José Ignacio Juárez Bello

Expediente 177/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
177/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
30/05/2018

Partes del expediente

  • José Ignacio Juárez Bello

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 177/2018-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo y en el segundo, negar el amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar a los terceros interesados agente del Ministerio Público que haya intervenido en el Toca Penal 154/2017 y Miguel Ángel Cervantes Espinoza la resolución de ocho y auto de diez, ambas de mayo de dos mil dieciocho, por las razones que en la misma expone. En mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, al advertirse que el tercero interesado Miguel Ángel Cervantes Espinoza no se apersonó en este juicio de amparo, ni señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 316 y 317); por tanto, practíquense las notificaciones de la sentencia y auto de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Ahora bien, por lo que hace al agente del Ministerio Público que haya intervenido en el Toca Penal 154/2017, en su carácter de tercero interesado, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, gírese el oficio correspondiente a efecto de notificarle la resolución de ocho y auto de diez, ambas de mayo de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Samantha Espinosa Lobo, que autoriza y da fe...AUTO Y SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECEN: ...Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 177/2018-I, promovido por José Ignacio Juárez Bello, constante de trescientas veintiséis fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en la que determinó sobreseer en el juicio y negar el amparo y protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y séptimo de dicha resolución; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante la secretaria Samantha Espinosa Lobo, que da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 177/2018-I del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 210/2018-I del registro de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por José Ignacio Juárez Bello, por propio derecho, en contra de actos de la Sala Auxiliar del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 34 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, José Ignacio Juárez Bello, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades Y los actos de, que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como autoridad responsable con el carácter de ordenadora a los Magistrados integrantes de la Sala Auxiliar del Primer Circuito Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia en el ESTADO..con domicilio ampliamente conocido en Calle Leyva número 07 colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Señalo con carácter de ejecutoras. A) AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio ampliamente conocido en la Avenida Emiliano Zapata número 803, Colonia Buenavista, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, por sí y como jefe nato de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común a su cargo. B) Al Coordinador de la Policía de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con domicilio ampliamente conocido en la Avenida Emiliano Zapata número 803, Colonia Buenavista, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, por sí y como jefe nato de los Agentes de la Policía de Investigación Criminal a su cargo. C) Al Comandante y/o Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con domicilio ampliamente conocido en la Avenida Emiliano Zapata, número 803, Colonia Buenavista, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, por sí y como jefe nato de los Agentes de la Policía de Investigación Criminal a su cargo. D) Al Comandante y/o Jefe de Grupo de Presentaciones de la Policía de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con domicilio ampliamente conocido en la Avenida Emiliano Zapata, número 803, Colonia Buenavista, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, por sí y como jefe nato de los Agentes de la Policía de Investigación Criminal a su cargo. IV. ACTO RECLAMADO. a) LA RESOLUCIÓN O SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA, de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad ordenadora dentro del Toca de Penal 154/2017-14-3-14-OP, derivado del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público e el juicio oral número JO/046/2017, ya que dicha resolución dictada por los Magistrados Integrantes del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, revoca la resolución dictada por el Tribunal de juicio oral del Primer Distrito Judicial del Estado, mediante la cual me dictaron sentencia absolutoria y como consecuencia ordenaron mi inmediata libertad. El acto reclamado lo dicta la Sala responsable sin que exista motivo, razón ni fundamento legal para dictar la resolución o sentencia definitiva que por medio del presente amparo se combate. b) Asimismo se reclama a la autoridad responsable ordenadora la negativa o la omisión de proporcionarme copia certificada de la transcripción de la resolución de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del Toca de Penal 154/2017-14-3-14-OP, puesto que con la misma fecha se solicitó dicha copia y fue negado por la autoridad responsable, así como con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, fue solicitada nuevamente la referida copia certificada por mi defensor particular, negándome en todo momento la expedición de las copias certificadas de la transcripción de la resolución o sentencia definitiva ya referida, sin que para ello exista motivo, razón, ni fundamento legal para negármelo, violando con ello mis Derechos Humanos, el debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no puedo combatir dicha resolución o sentencia definitiva al no conocer la el contenido de la misma. c) Por otro lado también reclamo la orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, comparecencia o cualquier otro acto que afecte mi libertad personal deambulatoria, sin que para ello exista motivo para girar una orden en mi contra, ya que como se menciona más adelante hasta el momento no es la Sala Auxiliar la competente para librar una orden de esa naturaleza." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, quien mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, registró la demanda con el número 1995/2017-F; adicionalmente estableció que, ante la diversidad de actos reclamados contenidos en la demanda de amparo, decretó oficiosamente la separación de autos y estableció que únicamente conocería de los actos tendentes a privar de su libertad personal al peticionario del amparo, consistentes en la emisión de la orden de aprehensión, reaprehensión, presentación o comparecencia y que atribuyó a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, lo anterior, dentro del toca 154/17/14-3-4-14-OP y su ejecución. En consecuencia, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Posteriormente, por auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 77 a 81 del expediente), el juzgador federal del conocimiento, declinó la competencia a favor del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, al considerar que tuvo conocimiento previo de los actos reclamados en el diverso juicio de amparo 1779/2017-I, instado por Pablo Nahum Pérez Limón, coencausado de José Ignacio Juárez Bello, en contra de los mismos actos que éste último señaló como reclamados y respecto de las mismas autoridades responsables. Así, el dos de febrero de dos mil dieciocho, (fojas 245 a 249 del expediente), el juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, tuvo por recibidas las constancias relativas al juicio de amparo 1995/2017-F, y aceptó la competencia planteada, tuvo por convalidadas las actuaciones realizadas por el juez de Distrito declinante; lo registró con el número 177/2018-I; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación; quien no formuló pedimento, se ordenó el emplazamiento de Miguel Ángel Cervantes Espinoza, al advertirse que le asistía el carácter de tercero interesado, lo cual se llevó a cabo tal y como consta a foja 290 del expediente y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, el cinco de abril de dos mil dieciocho, dio inicio la audiencia constitucional, como consta en el acta visible a foja 308 de autos. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho (foja 309 del juicio de amparo), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 177/2018-I, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 210/2018-I; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta del cinco de abril de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N SI D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2ª./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama, la emisión de una orden de aprehensión, reaprehensión, presentación o comparecencia y su ejecución, que tendría verificativo en la circunscripción territorial del Estado de Morelos, esto es, donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de amparo de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo los actos reclamados lo constituyen: La orden de aprehensión, reaprehensión, presentación o comparecencia, librada en contra del quejoso, por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados que el quejoso hizo consistir en: a).- La orden de reaprehensión; b).- orden de presentación, y c).- orden de comparecencia; ello por exclusión, ya que las diversas autoridades responsables, aceptaron únicamente la existencia de la orden de aprehensión reclamada y sin que el quejoso ofreciera prueba en contrario. En consecuencia, ante la inexistencia advertida, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por otra parte, son ciertos los actos que se reclaman a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la emisión de la orden de aprehensión reclamada, pues así lo reconoce expresamente dicha responsable en su informe con justificación (fojas 68 a 69 del expediente); de la misma manera, son ciertos los actos de ejecución que se atribuyen al Fiscal General (foja 52 idem), Coordinador General de la Policía de Investigación (foja 54 idem), Encargado de la Comandancia de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado Metropolitana (foja 58 idem), pues así lo reconocen en sus respectivos informes justificados. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 749 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". De igual forma, son ciertos los actos de ejecución que se atribuyen al Encargado del Despacho de la Comandancia del Grupo de Presentaciones e Investigaciones de la Policía de Investigación Criminal (foja 56 idem), con independencia de que en su informe justificado niegue la existencia de los actos que se le atribuyen, habida cuenta que atento a su calidad de autoridad ejecutora, invariablemente tendría que acatar la orden de captura librada en contra del peticionario del amparo, de ahí que la negativa expresada quede desvirtuada. QUINTO. Oportunidad de presentación de la demanda. Bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento de la orden de captura que reclama, el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Por lo que, será esa data a partir de la cual deberá de realizarse el computo respectivo para la presentación de la demanda; entonces, el término para la interposición de su demanda de amparo, comenzó a contar al día siguiente hábil, que en el caso, fue el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Por lo que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 , en relación con el 18 , ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, transcurrió del veintiocho de noviembre al dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, siendo inhábiles los días: dos, tres, nueve, diez, quince y dieciséis de diciembre de esa misma anualidad, por ser sábados y domingos, ello en términos de los artículos 19, de la Ley de Amparo y 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De tal manera que si aquel escrito fue presentado el siete de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Cuernavaca, Morelos, la protección constitucional se solicitó dentro del plazo legal para tal efecto establecido. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Sin que en el caso las partes esgriman la actualización de alguna causa de improcedencia, ni de oficio este juzgador advierte su existencia. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Esencialmente, en sus motivos de inconformidad, el quejoso afirma que -respecto de la orden de aprehensión reclamada- se infringen las garantías y derechos consagrados en el artículo 16 de la Constitución Federal, en razón de que una orden de captura únicamente puede ser librada, previo acreditamiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El concepto de violación es infundado y sin que en el caso exista deficiencia de la queja que suplir. Lo anterior es así, porque la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado fue dictada conforme al cuarto párrafo del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en virtud de haberse declarado al quejoso sustraído de la acción de la justicia, por lo que al tratarse de una forma de garantizar la continuación del proceso sólo le son exigibles los requisitos de fundamentación y motivación del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual sí fue cumplido por la autoridad responsable. En efecto, en primer término debe hacerse una distinción entre la orden de aprehensión prevista en la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la contemplada en el párrafo cuarto de dicho numeral, para lo cual resulta necesario traer a cuenta el contenido del precepto en comento que establece lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." (énfasis agregado) Dicho precepto establece las formas de conducción del imputado a proceso a efecto de que lograr que éste se encuentre presente en todas las etapas del proceso siendo éstas a) Citatorio para la audiencia inicial, b) Orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública -en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido sin justificación- y c) Orden de aprehensión -cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela-. La fracción I, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación -y en caso que el imputado no se encuentre retenido- solicitará al juez de Control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales . En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del ministerio público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de Control, sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución General deberá cumplir -además de la necesidad de cautela que exige tal fracción- con los siguientes requisitos: a) no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial, b) preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, c) obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y d) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Como requisito para esas tres primeras formas de conducción al proceso, en el siguiente párrafo, el numeral en análisis indica que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Entonces, la orden de aprehensión contemplada en la fracción III del artículo 141 del código adjetivo penal invocado, debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente debe acreditar la necesidad de cautela, y conforme al precepto 16 de la Constitución Federal debe estar precedida de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad, además que, obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, el artículo 141 mencionado prevé en sus párrafos tercero, cuarto y sexto distintos supuestos para librar orden de aprehensión, distintos al contenido en la fracción III, los cuales son: 1. Cuando una persona resista o evada la orden de comparecencia judicial (entendiéndose la prevista en la fracción II del propio numeral) y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. 2. La derivada de la declaratoria de sustracción de la justicia. La autoridad judicial declarará sustraído de la acción de la justicia al imputado que sin causa justificada: a) no comparezca a una citación judicial, b) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o c) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. 3. En caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174 , el Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión y el juez de Control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. De lo anterior, puede advertirse que la orden de aprehensión como forma de conducción del imputado a proceso tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza por desacato del imputado o bien, porque el ministerio público demuestre la necesidad de cautela. Ahora bien, respecto a la declaración del imputado como sustraído de la acción de la justicia, de la interpretación teleológica del párrafo cuarto del numeral 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales que realizó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el Amparo en revisión 219/2016 del que emanó la tesis aislada I.7º.P.63 P (10ª.) donde estimó que al prever como supuesto que: a) no comparezca a una citación judicial, no debe interpretarse como el incumplimiento a la cita contenida en la fracción I del propio numeral (porque esa tiene como finalidad la comparecencia a la audiencia inicial), sino de cualquier otra citación posterior a la inicial; es decir, cuando el imputado ya tuvo contacto por lo menos, en una primera audiencia con el juez de Control. Lo anterior porque los siguientes supuestos -b) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o c) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo-, implican un deber adquirido por el imputado de permanecer en determinado lugar o proporcionar su domicilio; es decir, se entiende que en ambos casos ya se sometió al imperio del órgano jurisdiccional y por eso cuenta con esas obligaciones. En este sentido el Tribunal Colegiado mencionado estableció que el desacato a un citatorio que tiene como finalidad conducir al imputado a la audiencia inicial (fracción I) traerá como consecuencia el dictado de una orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública (fracción II); empero, si el citatorio se gira a un imputado que ya tuvo contacto con el juez de Control con la finalidad de que comparezca a una diligencia distinta de aquélla a la inicial (formulación de la imputación) y lo incumple, entonces se está en posibilidad de que la autoridad jurisdiccional lo declare sustraído de la acción de la justicia, con la consecuente orden de aprehensión (párrafo cuarto). Lo anterior da pauta para distinguir entre la orden de aprehensión contemplada en la fracción III, del artículo 141 del código adjetivo penal invocado y la prevista en el párrafo cuarto de dicho numeral, pues conforme a lo antes expuesto, la primera es una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente debe acreditar la necesidad de cautela, y conforme al precepto 16 de la Constitución Federal debe estar precedida de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad, obrar datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y existir la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sus efectos son únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no implica necesariamente que al imputado se le impondrá la medida cautelar de prisión preventiva. La necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal deriva del hecho de que la forma en que se presenta al imputado ante el juez de control generará una molestia en grado mayor que un citatorio; de ahí que su naturaleza es únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial a través de la fuerza pública, pero no privar de la libertad al imputado. Por su parte, la orden de aprehensión prevista en el párrafo cuarto, del artículo 141, del código adjetivo invocado debe entenderse como una forma de garantizar la continuación del proceso, por lo que solo le son exigibles los requisitos de fundamentación y motivación del artículo 16 citado. Lo anterior ya que su efecto es lograr la presentación del imputado ante el juez para continuar con el proceso que ya estaba iniciado, como en el caso. En efecto, el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada en su contra el catorce de noviembre de dos mil diecisiete dentro de los autos del toca penal 154/17/14-3-4-14-OP, del índice de la Sala Auxiliar responsable, que derivó de causa penal JO/046/2017 que se le instruye en el Tribunal Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por considerarlo probable responsable del hecho delictivo tipificado legalmente como robo de vehículo de motor agravado, en agravio del aquí tercero interesado Miguel Ángel Cervantes Espinoza. De la constancia escrita de la orden de aprehensión reclamada que obra en autos se advierte que ésta fue dictada con fundamento en el párrafo cuarto, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en virtud de que en el caso, se declaró a dicho imputado sustraído de la acción de la justicia porque no compareció a una citación judicial sin causa justificada, después de haberse revocado la sentencia absolutoria emitida por el tribunal de primer grado. Para llegar a lo anterior se enunciaron las siguientes circunstancias fácticas: 1.- Que el juez de la causa penal de origen, había dictado sentencia absolutoria en favor del quejoso JOSÉ IGNACIO JUÁREZ BELLO y su coencausado PABLO NAHUM PÉREZ LIMÓN. 2.- En contra de dicha resolución, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien lo registró con el toca penal 154/17/14-3-4-14-OP, y mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil diecisiete admitió a trámite dicho medio de impugnación (fojas 137 a 148 del expediente). 3.- Por auto de dos de octubre de dos mil diecisiete y atendiendo a que la Sala responsable estimó conveniente llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señalaron las once horas del trece de octubre para que tuviera verificativo (fojas 174 a 175 del expediente). 4.- En la data indicada, se llevó a cabo la audiencia de mérito, a la que comparecieron las partes técnicas, no así los sentenciados JOSÉ IGNACIO JUÁREZ BELLO y PABLO NAHUM PÉREZ LIMÓN, no obstante que se encontraban debidamente notificados, como se advierte de las razones de notificación personal de once de octubre de dos mil diecisiete, instrumentadas por la notificadora de la Sala Auxiliar citada y sin que hubiesen justificado legalmente su inasistencia (fojas 198 a 207 del expediente). En la propia audiencia, se dio a conocer el sentido del fallo recaído al recurso de apelación (foja 219 del expediente), en el cual se revocó el de primer grado. 5.- Atendiendo al sentido de la resolución de alzada, se ordenó la continuación del procedimiento, a saber, el desahogo de la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño y debido a que el Agente del Ministerio Público ofertó pruebas sobre dicho tópico, se señalaron las doce horas del veinte de octubre de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia en cita. 6.- En auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó se notificara personalmente a los sentenciados la circunstancia a la que se alude en el punto precedente. 7. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, se dio inicio a la audiencia de sanciones y reparación del daño, a la cual únicamente compareció el Agente del Ministerio Público y los defensores particulares de los sentenciados, a quienes se cuestionó por el motivo de la ausencia de sus representados e indicaron que desconocían los motivos, ante ello la representación social acusadora solicitó se declarara a los sentenciados sustraídos de la acción de la justicia en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 8. En ese orden de ideas, el Agente del Ministerio Público, solicitó a la Sala Auxiliar responsable, se librara orden de aprehensión en contra de los sentenciados (fojas 213 a 216 del expediente). Ante tal solicitud, los magistrados integrantes de la Sala Auxiliar responsable atendieron favorablemente tal petición, decretaron además, la suspensión del procedimiento y libraron, sin mayor trámite, la orden de aprehensión reclamada. De lo anterior se advierte que es infundado el planteamiento del quejoso, porque la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado, fue dictada conforme al cuarto párrafo del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en virtud de haberse declarado al quejoso sustraído de la acción de la justicia, por lo que al tratarse de una forma de garantizar la continuación del proceso, solo le son exigibles los requisitos de fundamentación y motivación del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual sí fue cumplido por la autoridad responsable pues expuso los razonamientos por los que consideró que era procedente dictar la orden de aprehensión y su fundamento legal. En efecto, la emisión de la orden reclamada se debió a que el quejoso fue declarado sustraído de la acción de la justicia en la audiencia del veinte de octubre de dos mil diecisiete, lo cual como se vio con anterioridad es un supuesto generador de una orden de aprehensión en términos del cuarto párrafo, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya que, en este supuesto la orden de aprehensión reclamada, es una forma de garantizar la continuación del proceso, porque su efecto es lograr la presentación del imputado debido al incumplimiento de una citación, para continuar con el proceso que ya estaba iniciado. Por lo anteriormente expuesto, ante lo infundado del concepto de violación del quejoso y no existir deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado. OCTAVO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución, para que dicho órgano jurisdiccional ordene lo relativo a su notificación. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: Así, con fundamento, además, en los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo con relación a los actos reclamados consistentes en orden de reaprehensión, presentación y comparecencia, por las razones precisadas en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Ignacio Juárez Bello, respecto de la orden de aprehensión reclamada por las razones señaladas en el considerando séptimo de esta resolución. TERCERO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma José Alfredo Sánchez García, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de Salvador Roberto Hernández Ramírez, secretario que firma y da fe, hoy ocho de mayo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 177/2018-I, promovido por José Ignacio Juárez Bello, constante de trescientas veintiséis fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en la que determinó sobreseer en el juicio y negar el amparo y protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y séptimo de dicha resolución; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante la secretaria Samantha Espinosa Lobo, que da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 177/2018-I del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 210/2018-I del registro de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por José Ignacio Juárez Bello, por propio derecho, en contra de actos de la Sala Auxiliar del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 34 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, José Ignacio Juárez Bello, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades Y los actos de, que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como autoridad responsable con el carácter de ordenadora a los Magistrados integrantes de la Sala Auxiliar del Primer Circuito Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia en el ESTADO..con domicilio ampliamente conocido en Calle Leyva número 07 colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Señalo con carácter de ejecutoras. A) AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio ampliamente conocido en la Avenida Emiliano Zapata número 803, Colonia Buenavista, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, por sí y como jefe nato de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común a su cargo. B) Al Coordinador de la Policía de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con domicilio ampliamente conocido en la Avenida Emiliano Zapata número 803, Colonia Buenavista, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, por sí y como jefe nato de los Agentes de la Policía de Investigación Criminal a su cargo. C) Al Comandante y/o Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con domicilio ampliamente conocido en la Avenida Emiliano Zapata, número 803, Colonia Buenavista, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, por sí y como jefe nato de los Agentes de la Policía de Investigación Criminal a su cargo. D) Al Comandante y/o Jefe de Grupo de Presentaciones de la Policía de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con domicilio ampliamente conocido en la Avenida Emiliano Zapata, número 803, Colonia Buenavista, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, por sí y como jefe nato de los Agentes de la Policía de Investigación Criminal a su cargo. IV. ACTO RECLAMADO. a) LA RESOLUCIÓN O SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA, de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad ordenadora dentro del Toca de Penal 154/2017-14-3-14-OP, derivado del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público e el juicio oral número JO/046/2017, ya que dicha resolución dictada por los Magistrados Integrantes del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, revoca la resolución dictada por el Tribunal de juicio oral del Primer Distrito Judicial del Estado, mediante la cual me dictaron sentencia absolutoria y como consecuencia ordenaron mi inmediata libertad. El acto reclamado lo dicta la Sala responsable sin que exista motivo, razón ni fundamento legal para dictar la resolución o sentencia definitiva que por medio del presente amparo se combate. b) Asimismo se reclama a la autoridad responsable ordenadora la negativa o la omisión de proporcionarme copia certificada de la transcripción de la resolución de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del Toca de Penal 154/2017-14-3-14-OP, puesto que con la misma fecha se solicitó dicha copia y fue negado por la autoridad responsable, así como con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, fue solicitada nuevamente la referida copia certificada por mi defensor particular, negándome en todo momento la expedición de las copias certificadas de la transcripción de la resolución o sentencia definitiva ya referida, sin que para ello exista motivo, razón, ni fundamento legal para negármelo, violando con ello mis Derechos Humanos, el debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no puedo combatir dicha resolución o sentencia definitiva al no conocer la el contenido de la misma. c) Por otro lado también reclamo la orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, comparecencia o cualquier otro acto que afecte mi libertad personal deambulatoria, sin que para ello exista motivo para girar una orden en mi contra, ya que como se menciona más adelante hasta el momento no es la Sala Auxiliar la competente para librar una orden de esa naturaleza." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, quien mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, registró la demanda con el número 1995/2017-F; adicionalmente estableció que, ante la diversidad de actos reclamados contenidos en la demanda de amparo, decretó oficiosamente la separación de autos y estableció que únicamente conocería de los actos tendentes a privar de su libertad personal al peticionario del amparo, consistentes en la emisión de la orden de aprehensión, reaprehensión, presentación o comparecencia y que atribuyó a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, lo anterior, dentro del toca 154/17/14-3-4-14-OP y su ejecución. En consecuencia, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Posteriormente, por auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 77 a 81 del expediente), el juzgador federal del conocimiento, declinó la competencia a favor del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, al considerar que tuvo conocimiento previo de los actos reclamados en el diverso juicio de amparo 1779/2017-I, instado por Pablo Nahum Pérez Limón, coencausado de José Ignacio Juárez Bello, en contra de los mismos actos que éste último señaló como reclamados y respecto de las mismas autoridades responsables. Así, el dos de febrero de dos mil dieciocho, (fojas 245 a 249 del expediente), el juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, tuvo por recibidas las constancias relativas al juicio de amparo 1995/2017-F, y aceptó la competencia planteada, tuvo por convalidadas las actuaciones realizadas por el juez de Distrito declinante; lo registró con el número 177/2018-I; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación; quien no formuló pedimento, se ordenó el emplazamiento de Miguel Ángel Cervantes Espinoza, al advertirse que le asistía el carácter de tercero interesado, lo cual se llevó a cabo tal y como consta a foja 290 del expediente y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, el cinco de abril de dos mil dieciocho, dio inicio la audiencia constitucional, como consta en el acta visible a foja 308 de autos. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho (foja 309 del juicio de amparo), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 177/2018-I, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 210/2018-I; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta del cinco de abril de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N SI D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2ª./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama, la emisión de una orden de aprehensión, reaprehensión, presentación o comparecencia y su ejecución, que tendría verificativo en la circunscripción territorial del Estado de Morelos, esto es, donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de amparo de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo los actos reclamados lo constituyen: La orden de aprehensión, reaprehensión, presentación o comparecencia, librada en contra del quejoso, por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados que el quejoso hizo consistir en: a).- La orden de reaprehensión; b).- orden de presentación, y c).- orden de comparecencia; ello por exclusión, ya que las diversas autoridades responsables, aceptaron únicamente la existencia de la orden de aprehensión reclamada y sin que el quejoso ofreciera prueba en contrario. En consecuencia, ante la inexistencia advertida, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por otra parte, son ciertos los actos que se reclaman a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la emisión de la orden de aprehensión reclamada, pues así lo reconoce expresamente dicha responsable en su informe con justificación (fojas 68 a 69 del expediente); de la misma manera, son ciertos los actos de ejecución que se atribuyen al Fiscal General (foja 52 idem), Coordinador General de la Policía de Investigación (foja 54 idem), Encargado de la Comandancia de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal del Estado Metropolitana (foja 58 idem), pues así lo reconocen en sus respectivos informes justificados. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 749 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". De igual forma, son ciertos los actos de ejecución que se atribuyen al Encargado del Despacho de la Comandancia del Grupo de Presentaciones e Investigaciones de la Policía de Investigación Criminal (foja 56 idem), con independencia de que en su informe justificado niegue la existencia de los actos que se le atribuyen, habida cuenta que atento a su calidad de autoridad ejecutora, invariablemente tendría que acatar la orden de captura librada en contra del peticionario del amparo, de ahí que la negativa expresada quede desvirtuada. QUINTO. Oportunidad de presentación de la demanda. Bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento de la orden de captura que reclama, el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Por lo que, será esa data a partir de la cual deberá de realizarse el computo respectivo para la presentación de la demanda; entonces, el término para la interposición de su demanda de amparo, comenzó a contar al día siguiente hábil, que en el caso, fue el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Por lo que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 , en relación con el 18 , ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, transcurrió del veintiocho de noviembre al dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, siendo inhábiles los días: dos, tres, nueve, diez, quince y dieciséis de diciembre de esa misma anualidad, por ser sábados y domingos, ello en términos de los artículos 19, de la Ley de Amparo y 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De tal manera que si aquel escrito fue presentado el siete de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Cuernavaca, Morelos, la protección constitucional se solicitó dentro del plazo legal para tal efecto establecido. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Sin que en el caso las partes esgriman la actualización de alguna causa de improcedencia, ni de oficio este juzgador advierte su existencia. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Esencialmente, en sus motivos de inconformidad, el quejoso afirma que -respecto de la orden de aprehensión reclamada- se infringen las garantías y derechos consagrados en el artículo 16 de la Constitución Federal, en razón de que una orden de captura únicamente puede ser librada, previo acreditamiento de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El concepto de violación es infundado y sin que en el caso exista deficiencia de la queja que suplir. Lo anterior es así, porque la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado fue dictada conforme al cuarto párrafo del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en virtud de haberse declarado al quejoso sustraído de la acción de la justicia, por lo que al tratarse de una forma de garantizar la continuación del proceso sólo le son exigibles los requisitos de fundamentación y motivación del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual sí fue cumplido por la autoridad responsable. En efecto, en primer término debe hacerse una distinción entre la orden de aprehensión prevista en la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la contemplada en el párrafo cuarto de dicho numeral, para lo cual resulta necesario traer a cuenta el contenido del precepto en comento que establece lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." (énfasis agregado) Dicho precepto establece las formas de conducción del imputado a proceso a efecto de que lograr que éste se encuentre presente en todas las etapas del proceso siendo éstas a) Citatorio para la audiencia inicial, b) Orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública -en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido sin justificación- y c) Orden de aprehensión -cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela-. La fracción I, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación -y en caso que el imputado no se encuentre retenido- solicitará al juez de Control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales . En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del ministerio público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de Control, sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución General deberá cumplir -además de la necesidad de cautela que exige tal fracción- con los siguientes requisitos: a) no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial, b) preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, c) obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y d) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Como requisito para esas tres primeras formas de conducción al proceso, en el siguiente párrafo, el numeral en análisis indica que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Entonces, la orden de aprehensión contemplada en la fracción III del artículo 141 del código adjetivo penal invocado, debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente debe acreditar la necesidad de cautela, y conforme al precepto 16 de la Constitución Federal debe estar precedida de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad, además que, obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, el artículo 141 mencionado prevé en sus párrafos tercero, cuarto y sexto distintos supuestos para librar orden de aprehensión, distintos al contenido en la fracción III, los cuales son: 1. Cuando una persona resista o evada la orden de comparecencia judicial (entendiéndose la prevista en la fracción II del propio numeral) y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. 2. La derivada de la declaratoria de sustracción de la justicia. La autoridad judicial declarará sustraído de la acción de la justicia al imputado que sin causa justificada: a) no comparezca a una citación judicial, b) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o c) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. 3. En caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174 , el Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión y el juez de Control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. De lo anterior, puede advertirse que la orden de aprehensión como forma de conducción del imputado a proceso tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza por desacato del imputado o bien, porque el ministerio público demuestre la necesidad de cautela. Ahora bien, respecto a la declaración del imputado como sustraído de la acción de la justicia, de la interpretación teleológica del párrafo cuarto del numeral 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales que realizó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el Amparo en revisión 219/2016 del que emanó la tesis aislada I.7º.P.63 P (10ª.) donde estimó que al prever como supuesto que: a) no comparezca a una citación judicial, no debe interpretarse como el incumplimiento a la cita contenida en la fracción I del propio numeral (porque esa tiene como finalidad la comparecencia a la audiencia inicial), sino de cualquier otra citación posterior a la inicial; es decir, cuando el imputado ya tuvo contacto por lo menos, en una primera audiencia con el juez de Control. Lo anterior porque los siguientes supuestos -b) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o c) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo-, implican un deber adquirido por el imputado de permanecer en determinado lugar o proporcionar su domicilio; es decir, se entiende que en ambos casos ya se sometió al imperio del órgano jurisdiccional y por eso cuenta con esas obligaciones. En este sentido el Tribunal Colegiado mencionado estableció que el desacato a un citatorio que tiene como finalidad conducir al imputado a la audiencia inicial (fracción I) traerá como consecuencia el dictado de una orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública (fracción II); empero, si el citatorio se gira a un imputado que ya tuvo contacto con el juez de Control con la finalidad de que comparezca a una diligencia distinta de aquélla a la inicial (formulación de la imputación) y lo incumple, entonces se está en posibilidad de que la autoridad jurisdiccional lo declare sustraído de la acción de la justicia, con la consecuente orden de aprehensión (párrafo cuarto). Lo anterior da pauta para distinguir entre la orden de aprehensión contemplada en la fracción III, del artículo 141 del código adjetivo penal invocado y la prevista en el párrafo cuarto de dicho numeral, pues conforme a lo antes expuesto, la primera es una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente debe acreditar la necesidad de cautela, y conforme al precepto 16 de la Constitución Federal debe estar precedida de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad, obrar datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y existir la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sus efectos son únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no implica necesariamente que al imputado se le impondrá la medida cautelar de prisión preventiva. La necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal deriva del hecho de que la forma en que se presenta al imputado ante el juez de control generará una molestia en grado mayor que un citatorio; de ahí que su naturaleza es únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial a través de la fuerza pública, pero no privar de la libertad al imputado. Por su parte, la orden de aprehensión prevista en el párrafo cuarto, del artículo 141, del código adjetivo invocado debe entenderse como una forma de garantizar la continuación del proceso, por lo que solo le son exigibles los requisitos de fundamentación y motivación del artículo 16 citado. Lo anterior ya que su efecto es lograr la presentación del imputado ante el juez para continuar con el proceso que ya estaba iniciado, como en el caso. En efecto, el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada en su contra el catorce de noviembre de dos mil diecisiete dentro de los autos del toca penal 154/17/14-3-4-14-OP, del índice de la Sala Auxiliar responsable, que derivó de causa penal JO/046/2017 que se le instruye en el Tribunal Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por considerarlo probable responsable del hecho delictivo tipificado legalmente como robo de vehículo de motor agravado, en agravio del aquí tercero interesado Miguel Ángel Cervantes Espinoza. De la constancia escrita de la orden de aprehensión reclamada que obra en autos se advierte que ésta fue dictada con fundamento en el párrafo cuarto, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en virtud de que en el caso, se declaró a dicho imputado sustraído de la acción de la justicia porque no compareció a una citación judicial sin causa justificada, después de haberse revocado la sentencia absolutoria emitida por el tribunal de primer grado. Para llegar a lo anterior se enunciaron las siguientes circunstancias fácticas: 1.- Que el juez de la causa penal de origen, había dictado sentencia absolutoria en favor del quejoso JOSÉ IGNACIO JUÁREZ BELLO y su coencausado PABLO NAHUM PÉREZ LIMÓN. 2.- En contra de dicha resolución, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien lo registró con el toca penal 154/17/14-3-4-14-OP, y mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil diecisiete admitió a trámite dicho medio de impugnación (fojas 137 a 148 del expediente). 3.- Por auto de dos de octubre de dos mil diecisiete y atendiendo a que la Sala responsable estimó conveniente llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señalaron las once horas del trece de octubre para que tuviera verificativo (fojas 174 a 175 del expediente). 4.- En la data indicada, se llevó a cabo la audiencia de mérito, a la que comparecieron las partes técnicas, no así los sentenciados JOSÉ IGNACIO JUÁREZ BELLO y PABLO NAHUM PÉREZ LIMÓN, no obstante que se encontraban debidamente notificados, como se advierte de las razones de notificación personal de once de octubre de dos mil diecisiete, instrumentadas por la notificadora de la Sala Auxiliar citada y sin que hubiesen justificado legalmente su inasistencia (fojas 198 a 207 del expediente). En la propia audiencia, se dio a conocer el sentido del fallo recaído al recurso de apelación (foja 219 del expediente), en el cual se revocó el de primer grado. 5.- Atendiendo al sentido de la resolución de alzada, se ordenó la continuación del procedimiento, a saber, el desahogo de la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño y debido a que el Agente del Ministerio Público ofertó pruebas sobre dicho tópico, se señalaron las doce horas del veinte de octubre de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia en cita. 6.- En auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó se notificara personalmente a los sentenciados la circunstancia a la que se alude en el punto precedente. 7. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, se dio inicio a la audiencia de sanciones y reparación del daño, a la cual únicamente compareció el Agente del Ministerio Público y los defensores particulares de los sentenciados, a quienes se cuestionó por el motivo de la ausencia de sus representados e indicaron que desconocían los motivos, ante ello la representación social acusadora solicitó se declarara a los sentenciados sustraídos de la acción de la justicia en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 8. En ese orden de ideas, el Agente del Ministerio Público, solicitó a la Sala Auxiliar responsable, se librara orden de aprehensión en contra de los sentenciados (fojas 213 a 216 del expediente). Ante tal solicitud, los magistrados integrantes de la Sala Auxiliar responsable atendieron favorablemente tal petición, decretaron además, la suspensión del procedimiento y libraron, sin mayor trámite, la orden de aprehensión reclamada. De lo anterior se advierte que es infundado el planteamiento del quejoso, porque la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado, fue dictada conforme al cuarto párrafo del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en virtud de haberse declarado al quejoso sustraído de la acción de la justicia, por lo que al tratarse de una forma de garantizar la continuación del proceso, solo le son exigibles los requisitos de fundamentación y motivación del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual sí fue cumplido por la autoridad responsable pues expuso los razonamientos por los que consideró que era procedente dictar la orden de aprehensión y su fundamento legal. En efecto, la emisión de la orden reclamada se debió a que el quejoso fue declarado sustraído de la acción de la justicia en la audiencia del veinte de octubre de dos mil diecisiete, lo cual como se vio con anterioridad es un supuesto generador de una orden de aprehensión en términos del cuarto párrafo, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya que, en este supuesto la orden de aprehensión reclamada, es una forma de garantizar la continuación del proceso, porque su efecto es lograr la presentación del imputado debido al incumplimiento de una citación, para continuar con el proceso que ya estaba iniciado. Por lo anteriormente expuesto, ante lo infundado del concepto de violación del quejoso y no existir deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado. OCTAVO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución, para que dicho órgano jurisdiccional ordene lo relativo a su notificación. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: Así, con fundamento, además, en los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo con relación a los actos reclamados consistentes en orden de reaprehensión, presentación y comparecencia, por las razones precisadas en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Ignacio Juárez Bello, respecto de la orden de aprehensión reclamada por las razones señaladas en el considerando séptimo de esta resolución. TERCERO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma José Alfredo Sánchez García, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de Salvador Roberto Hernández Ramírez, secretario que firma y da fe, hoy ocho de mayo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos a que haya lugar, el escrito de Susana Hernández Roano, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que refiere; en atención a su contenido, y como lo solicita el promovente, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° HÁGASE DEVOLUCIÓN DE LAS DOCUMENTALES QUE REFIERE, dejando en su lugar constancia debidamente cotejada y autorizada, previa razón de recibo que quede asentada en el expediente para constancia legal; en el entendido de que el horario para la tramitación de la documentación de la cual solicita la devolución, ES DE NUEVE A DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS DE LOS DÍAS LUNES A VIERNES; en atención a que es reducida la plantilla del personal que labora este Juzgado Federal, y a la carga excesiva de trabajo existente, además, de que incumplir con lo anterior, afectaría el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los procesos que se llevan a cabo de forma cotidiana habida cuenta que se han considerado dejar de celebrar otras diligencias de suyo trascendentes. Por último, se emite el presente acuerdo en esta data, puesto que si bien el veintiuno de marzo del año en curso, es inhábil, pero laborable, existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones; de lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio; encuentra apoyo lo anterior en la Jurisprudencia 14/2017 (10a.)[1], visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 6, de la Décima Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

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