José Higinio Tapia Montalvan
Expediente 859/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Higinio Tapia Montalvan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Acapulco, Guerrero; nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de ocho de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal por lista. Notifíquese.
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NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE ocho de noviembre de dos mil dieciocho, QUE DICE: "Agréguese a los autos el escrito suscrito por el quejoso José Higinio Tapia Montalván, mediante el cual desahoga la prevención formulada el veintiséis de octubre del año en curso. IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis de la demanda de amparo y del ocurso que se provee, se obtiene que el objeto de estudio en este asunto lo constituye de manera destacada: El auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho dictado en la etapa de ejecución, por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el juicio laboral 1451/2014, en el cual a la promoción presentada por el quejoso en la que solicitaba se señalara fecha para la realización de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, la autoridad responsable determinó que no había lugar a proveer de conformidad su petición, en razón a lo acordado el veinticinco de mayo pasado. Esto, aun cuando el peticionario de amparo, señaló que también reclama la dilación procesal en la etapa de ejecución, pues desde el doce de junio de dos mil diecisiete no se ha podido ejecutar el laudo, pese a diversos requerimientos, en virtud de que, en realidad el retraso que aduce a la fecha de señalar fecha contenida al acuerdo de dieciocho de septiembre pasado. Se justifica lo expuesto, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil trece, dictada en el recurso de inconformidad 282/2013, consideró que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en estricto respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se tiene que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de amparo, debido a que en contra del acto señalado procede el recurso de revisión, el cual se debe agotar, previo a la instancia del juicio de amparo en acatamiento al principio de definitividad que lo rige. Sobre el tema, se transcribe el contenido del artículo en mención: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tal medio de defensa debe tener una existencia legal, es decir, debe estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, el acto reclamado debe impugnarse a través del medio ordinario de defensa que al efecto la ley dota ante la propia autoridad laboral; y en este caso, como se adelantó, es el recurso de revisión, de conformidad con los numerales 849 y 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Bajo ese contexto, debió impugnarse a través del recurso de revisión ante la propia junta responsable, de conformidad con los artículos 849 y 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; los cuales prevén que contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión, pues al reclamarse en esta instancia una actuación en relación con la ejecución del laudo, resulta innegable que previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio ordinario que la ley contempla, pues no se puede válidamente abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo en contra de aquélla, sino que se debe agotar la jurisdicción ordinaria ya que no es optativo cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio. Ilustra lo expuesto, la tesis consultable en la página 85, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s): Común, del rubro y texto siguientes: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN DE LAUDO. NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado por el quejoso fue dictado por el presidente ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en ejecución de un laudo y contra este mandamiento el quejoso no interpuso previamente el recurso de revisión señalado en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo". Ello, encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1731 del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta XVIII, Agosto de 2003, Materia Laboral, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO SI PREVIAMENTE A SU INTERPOSICIÓN, NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 147, consultable en la página 121 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de la voz: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA.", ha sostenido el criterio de que la existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere realmente la existencia de alguna causa de improcedencia, también lo es que, en la especie, esos razonamientos no son aplicables, pues tratándose de actos de los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dictados en ejecución de laudos, procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no se está ante la presencia de un posible recurso, sino más bien ante la certeza de su existencia, por lo que no existe obstáculo alguno para que el Juez de Distrito deseche la demanda de garantías si previamente no se agota tal recurso de revisión ante la autoridad que prevé el numeral 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo." En consecuencia, al haberse establecido que la parte quejosa tiene a su alcance recursos ordinarios, por medio de los cuales los actos que aquí reclaman pueden ser modificados, revocados o nulificados, mismos que debió agotar previo a la instancia constitucional, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Lo anterior, al ser manifiesta la causa de improcedencia que se analiza, porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, pues es parte actora en el juicio laboral del cual deriva el acto reclamado; aunado a que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. Además, que la parte quejosa conoce la legislación aplicable; de ahí que es dable estimar que la procedencia del recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que éste, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. Finalmente, no pasa desapercibido que el solicitante del amparo pretende que en el presente juicio se analicen las actuaciones posteriores para que en lo sucesivo la junta responsable observe y acate los plazos términos legales respecto a de todos los actos que deba desplegar en el futuro. Notifíquese personalmente.
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NOTIFICACION PERSONAL
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