José Hugo Camacho Aguilar

Expediente 106/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
106/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
15/04/2016

Partes del expediente

  • José Hugo Camacho Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra del proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (fojas 61 a 65), que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; sin que las partes hayan hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el referido proveído, para todos los efectos legales. Por otro lado, toda vez que de la segunda certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el dieciocho de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diecisiete de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Subdelegado Jurídico de la Delegación Estatal en Quintana Roo en ausencia del Delegado Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en esta ciudad, con el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de catorce de marzo del año en curso, remite copia certificada de las siguientes constancias: Citatorio de ocho de marzo de dos mil dieciséis, dirigido a ******. Cédula de notificación de nueve de marzo del año en curso, destinada a ******* Oficio JUR/000383/DE.QROO/000840, de siete de marzo del presente año, dirigido a ********. Documentales que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza y, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, se les otorga el valor probatorio correspondiente. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". No pasa inadvertido para este Juzgado, que la autoridad responsable al rendir su informe justificado informo que dio contestación al escrito que el quejoso presentó el veintiséis de junio de dos mil quince, en el expediente de terrenos nacionales 24/2013 de su índice, mediante oficio JUR/000384/DEQROO/000839; sin embargo, en su oficio de cuenta al remitir las copias certificadas que sustentaran su informe justificado anexo el oficio JUR/000383/DE.QROO/000840, que en su contenido, se dirige expresamente al presente juicio de amparo indirecto, así como al expediente interno del terreno nacional 24/2013, que corresponde al acto que se reclama en el presente juicio. Ahora, establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, las que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, debe destacarse que el presente juicio de amparo fue promovido por el quejoso José Hugo Camacho Aguilar contra actos del Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, a quien le atribuyó el acto reclamado siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: De la responsable reclamo la negativa de dar contestación a: [.] c).- Mi escrito presentado ante la responsable en fecha 26 de junio de 2015 dentro del expediente interno de terrenos naciones 24/2013." De la transcripción que antecede, se advierte que el quejoso reclamó del Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Quintana Roo, con residencia en esta ciudad: La omisión de dar contestación al escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil quince, en el expediente de terrenos nacionales número 24/2013 del índice de la Delegación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Por tal motivo, en auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis (fojas 31 a 33), se admitió a trámite el juicio de amparo planteado y se ordenó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación. En cumplimiento a lo anterior, el Subdelegado Jurídico de la Delegación Estatal en Quintana Roo en ausencia del Delegado Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado manifestó que no era cierto el acto que le imputó el quejoso, sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, toda vez que el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, tal como se advierte de la papeleta de turno, en tanto que la contestación del escrito presentado por el aquí quejoso el veintiséis de junio de dos mil quince, se realizó hasta el siete de marzo del año en curso, se colige que la omisión de la que se duele el quejoso sí existía al momento en que se instó la acción constitucional y, por tanto, el acto reclamado es existente. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable en su escrito de cuenta, consistente en el oficio JUR/000383/DE.QROO/000840 de siete de marzo del año en curso, de las cuales se advierte que a la fecha de presentación del juicio de amparo sí existía el acto reclamado por el aquí quejoso, oficio en el que determinó lo siguiente: "En atención a su escrito de fecha 23 de junio del 2015, por el que realiza diversas manifestaciones, solicitando entre otras cuestiones lo siguiente: SEGUNDO.- Conforme a lo que indica el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, emitir a la solicitud de regularización presentada por APOLINAR ORITIZ TREJO, acuerdo de improcedencia puesto que de la documentación que obra en el expediente se determina que el predio que pretende se sobrepone a terrenos titulados que han salido del dominio de la nación lo cual queda demostrado con el informe catastral que emitió la Dirección de Catastro de Tulum, Quintana Roo, además que ha transcurrido en exceso el termino de 90 días que tiene la SEDATU para emitir tal determinación. En ese sentido, es preciso señalar que el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2012, otorgó un plazo de seis meses para que todo aquél que tuviese instaurada una solicitud de enajenación de terreno nacional, a la entrada en vigor de dicho ordenamiento actualizara la documentación que permita la prosecución del trámite de su interés, por lo que el expediente con numero de control interno 24/2013, fue iniciado en fecha posterior a la publicación de dicha disposición, y no encuadra en el supuesto que invoca. Conforme a lo expuesto, y con fundamento en los artículos 34, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, me permito comunicarle que no es posible acceder a su petición, debido a que esta Delegación Estatal de esta Dependencia del Poder Ejecutivo Federal no cuenta con autorización legal para la emisión del acuerdo de improcedencia que requiere, toda vez que esa facultad corresponde al Titular de la Dirección General de la Propiedad Rural, en términos del Acuerdo Delegatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha primero de agosto de 2013." En esa tesitura, al haberse proveído el escrito de veintitrés de junio de dos mil quince, presentado por el aquí quejoso ante la autoridad el veintiséis del mismo mes y año, se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada, respecto al acto que señaló el quejoso José Hugo Camacho Aguilar. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que el Subdelegado Jurídico de la Delegación Estatal en Quintana Roo en ausencia del Delegado Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en esta ciudad, dio contestación al escrito del quejoso presentado el veintiséis de junio de dos mil quince, en el expediente de terrenos nacionales número 24/2013 de su índice, y le fue notificada al parte quejosa mediante cédula de notificación de nueve de marzo del año en curso, para su conocimiento y, en segundo lugar, al haber proveído dicho escrito las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía el hoy quejoso. Por tanto, se colige que en ese contexto cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión que le imputó al Delegado Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. Al respecto, cabe hacer la acotación que al tratarse de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario precisar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en ese sentido, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Subdelegado Jurídico de la Delegación Estatal en Quintana Roo en ausencia del Delegado Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el mismo para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Asimismo, la autoridad oficiante acompañó a su informe justificado las copias certificadas de diversas constancias. Empero, de las constancias que acompañó al informe justificado la autoridad oficiante, se advierte que el número de expediente interno del terreno nacional al que se dirige el oficio JUR/000377/DE.QROO/000838, corresponde al ******, sin embargo, en el presente juicio de amparo indirecto el acto que se reclama consiste en: "ACTOS RECLAMADOS: De la responsable reclamo la negativa de dar contestación a: c).- Mi escrito presentado ante la responsable en fecha 26 de junio de 2015 dentro del expediente interno de terrenos naciones 24/2013." [Lo subrayado es propio]. En esas condiciones, toda vez que el número de expediente al que se dirige el oficio en mención, es diverso al del número que en el acto se reclama, y que el juicio de amparo indirecto al que se dirigen las constancias de notificación y oficio es diverso al del presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que el término de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente proveído, remita las copias certificadas correctas del oficio que notificó al aquí quejoso, así como las constancias que haya levantado para tal efecto, relativas al acto reclamado del presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa. Finalmente, tal como lo solicita la autoridad en cita téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el señalado en el oficio de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas aludidos en el mismo.

  4. Principal

    Vistas las constancias certificadas deducidas del juicio de amparo 96/2016 de nuestro índice, promovido por el quejoso, en las que obra el acuerdo de quince de febrero de dos mil dieciséis en el que se ordenó la separación del citado juicio de amparo indirecto al considerar, que los actos reclamados [omisiones] tienen las características de ser autónomos al derivar cada uno de procedimientos distintos [22/2013, 23/2013 y 24/2013], por lo que su tramitación debe ser por separado y no resolverse en una sola sentencia. Atento a lo anterior, cabe destacar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente hace consistir los actos reclamados en: "ACTOS RECLAMADOS: De la responsable reclamo la negativa de dar contestación a: a).- Mi escrito presentado ante la responsable en fecha 26 de junio de 2015 dentro del expediente interno de terrenos nacionales 22/2013. b).- Mi escrito presentado ante la responsable en fecha 26 de junio de 2015 dentro del expediente interno de terrenos nacionales 23/2013. c).- Mi escrito presentado ante la responsable en fecha 26 de junio de 2015 dentro del expediente interno de terrenos naciones 24/2013." Esto es, en lo que aquí importa y en atención a la separación de juicios aludida al inicio de este acuerdo, la parte quejosa reclama en este juicio de amparo, lo siguiente. La omisión de dar contestación al escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil quince, en el expediente de terrenos nacionales número 24/2013 del índice de la Delegación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En consecuencia, como está ordenado en proveído de quince de febrero de dos mil dieciséis, emitido en el juicio de amparo 96/2016, se tiene a José Hugo Camacho Aguilar solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto precisado en el párrafo precedente atribuido al Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Quintana Roo; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 106/2016, asimismo, este juzgado de distrito se avoca al conocimiento del presente asunto. Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto en artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. De igual forma, téngase como pruebas de la parte quejosa copia certificada de las documentales siguientes: Diversos escritos presentados ante la responsable el veintiséis de junio de dos mil quince, relativos a los expedientes 22/2013, 23/2013 y 24/2013. Contestación de demanda del juicio agrario 351/2015, signada por Enrique Alejandro Álvarez León. Así como las pruebas consistentes en: Instrumental de actuaciones. Presuncional en su doble aspecto. Probanzas que con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza sin perjuicio que se relacionen de nueva cuenta al momento de celebrarse la audiencia constitucional. De conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6°, del ordenamiento legal en cita.

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