José Herrera Magaña
Expediente 203/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Herrera Magaña
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. 1. Autoridad responsable cumple. Agréguese el oficio y anexos enviado por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación Adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1" con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias con las que acredita el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, que se dejó insubsistente el embargo levantado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, únicamente por lo que ve a setenta y dos metros cúbicos de madera aserrada descrita en el acta de embargo con el número trece, en el procedimiento administrativo de ejecución, dictado el quince de enero de dos mil dieciséis, contenidos en el documento determinante número ********************, de fecha seis de noviembre de dos mil quince. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. 1. Recepción y Registro. Vista la demanda de amparo promovida por José Herrera Magaña por su propio derecho, contra actos de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 203/2023. 2. Causa de improcedencia. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda en su integridad, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que en relación con el acto reclamado resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y el 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" 2.1. Estudio de la improcedencia actualizada. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos emitidos en un procedimiento judicial, como en el caso ocurre con el acto reclamado que se atribuye a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, consistente en la resolución que determinó incompetente al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, para seguir conociendo de la demanda sobre custodia, visitas y convivencia, en el juicio especial oral número 357/2022, para ser turnado a los Juzgados de Apatzingán, Michoacán. Al respeto, en el caso particular no se estima que el acto reclamado constituya uno que afecte por ahora de forma sustantiva los derechos de la parte quejosa que sea de imposible, porque se trata de una violación que tiene una naturaleza adjetiva que no es definitiva, y por ende no tiene efectos de imposible reparación, toda vez que para ser calificados como "irreparables", sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Ello es así, porque el acto que reclama consiste en una sentencia por la cual se declaró incompetente al juzgado de origen para seguir conociendo de la demanda sobre custodia, visitas y convivencia, en el juicio especial oral número 357/2022, que se sigue ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, para ser turnado a los Juzgados de Apatzingán, Michoacán. Expuesto lo anterior, debe decirse, analizado que fue el acto reclamado no resulta procedente la acción constitucional, dado que es evidente que la mera circunstancia de que la autoridad responsable del conocimiento, haya declarado incompetente al juzgado de primera instancia en Tacámbaro, aun no trastoca directamente algún derecho sustantivo del promovente, sobre todo, porque, en todo caso, será cuando el órgano jurisdiccional acepté el conocimiento del asunto en que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado, y hasta ese momento será procedente el juicio de amparo indirecto. Al respecto es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." Sobre el tema se trae a cita, por su espíritu, la jurisprudencia IX.2o. J/9 integrada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 1190 del Tomo XX, Diciembre de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto." De ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; por tanto la demanda promovida por la parte quejosa resulta notoriamente improcedente. Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por la parte quejosa no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de un procedimiento del orden laboral, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno. En ese sentido, se concluye que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuando afectan derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento y, en todo caso a través del amparo directo o del amparo adhesivo. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que únicamente José Trinidad Villaseñor Leyva y Yuritzi Eliud García Garnica gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tienen su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Oposición a la publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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