José Higinio Tapia Montalvan

Expediente 570/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
570/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • José Higinio Tapia Montalvan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 570/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, José Higinio Tapia Montalván, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La inactividad procesal, en razón de que la ahora Autoridad Responsable no ha dado cumplimiento al auto de ejecución de fecha 12 de junio de 2017 en el juicio laboral 1451/2014." SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución General de la República TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de garantías la cual fue radicada bajo el número 570/2018; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar el inicio del presente juicio a los terceros interesados Carlos Feliciano Pérez Villagómez y la persona física o moral que resulte propietaria, responsable o explote la fuente de trabajo; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en una ocasión, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de un acto omisivo emanado en la etapa de ejecución dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación.. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama como parte actora en el juicio laboral 1451/2014, la negativa u omisión de la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo ordenada en auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación negó el acto que se le atribuye, pues indicó que si bien con fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho dictó auto de requerimiento de pago y embargo, el quejoso no ha comparecido a fin de programar con el Actuario de su adscripción, fecha y hora para llevar a cabo dicha diligencia, negativa que se acepta en sus términos, dado que el quejoso no exhibió documental alguna para desvirtuarla. Ahora bien, debe recordarse que en tratándose de actos negativos -como ocurre en el caso-, es la propia autoridad quien debe demostrar con las constancias relativas que no existe el acto de autoridad que se le imputa; sin embargo, tampoco puede perderse de vista que la petición para que se ejecute el laudo, en caso de no acatarse voluntariamente, corresponde a la parte interesada dar impulso al procedimiento respectivo, tal y como se desprende de los artículos 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo vigente, bajo la cual se tramita el expediente de origen y que a la letra señalan: "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. (.)." "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." En ese orden de ideas, con el valor probatorio pleno que les reviste a las constancias y actuaciones que allegó en copia certificada la Presidenta responsable relativas al expediente laboral 1451/2014 por tratarse de documentos públicos, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, se obtiene que a la petición concreta efectuada por el apoderado legal del actor (aquí quejoso), en relación a la ejecución del laudo, específicamente a través del escrito presentado el diecisiete de abril del presente año, recayó el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el que se dictó auto de requerimiento de pago y embargo, por la cantidad de $442, 003.60 (cuatrocientos cuarenta y dos mil tres pesos 60/100 moneda nacional) en contra de los demandados Carlos Feliciano Pérez Villagómez y la persona física o moral que resulte propietaria, responsable o explote la fuente de trabajo, y comisiono al actuario de su adscripción para que se constituyera en compañía del actor en el domicilio de aquéllos y les requiriera de pago; asimismo, en relación a la petición realizada por la parte actora en escrito presentado el diecinueve de junio pasado, en el sentido de que se le señalara fecha y hora para que tuviera verificativo la diligencia aludida, recayó el acuerdo de veintidós de junio siguiente en el que se le indico que tenía expedido su derecho para que en cualquier día y hora hábil que las labores de esa Junta lo permitieran agendara fecha y hora con el fedatario para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo; entonces resulta que el acto que por esta vía constitucional se reclama es inexistente, dado que la falta de desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo reclamada no puede ser atribuible al órgano laboral, sino que depende de la conducta que sobre el particular tome el propio quejoso, es decir, que comparezca ante su presencia y acompañe al actuario adscrito a desahogar la diligencia de requerimiento de pago y embargo en la fecha y hora que programen para ello, pues como se dijo, la ejecución de laudo requiere necesariamente del impulso de la parte interesada. De ese modo, tomando en consideración que no se demostró con medio de convicción alguno la existencia del acto que se impugna, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de amparo, por su notoria inexistencia. Ilustra sobre el particular, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2771, del Libro III, tomo 4, Diciembre de 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en esta resolución no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por José Higinio Tapia Montalván, en contra de la autoridad y acto que han quedado precisados en el resultando primero de esta resolución y por las razones expresadas en el último de sus considerandos.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; seis de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra el informe justificado de la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y de la constancias de notificación del oficio mediante el cual se le requirió, se aprecia que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se le otorgó para ello; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia de mérito se difiere para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.

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