José Hugo Raya Pizano

Expediente 410/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
410/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • José Hugo Raya Pizano
  • Magistrado de la Quinta Sala Especializado en Materia Anmticorrupción y Responsabilidades Administrativas
  • Magistrado de la Quinta Sala Especializado en Materia Anmticorrupción y Responsabilidades Administrativas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Y NIEGA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEEYÓ y NEGÓ el amparo promovido por José Hugo Raya Pizano, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Michoacán; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS. Devuélvanse al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, las documentales consistentes en copia certificada del recurso de reconsideración JA-R-39-2021-II que acompañó a su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de haberse sobreseído y negado el amparo y protección de la justicia federal, y concedido la suspensión provisional y definitiva solicitadas; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Número de expediente: 410/2021 Acuerdo: Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo VII-410/2021, promovido por Agustín Salgado García, en cuanto apoderado de José Hugo Raya Pizano, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Estado de Michoacán de Ocampo, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial y turnado el siete siguiente a este órgano jurisdiccional,1 Agustín Salgado García, en cuanto apoderado de José Hugo Raya Pizano, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Estado de Michoacán de Ocampo, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y otras autoridades; ocurso en el que el quejoso narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO.- Prevención y por no presentada la demanda. En auto de diez de mayo de dos mil veintiuno,2 con el escrito de demanda se ordenó la formación del se ordenó la formación del expediente y se previno al promovente de amparo para que aclarara su demanda respecto de diversos puntos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentada. 1 Fojas 1 y 2. 2 Fojas 35 a 38 Así, en auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno,3 al haber trascurrido el plazo a que se hizo alusión en el párrafo anterior, sin que la parte quejosa hubiese dado cumplimiento a la prevención que le fue formulada, se tuvo por no presentada la demanda. TERCERO. Recurso de queja. Contra el auto que tuvo por no presentada la demanda, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual, por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quedando registrado con el número 106/2021. Mediante resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno,4 el superior declaró fundado el recurso para el efecto de que este juzgado dejara insubsistente el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno y proveyera lo conducente en relación con el escrito a través del cual la parte quejosa pretendió cumplir con la prevención formulada. CUARTO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En acato a la resolución del tribunal colegiado, en proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno5 se tuvo a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención que le fue formulada en diverso de diez de mayo de dos mil veintiuno y, como consecuencia de ello se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se reservó el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en 3 Foja 42 4 Fojas 80 a 94 5 Fojas 111 a 114 tanto se contara con los informes justificados y se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte quejosa. Una vez que se contó con los informes justificados solicitados y emplazada la parte tercero interesada,6 se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que previo su diferimiento tuvo verificativo en términos de acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque el acto reclamado es de naturaleza administrativa y tiene ejecución material dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional de competencia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo cual es necesario tomar en 6 Foja 155 consideración, en su integridad, la demanda de garantías, escrito aclaratorio y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y escrito aclaratorio, se desprende que los actos reclamados por el promovente del amparo a las autoridades responsables, consiste en: ? De los Magistrados Titulares de la Quinta y Cuarta Salas Especializadas en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas; Magistrados Titulares de la Primera, Segunda y Tercera Salas Administrativas Ordinarias, todos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, actuando en Pleno y fungiendo como Presidente el primero de los mencionados, el auto emitido el treinta de noviembre de dos mil veinte, dentro de los autos del juicio administrativo JA-1428/2013-III, a través del cual se impuso a José Hugo Raya Pizano, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, una multa por el equivalente a $52,128.00 (cincuenta y dos mil ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), y su ejecución, atribuida al Director y Notificador, ambos de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, así como al Administrador y Notificadores de la Administración de Rentas de Morelia, Michoacán. ? Del Secretario General de Acuerdos, en funciones de Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, el acuerdo de nueve de abril de dos mil veintiuno, por el que desechó por notoriamente improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veinte citado en el punto anterior. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos que en el ámbito de sus atribuciones les fueron reclamados. Lo anterior se corrobora con la copia certificada del juicio administrativo JA-1428/2013-III, que remitieron las autoridades responsables ordenadoras como sustento de su informe justificado; a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Cobran aplicación las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto".7 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".8 CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita se advierte que 7 No. Registro: 917,812, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 278, Página: 231 8 No. Registro: 394,182, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 226, Página: 153 no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque el análisis de las mismas es de orden público. En el caso concreto, las partes no hicieron valer causales de improcedencia; no obstante, este juzgador advierte de oficio la actualización de causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, respecto del auto dictado el treinta de noviembre de dos mil veinte, dentro del juicio administrativo JA-1428/2013-III, a través del cual el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, le impuso a José Hugo Raya Pizano, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo, una multa por $52,128.00 (cincuenta y dos mil ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional). El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, los diversos preceptos 17 y 18 de la misma ley establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación de los preceptos de orden legal transcritos, en lo que aquí interesa, se advierte que se estiman consentidos los actos que no se reclaman dentro del plazo de quince días (aplicable al caso concreto, dado que no opera alguna de las excepciones previstas en el precepto 17); para lo cual, existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse ese espacio temporal, esto es, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al peticionario de amparo de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, c) Al en que el solicitante de amparo se haya ostentado sabedor de ellos. De ahí el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo -en la vía indirecta-, comienza a correr a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis señaladas previamente, las cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Lo anterior es así, ya que como se aprecia de las constancias que remitieron las autoridades responsables, el treinta de noviembre de dos mil veinte,9 el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, emitió un auto dentro del juicio administrativo JA-1428/2013-III, a través del cual se impuso al aquí quejoso José Hugo Raya Pizano, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, una multa por el equivalente a $52,128.00 (cincuenta y dos mil ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional). Determinación que se notificó personalmente al promovente de amparo el cuatro de marzo de dos mil veintiuno,10 por el actuario habilitado por la Secretaría General de Acuerdos del tribunal responsable, en términos de los artículos 199, 213, 216 y 217, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán,11 en relación con los diversos preceptos 79 y 9 Fojas 1817 a 1823 del tomo de prueba 10 Fojas 1830 a 1833 del tomo de prueba 11 Artículo 199. Las diligencias que deban practicarse en el lugar de residencia del Tribunal, se encomendarán al Secretario General de Acuerdos, al Secretario de Estudio y Cuenta o Actuario y para aquéllas que deban practicarse fuera, se encomendará a dichos funcionarios, o bien, mediante exhorto al Juez del lugar donde deban practicarse, a juicio del Magistrado o juez administrativo que esté conociendo del asunto. (.) Artículo 213. Toda actuación y resolución en el proceso administrativo, deberá notificarse a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se hayan dictado. (.) Artículo 216. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado, en la residencia del Tribunal, o por correo certificado con acuse de recibo si el domicilio se encuentra fuera de la residencia del mismo, pero en el Estado de Michoacán. Artículo 217. La notificación será personal, en los siguientes casos: 83 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán.12 Pues bien, como se advierte de lo antes descrito, la parte quejosa conoció del acto reclamado que aquí se analiza desde el cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Por ello, si la demanda de amparo se presentó hasta el siete de mayo de dos mil veintiuno, esto es, más de dos meses después según se aprecia de la boleta de recepción correspondiente expedida por la Oficina de Correspondencia Común,13 es inconcuso que ello tuvo lugar fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Temporalidad que debe operar en la especie dada I. Los autos de admisión o desechamiento de la demanda y sus ampliaciones; el emplazamiento, la admisión o desahogo de pruebas; (.) V. Las sentencias. (.) 12Artículo 79. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará en el domicilio designado al efecto, en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio; no encontrándolo el notificador y cerciorado de que es el domicilio del notificado y está en la población, le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente, y si no espera se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre del promovente, el tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se notifique, la fecha y hora en que se deje y el nombre de la persona que lo reciba. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a cualquiera de los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o éste se hallare cerrado, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, estas quedarán en la secretaría a disposición del demandado. (.) Artículo 83. Las notificaciones de los autos en que se mande hacer saber a las partes la llegada de los autos, se dé por contestada la demanda en rebeldía del demandado, en que se mande recibir el juicio a prueba, hacer la primera citación para absolver posiciones, citar para sentencia interlocutoria o principal y la de la sentencia misma, se harán en el domicilio o en la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial, designado por las partes. Podrán hacerse en el mismo juzgado, si los interesados ocurren antes a él. El funcionario que deba hacer la notificación para el caso de que se hubiera señalado domicilio en el lugar del juicio, buscará en el lugar designado a la persona que ha de ser notificada y le hará la notificación. Si no la encontrase y sin necesidad de mandamiento judicial, practicará la diligencia por medio de instructivo en los términos del artículo 79. Cuando se haya señalado la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial, el notificador accederá al sistema de notificación electrónica para remitir la notificación de la resolución correspondiente al usuario registrado en autos. Si no se hubiere hecho cualquiera de los dos señalamientos anteriores, la notificación se hará por medio de lista. 13 Foja 1 la naturaleza del acto reclamado, ya que no se trata de una norma general autoaplicativa, procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, ni se trata de actos que atentan contra derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal y tampoco implican peligro de privación de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, ni desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco se trata de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, sino que se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento administrativo. En tales condiciones, dado que la presentación de la demanda fue extemporánea y por vía de consecuencia, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado a que se hace referencia en este apartado de consideraciones, por no haber ejercitado la acción constitucional en su contra dentro del término legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos de lo establecido en los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Lo que impide que este juzgado aborde la temática de los conceptos de violación relacionados con tal acto. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia del título y contenido siguientes: "Época: Octava Época Registro: 226555 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 1o. J/23 Página: 252 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sobreseimiento que se hace extensivo en torno a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras Director y Notificador, ambos de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, así como al Administrador y Notificadores de la Administración de Rentas de Morelia, Michoacán, por no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad de hace depender del acto reclamado a las autoridades ordenadoras respecto del cual se sobreseyó en el presente juicio. Lo anterior encuentra sustento en el criterio que a continuación se transcribe: Época: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, pronunciado dentro del expediente JAR-0039/2021-II. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Registro digital: 164618 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, de la lectura integral de la demanda, así como del escrito aclaratorio, se desprende que respecto del acto reclamado al Secretario General de Acuerdos, en funciones de Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, consistente en el acuerdo de nueve de abril de dos mil veintiocho, por el que desechó por notoriamente improcedente el recurso de reconsideración interpuesto en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, el quejoso alega: ? Que la Sala responsable, no debió desechar por improcedente el recurso de reconsideración, sino en todo caso, turnar el asunto al Pleno para que este resolviera lo que conforme a derecho procediera, pues afirma que no tendría sentido que una norma contemplara el supuesto de interposición del recurso de que se trata, en contra de las determinaciones que impongan medios de apremio y por otra que no exista ningún órgano que sea competente dentro de ese Tribunal para resolverlo, ya que -a su criterio-, el artículo 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, estatuye que procede el recurso de reconsideración, en contra de las determinaciones que impongan medios de apremio. ? Alega el amparista que partiendo del principio del derecho que reza "Donde la Ley no Distingue, al juzgador no le es dable distinguir", era dable admitir que si el artículo 298, fracción V del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no distinguía respecto de cuáles multas era procedente el recurso de reconsideración, ello derivaba que el recurso era procedente y al serlo, era lógico pensar que la Sala no debió declararse incompetente (sic), y que en todo caso debió remitir el asunto a quien sí lo fuera. ? De igual forma, aduce el quejoso que lo ya referido, derivaba de una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 154 fracciones IV, V, VIII, 155, fracción II, 298, fracción V y 299 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Los anteriores argumentos resultan infundados e inoperantes por inatendibles, por las razones que a continuación se exponen: En efecto, contrario a lo señalado por la parte quejosa, la Sala responsable no vulneró en su perjuicio alguno de los derecho fundamentales, pues si bien es verdad que desechó el recurso de reconsideración, esa fue una mera conclusión procesal, pero de fondo sostuvo que si bien el artículo 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, prevé la procedencia del recurso de reconsideración en contra de los autos que impongan los medios de apremio y las medidas disciplinarias establecidas en la propia normatividad, lo cierto es que al no hacerse extensivas en el diverso precepto 299 del propio código a las providencias dictadas por el Pleno, tal determinación no es impugnable por esa vía, habida cuenta que ambos preceptos no deben interpretarse de manera aislada, sino conjunta. Lo anterior, dijo, en razón de que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, constituye la máxima instancia de la Sala responsable como ente autónomo, por lo que resultaría ilógico que el legislador previera la procedencia de un medio de defensa ordinario en contra de sus propias determinaciones, pues de ser así se atentaría contra el principio de seguridad jurídica. Aunado a ello, el quejoso no hace una interpretación adecuada del artículo 299 del Código de Justicia Administrativa, porque considera que si dicho numeral contempla los supuestos a quienes se turnará el recurso de reconsideración interpuesto, implícitamente debe atenderse a que a falta de mayor jerarquía por grado, el que debió haber conocido del recurso de reconsideración interpuesto era el propio Pleno. Lo cual es carente de razón legal. Para dar sustento a la anterior premisa, es necesario traer a contexto lo que dispone no sólo el artículo 299 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán sino también el artículo 298, fracción V, del propio ordenamiento legal citado, ambos relativos al capítulo Décimo Quinto del Recurso de Reconsideración, y el diverso 159 de dicho ordenamiento, que son del siguiente tenor: "Artículo 298. Procede el recurso de reconsideración en contra de: I. Los acuerdos que admitan o desechen la demanda o su ampliación, su contestación, alguna prueba o la intervención de terceros; II. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; III. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; IV. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia; o, V. Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en este Código." "Artículo 299. El recurso de reconsideración podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, con expresión de agravios, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución o sentencia que se impugne. El recurso se presentará ante el Tribunal y se turnará para su trámite al Magistrado Especializado distinto del instructor y tratándose de resoluciones emitidas por los jueces administrativos, se turnará para su trámite y resolución a un Magistrado de Sala Administrativa Ordinaria". "Artículo 298. Procede el recurso de reconsideración en contra de: I. Los acuerdos que admitan o desechen la demanda o su ampliación, su contestación, alguna prueba o la intervención de terceros; II. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; III. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; IV. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia; o, V. Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en este Código. "Artículo 299. El recurso de reconsideración podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, con expresión de agravios, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución o sentencia que se impugne. El recurso se presentará ante el Tribunal y se turnará para su trámite al Magistrado Especializado distinto del instructor y tratándose de resoluciones emitidas por los jueces administrativos, se turnará para su trámite y resolución a un Magistrado de Sala Administrativa Ordinaria." "Artículo 159. Son atribuciones del Pleno: I. Elegir a su Presidente, que será a su vez del Tribunal; II. Resolver el recurso de apelación; III. Calificar las recusaciones y excusas por impedimento de los magistrados y, en su caso, integrar a ella, al Secretario General de Acuerdos; IV. Llevar a cabo el procedimiento para la designación del titular del Órgano Interno de Control; V. Expedir el Reglamento Interior; VI. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal; VII. Designar al Secretario General de Acuerdos, a los jueces administrativos, secretarios de acuerdos, secretarios de Estudio y Cuenta, actuarios, al Secretario Administrativo y defensores jurídicos; VIII. Nombrar y remover al personal del Tribunal; IX. X. Resolver las excitativas de justicia que promuevan las partes; XI. Hacer uso de los medios de apremio que procedan; XII. Aprobar el contenido del Informe anual de labores del Tribunal; XIII. (DEROGADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XIV. Establecer la jurisprudencia del Tribunal; XV. Dictar los acuerdos necesarios para el despacho de los asuntos del Tribunal; y, XVI. Las demás que señalen las leyes." De los preceptos transcritos se obtiene lo siguiente: ? El recurso de reconsideración procede contra las determinaciones que, entre otras cosas, impongan medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en el Código de Justicia Administrativa del Estado. ? El citado recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes en el juicio, con expresión de agravios dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de la determinación que se impugne. ? Asimismo, que dicho medio de impugnación se presentará ante el tribunal que dictó la determinación y se turnará para su trámite a un Magistrado especializado distinto del instructor; y, ? Que tratándose de resoluciones emitidas por los jueces administrativos, se turnará para su trámite y resolución a un Magistrado de Sala Administrativa Ordinaria. ? Que dentro de las facultades competenciales del Pleno no se encuentra la de resolver un recurso de reconsideración contra actos emitidos por dicho ente colegiado. Luego, de la interpretación sistemática del aludido precepto 298, fracción V del Código de Justicia Administrativa relativo a la procedencia del recurso de inconformidad, relacionado con el diverso 299 y 159 del mismo ordenamiento, que regula la tramitación del medio de impugnación de que se trata, se obtiene que las resoluciones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no se encuentran comprendidas dentro de los referidos supuestos de procedencia, al ser inatacables en la vía ordinaria. Es decir, el recurso de reconsideración a que se refiere el arábigo 298 en cita, expresamente señala su procedencia contra las resoluciones de los Magistrados instructores del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, o de los Jueces administrativos, de manera que debe considerarse excluido al Pleno del citado Tribunal y, en ese sentido, es evidente que contra las determinaciones de éste no procede dicho medio de impugnación. En ese estado de cosas, si bien aparentemente se colmó el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 298 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, al combatir un auto que impuso una medida de apremio contra la autoridad demandada aquí quejosa, lo cierto es que al no incluir dicho precepto al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de la procedencia del recurso de inconformidad, tal determinación no es impugnable mediante ese recurso. Por lo que contrario a lo señalado por la parte quejosa, al recurso de reconsideración que interpuso contra un auto del Pleno de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, no se le debía dar el trámite precisado en el artículo 299 del Código de Justicia Administrativa del Estado, por no estar contemplado en la Ley la procedencia de dicho medio de impugnación contra la imposición de medio de apremio por parte del multicitado Pleno. Lo anterior tiene mayor razón de ser porque como correctamente lo determinó la responsable, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es la máxima instancia de ese órgano jurisdiccional ordinario, por lo que sería ilógico que el Código de Justicia Administrativa del Estado, hubiere contemplado algún medio de defensa contra sus determinaciones, ya que atentaría contra el principio de seguridad jurídica. Máxime que aceptar la procedencia del citado medio de impugnación contra los propios actos del Pleno, implicaría consentir que la máxima instancia de ese Tribunal puede revocar sus propias determinaciones; y, en un extremo, que se hagan valer recursos de forma interminable. En el caso, en perjuicio de la cosa juzgada, pues la medida de apremio se dirige a vencer la contumacia de la quejosa para cumplir con un fallo firme. Derivado de lo anterior, deviene inoperante por inatendible el motivo de inconformidad en el cual alega que en todo caso ante la falta de alguien de mayor jerarquía por grado, la Sala responsable debió haber remitido al Pleno el mencionado recurso para su conocimiento y resolución, pues al ser improcedente el recurso de reconsideración contra del auto en el que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado imponga un medio de apremio o medidas disciplinarias reguladas por el Código de Justicia Administrativa, era evidente que la responsable no tenía la obligación de remitírselo. Lo anterior no implica una transgresión al derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia; y en el caso, como se evidenció, el recurso de reconsideración no se encuentra previsto contra las resoluciones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Por otra parte, como la carga procesal dispuesta es de manera asequible a la autoridad referida, aquí quejosa, de presentar el recurso efectivo ante la competente, en esas condiciones, la responsable no estaba obligada a remitir el asunto a la que se considerara competente. A más de que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado no le impone tal obligación al Tribunal responsable. En ese aspecto, cabe precisar que si bien la referida legislación en su artículo 30, cuarto párrafo14, establece que cuando se presente un asunto en una Sala Regional que por materia corresponda conocer a una Especializada, la primera se declarará incompetente y comunicará su resolución a la que en su opinión corresponde conocer del juicio, enviándole los autos. Sin embargo, no le impone obligación alguna al Tribunal Administrativo cuando se declare incompetente para conocer de un recurso ordinario y más que en el caso, como se explicó, no existe algún otro medio de impugnación en contra de la imposición de multa impuesta por parte del Pleno del Tribunal responsable a la autoridad demandada por no cumplir un fallo firme. 14 ARTÍCULO 30. Las Salas Regionales serán competentes para conocer de los juicios por razón de territorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (.) Cuando se presente un asunto en una Sala Regional que por materia corresponda conocer a una Sala Especializada, la primera se declarará incompetente y comunicará su resolución a la que en su opinión corresponde conocer del juicio, enviándole los autos. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: "Registro digital: 2011003 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Administrativa Tesis: PC.III.A. J/14 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo II Página 1642 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO A UN MANDATO DEL PLENO DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL. La interpretación sistemática y teleológica de los artículos contenidos en el capítulo XV, denominado "De los recursos", Sección I, intitulada "De la reclamación", de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, permite colegir que el recurso de reclamación procede, entre otros supuestos, contra las resoluciones del Presidente del Tribunal de lo Administrativo de la entidad cuando actúa como instructor en la sustanciación de los asuntos de los que corresponde conocer al Pleno de ese órgano jurisdiccional y en la que es autónomo en sus decisiones; sin embargo, dicho recurso es improcedente contra las emitidas en acatamiento a un mandato del Pleno del Tribunal aludido, ya que asumir una postura contraria, implicaría que la revisión la llevara al cabo por el propio Tribunal emisor, la cual no podrá ser modificada, atendiendo al principio general de derecho relativo a que los tribunales no pueden revocar sus propias determinaciones. Además, se llegaría al extremo de que se interpongan recursos de forma interminable, atentando contra el principio de cosa juzgada." También, se cita por identidad jurídica esencial el siguiente: "Registro digital: 2014201 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 9/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNE UN ACUERDO DICTADO POR EL PLENO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. De la interpretación literal del artículo 104 de la Ley de Amparo se colige que, al no reunirse el requisito de que el auto impugnado mediante recurso de reclamación sea emitido por el Presidente, sino por el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, entonces el recurso es improcedente, máxime que las decisiones de dicho Pleno, salvo los casos de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener la naturaleza de determinaciones preeminentemente terminales en los juicios de amparo (toda vez que aquél resuelve la mayoría de los recursos previstos por la Ley de Amparo, conforme a los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) no son susceptibles de someterse a una revisión ulterior." En esas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Agustín Salgado García, en cuanto apoderado de José Hugo Raya Pizano, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Estado de Michoacán de Ocampo, por los motivos y consideraciones ya expuestas. Cabe mencionar que en términos similares fue resuelto respecto al fondo, el diverso juicio de amparo II- 814/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el aquí también quejoso José Hugo Raya Pizano, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Estado de Michoacán de Ocampo, por propio derecho, en contra del auto de veinticinco de junio de dos mil veinte, pronunciado por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, dentro del juicio administrativo JA-1428/2013-III, en el que se le impuso al quejoso una multa por $47,784.00 (cuarenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N), así como el diverso proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, pronunciado por el Magistrado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria de dicho tribunal dentro del expediente JAR-145/2020-I, en el que se declaró incompetente para resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra del auto citado en primer orden. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales,15 se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por Agustín Salgado García, en cuanto apoderado de José Hugo Raya Pizano, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Estado de Michoacán de Ocampo, contra los actos y por las autoridades, así como por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. 15 Aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión Ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce; y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, con sus reformas y adiciones posteriores. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la parte quejosa por las autoridades precisadas y motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el veinticinco de abril de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo VII-410/2021, promovido por Agustín Salgado García, en cuanto apoderado de José Hugo Raya Pizano, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Estado de Michoacán de Ocampo, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial y turnado el siete siguiente a este órgano jurisdiccional,1 Agustín Salgado García, en cuanto apoderado de José Hugo Raya Pizano, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Estado de Michoacán de Ocampo, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y otras autoridades; ocurso en el que el quejoso narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO.- Prevención y por no presentada la demanda. En auto de diez de mayo de dos mil veintiuno,2 con el escrito de demanda se ordenó la formación del se ordenó la formación del expediente y se previno al promovente de amparo para que aclarara su demanda respecto de diversos puntos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentada. 1 Fojas 1 y 2. 2 Fojas 35 a 38 Así, en auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno,3 al haber trascurrido el plazo a que se hizo alusión en el párrafo anterior, sin que la parte quejosa hubiese dado cumplimiento a la prevención que le fue formulada, se tuvo por no presentada la demanda. TERCERO. Recurso de queja. Contra el auto que tuvo por no presentada la demanda, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual, por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quedando registrado con el número 106/2021. Mediante resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno,4 el superior declaró fundado el recurso para el efecto de que este juzgado dejara insubsistente el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno y proveyera lo conducente en relación con el escrito a través del cual la parte quejosa pretendió cumplir con la prevención formulada. CUARTO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En acato a la resolución del tribunal colegiado, en proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno5 se tuvo a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención que le fue formulada en diverso de diez de mayo de dos mil veintiuno y, como consecuencia de ello se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se reservó el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en 3 Foja 42 4 Fojas 80 a 94 5 Fojas 111 a 114 tanto se contara con los informes justificados y se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte quejosa. Una vez que se contó con los informes justificados solicitados y emplazada la parte tercero interesada,6 se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que previo su diferimiento tuvo verificativo en términos de acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque el acto reclamado es de naturaleza administrativa y tiene ejecución material dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional de competencia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo cual es necesario tomar en 6 Foja 155 consideración, en su integridad, la demanda de garantías, escrito aclaratorio y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y escrito aclaratorio, se desprende que los actos reclamados por el promovente del amparo a las autoridades responsables, consiste en: ? De los Magistrados Titulares de la Quinta y Cuarta Salas Especializadas en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas; Magistrados Titulares de la Primera, Segunda y Tercera Salas Administrativas Ordinarias, todos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, actuando en Pleno y fungiendo como Presidente el primero de los mencionados, el auto emitido el treinta de noviembre de dos mil veinte, dentro de los autos del juicio administrativo JA-1428/2013-III, a través del cual se impuso a José Hugo Raya Pizano, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, una multa por el equivalente a $52,128.00 (cincuenta y dos mil ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), y su ejecución, atribuida al Director y Notificador, ambos de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, así como al Administrador y Notificadores de la Administración de Rentas de Morelia, Michoacán. ? Del Secretario General de Acuerdos, en funciones de Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, el acuerdo de nueve de abril de dos mil veintiuno, por el que desechó por notoriamente improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veinte citado en el punto anterior. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos que en el ámbito de sus atribuciones les fueron reclamados. Lo anterior se corrobora con la copia certificada del juicio administrativo JA-1428/2013-III, que remitieron las autoridades responsables ordenadoras como sustento de su informe justificado; a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Cobran aplicación las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto".7 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".8 CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita se advierte que 7 No. Registro: 917,812, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 278, Página: 231 8 No. Registro: 394,182, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 226, Página: 153 no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque el análisis de las mismas es de orden público. En el caso concreto, las partes no hicieron valer causales de improcedencia; no obstante, este juzgador advierte de oficio la actualización de causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, respecto del auto dictado el treinta de noviembre de dos mil veinte, dentro del juicio administrativo JA-1428/2013-III, a través del cual el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, le impuso a José Hugo Raya Pizano, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo, una multa por $52,128.00 (cincuenta y dos mil ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional). El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, los diversos preceptos 17 y 18 de la misma ley establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación de los preceptos de orden legal transcritos, en lo que aquí interesa, se advierte que se estiman consentidos los actos que no se reclaman dentro del plazo de quince días (aplicable al caso concreto, dado que no opera alguna de las excepciones previstas en el precepto 17); para lo cual, existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse ese espacio temporal, esto es, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al peticionario de amparo de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, c) Al en que el solicitante de amparo se haya ostentado sabedor de ellos. De ahí el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo -en la vía indirecta-, comienza a correr a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis señaladas previamente, las cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Lo anterior es así, ya que como se aprecia de las constancias que remitieron las autoridades responsables, el treinta de noviembre de dos mil veinte,9 el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, emitió un auto dentro del juicio administrativo JA-1428/2013-III, a través del cual se impuso al aquí quejoso José Hugo Raya Pizano, en cuanto Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, una multa por el equivalente a $52,128.00 (cincuenta y dos mil ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional). Determinación que se notificó personalmente al promovente de amparo el cuatro de marzo de dos mil veintiuno,10 por el actuario habilitado por la Secretaría General de Acuerdos del tribunal responsable, en términos de los artículos 199, 213, 216 y 217, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán,11 en relación con los diversos preceptos 79 y 9 Fojas 1817 a 1823 del tomo de prueba 10 Fojas 1830 a 1833 del tomo de prueba 11 Artículo 199. Las diligencias que deban practicarse en el lugar de residencia del Tribunal, se encomendarán al Secretario General de Acuerdos, al Secretario de Estudio y Cuenta o Actuario y para aquéllas que deban practicarse fuera, se encomendará a dichos funcionarios, o bien, mediante exhorto al Juez del lugar donde deban practicarse, a juicio del Magistrado o juez administrativo que esté conociendo del asunto. (.) Artículo 213. Toda actuación y resolución en el proceso administrativo, deberá notificarse a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se hayan dictado. (.) Artículo 216. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado, en la residencia del Tribunal, o por correo certificado con acuse de recibo si el domicilio se encuentra fuera de la residencia del mismo, pero en el Estado de Michoacán. Artículo 217. La notificación será personal, en los siguientes casos: 83 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán.12 Pues bien, como se advierte de lo antes descrito, la parte quejosa conoció del acto reclamado que aquí se analiza desde el cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Por ello, si la demanda de amparo se presentó hasta el siete de mayo de dos mil veintiuno, esto es, más de dos meses después según se aprecia de la boleta de recepción correspondiente expedida por la Oficina de Correspondencia Común,13 es inconcuso que ello tuvo lugar fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Temporalidad que debe operar en la especie dada I. Los autos de admisión o desechamiento de la demanda y sus ampliaciones; el emplazamiento, la admisión o desahogo de pruebas; (.) V. Las sentencias. (.) 12Artículo 79. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará en el domicilio designado al efecto, en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio; no encontrándolo el notificador y cerciorado de que es el domicilio del notificado y está en la población, le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente, y si no espera se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre del promovente, el tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se notifique, la fecha y hora en que se deje y el nombre de la persona que lo reciba. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a cualquiera de los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o éste se hallare cerrado, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, estas quedarán en la secretaría a disposición del demandado. (.) Artículo 83. Las notificaciones de los autos en que se mande hacer saber a las partes la llegada de los autos, se dé por contestada la demanda en rebeldía del demandado, en que se mande recibir el juicio a prueba, hacer la primera citación para absolver posiciones, citar para sentencia interlocutoria o principal y la de la sentencia misma, se harán en el domicilio o en la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial, designado por las partes. Podrán hacerse en el mismo juzgado, si los interesados ocurren antes a él. El funcionario que deba hacer la notificación para el caso de que se hubiera señalado domicilio en el lugar del juicio, buscará en el lugar designado a la persona que ha de ser notificada y le hará la notificación. Si no la encontrase y sin necesidad de mandamiento judicial, practicará la diligencia por medio de instructivo en los términos del artículo 79. Cuando se haya señalado la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial, el notificador accederá al sistema de notificación electrónica para remitir la notificación de la resolución correspondiente al usuario registrado en autos. Si no se hubiere hecho cualquiera de los dos señalamientos anteriores, la notificación se hará por medio de lista. 13 Foja 1 la naturaleza del acto reclamado, ya que no se trata de una norma general autoaplicativa, procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, ni se trata de actos que atentan contra derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal y tampoco implican peligro de privación de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, ni desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco se trata de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, sino que se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento administrativo. En tales condiciones, dado que la presentación de la demanda fue extemporánea y por vía de consecuencia, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado a que se hace referencia en este apartado de consideraciones, por no haber ejercitado la acción constitucional en su contra dentro del término legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos de lo establecido en los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Lo que impide que este juzgado aborde la temática de los conceptos de violación relacionados con tal acto. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia del título y contenido siguientes: "Época: Octava Época Registro: 226555 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 1o. J/23 Página: 252 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sobreseimiento que se hace extensivo en torno a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras Director y Notificador, ambos de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, así como al Administrador y Notificadores de la Administración de Rentas de Morelia, Michoacán, por no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad de hace depender del acto reclamado a las autoridades ordenadoras respecto del cual se sobreseyó en el presente juicio. Lo anterior encuentra sustento en el criterio que a continuación se transcribe: Época: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, pronunciado dentro del expediente JAR-0039/2021-II. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Registro digital: 164618 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, de la lectura integral de la demanda, así como del escrito aclaratorio, se desprende que respecto del acto reclamado al Secretario General de Acuerdos, en funciones de Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, consistente en el acuerdo de nueve de abril de dos mil veintiocho, por el que desechó por notoriamente improcedente el recurso de reconsideración interpuesto en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, el quejoso alega: ? Que la Sala responsable, no debió desechar por improcedente el recurso de reconsideración, sino en todo caso, turnar el asunto al Pleno para que este resolviera lo que conforme a derecho procediera, pues afirma que no tendría sentido que una norma contemplara el supuesto de interposición del recurso de que se trata, en contra de las determinaciones que impongan medios de apremio y por otra que no exista ningún órgano que sea competente dentro de ese Tribunal para resolverlo, ya que -a su criterio-, el artículo 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, estatuye que procede el recurso de reconsideración, en contra de las determinaciones que impongan medios de apremio. ? Alega el amparista que partiendo del principio del derecho que reza "Donde la Ley no Distingue, al juzgador no le es dable distinguir", era dable admitir que si el artículo 298, fracción V del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no distinguía respecto de cuáles multas era procedente el recurso de reconsideración, ello derivaba que el recurso era procedente y al serlo, era lógico pensar que la Sala no debió declararse incompetente (sic), y que en todo caso debió remitir el asunto a quien sí lo fuera. ? De igual forma, aduce el quejoso que lo ya referido, derivaba de una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 154 fracciones IV, V, VIII, 155, fracción II, 298, fracción V y 299 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Los anteriores argumentos resultan infundados e inoperantes por inatendibles, por las razones que a continuación se exponen: En efecto, contrario a lo señalado por la parte quejosa, la Sala responsable no vulneró en su perjuicio alguno de los derecho fundamentales, pues si bien es verdad que desechó el recurso de reconsideración, esa fue una mera conclusión procesal, pero de fondo sostuvo que si bien el artículo 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, prevé la procedencia del recurso de reconsideración en contra de los autos que impongan los medios de apremio y las medidas disciplinarias establecidas en la propia normatividad, lo cierto es que al no hacerse extensivas en el diverso precepto 299 del propio código a las providencias dictadas por el Pleno, tal determinación no es impugnable por esa vía, habida cuenta que ambos preceptos no deben interpretarse de manera aislada, sino conjunta. Lo anterior, dijo, en razón de que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, constituye la máxima instancia de la Sala responsable como ente autónomo, por lo que resultaría ilógico que el legislador previera la procedencia de un medio de defensa ordinario en contra de sus propias determinaciones, pues de ser así se atentaría contra el principio de seguridad jurídica. Aunado a ello, el quejoso no hace una interpretación adecuada del artículo 299 del Código de Justicia Administrativa, porque considera que si dicho numeral contempla los supuestos a quienes se turnará el recurso de reconsideración interpuesto, implícitamente debe atenderse a que a falta de mayor jerarquía por grado, el que debió haber conocido del recurso de reconsideración interpuesto era el propio Pleno. Lo cual es carente de razón legal. Para dar sustento a la anterior premisa, es necesario traer a contexto lo que dispone no sólo el artículo 299 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán sino también el artículo 298, fracción V, del propio ordenamiento legal citado, ambos relativos al capítulo Décimo Quinto del Recurso de Reconsideración, y el diverso 159 de dicho ordenamiento, que son del siguiente tenor: "Artículo 298. Procede el recurso de reconsideración en contra de: I. Los acuerdos que admitan o desechen la demanda o su ampliación, su contestación, alguna prueba o la intervención de terceros; II. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; III. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; IV. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia; o, V. Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en este Código." "Artículo 299. El recurso de reconsideración podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, con expresión de agravios, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución o sentencia que se impugne. El recurso se presentará ante el Tribunal y se turnará para su trámite al Magistrado Especializado distinto del instructor y tratándose de resoluciones emitidas por los jueces administrativos, se turnará para su trámite y resolución a un Magistrado de Sala Administrativa Ordinaria". "Artículo 298. Procede el recurso de reconsideración en contra de: I. Los acuerdos que admitan o desechen la demanda o su ampliación, su contestación, alguna prueba o la intervención de terceros; II. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; III. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; IV. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia; o, V. Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en este Código. "Artículo 299. El recurso de reconsideración podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, con expresión de agravios, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución o sentencia que se impugne. El recurso se presentará ante el Tribunal y se turnará para su trámite al Magistrado Especializado distinto del instructor y tratándose de resoluciones emitidas por los jueces administrativos, se turnará para su trámite y resolución a un Magistrado de Sala Administrativa Ordinaria." "Artículo 159. Son atribuciones del Pleno: I. Elegir a su Presidente, que será a su vez del Tribunal; II. Resolver el recurso de apelación; III. Calificar las recusaciones y excusas por impedimento de los magistrados y, en su caso, integrar a ella, al Secretario General de Acuerdos; IV. Llevar a cabo el procedimiento para la designación del titular del Órgano Interno de Control; V. Expedir el Reglamento Interior; VI. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal; VII. Designar al Secretario General de Acuerdos, a los jueces administrativos, secretarios de acuerdos, secretarios de Estudio y Cuenta, actuarios, al Secretario Administrativo y defensores jurídicos; VIII. Nombrar y remover al personal del Tribunal; IX. X. Resolver las excitativas de justicia que promuevan las partes; XI. Hacer uso de los medios de apremio que procedan; XII. Aprobar el contenido del Informe anual de labores del Tribunal; XIII. (DEROGADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XIV. Establecer la jurisprudencia del Tribunal; XV. Dictar los acuerdos necesarios para el despacho de los asuntos del Tribunal; y, XVI. Las demás que señalen las leyes." De los preceptos transcritos se obtiene lo siguiente: ? El recurso de reconsideración procede contra las determinaciones que, entre otras cosas, impongan medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en el Código de Justicia Administrativa del Estado. ? El citado recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes en el juicio, con expresión de agravios dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de la determinación que se impugne. ? Asimismo, que dicho medio de impugnación se presentará ante el tribunal que dictó la determinación y se turnará para su trámite a un Magistrado especializado distinto del instructor; y, ? Que tratándose de resoluciones emitidas por los jueces administrativos, se turnará para su trámite y resolución a un Magistrado de Sala Administrativa Ordinaria. ? Que dentro de las facultades competenciales del Pleno no se encuentra la de resolver un recurso de reconsideración contra actos emitidos por dicho ente colegiado. Luego, de la interpretación sistemática del aludido precepto 298, fracción V del Código de Justicia Administrativa relativo a la procedencia del recurso de inconformidad, relacionado con el diverso 299 y 159 del mismo ordenamiento, que regula la tramitación del medio de impugnación de que se trata, se obtiene que las resoluciones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no se encuentran comprendidas dentro de los referidos supuestos de procedencia, al ser inatacables en la vía ordinaria. Es decir, el recurso de reconsideración a que se refiere el arábigo 298 en cita, expresamente señala su procedencia contra las resoluciones de los Magistrados instructores del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, o de los Jueces administrativos, de manera que debe considerarse excluido al Pleno del citado Tribunal y, en ese sentido, es evidente que contra las determinaciones de éste no procede dicho medio de impugnación. En ese estado de cosas, si bien aparentemente se colmó el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 298 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, al combatir un auto que impuso una medida de apremio contra la autoridad demandada aquí quejosa, lo cierto es que al no incluir dicho precepto al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de la procedencia del recurso de inconformidad, tal determinación no es impugnable mediante ese recurso. Por lo que contrario a lo señalado por la parte quejosa, al recurso de reconsideración que interpuso contra un auto del Pleno de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, no se le debía dar el trámite precisado en el artículo 299 del Código de Justicia Administrativa del Estado, por no estar contemplado en la Ley la procedencia de dicho medio de impugnación contra la imposición de medio de apremio por parte del multicitado Pleno. Lo anterior tiene mayor razón de ser porque como correctamente lo determinó la responsable, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es la máxima instancia de ese órgano jurisdiccional ordinario, por lo que sería ilógico que el Código de Justicia Administrativa del Estado, hubiere contemplado algún medio de defensa contra sus determinaciones, ya que atentaría contra el principio de seguridad jurídica. Máxime que aceptar la procedencia del citado medio de impugnación contra los propios actos del Pleno, implicaría consentir que la máxima instancia de ese Tribunal puede revocar sus propias determinaciones; y, en un extremo, que se hagan valer recursos de forma interminable. En el caso, en perjuicio de la cosa juzgada, pues la medida de apremio se dirige a vencer la contumacia de la quejosa para cumplir con un fallo firme. Derivado de lo anterior, deviene inoperante por inatendible el motivo de inconformidad en el cual alega que en todo caso ante la falta de alguien de mayor jerarquía por grado, la Sala responsable debió haber remitido al Pleno el mencionado recurso para su conocimiento y resolución, pues al ser improcedente el recurso de reconsideración contra del auto en el que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado imponga un medio de apremio o medidas disciplinarias reguladas por el Código de Justicia Administrativa, era evidente que la responsable no tenía la obligación de remitírselo. Lo anterior no implica una transgresión al derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia; y en el caso, como se evidenció, el recurso de reconsideración no se encuentra previsto contra las resoluciones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Por otra parte, como la carga procesal dispuesta es de manera asequible a la autoridad referida, aquí quejosa, de presentar el recurso efectivo ante la competente, en esas condiciones, la responsable no estaba obligada a remitir el asunto a la que se considerara competente. A más de que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado no le impone tal obligación al Tribunal responsable. En ese aspecto, cabe precisar que si bien la referida legislación en su artículo 30, cuarto párrafo14, establece que cuando se presente un asunto en una Sala Regional que por materia corresponda conocer a una Especializada, la primera se declarará incompetente y comunicará su resolución a la que en su opinión corresponde conocer del juicio, enviándole los autos. Sin embargo, no le impone obligación alguna al Tribunal Administrativo cuando se declare incompetente para conocer de un recurso ordinario y más que en el caso, como se explicó, no existe algún otro medio de impugnación en contra de la imposición de multa impuesta por parte del Pleno del Tribunal responsable a la autoridad demandada por no cumplir un fallo firme. 14 ARTÍCULO 30. Las Salas Regionales serán competentes para conocer de los juicios por razón de territorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (.) Cuando se presente un asunto en una Sala Regional que por materia corresponda conocer a una Sala Especializada, la primera se declarará incompetente y comunicará su resolución a la que en su opinión corresponde conocer del juicio, enviándole los autos. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: "Registro digital: 2011003 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Administrativa Tesis: PC.III.A. J/14 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo II Página 1642 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO A UN MANDATO DEL PLENO DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL. La interpretación sistemática y teleológica de los artículos contenidos en el capítulo XV, denominado "De los recursos", Sección I, intitulada "De la reclamación", de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, permite colegir que el recurso de reclamación procede, entre otros supuestos, contra las resoluciones del Presidente del Tribunal de lo Administrativo de la entidad cuando actúa como instructor en la sustanciación de los asuntos de los que corresponde conocer al Pleno de ese órgano jurisdiccional y en la que es autónomo en sus decisiones; sin embargo, dicho recurso es improcedente contra las emitidas en acatamiento a un mandato del Pleno del Tribunal aludido, ya que asumir una postura contraria, implicaría que la revisión la llevara al cabo por el propio Tribunal emisor, la cual no podrá ser modificada, atendiendo al principio general de derecho relativo a que los tribunales no pueden revocar sus propias determinaciones. Además, se llegaría al extremo de que se interpongan recursos de forma interminable, atentando contra el principio de cosa juzgada." También, se cita por identidad jurídica esencial el siguiente: "Registro digital: 2014201 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 9/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNE UN ACUERDO DICTADO POR EL PLENO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. De la interpretación literal del artículo 104 de la Ley de Amparo se colige que, al no reunirse el requisito de que el auto impugnado mediante recurso de reclamación sea emitido por el Presidente, sino por el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, entonces el recurso es improcedente, máxime que las decisiones de dicho Pleno, salvo los casos de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener la naturaleza de determinaciones preeminentemente terminales en los juicios de amparo (toda vez que aquél resuelve la mayoría de los recursos previstos por la Ley de Amparo, conforme a los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) no son susceptibles de someterse a una revisión ulterior." En esas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Agustín Salgado García, en cuanto apoderado de José Hugo Raya Pizano, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Estado de Michoacán de Ocampo, por los motivos y consideraciones ya expuestas. Cabe mencionar que en términos similares fue resuelto respecto al fondo, el diverso juicio de amparo II- 814/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el aquí también quejoso José Hugo Raya Pizano, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Estado de Michoacán de Ocampo, por propio derecho, en contra del auto de veinticinco de junio de dos mil veinte, pronunciado por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, dentro del juicio administrativo JA-1428/2013-III, en el que se le impuso al quejoso una multa por $47,784.00 (cuarenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N), así como el diverso proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, pronunciado por el Magistrado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria de dicho tribunal dentro del expediente JAR-145/2020-I, en el que se declaró incompetente para resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra del auto citado en primer orden. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales,15 se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por Agustín Salgado García, en cuanto apoderado de José Hugo Raya Pizano, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Estado de Michoacán de Ocampo, contra los actos y por las autoridades, así como por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. 15 Aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión Ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce; y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, con sus reformas y adiciones posteriores. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la parte quejosa por las autoridades precisadas y motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el veinticinco de abril de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 410/2021 promovido por José Hugo Raya Pizano, en su carácter de Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el Estado de Michoacán, contra actos del Magistrado Presidente de la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesada Urbanizaciones y Construcciones Lamico, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien se encuentra debidamente emplazada, como se advierte de las constancias. De igual manera, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. El JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Secretaria dé cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo y la titular de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria de ese tribunal, con residencia en esta capital. El Jefe del Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, con sede en esta ciudad, en representación del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, Notificador de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, Administrador de Rentas y Notificador de la Administración de Rentas, todos con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, en calidad de autoridad señalada como responsable, adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: El recurso de reconsideración JA-R-39/2021-II, con el que se ordenó formar cuaderno de pruebas por separado. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA. SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LIC. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano