José Hugo Sigifredo Alva Silva
Expediente 354/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Hugo Sigifredo Alva Silva
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a través del cual solicita se le informe si este juzgado continuó con el trámite del juicio de amparo en que se actúa, atento a su contenido, se ordena remitir de nueva cuenta el oficio número 9154 del índice de este juzgado, a fin de que sea de su conocimiento el auto de diecinueve de abril del año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PÁRTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite el escrito signado por el aquí quejoso, en consecuencia este juzgado acuerda: Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de diecinueve de abril del año en curso. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".Sentencia y/o ejecutoria dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con fecha 4 cuatro de marzo del año 2022 dos mil veintidós y notificada personalmente con fecha 7 siete de marzo del año 2022 dos mil veintidós, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL DÍA 21 DEL PRESENTE MES FUE INAVIL (sic) dentro del Toca I-39/2022 relativo al recurso de apelación hecho valer por el licenciado JOSE HUGO SIGIFREDO ALVA SILVA, contra el auto de 14 de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, pronunciado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, dentro del juicio sucesorio intestamentario No. 615 seguido a bienes de JOSÉ DE JESUS MERINO FERREIRA y/o JESUS MERINO FERREIRA y/o JESUS MERINO FERREYRA." Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." [.]". De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta procedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe resaltar que los actos intraprocesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia a su favor, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo, cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, porque no será posible restituirle el tiempo que dure la referida privación. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. Ahora, del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente respecto de la sentencia de cuatro de marzo del año en curso, dictada dentro del toca I-39/2022, relativa al recurso de apelación hecho valer contra el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se le dijo al aquí quejoso que debía estarse a lo acordado en auto de treinta de noviembre de ese año, en el que se le revoco la personería que ostentaba; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Se estima que el acto reclamado no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), pues solo se trata de una determinación dictada en la secuela procesal del procedimiento de origen, de manera que será hasta la sentencia que resuelva en definitiva el juicio de origen, en donde el juez dictará sentencia, en todo caso, la posible afectación a derechos de naturaleza adjetiva, se destruirán si la parte ahora amparista obtiene resolución favorable a sus pretensiones, con lo que desaparecerán fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. En caso contrario, podrá impugnar tal violación a través del amparo directo que eventualmente se promueva contra la sentencia que ponga fin al juicio de origen. No se omite mencionar que la determinación del órgano responsable en el sentido de confirmar la determinación del juez de origen al señalar que no ha lugar a tenerlo gestionando en el juicio al haberle sido revocado el mandato, no fija el sentido en que habrá de dictarse la resolución correspondiente, pues dependerá de la valoración que la autoridad del procedimiento de origen otorgue a los medios de convicción, así como el análisis que por obligación realice respecto a la procedencia o improcedencia de la acción ejercida; de ahí que el acto reclamado no se pueda considerar como de aquellos que afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte amparista. Máxime si se tiene en consideración que la parte que representaba ha seguido gestionando en el juicio e incluso presentó convenio relativo a la partición y adjudicación de la masa hereditaria. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, por tanto se impone desechar la demanda de amparo analizada. A propósito de lo expuesto, cobran aplicación los criterios jurisprudenciales que se reproducen enseguida: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. "Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubiesen sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por JOSÉ HUGO SIGIFREDO ALVA SILVA, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por José Hugo Sigifredo Alva Silva, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. RETURNO DEL EXPEDIENTE POR ANTECEDENTE DE DIVERSO JUICIO DE AMPARO. hora bien, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que luego de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE), se constató que J. Jesús Merino Salgado, promovió diverso juicio de amparo contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mismo que quedó registrado bajo número 253/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el que los actos reclamados derivan del toca I-45/2017, formado con motivo del recurso de apelación dentro del juicio sucesorio intestamentario número 615/2020. Al respecto cabe destacar, que el doce de septiembre de dos mil diecisiete, el similar de cuenta dictó sentencia dentro del juicio de amparo en mención; asimismo, que causó ejecutoria el diecinueve de octubre siguiente. ANÁLISIS DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. Ahora, atendiendo a la certificación que encabeza el presente acuerdo, así como del análisis de los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los cuales en lo que interesa, precisan lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 21/05/2015. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; REFORMADA POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 14/03/2016. III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación, al tribunal unitario de Circuito que haya conocido del o los anteriores; VIII. Cuando se determine la separación de juicios o de procesos, los expedientes que deriven se remitirán al órgano jurisdiccional que la decretó; IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente: a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido den antecedente registrado; XII. Los casos en los que por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Los demás que determine el Pleno. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos o de los titulares de los órganos jurisdiccionales podrá determinar criterios específicos de relación. Dichos criterios deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, y compilarse en un listado que se difundirá a través del portal de Intranet del Consejo. La Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos deberá elaborar y mantener actualizado el listado a que se refiere el párrafo anterior. Quedan exentas de crear algún antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento, embargo, así como las órdenes de cateo que resulten indispensables para las averiguaciones previas, ello para los órganos jurisdiccionales que las dictan, y no así para los que conocen del amparo. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano". De los preceptos trascritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, la fracción II del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario, establece que tratándose de juicios de amparo que promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. De la interpretación de dicho precepto se advierte que sólo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. De este modo, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro para turnarlo al juzgado que haya tenido previo conocimiento o el último antecedente. Al respecto, hay que acotar que la anterior disposición administrativa fue modificada en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, mediante el acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura General que reforma y adiciona su similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, no obstante, la citada modificación no afectó en forma alguna las disposiciones normativas citadas en las fracciones II y IV del aludido numeral, pues sólo afectó diversas fracciones. Precisados los supuestos o formas que existen de turnar los asuntos y con base en los registros previos que obran en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, así como de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 253/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se reclaman actos que derivan del mismo juicio de origen, esto es, del juicio sucesorio intestamentario número 615/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Ello en razón de que en la demanda que generó el juicio de amparo en que se actúa VIII-354/2022, promovido por José Hugo Sigifredo Alva Silva, reclama actos que derivan del juicio sucesorio intestamentario número 615/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. De tal forma, que el suscrito estima que no correspondería a este órgano jurisdiccional conocer de la demanda de amparo de cuenta, sino al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por ser a dicho tribunal a quien se le turnó la demanda de amparo promovida por J. Jesús Merino Salgado, de la cual ordenó su registro como expediente 253/2017, el cual constituye el antecedente más reciente atendiendo a los razonamientos expuestos con antelación. Por tanto, si el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conoció del juicio de amparo más reciente, o bien, del antecedente inmediato, en el que se reclaman actos derivados del juicio de origen número 615/2020, esta potestad federal estima que el referido Juzgado es quien debe conocer del presente asunto al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General en aplicación. En mérito de lo anterior, previa copia que de las principales constancias se obtengan para formar el cuaderno de antecedentes relativo, mediante oficio en el que se inserte esta determinación, remítase el cuaderno de amparo en que se actúa, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, por tratarse de un asunto relacionado al que anteriormente ha conocido, ya que los actos reclamados derivan del mismo juicio de origen, esto es, del juicio sucesorio intestamentario número 615/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Civil de este Distrito Judicial. Solicitando el acuse de recibo y, para el caso de que no acepte la competencia planteada, se le solicita remita copia certificada del juicio de amparo 253/2017, para estar en aptitud de plantear la consulta respectiva ante el órgano competente para determinar dicha circunstancia. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS Asimismo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Rosalba Garduño Rodríguez, esto en razón de que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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