José Humberto Torre Tezcum

Expediente 95/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
95/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2018

Partes del expediente

  • José Humberto Torre Tezcum

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la primera certificación secretarial con que se da cuenta y en mérito al estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el ocho de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el nueve de febrero del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de ocho de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: "Chetumal, Quintana Roo, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Recepción de incompetencia. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, mediante el cual remite lo siguiente: Testimonio de la sentencia pronunciada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho en el juicio de amparo directo 575/2017 de su índice, promovido por José Humberto Torres Tezcum. Juicio ejecutivo mercantil 402/2017 del orden del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Escrito de demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Aceptación de competencia. En acatamiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, este órgano de control constitucional acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Humberto Torres Tezcum, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 95/2018. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Es decir, el numeral recién invocado establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su dispositivo 107, fracción IV, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos fuera de juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (Lo subrayado es propio). En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Del estudio del segundo párrafo de la fracción transcrita se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de acto de ejecución de sentencia, cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido el resultado de la resolución. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; de igual forma, tratándose de remates, se entenderá como la última resolución la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Para tener plena comprensión de dicha circunstancia, resulta pertinente destacar que el acto reclamado en este asunto es: "IV.- ACTO RECLAMADO: 1).- La Sentencia definitiva dictada en los autos de juicio ejecutivo mercantil 402/2017, de fecha 12 de septiembre de 2017. b).- El embargo sobre el 30por ciento del excedente del salario Mínimo mensual, sobre mi pensión que percibo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2.- De la responsable segunda, señalo el cumplimiento que pretende dar a dicho embargo." Ahora, en el caso, se advierte que en el expediente 402/2017, del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, se dictó sentencia condenatoria a favor de la parte actora (tercera interesada) en el juicio de origen (fojas 45 a 51). Posteriormente, a solicitud de la parte actora (tercera interesada) la Juez responsable, mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecisiete (foja 55), ordenó trabar embargo precautorio sobre el treinta por ciento del excedente del salario mínimo mensual que recibe la parte demandada (quejoso). Luego, el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete la actuaria judicial adscrita al Juzgado Mercantil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, levantó un acta en la cual hizo constar el embargo del treinta por cierto sobre el excedente del salario diario que recibe el aquí quejoso (foja 57). Posterior a ello, el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, informó su imposibilidad de dar cumplimiento a la retención del treinta por cierto del excedente del salario mínimo que percibe el quejoso, ordenada por la Juez responsable (foja 60); no obstante, la Juez Mercantil, mediante proveído de cinco de octubre de dos mil diecisiete, ordenó nuevamente a dicha autoridad acatar lo relativo a la retención del salario diario que el quejoso percibe como jubilado por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (foja 78). Esto es, de lo expuesto se desprende que la parte quejosa combate por esta vía constitucional el embargo decretado por la Juez Mercantil de Primera Instancia de este Distrito Judicial en auto de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, sobre el treinta por cierto del excedente del salario diario que percibe como jubilado por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del juicio ejecutivo mercantil 402/2017 del índice del citado Juzgado Mercantil; juicio en el cual fue parte formal y material el aquí quejoso, así como su ejecución, esto es, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice el descuento del porcentaje embargado sobre las percepciones que devenga el aquí quejoso. En ese orden de ideas, es evidente que la determinación que en el presente juicio de amparo se combate, no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, pues como lo manifestó el propio quejoso se encuentra en etapa de ejecución. De ahí que el acuerdo que por esta vía se combate, de modo alguno encuadra en los supuestos de lo que se entiende por última resolución en etapa de ejecución para efectos del juicio de amparo. Así las cosas, no procede la vía constitucional biinstancial, pues el procedimiento se encuentra en fase de ejecución de sentencia, y dichos actos reclamados no aprueban o reconocen el cumplimiento total de la aludida sentencia dictada en el juicio de origen, como tampoco declaran la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento, es decir, no se está en el supuesto de que se hubiese ordenado hacer entrega del numerario, que por concepto de sueldo descuente al aquí quejoso, a la parte vencedora en el juicio de origen; determinación que aprobaría o reconocería el cumplimiento de la sentencia y por ello fuera procedente el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo por identidad de razón la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Diciembre de 2017, página 643, registro 2015834, que establece: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN. Y a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, registro 164639, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. Máxime que en el auto dictado el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, únicamente se ordenó trabar formal embargo sobre el treinta por ciento del excedente del salario diario que percibe el ahora quejoso y, en acuerdo de cinco de octubre de dos mil diecisiete, la Juez responsable ordenó al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acatar el cumplimiento de tal determinación, realizando los descuentos correspondientes a las percepciones que como jubilado por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibe el quejoso, por lo que tales actos no se exceden los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar; por ende, se insiste, el presente juicio de amparo promovido por quien fue oído y vencido es improcedente, puesto que los actos reprochados no constituyen la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Cobra aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Enero de 2003, página 1721, registro 185268, cuyo rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Entonces, las posibles violaciones que la parte quejosa considere que le fueron ocasionadas con el embargo y su ejecución, que señala como actos reclamados, deberán, en su caso, reclamarlas de manera conjunta con la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia emitida en el juicio 402/2017 o, bien, la que declare la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento. Habida cuenta de todo lo expuesto, se estima que las posibles infracciones que pudieran contener los actos reclamados serían, en todo caso, meramente adjetivas o procesales pues no afectan de manera directa o indirecta derechos consagrados por la Carta Magna, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis I.4o.C.18 K, Época: Novena Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Tomo XXV, Marzo de 2007, de rubro y texto siguientes: "ACTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, POR TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. SÓLO EN PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN O REMATE DEBE ESPERARSE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN PARA PROMOVER AMPARO.

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