José Ignacio Cisneros González
Expediente 922/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Ignacio Cisneros González
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada, el contenido del proveido de once de diciembre de dos mil diecinueve: Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 163 a 173), en el que desechó la demanda de amparo promovida por José Ignacio Cisneros González, Pilar Muñoz Aguayo y Refugio Muñoz Juárez, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Se ordena devolución de documentos Finalmente, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezcan a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Parte quejosa cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por José Ignacio Cisneros González -representante común de la parte quejosa-; a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (fojas 87 a 91); y al efecto, bajo protesta de decir verdad, manifiesta lo siguiente: "(.) que el juicio de origen 286/2014 del índice del juzgado señalado como responsable, relativo al Juicio Ordinario Civil de interdicto de retener la posesión, se encuentra en la etapa postulatoria, no obstante los cinco años que han transcurrido desde que se inició, no se ha dictado sentencia definitiva en el mismo y en el mismo estado estaba al promover el incidente de falsedad de documento y de firma. (.)" Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que los actos reclamados consisten en: De los Magistrados de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala: La resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil de queja 336/2019, que confirma la diversa determinación interlocutoria de trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de falsedad de documento y de firma derivado del expediente 286/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil de interdicto de retener la posesión, en la que el Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, determinó declarar improcedente el citado incidente por extemporáneo. De la Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza: La sentencia interlocutoria de trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de falsedad de documento y de firma derivado del expediente 286/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil de interdicto de retener la posesión, en la que determinó declarar improcedente el citado incidente por extemporáneo; y, La ejecución de la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil de queja 336/2019. Al respecto, en primer término se analizara lo relativo al acto reclamado a los Magistrados de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil de queja 336/2019, que confirma la diversa determinación interlocutoria de trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de falsedad de documento y de firma derivado del expediente 286/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil de interdicto de retener la posesión, en la que el Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, determinó declarar improcedente el citado incidente por extemporáneo. En ese sentido, se estima que dicho acto no produce efectos de imposible reparación a la parte quejosa, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por tanto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, cuando surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la resolución definitiva. Lo anterior denota que en el juicio de amparo directo podrán reclamarse, actos que sean de reparación posible, ya sea porque no afecten derechos sustantivos, o porque se trate de violaciones procesales que no sean relevantes, lo que interpretado en sentido contrario revela que podrán impugnarse en el amparo biinstancial los actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, ya sea por afectar derechos sustantivos o, por constituir violaciones procesales relevantes. Por tanto, la interpretación sistemática de ambas porciones normativas revela que el legislador ordinario ha dispuesto que el juicio de amparo indirecto sea el medio de control constitucional que los gobernados tengan al alcance a fin de controvertir los actos dictados dentro de juicio que tengan una ejecución irreparable, ya sea que: Afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o, Constituyan violaciones procesales relevantes. En esos términos, si bien en la Ley de Amparo vigente el legislador introdujo la expresión novedosa "violaciones procesales relevantes", lo cierto es que tal expresión corresponde a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había instituido en la jurisprudencia como "violaciones procesales en el juicio que afectan a las partes en grado predominante o superior". En consecuencia, se estima que la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, cuarto párrafo, ambos aplicados en sentido contrario, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualizará sólo cuando el acto que se impugne a través del juicio constitucional no afecte derechos sustantivos de las partes previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni constituya una violación procesal relevante, entendiéndose por ésta, lo que el Alto Tribunal anteriormente denominó como una violación procesal en grado predominante o superior. Son ilustrativos al caso los criterios sustentados por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 9 y 10, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2004, de la siguiente manera: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la Ley de Amparo vigente. Por lo que, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, se estimó que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Así, los argumentos expuestos dieron origen a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Lo anterior, es así, pues el acto en estudio reclamado a los Magistrados de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en: La resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil de queja 336/2019, que confirma la diversa determinación interlocutoria de trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de falsedad de documento y de firma derivado del expediente 286/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil de interdicto de retener la posesión, en la que el Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, determinó declarar improcedente el citado incidente por extemporáneo. Determinación que sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicho acto no tienen una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia del acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que produce únicamente efectos intraprocesales, toda vez que la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, confirmó la resolución trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de falsedad de documento y de firma derivado del expediente 286/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil de interdicto de retener la posesión, en la que el Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, determinó declarar improcedente el incidente planteado por extemporáneo, sin embargo, el mismo no constituye un acto de imposible reparación en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afecta en forma material derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etcétera) y sus consecuencias sólo son de carácter intraprocesales que pueden ser reparables si la sentencia le resulta favorable; en caso contrario, tiene la posibilidad de impugnar tal violación en amparo directo junto con el fallo definitivo. Ello, atendiendo a qué en el juicio ordinario de origen no se ha dictado sentencia definitiva. Lo anterior, toda vez que con entera independencia de las consecuencias que de suyo traiga la citada resolución reclamada, lo cierto es que no es de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos de la quejosa, como el de propiedad que refiere le asiste respecto del inmueble materia del juicio de origen, pues las violaciones que se pudieran haber cometido al resolverse la interlocutoria dictada en el referido incidente, quedarían resarcidas si la sentencia que se llegue a dictar en el juicio le beneficia; sin perjuicio de que, de resultarle adversa, pueda plantear como violación procesal en el juicio de amparo directo la determinación de que ahora se duele. Por lo que el acto reclamado por la parte promovente en el presente juicio de amparo, únicamente define cuestiones de carácter procesal, por ende, nos son actos dentro de juicio de ejecución irreparable, pues no tiene por efecto agraviar materialmente derechos sustantivos del quejoso. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto en estudio afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En tales condiciones, por cuanto hace al acto reclamado a los Magistrados de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en: la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil de queja 336/2019, que confirma la diversa determinación interlocutoria de trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de falsedad de documento y de firma derivado del expediente 286/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil de interdicto de retener la posesión, en la que el Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, determinó declarar improcedente el citado incidente por extemporáneo, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Determinación que se hace extensiva al acto reclamado a la Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, consistente en la ejecución de la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil de queja 336/2019; en virtud de que dicha ejecución no se reclama por vicios propios sino como consecuencia de la determinación dicha determinación reclamada, cuyo desechamiento se decretó. En otro aspecto, por cuanto hace al diverso acto reclamado a la Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, consistente en la sentencia interlocutoria de trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de falsedad de documento y de firma derivado del expediente 286/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil de interdicto de retener la posesión, en la que determinó declarar improcedente el citado incidente por extemporáneo, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, tratándose de actos dictados en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio, por regla general, puede actualizarse tal causa de improcedencia cuando se promueve un recurso contra la resolución reclamada en el juicio de amparo, y aquél se resuelve en un sentido determinado o, siendo idóneo, el recurso es desechado, ya que esa resolución primigenia deja de surtir efectos y se sustituye procesalmente por la resolución dictada en el recurso interpuesto que, a partir de que se dicta, es la que rige la situación procesal específica. Así, de la interpretación sistemática de la norma legal citada, se deduce que dicha causal de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos a saber: Por revocación; o, Por sustitución procesal. Este segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. En ese sentido, de las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte que la sentencia interlocutoria de trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de falsedad de documento y de firma derivado del expediente 286/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil de interdicto de retener la posesión, en la que determinó declarar improcedente el citado incidente por extemporáneo; fue sustituida procesalmente por la determinación de los Magistrados de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil de queja 336/2019. Se afirma lo anterior, pues en esta última determinación se proveyó sobre el medio de impugnación interpuesto por los quejosos en contra de la determinación de trece de mayo de dos mil diecinueve, y confirmó dicha resolución dictada en el incidente de falsedad de documento y de firma derivado del expediente 286/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil de interdicto de retener la posesión, en la que el Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, determinó declarar improcedente el citado incidente por extemporáneo. En ese contexto, conforme al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 77/2012 -transcrita en párrafos que anteceden-, una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que tiende a confirmar la resolución impugnada, en razón de que tiene como efecto que la determinación impugnada quede firme. Por tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia precisada, en el supuesto de sustitución procesal, pues la sentencia interlocutoria de trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, en el incidente de falsedad de documento y de firma derivado del expediente 286/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil de interdicto de retener la posesión, en la que determinó declarar improcedente el citado incidente por extemporáneo; ya no surtirá efecto alguno en contra de los peticionarios de amparo, al haberse modificado por la determinación que la confirmó, dictada por los Magistrados de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al ser ésta la que rige la situación jurídica de los ahora quejosos, y la que incide en su esfera de derechos. En este sentido, tomando en cuenta que al haber cesado en sus efectos por sustitución procesal la sentencia interlocutoria de trece de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de falsedad de documento y de firma derivado del expediente 286/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil de interdicto de retener la posesión, en la que se determinó declarar improcedente el citado incidente por extemporáneo, procede el desechamiento de la demanda, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Resguardo de documentos Por otra parte, respecto a la documentales que adjunta manténgase por separado previa copia certificada que en su lugar se deje en autos.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueven José Ignacio Cisneros González, Pilar Muñoz Aguayo y Refugio Muñoz Juárez, por propio derecho, contra actos de los Magistrados de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 922/2019-VIII. Prevención. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre las que se encuentra establecida en la fracción V, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)" Del precepto legal transcrito se desprende que la parte promovente se encuentra obligado entre otras cosas, a narrar los antecedentes de los actos reclamados; obligación que implica formular la narrativa tanto de los acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, como los aspectos que puedan influir en la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracción V, además del 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, "bajo protesta de decir verdad", manifieste los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior, pues si bien en el punto V de su demanda aduce manifestar los antecedentes del acto reclamado, lo cierto es que únicamente transcribe la resolución de trece de mayo de dos mil diecinueve, y si bien, narra algunos antecedentes que dieron origen al expediente 286/2014, los mismos son insuficientes para conocer la etapa en que se encuentra el juicio natural 286/2014. Aunado a lo anterior, de las constancias que la parte quejosa acompaña a su escrito de demanda se desprende que el incidente de falsedad de documentos y firma fue interpuesto el trece de marzo de dos mil diecisiete, y admitido sin suspensión del procedimiento, sin que se tenga certeza de que, en esa fecha o actualmente, se hubiere emitido la sentencia definitiva en el juicio ordinario civil de interdicto de retener la posesión 286/2014. En consecuencia, bajo protesta de decir verdad, deberá precisar lo siguiente: Cuál era el estado procesal que guardaba el juicio ordinario civil de interdicto de retener la posesión 286/2014 del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, a la fecha de interposición del incidente de falsedad de documentos y firma; es decir, el trece de marzo de dos mil diecisiete, esto es, si en tal fecha ya se había dictado sentencia en el juicio ordinario señalado, debiendo precisar en qué fecha se dictó. Si actualmente, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya se dictó la sentencia definitiva en el juicio ordinario civil de interdicto de retener la posesión 286/2014, debiendo precisar en qué fecha se dictó la misma; y, Para el caso de haberse emitido sentencia definitiva en el juicio ordinario civil de interdicto de retener la posesión 286/2014, precisé si fue impugnada por alguna de las partes; o bien, ya causó ejecutoria, señalando las fechas correspondientes. Copias de traslado. Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable: [J]; 10a. Época; P./J. 8/2017 (10a.). Publicada: viernes 12 de mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe que en caso de no cumplir con lo solicitado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Todo lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Representante común. Por otro lado, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la materia, téngase a José Ignacio Cisneros González, como representante común de la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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