José Hugo Ángel Olvera

Expediente 580/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
580/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • José Hugo Ángel Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto de veinte de junio de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Destacando que la autoridad responsable carece de legitimación para interponer el recurso de revisión, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del amparo (destrucción principal). Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó fuera de audiencia, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Alegato Ministerio Público. Glósense sin mayor acuerdo el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio del cual formula alegatos, dado que el veinte de junio de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, por cesación de efectos, como se desprende de la certificación de cuenta. Copias. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa, copia certificada de las constancias que solicita, previo recibo que se deje en autos. Notifíquese a las partes mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.KOA/MRAC/Grr

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Pruebas documentales. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso, no obstante la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio ordinario laboral 151/2018, la suscrita Juzgadora Federal estima que sobrevino la causa de improcedencia del juicio prevista de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se desprende que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado; es decir, la improcedencia opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. En el caso, el quejoso presentó demanda de amparo contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, la que por razón de turno correspondió su conocimiento a este Juzgado. En su demanda reclama de dicha autoridad: ".la omisión de dictar laudo (acto reclamado), dentro del juicio ordinario laboral número 151/2018, que se tramita ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado." Ahora, del informe justificado que en esta fecha se acuerda se desprende que el catorce de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó laudo dentro del juicio laboral de origen 151/2018, en el cual condenó a la parte demandada Servicios de Salud de Michoacán, a reinstalar al aquí quejoso José Hugo Ángel Olvera, en el empleo que venía desempeñando hasta antes del despido injustificado de que fue objeto, así como a pagar en su favor la cantidad de $1,925,987.87 (un millón novecientos veinticinco mil novecientos ochenta y siete pesos 87/100 M.N.), salvo error u omisión aritmética en que se haya incurrido, por concepto de salarios caídos, aguinaldo y prima vacacional correspondientes del quince de septiembre de dos mil dieciocho (fecha del despido) al catorce de junio de dos mil veintidós, sin perjuicio de los que se sigan generando hasta en tanto sea reinstalado; asimismo, al pago retroactivo de las cuotas obrero patronales ante la institución de seguridad social desde la fecha del despido injustificado a la fecha del laudo; le concedió el término de tres días para cumplir de manera voluntaria; y, lo absolvió del pago de aumentos salariales y vacaciones generadas durante la tramitación del juicio laboral. En esa tesitura, es incuestionable que con posterioridad a la presentación de la demanda -veintisiete de mayo de dos mil veintidós- la responsable el catorce de junio del año actual, dictó laudo dentro del juicio laboral del que deriva el juicio de amparo en que se actúa. Con lo anterior, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de dictar laudo dentro del juicio ordinario laboral número 151/2018; toda vez que el acto del que se pretendía el análisis constitucional, ha dejado de interferir en la esfera jurídica del impetrante de amparo, puesto que las consecuencias que derivaban del mismo y que, en su caso, le inferían agravio, ya no se materializarán. Por tanto, con dicha actuación se restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la Justicia Federal. Es aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ HUGO ÁNGEL OLVERA, LA DETERMINACION DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Pruebas documentales. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso, no obstante la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio ordinario laboral 151/2018, la suscrita Juzgadora Federal estima que sobrevino la causa de improcedencia del juicio prevista de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se desprende que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado; es decir, la improcedencia opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. En el caso, el quejoso presentó demanda de amparo contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, la que por razón de turno correspondió su conocimiento a este Juzgado. En su demanda reclama de dicha autoridad: ".la omisión de dictar laudo (acto reclamado), dentro del juicio ordinario laboral número 151/2018, que se tramita ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado." Ahora, del informe justificado que en esta fecha se acuerda se desprende que el catorce de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó laudo dentro del juicio laboral de origen 151/2018, en el cual condenó a la parte demandada Servicios de Salud de Michoacán, a reinstalar al aquí quejoso José Hugo Ángel Olvera, en el empleo que venía desempeñando hasta antes del despido injustificado de que fue objeto, así como a pagar en su favor la cantidad de $1,925,987.87 (un millón novecientos veinticinco mil novecientos ochenta y siete pesos 87/100 M.N.), salvo error u omisión aritmética en que se haya incurrido, por concepto de salarios caídos, aguinaldo y prima vacacional correspondientes del quince de septiembre de dos mil dieciocho (fecha del despido) al catorce de junio de dos mil veintidós, sin perjuicio de los que se sigan generando hasta en tanto sea reinstalado; asimismo, al pago retroactivo de las cuotas obrero patronales ante la institución de seguridad social desde la fecha del despido injustificado a la fecha del laudo; le concedió el término de tres días para cumplir de manera voluntaria; y, lo absolvió del pago de aumentos salariales y vacaciones generadas durante la tramitación del juicio laboral. En esa tesitura, es incuestionable que con posterioridad a la presentación de la demanda -veintisiete de mayo de dos mil veintidós- la responsable el catorce de junio del año actual, dictó laudo dentro del juicio laboral del que deriva el juicio de amparo en que se actúa. Con lo anterior, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de dictar laudo dentro del juicio ordinario laboral número 151/2018; toda vez que el acto del que se pretendía el análisis constitucional, ha dejado de interferir en la esfera jurídica del impetrante de amparo, puesto que las consecuencias que derivaban del mismo y que, en su caso, le inferían agravio, ya no se materializarán. Por tanto, con dicha actuación se restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la Justicia Federal. Es aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

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