José Ignacio Cisneros González
Expediente 636/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Ignacio Cisneros González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de julio de dos mil dieciocho (foja 71 a 78), en el que se desechó la demanda de amparo promovida ********************; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.************************************************************Se ordena archivo y destrucción.****************************************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.****************************************Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.****************************************Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 636/2018-4, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa (fojas 56 a 66); con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruido junto con el expediente. ****************************************Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente.******************** ********************Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto en el que se desechó la demanda en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicho auto y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
No desahoga prevención Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la parte promovente, no desahogó la prevención formulada mediante autos de cinco y doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 46 y 67), en consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de doce de julio del año en curso (foja 68). Se desecha demanda de amparo. Con base en lo anterior, la demanda de amparo que promueve José Ignacio Cisneros González, contra actos de la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otra, de quienes reclama la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil de queja 169/2018 de su índice, por lo que se procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, , dictada en el recurso de queja civil 169/2018, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que confirmó la resolución de siete de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, dentro del expediente número 286/2014, relativo al juicio de interdicto de retener la posesión; no produce efectos de imposible reparación a la parte promovente, por no afectar materialmente derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Pues bien, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se reformaron, entre otros, los artículos 103 y 107 constitucionales, que regulan la procedencia, trámite y resolución del juicio de amparo; reformas que entraron en vigor el cuatro de octubre siguiente, de conformidad con el artículo primero de tránsito del decreto referido. De tales disposiciones, cobra relevancia para efectos de este fallo, la fracción III, del artículo 107 constitucional, que dimensiona el concepto de actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo, la cual fue analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la que consideró: Si bien la jurisprudencia cuya interpretación provocó la contradicción de tesis fue aplicada por dos Tribunales Colegiados de Circuito especializados en materia laboral, lo cierto es que dicho criterio está redactado para ser obligatorio en todas las restantes disciplinas. En el artículo 107, fracción III, de la Constitución se contiene como una de las bases que deberían reglamentarse en la legislación secundaria, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues el texto se limitó a enunciar su sola existencia, sin ofrecer alguna definición sobre los pormenores acerca de cómo habría de concebirse en la legislación derivada. Una de las motivaciones de la reforma constitucional al artículo 107 fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles; por tanto, la interpretación más acorde con este propósito es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con lo anterior, si bien se reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional. La expresión "actos de imposible reparación" data del texto original de la fracción IX del artículo 107 constitucional, y ha tenido a lo largo de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas interpretaciones; sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera -fracción III- regula los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda -fracción V- normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Así, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Interpretación que se deduce de las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión. Consideraciones que sustentan la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, de junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En esta tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, retomando lo analizado por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 377/2013, precisó que, un acto de autoridad para ser calificado como irreparable necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Señaló que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Por lo que aun cuando un particular se duela de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional -violaciones a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales-, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en que se encuentra el particular, ya que se encuentra dentro del mismo; además, refirió que las omisiones de dar respuesta a peticiones formuladas dentro de los procedimientos jurisdiccionales, se rigen por los plazos y términos fijados en las normas secundarias, por tanto, no se cumple con el requisito de procedibilidad del amparo consistente en la afectación a un derecho sustantivo o que deje sin defensa al accionante del amparo, pues no se trata de una transgresión autónoma al procedimiento sino que es en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a dar respuesta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Dichas consideraciones sustentan la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, página 1086, de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En el caso, la parte quejosa reclama el contenido de la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de queja civil 169/2018, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que confirmó la resolución de siete de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, dentro del expediente número 286/2014, relativo al juicio de interdicto de retener la posesión. Pues bien, a juicio de este juzgador dicho acto emitido dentro del procedimiento no es de imposible reparación, toda vez que el acto reclamado pretende dilucidar la corrección o incorrección de la resolución que resuelve el recurso de revocación interpuesto contra la resolución de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, en el que se determinó que no era el momento procesal oportuno para objetar las pruebas ofrecidas por la parte actora en el juicio natural; de ahí que, el acto reclamado incide únicamente en cuestiones meramente procesales contra las que no procede el juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, debe desecharse el presente juicio en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos. ? Notificación a la autoridad responsable. Finalmente, para el caso de que la autoridad se encuentre gozando de su periodo vacacional, con apoyo en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que, una vez que ésta se reincorpore a sus labores, se constituya en las oficinas de la misma y haga entrega del oficio que al efecto se gira.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito con anexos signado por José Ignacio Cisneros González y otros mediante el cual da parcialmente cumplimiento a la prevención decretada en proveído de cinco de julio de los cursantes, y al efecto bajo protesta de decir verdad precisa la fecha en que tuvieron conocimiento de la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho que reclama. En otro aspecto, en virtud de que se le requirió para que en un plazo de cinco días contados a partir de que surtiera efectos la notificación del auto de prevención: Justificará el carácter con el que insta su acción constitucional. Al respecto el promovente, pretende desahogar su prevención anexado a su escrito aclaratorio el instructivo de notificación de la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, dictada en el Toca de Queja 169/2018 del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y acuse de un escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho, ante la misma autoridad. Sin embargo, no puede tenerse por cumplido el requerimiento formulado en proveído de cinco de julio de los cursantes, toda vez que al momento de formular la prevención, se le requirió para que al momento de desahogar dicho requerimiento justificará el carácter con el que insta su acción constitucional, debiendo exhibir copia certificada del documento con el que acreditara su personalidad. Por consiguiente, esta autoridad no puede admitir una demanda si la parte promovente no justificó el carácter con el que insta su acción constitucional; ello en virtud de que el carácter de representante común lo tiene acreditado en el juicio natural, no así en el presente expediente en virtud de que el juicio de amparo debe promoverse por quien sufre un agravio en su persona, siendo que en el caso el promovente no acredita que los otros agraviados hayan otorgado su consentimiento para que este en su representación insta la acción constitucional. En tal virtud, requiérase nuevamente a la parte promovente para que: Exhiba copia certificada del documento idóneo con el que acredita la personalidad con la que se ostenta. No es óbice para este Juzgado Federal, el hecho de que el escrito aclaratorio se encuentre firmado por José Ignacio Cisneros González, Refugio Muñoz Juárez y Pilar Muñoz Aguayo, lo cierto es que el escrito inicial de demanda se signó únicamente por José Ignacio Cisneros González, y para tal efecto se requirió acreditara su personalidad por manifestar expresamente, que se ostenta como representante común, y por consiguiente se formuló el requerimiento tal como se advierte de los párrafos que anteceden. De igual manera, reitéresele al promovente, que con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes en el juicio de amparo. Todo lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. En tales condiciones, SUBSISTE EL APERCIBIMIENTO SEÑALADO EN EL AUTO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Ahora, el plazo concedido a la parte promovente en el acuerdo dictado el cinco de julio del año en dieciocho -cinco días-, para que cumpla con los requerimientos ahí formulados, se interrumpió con la presentación del escrito presentado el once de julio de la presente anualidad, siendo que aquél proveído se le notificó el seis del mes y año que transcurre. En consecuencia, toda vez que la promoción fue recibida a las diez horas con treinta y seis minutos del once de julio de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, y que el citado auto de prevención fue notificado de manera personal el seis de los actuales, es por lo que cuenta con tres días, para dar cumplimiento a la prevención formulada, cómputo que empezará a transcurrir cuando surta efectos la notificación del presente proveído. Por tanto, se hace saber a la parte inconforme que una vez que esté notificada del presente acuerdo se reanudará el cómputo con el que cuenta para que dé cumplimiento al requerimiento de que se trata, apercibido que de no hacerlo así, se proveerá lo correspondiente únicamente respecto de José Ignacio Cisneros González, tal como se indicó en acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciocho.
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