacio Juárez Bello

Expediente 178/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
178/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
30/05/2018

Partes del expediente

  • José Ignacio Juárez Bello
  • Magistrados Integrantes de la Sala Auxiliar del Primer Circuito Judicial Deltribunal Superior de Justicia En Elestado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 178/2018, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar a los terceros interesados agente del Ministerio Público que haya intervenido en el Toca Penal 154/2017 y Miguel Ángel Cervantes Espinoza la resolución de ocho y auto de diez, ambas de mayo de dos mil dieciocho, por las razones que en la misma expone. En mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, al advertirse que el tercero interesado Miguel Ángel Cervantes Espinoza no se apersonó en este juicio de amparo, ni señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 316 y 317); por tanto, practíquense las notificaciones de la sentencia y auto de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Ahora bien, por lo que hace al agente del Ministerio Público que haya intervenido en el Toca Penal 154/2017, en su carácter de tercero interesado, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, gírese el oficio correspondiente a efecto de notificarle la resolución de ocho y auto de diez, ambas de mayo de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Samantha Espinosa Lobo, que autoriza y da fe...SENTENCIA Y AUTO QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: ....AUTO Y SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: ...Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 178/2018-I, promovido por José Ignacio Juárez Bello, constante de trescientas sesenta y tres fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer en el juicio, así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante la secretaria Samantha Espinosa Lobo, que da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: ...PRIMERO. SE SOBRESEE...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 178/2018-I, promovido por José Ignacio Juárez Bello, constante de trescientas sesenta y tres fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer en el juicio, así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante la secretaria Samantha Espinosa Lobo, que da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 178/2018-I del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 211/2018-II, del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, promovido por José Ignacio Juárez Bello, en contra de actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de Morelos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil diecisiete, (fojas 2 a 39), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, José Ignacio Juárez Bello, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra, entre otros, de la autoridad y acto que a continuación se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridad responsable con el carácter de ordenadora a los Magistrados Integrantes de la Sala Auxiliar del Primer Circuito Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado.". "IV.- ACTO RECLAMADO." " a)." "b) Asimismo se reclama a la autoridad responsable ordenadora la negativa o la omisión de proporcionarme copia certificada de la transcripción de la resolución de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, emitida dentro del Toca Penal 154/2017-14-3-14OP,puesto que con la misma fecha se solicitó dicha copia y fue negado por la autoridad responsable, así como con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, fue solicitada nuevamente las referidas copias certificadas por mi defensor particular, negándome en todo momento la expedición de las copias certificadas de la transcripción de la resolución o sentencia definitiva ya referida, sin que para ello exista motivo, razón ni fundamento legal para negármelo, violando con ello mis Derechos Humanos, el debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no puedo combatir dicha resolución o sentencia definitiva al no conocer el contenido de la misma." Cabe aclarar que el quejoso en su demanda señaló otros actos reclamados, pero por ellos se integraron distintos juicios de amparo. Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señalando como tercero interesado a Miguel Ángel Cervantes Espinoza, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Cuernavaca Morelos, integrándose así el juicio de amparo 1995/2017, del índice de dicha autoridad judicial; en el cual, al percatarse que el quejoso señalaba tres actos reclamados, por acuerdo del ocho de diciembre de dos mil diecisiete, admitió la demanda sólo por cuanto hace a uno de ellos, y decretó oficiosamente la separación de los autos, enviando el oficio 55992/2017, al Jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para el returno de los correspondientes juicios de Amparo (fojas 04 a 06). Posteriormente, por auto de catorce de diciembre del año próximo anterior, el Juez Séptimo de Distrito en Cuernavaca, Morelos, instauró el juicio de amparo 2038/2017 D, al recibir el oficio OCC/C18/JDM, signado por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, por el cual se returnó la demanda de amparo promovida por José Ignacio Juárez Bello, respecto de los actos que se atribuyen a los Integrantes de la Sala Auxiliar del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistentes en la negativa de proporcionar al quejoso copia certificada de la transcripción de la resolución de trece de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada dentro del Toca Penal 154/2017-14-3-14-OP, requiriendo a la responsable el informe justificado, el que se rindió por oficio 70/2018-P, del 25 de enero de dos mil dieciocho, acompañado de cuatro anexos de pruebas, consistentes en copias certificadas del Toca Penal 154/2017-14-3-14-OP, los cuales se encuentran agregados al juicio de amparo que se resuelve (fojas 52 a 54 y de la 62 a la 292). Por auto del treinta y uno de enero del año en curso, el Juez Séptimo de Distrito en Cuernavaca Morelos, tuvo por recibido el informe justificado que rindió el Magistrado Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y como de los anexos que se acompañaron al citado informe justificado, advirtió que el Juzgado Segundo de Distrito en Cuernavaca, Morelos, había conocido del juicio de amparo 1779/2017-I, promovido por el diverso quejoso Pablo Nahum Pérez Limón, en contra del mismo acto reclamado, se determinó declinar la competencia en favor de la citada autoridad judicial, a fin de que siguiera conociendo del asunto, por existir precedente (fojas 55 a 59). Por acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Distrito en Cuernavaca, Morelos, admitió la competencia del juicio de amparo, radicándolo con el número 178/2018-I, de su índice, convalidando las actuaciones del Juez Séptimo de Distrito de la misma localidad, dentro del Juicio de Amparo 2038/2017-D, sin abrir incidente de suspensión por no haberse ordenado (fojas 293 a 299), ordenándose el emplazamiento a juicio al agente del ministerio público adscrito a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y del tercero interesado, recabándose las constancias respectivas (fojas 326 a 330). TERCERO. Envío del expediente de amparo. Con fecha cinco de abril del año en curso, se dio inicio a la audiencia constitucional (foja 344); y por acuerdo del diez del mismo mes y año, el juzgado auxiliado ordenó la remisión del expediente 178/2018-I, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir del mes de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliaría al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, con el dictado de sentencias en juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número de cuaderno auxiliar 211/2018-II (fojas de la 345 a 348); por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de cinco de abril de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales, 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2ª./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama un acto negativo y la demanda se presentó ante la oficina de correspondencia común de los Jugados de Distrito en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados, a que se constriñe el presente juicio de amparo, se hicieron consistir exclusivamente en: ? La resolución de trece de octubre de dos mil diecisiete, emitida dentro del Toca Penal 154/2017-14-3-14-OP, en la audiencia oral de la citada fecha, y el auto del veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en cuanto a las copias certificadas solicitadas por la parte ahora quejosa. Actos reclamados a la siguiente autoridad: 1. Magistrados de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La responsable, al emitir su informe con justificación, por oficio 70/2018-P, del 25 de enero de 2018, adujó que son ciertos los actos reclamados (fojas 52 a 54); en consecuencia, debe tenerse por ciertos los aludidos actos, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 749 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que acompañó la responsable a su informe de ley, consistentes en copias certificadas del Toca 154/2017-14-3-14-OP, formado con motivo del recurso interpuesto por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Robo de Vehículos, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal JO/046/2917, seguida en contra del hoy quejoso, y otro, ante el Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por la probable comisión del delito de Robo de Vehículos Agravado; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y tratarse de actuaciones judiciales relativas a un toca de apelación y causa penal tramitados ante autoridades jurisdiccionales. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, resulta necesario destacar los antecedentes de donde deriva el acto reclamado y que conforme a las constancias que remitió la responsable, son los siguientes: 1. Por sentencia del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, los Jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento Oral, del Primer Distrito en Judicial, del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, al resolver el Juicio Oral JO/046/2917, dictaron sentencia absolutoria en favor de José Ignacio Juárez Bello (actual quejoso) y de su coacusado Pablo Nahum Pérez Limón, respecto de la acusación que pesaba en su contra, por la posible comisión del delito ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO (fojas de la 68 a la 84). 2. Inconforme con la anterior determinación, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Robo de Vehículos, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, interpuso recurso de apelación, formándose así el Toca 154/2017-14-3-14-OP, del índice de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. 3. La Sala citó para audiencia de dictado de sentencia, que se desahogó el 13 trece de octubre de 2017 dos mil diecisiete, en la cual, se revocó la sentencia de primera instancia, por considerar que los imputados sí eran responsables de la comisión del delito ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO, citando a las partes a otra audiencia, de individualización de sanción y reparación del daño, que habría de celebrarse el veinte de aquel mes y año. 4. Durante la audiencia de apelación, celebrada el trece de octubre de dos mil diecisiete, los abogados defensores de los imputados, solicitaron copias certificadas de la transcripción de dicha resolución, a lo cual, la responsable contestó: ".Hago saber a las partes que va a obsequiarse su petición únicamente en cuanto al audio y video de esta audiencia, porque la sentencia se engrosará totalmente hasta el momento en que hagamos la audiencia de individualización de sanciones y se haga la condena respectiva, en ese momento estará integrado todo el documento engrosado, para que ustedes lo conozcan en su integridad y en su caso los medios legales que tengan que hacer valer corren lógicamente a partir de que son notificados de toda la sentencia ." 5.- Posteriormente, por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el defensor particular del sentenciado, hoy quejoso, de nueva cuenta solicitó a la responsable, la expedición de copias certificadas de la resolución emitida en la audiencia del trece de octubre del año próximo anterior, a lo cual, la responsable proveyó en la misma fecha: ".dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo anterior, en virtud de que mediante acuerdo dictado en audiencia de trece de octubre del año en curso, se negó la misma petición que ahora realiza el promovente, por los motivos que en dicha audiencia se expusieron.". Determinaciones, en cuanto a las copias solicitadas, que constituyen los actos reclamados en el presente juicio. Una vez relatados los antecedentes del caso, se procederá al análisis de las causales de improcedencia. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar si en el caso se actualiza una causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, este juzgado federal, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la resolución relativa a la solicitud de copias certificadas, emitida en la audiencia del trece de octubre de dos mil diecisiete, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Los preceptos invocados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De acuerdo a las normas reproducidas se tiene que el plazo procesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, y que de no promoverse dentro de tal plazo el juicio es improcedente; salvo las excepciones contenidas en las fracciones I a IV del propio numeral. Aunado a lo anterior, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 18 de la Ley de Amparo, se tiene que el momento a partir del cual se computará el plazo para instar el juicio de amparo, se contará a partir de tres acontecimientos distintos, según la naturaleza del acto reclamado, a saber: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente a aquel en que haya tenido conocimiento del acto reclamado, o su ejecución; o bien, c) A partir del día siguiente a aquel en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De acuerdo a lo anterior, la causa que torna improcedente la acción de amparo tiene lugar cuando esta no se promueve dentro del plazo de quince días y no se esté en algunas de las excepciones contenidas en el propio precepto 17 de la Ley de Amparo, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer el derecho fundamental de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. Enseguida, debe reiterarse que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional al reclamo de la resolución dictada en relación con copias certificadas, por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, durante la audiencia de alzada del trece de octubre de dos mil diecisiete, en el toca 154/2017-14-3-14-OP, que fue notificada al defensor particular del imputado en la propia fecha de la audiencia, surtiendo efectos al día siguiente hábil, es decir, el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete; por tanto, el término para interponer la demanda de amparo, transcurrió del diecisiete de octubre al diez de noviembre de dos mil diecisiete; descontando los días 21, 22, 28 y 29 de octubre; 1, 2, 6 y 7 de noviembre del mismo año, por ser inhábiles, como se ilustra en el siguiente calendario: OCTUBRE 2017 Do lu Ma mi Ju vi sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 33030 31 NOVIEMBRE 2017 Do lu Ma mi ju vi sa 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 13 de OCTUBRE de 2017, se notificó el acto reclamado, surtiendo efectos el 16 del mismo mes y año. 8 10 de NOVIEMBRE de 2917, feneció el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Lo anterior en aplicación del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que, en lo conducente, establece: "Artículo 82.- Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo (personales), surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." A efecto de explicar el motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, es preciso señalar que las constancias que allegó la responsable, a las cuales se les reitera el valor probatorio conferido en el considerando tercero, se advierte que la resolución reclamada fue notificada a la parte quejosa el trece de octubre de dos mil diecisiete, es decir, en la misma audiencia de apelación celebrada dentro del toca 154/2017-14-3-14-OP; quedando las partes por debidamente notificadas en la propia audiencia, como lo establece el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtiendo efectos al día siguiente hábil, lunes dieciséis de octubre de dos mil diecisiete; en la inteligencia de que, José Ignacio Juárez Bello fue representado en la citada audiencia por su defensor particular. Por tanto, se advierte que el término de quince días para presentar la demanda de amparo, feneció el diez de noviembre del mismo año (2017); sin embargo, la demanda de amparo, fue presentada el siete de diciembre de dos mil diecisiete, como se desprende del sello que aparece en la copia certificada de dicha constancia (foja 08 del juicio de amparo), luego entonces resulta extemporánea su presentación, y se trata de un acto reclamado que fue consentido por el quejoso al no haberse impugnado oportunamente. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 10/2017 (10ª.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa". Así como la diversa jurisprudencia P./J. 11/2017 (10ª.) , emitida por el Pleno del más alto tribunal del país, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas". Así, la notificación de la resolución dictada por la responsable en la audiencia de trece de octubre de dos mil diecisiete, se hizo a la parte quejosa en la propia audiencia, luego, debe entenderse que esa notificación surtió sus efectos al día siguiente hábil, de conformidad con el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, el plazo de los quince días hábiles para promover el juicio constitucional, conforme a la regla prevista en el 18 de la Ley de Amparo, comenzó a correr el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, y concluyó el diez de noviembre de aquel año, (descontándose los días 21, 22, 28 y 29 de octubre; 1, 2, 6 y 7 de noviembre del mismo año, por ser inhábiles); en tanto que del sello de recibido estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, en la copia certificada del escrito inicial de demanda, se advierte que fue presentada el siete de diciembre de dos mil diecisiete. Por tanto, la demanda resulta extemporánea al haber sido presentada posteriormente de los quince días al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, tal como lo exige el artículo 17 la Ley de Amparo; lo que hace improcedente la demanda de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, lo procedente es decretar el respectivo sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 13 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo". Máxime que en el caso particular que se resuelve, no se advierte la vigencia de ninguna de las excepciones que contempla el artículo 17 de la misma Ley de Amparo, ya que el acto reclamado (relativo a una solicitud de copias certificadas), no se trata de una norma general considerada autoaplicativa, o procedimiento de extradición; tampoco es una sentencia condenatoria en materia penal que imponga alguna sanción corporal; menos aún se trata de actos que pudieran traer como consecuencia a privación total o parcial, temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios; ni de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política e los Estados Unidos Mexicanos; ni sobre la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Respecto a la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en cuanto a las copias solicitadas, este juzgador federal estima que cobra vigencia, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la ley de la materia, en virtud de que el quejoso inobservó el principio de definitividad, pues no agotó el recurso de revocación, que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, para impugnar el proveído reclamado. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El numeral transcrito contiene el principio de definitividad que rige a los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior se desprende que el juicio de garantías es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Cabe precisar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo prevé las siguientes excepciones al principio de definitividad, esto es, excluye la obligación de agotar el medio de defensa ordinario previamente a acudir al amparo cuando se reclame: a) Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Con la precisión de que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el presente caso la resolución impugnada no implica riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni consisten en una orden de aprehensión o de reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Por otra parte, no obstante que por regla general en todos los casos será improcedente el juicio de amparo cuando en contra del acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio. Empero, en el presente caso no se está en ninguno de los supuestos detallados, al no ser el quejoso ajeno al juicio de origen. Por tanto, su acción para reclamar el acto que afirma le causa perjuicio, queda supeditada a la regla establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en donde se condiciona la procedencia del juicio constitucional al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes (Principio de Definitividad). Destacado lo anterior, tenemos que en el caso el quejoso reclama el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el Toca Penal 154/2017-14-3-14-OP, por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, en el cual no se acordó favorablemente, la solicitud de copias certificadas; resolución que, al tratarse de una cuestión de mero trámite, admitía el recurso de revocación, previsto por los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos, en lo conducente, establecen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: "I.." "II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite." "La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Así, del artículo 465 transcrito, se desprende, que contra las resoluciones de mero trámite, como en el caso procede el recurso de revocación, el cual debió interponerse por escrito, dentro de los dos días siguientes a la notificación del auto recurrible, como establece el artículo 466 precisado. En ese orden de ideas, el acto que se tilda de inconstitucional por el quejoso, debió ser impugnado mediante el recurso de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual es factible lograr su modificación, revocación o anulación, en otras palabras, el peticionario de amparo estaba obligado a agotar el aludido recurso de revocación previo a promover el presente juicio constitucional, en observancia al principio de definitividad, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones y puesto que el amparo es un juicio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de impugnación previstos por la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar revocar o anular los actos que vayan a reclamarse y al no haberlo hecho así el quejoso, se concreta la causal de improcedencia en estudio en relación con la resolución reclamada y, en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que las causales de sobreseimiento analizadas impiden a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la jurisprudencia 509 , emitida por la Segunda Sala del máximo tribunal de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la circular C. CAR. 18/2018-V de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo, la sentencia pronunciada por este juzgador en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Ignacio Juárez Bello, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable que precisados fueron en el considerando segundo de esta sentencia; por las consideraciones expuestas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el Maestro José Alfredo Sánchez García, asistido del licenciado José Manuel Sánchez Acosta, secretario que autoriza, hoy ocho de mayo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Se recibe el oficio con anexos, signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 244/2018 derivado del juicio de amparo 178/2018-I; librado para el efecto de emplazar a la parte tercero interesada MIGUEL ÁNGEL CERVANTES ESPINOZA, por las razones que expone; atento a lo anterior, dése de baja en el libro de gobierno correspondiente, y agréguese a los autos para que obre como corresponda, toda vez que el trece de marzo del año en curso, se tuvo por emplazado a juicio al tercero interesado de referencia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Laura Yanzín González Ceballos, que autoriza y da fe.

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