José Hermosillo Martínez
Expediente 790/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/11/2021
Partes del expediente
- José Hermosillo Martínez
- Instituto de Transparencia Y Acceso A la Información Pública del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario realizar el cómputo de la notificación realizada a las autoridades responsables y parte tercera interesada para que puedan inconformarse con la sentencia de mérito, pues dado el sentido de la misma es claro que en nada agravia a éstas, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. ARCHIVO. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo capítulo octavo, artículo 18 inciso b, prevé que son susceptibles depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes; por lo tanto este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I inciso b, del citado artículo 18, del capítulo octavo, pues se negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo y tercero del ordinal aludido. Sin que haya lugar a realizar algún pronunciamiento en relación con el destino de los cuadernos incidentales, debido a que no se tramitó incidente de suspensión. VISTA CAMBIO DE TITULAR. En otro aspecto, comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes que en cumplimiento al oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el secretario encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, a las diez horas con diez minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 790/2021, en audiencia pública la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria en Funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, quien actúa con la licenciada Maricruz Velázquez Márquez, secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Además, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron presenciar la presente audiencia por videoconferencia en el equipo de cómputo que este juzgado destinó para ello, acorde con el Acuerdo General 21/2020; asimismo, que las constancias que obran en el expediente físico coinciden con las que obran en electrónico. Abierta la audiencia. La secretaria procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan las siguientes: a) Escrito de demanda y anexos (fojas 2 a 6). b) Informe justificado rendido por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, por conducto del Comisionado Presidente, con sede en esta ciudad (foja 23). c) Constancias de emplazamiento a juico de la parte tercera interesada Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit. A lo que la secretaria en funciones de juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta a la juez con las documentales que remitió la autoridad responsable, en apoyo a su informe con justificación, consistentes en las copias certificadas del expediente ******************** de su índice (fojas 24 a 48). A lo que la secretaria en funciones de juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales referidas por la parte procesal citada, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. No fueron formulados. A lo que la titular determina: Al no haber alegatos que reproducir, se da por concluida la presente etapa, por lo que al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 790/2021 y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el catorce de julio de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, José Hermosillo Martínez demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO. El acuerdo dictado por la autoridad responsable con fecha 09 de junio de 2021, mismo que me fue notificado con fecha 2410 de junio del 2021, resolución dictada dentro del proceso impugnativo administrativo con número de expediente ********************, seguido ante la misma autoridad responsable.". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 6º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; luego, por lo que en proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se registró la demanda bajo el número de expediente ******************** y previó cumplimiento a prevención el veintisiete de julio del año actual, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que legamente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a juicio a la parte tercera interesada y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales; 1° fracción I, 33 fracción IV, 107 fracción I de la Ley de Amparo y 57 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado tiene su origen y ejecución dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia de este órgano de control constitucional, en términos de lo establecido por los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, y del estudio íntegro de la demanda de amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteado en este juicio de amparo, consiste en: Del Instituto de Transparencia y Acesso a la Información Pública del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad: El auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó el recurso de revisión ********************, del índice de la responsable, interpuesto contra la determinación emitida en el oficio ********************, recaída a la solicitud de información ********************. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, pues no obstante que éste lo negó en su informe con justificación (foja 23), enseguida realizó manifestaciones de certeza, en el sentido de que desechó el recurso de revisión precisado. Máxime que la existencia del acto reclamado se corrobora de las constancias que la responsable adjuntó con su informe justificado. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los dispositivos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del arábigo 2° de la Ley de Amparo. En tales condiciones, debe desvirtuarse la negativa referida por la autoridad en comento y, en consecuencia, tenerse por cierto el acto atribuido a ella para todos los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página trescientos noventa y uno, Tomo XIV, de julio de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: El seis de mayo de dos mil veintiuno (foja 27), la parte promovente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia tramitó una solicitud de acceso a la información pública dirigidas a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit, para tal efecto, se asignó el folio de seguimiento número ******************** Posteriormente, mediante oficio ******************** de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno (foja 28), el sujeto obligado dio respuesta a las referidas peticiones, a lo que aquí interesa, a la referida con número de folio ********************, en donde se le dio respuesta a los puntos de petición número 1, 3, 4, 7, 9 y 11 y en los diversos 2, 5, 6, 8, 10 y 12 manifestando que no contaba con la información solicitada. Inconforme con ésta, interpuso recurso de revisión de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Luego, en proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno (foja 42), el mencionado recurso fue registrado bajo el número ******************** y turnado al Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Finalmente, mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno (foja 43), el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit desechó el recurso de revisión en comento por haberse presentado de forma extemporánea. La determinación anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. De manera previa, no se advierte ninguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, lo conducente en el caso es examinar la constitucionalidad del acto reclamado y los conceptos de violación respectivos, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertaran. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, de mayo de dos mil diez, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa hace consistir como argumento toral de su demanda de amparo, esencialmente, que la determinación impugnada viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 6º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que: La resolución reclamada carece de fundamentación. No se encuentra ajustada a derecho, debido a que el artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, establece que el término para la interposición del recurso de revisión ante dicho Instituto o la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, será de quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación; no obstante, el quejoso refiere que fue notificado el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno y, por tanto, el término de quince días para la interposición del recurso en comento venció el ocho de junio siguiente, en la cual, dice el quejoso, interpuso recurso de revisión a través de medios electrónicos; no obstante lo anterior, la responsable desechó por extemporáneo el recurso de revisión ********************, ello, manifiesta la parte quejosa, toda vez que la autoridad no contempló que los días para la interposición de dicho recurso deben contarse en veinticuatro horas. En ese orden de ideas, los conceptos de violación hechos valer por la parte promovente en su demanda son infundados y, sin que se advierta en ellos queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que de un análisis previo del acto reclamado resulta necesario señalar que en la Constitución Magna, se consagran las prerrogativas de seguridad jurídica, como lo es principio de legalidad, establecido en el artículo 16 del referido ordenamiento legal que a su letra dice: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)". De dicho precepto constitucional, se advierte el derecho fundamental de legalidad, esto es, de forma genérica estipula los requisitos que debe reunir cualquier acto autoritario que importe molestia a la esfera jurídica de los ciudadanos, como lo son: Constar por escrito, Ser dictado por autoridad competente, y Estar fundado y motivado. Con relación a este último punto, por fundamentación debe entenderse que la autoridad, en el propio cuerpo del acto reclamado, ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivación, el señalamiento preciso de las causas especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren, en el caso concreto, las hipótesis normativas. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento sesenta y dos, Tomo XXII, de diciembre de dos mil cinco, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Presupuestos de fundamentación y motivación, que deben coexistir y se presuponen mutuamente, ya que no es dable citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Tales exigencias tienen como propósito que los gobernados tengan la posibilidad de atacar dichos fundamentos y motivos, si éstos no fueron los correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios por parte de las autoridades. En el caso, el proveído que constituye el acto reclamado, sí se encuentra fundado y motivado, acorde al deber constitucional establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de la lectura de dicha resolución, se advierte que la responsable expuso las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración la autoridad responsable para su emisión, pues la determinación de desechar el recurso de revisión por presentarse de forma extemporánea, la sostuvo en la hipótesis del artículo 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, pues considero que el cómputo para su interposición inició el diecinueve de mayo y concluyó el ocho de junio de dos mil veintiuno, mientras que tal recurso se interpuso el nueve del mismo mes y año (foja 33), o sea, de forma tardía. En ahí que, en ese primer aspecto, al argumento de la parte quejosa es infundado. Respecto del segundo concepto de violación, se observa que la autoridad responsable mediante acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno, desechó el recurso de revisión ********************, por haber sido éste presentado de forma extemporánea. En este sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit establece lo siguiente: "Artículo 153. El solicitante podrá´ interponer, por si´ mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, e´sta debera´ remitir el recurso de revisio´n al Instituto a ma´s tardar al di´a siguiente de haberlo recibido. Arti´culo 154. El recurso de revisión procederá´ en contra de: (.) IV. La declaratoria de inexistencia de información; Arti´culo 170. El recurso sera´ desechado por improcedente cuando: Sea extempora´neo;". Entonces, como se aprecia de los preceptos transcritos, particularmente de lo resaltado, el plazo para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado ordenamiento legal es de quince días contados a partir de la fecha de la notificación de la respuesta, o bien, del vencimiento del plazo para la notificación, y éste a su vez, será remitido al Instituto a más tardar al día siguiente de haberse recibido. En el caso, la parte quejosa refiere haber sido notificada de la respuesta efectuada por la autoridad solicitada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por lo que el término de quince días para la interposición del referido recurso, comenzó a transcurrir a partir de día hábil siguiente de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, ya que éste prevé que será al día siguiente al en que se practiquen las notificaciones cuando comience a correr el término que para tal efecto se conceda. Máxime que el artículo 134 del ordenamiento antes citado establece, que cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, como en el caso aquí acontece (foja 27), se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por el mismo medio, entonces, dicho término transcurrió del diecinueve de mayo al ocho de junio de dos mil veintiuno, ello, sin contar los días inhábiles que correspondieron a sábado y domingo, esto, de conformidad con el Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit por el cual se decreta el Calendario Oficial 2021, de siete de enero de dos mil veintiuno. En este sentido y contrario a lo aseverado por la parte quejosa, resulta correcta la determinación efectuada por la autoridad responsable, al considerar que el recurso de revisión, en contra de la respuesta efectuada por la autoridad solicitada el seis de mayo de dos mil veintiuno y notificada el dieciocho siguiente, fue presentada de forma extemporánea. Lo anterior es así, debido a que la determinación reclamada, le fue notificada a la parte quejosa el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, a través de la Plataforma Nacional, de conformidad con el artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Luego, dicha notificación surtió efectos el mismo día en que se practicó, ello, de acuerdo al artículo 135 del referido ordenamiento, por tanto, el plazo para la interposición del recurso de revisión comenzó el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno y concluyó el ocho de junio siguiente. En este sentido, la autoridad responsable actuó de forma correcta al desechar el recurso de revisión, toda vez que, como se aprecia de las documentales que en copia certificada acompañó a su informe con justificación, se advierte que dicho recurso se interpuso a las cero horas con veintitrés minutos del nueve de junio de dos mil veintiuno (foja 33), según se observa de la captura de la plataforma nacional descrita. Documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los dispositivos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del arábigo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por ende, contrario a lo que argumenta la parte quejosa, sus conceptos de violación son infundados e ineficacez, pues los hechos en los que descansan no fueron probados, lo que conlleva a que sean insuficientes para otorgar la concesión del amparo. Máxime que la parte quejosa no ofreció probanza alguna tendiente a demostrar de forma fehaciente que el recurso de revisión al que hace referencia, fuera presentado el ocho de junio de dos mil veintiuno, como así señala en su demanda de amparo. No pasa inadvertido que el quejoso pretende hacer notar que los días debían tomarse como de veinticuatro horas y, en ese sentido, las cero horas con veintitrés minutos en que fue presentado el recurso correspondían al ocho de junio de dos mil veintiuno y no nueve, como determinó la autoridad. No obstante, dicho razonamiento es infundado, pues es del conocimiento general que, aun bajo el parámetro de días de veinticuatro horas, que el día concluye precisamente a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos. Consecuentemente, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por el impetrante del amparo, y sin que se advierta en ellos queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Así, por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78, 80, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** respecto del acto que reclamó al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por los por los motivos precisados en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria en Funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, hasta el día de hoy trece de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el secretario Maricruz Velázquez Márquez, que autoriza y da fe. °mvm
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TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural, representante del Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, aquí parte tercera interesada y con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado a juicio. De igual forma, con fundamento en el arábigo 9 de dicha ley, téngase designando delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones los que señala, de conformidad con los numerales 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos del arábigo 2. Finalmente, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe, sin perjuicio de hacer relación de los mismos, al momento de verificarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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TEPIC, NAYARIT, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta enviado por el Director de Avalúos Zona A en ausencia del Director General de Avalúos y Obras del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, dirigido al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 56, del que se advierte, por las razones que se exponen el propio escrito, que pide se regularice el procedimiento del juicio de origen, a efecto de que se deje sin efectos la multa que le fue impuesta a dicho director por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio agrario 3/2014; asimismo, le informa que esa dirección se encuentra imposibilitada técnica y jurídicamente para emitir en el término de diez días un nuevo avalúo que atienda los lineamientos indicados en el citado proveído de diecisiete de junio del año en curso; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. Con independencia de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el arábigo 192 de la ley de la materia, requiérase de nueva cuenta a la responsable Director General de Avalúos y Obras del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para efecto de que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que sea notificada de la presente determinación, dé cumplimiento a la sentencia dictada en autos, a saber emita un nuevo avaluó de acuerdo a los parámetros establecidos en la sentencia emitida el veintiuno de enero de dos mil catorce, en los autos del juicio agrario 162/2001, ahora 3/2014 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, con sede en esta ciudad. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercero transitorios del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los dispositivos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la ley citada. Luego, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad. NOTIFÍQUESE.
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