José Humberto Lomelí Durán

Expediente 2320/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2320/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
15/05/2019

Partes del expediente

  • José Humberto Lomelí Durán
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el veintinueve de abril del año en curso, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 166 a 169). En relación con lo anterior, por acuerdo de treinta de abril de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el seis de marzo del año en curso (fojas 114 a 135), se determinó por una parte, sobreseer y por otra, conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago de concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. En la inteligencia de que el recibo de pago es por la suma de *********; sin embargo, no será objeto de devolución la cantidad de $595.00 pesos por el concepto "por el registro de poderes de cualquier clase", dado que la misma no forma parte de los pagos derivados de las disposiciones legales reclamadas. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por inscripción de documento público, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por cada operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo deberá hacer la devolución que exceda del pago que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos. "[.] 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto [.]". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y b) El remanente que excediera de la aplicación de $280.00 pesos, relativo a la cuota fija mínima, respecto de la cantidad de $7,185.36 pesos, con motivo de la inscripción de instrumento público; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el veintinueve de abril del año en curso, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque generado el diez de abril de la anualidad citada, a nombre del quejoso José Humberto Lomelí Durán y del que se advierte que devolvió la cantidad de $5,866.03 pesos, al promovente del amparo con su actualización fiscal respectiva (fojas 168 y 169). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $7,185.36 pesos, menos el monto de $560.00 pesos (lo cual corresponde a dos cuotas de $280.00 pesos, que equivale a la mínima establecida para la inscripción de documento público o privado), da como resultado un total de $6,625.36 pesos. Asimismo, a dicha cantidad debe restársele la cantidad de $595.00 pesos, por el concepto "por el registro de poderes de cualquier clase", al no ser objeto de devolución, dado que la misma no forma parte de los pagos derivados de las disposiciones legales reclamadas; así como la cantidad de $309.40 pesos, que se obtiene de los impuestos adicionales establecidos en los artículos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, porcentajes que arrojan un total de 52% multiplicado por los $595.00 pesos. Entonces de los $595.00 pesos, más los $309.40 pesos, da como resultado $904.40 pesos. Por lo anterior, si a**********, se le restan $904.40 pesos, da el total de $***********pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta de octubre del año próximo pasado y el diez de abril de la presente anualidad, se generó el cheque número 0001215 por concepto de devolución de lo erogado. Por lo que el período de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho al mes de marzo de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de la anterior anualidad entre el índice para el mes de marzo del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917; y para el mes de marzo de la presente anualidad de 103.476. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0253574. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $5,720.96 pesos se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, ********** pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver ************pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $145.06 pesos. Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo $5,866.03 pesos; es decir, en exceso $0.01 centavos, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte se sobreseyó, y por la otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el veintinueve de abril del año en curso, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 166 a 169). En relación con lo anterior, por acuerdo de treinta de abril de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el seis de marzo del año en curso (fojas 114 a 135), se determinó por una parte, sobreseer y por otra, conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Los artículos 21, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago de concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. En la inteligencia de que el recibo de pago es por la suma de *********; sin embargo, no será objeto de devolución la cantidad de $595.00 pesos por el concepto "por el registro de poderes de cualquier clase", dado que la misma no forma parte de los pagos derivados de las disposiciones legales reclamadas. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por inscripción de documento público, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por cada operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo deberá hacer la devolución que exceda del pago que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos. "[.] 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto [.]". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y b) El remanente que excediera de la aplicación de $280.00 pesos, relativo a la cuota fija mínima, respecto de la cantidad de $7,185.36 pesos, con motivo de la inscripción de instrumento público; la cual debía ser actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el veintinueve de abril del año en curso, la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque generado el diez de abril de la anualidad citada, a nombre del quejoso José Humberto Lomelí Durán y del que se advierte que devolvió la cantidad de $5,866.03 pesos, al promovente del amparo con su actualización fiscal respectiva (fojas 168 y 169). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $7,185.36 pesos, menos el monto de $560.00 pesos (lo cual corresponde a dos cuotas de $280.00 pesos, que equivale a la mínima establecida para la inscripción de documento público o privado), da como resultado un total de $6,625.36 pesos. Asimismo, a dicha cantidad debe restársele la cantidad de $595.00 pesos, por el concepto "por el registro de poderes de cualquier clase", al no ser objeto de devolución, dado que la misma no forma parte de los pagos derivados de las disposiciones legales reclamadas; así como la cantidad de $309.40 pesos, que se obtiene de los impuestos adicionales establecidos en los artículos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, porcentajes que arrojan un total de 52% multiplicado por los $595.00 pesos. Entonces de los $595.00 pesos, más los $309.40 pesos, da como resultado $904.40 pesos. Por lo anterior, si a**********, se le restan $904.40 pesos, da el total de $***********pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta de octubre del año próximo pasado y el diez de abril de la presente anualidad, se generó el cheque número 0001215 por concepto de devolución de lo erogado. Por lo que el período de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho al mes de marzo de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de la anterior anualidad entre el índice para el mes de marzo del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917; y para el mes de marzo de la presente anualidad de 103.476. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0253574. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $5,720.96 pesos se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, ********** pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver ************pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $145.06 pesos. Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo $5,866.03 pesos; es decir, en exceso $0.01 centavos, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, por una parte se sobreseyó, y por la otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense a sus autos el libelo y anexos de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante los cuales la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado y anexos de mérito, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense a sus autos el libelo y anexos de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante los cuales la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado y anexos de mérito, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.

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