José Hernández González

Expediente 1445/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1445/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • José Hernández González

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por José Hernández González; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran TRES AÑOS a partir de la presente fecha, se proceda a su DESTRUCCIÓN, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de NOVENTA DÍAS a recibir los documentos originales que exhibo, consistente en el escrito con firma autógrafa de doce de julio de dos mil veintidós, recepcionado en la misma data por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia que previo a ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se harán entrega de las copias solicitadas, por lo que deberá agendar nueva cita. Finalmente, hágase del conocimiento del promovente que de conformidad con la circular SECNO/15/2022, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de LUNES A VIERNES de las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS A LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1445/2022-8-D, promovido por *********, contra los actos que reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 8, 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el treinta siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el treinta y uno posterior, José Hernández González solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "(.) La omisión de acordar el escrito de doce de julio de dos mil veintidós en el expediente laboral 649/2004." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. 2 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El uno de septiembre de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1445/2022-8-D; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza negativa de reclamo, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de acordar el escrito de doce de julio de dos mil veintidós en el expediente laboral 649/2004, del índice de la Junta responsable. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta Sustituta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado NEGÓ la existencia del acto que se le reclama consistente en la omisión de acordar el escrito de doce de julio de dos mil veintidós, en el expediente laboral 649/2004; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con el contenido de las constancias certificadas que remitió dicha responsable, de las que se advierte el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En efecto, el quejoso José Hernández González, reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito de doce de julio de dos mil veintidós en el expediente laboral 649/2004, del índice de la Junta responsable. Sin embargo, de las constancias que remitió la responsable, específicamente del auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, relativo al expediente laboral 649/2004, se desprende que acordó el escrito de doce de julio de dos mil veintidós, en el que se procedió a despachar auto de ejecución con efecto de mandamiento en forma hasta por la cantidad de $465,241.40 (cuatrocientos sesenta y cinco ml doscientos cuarenta y un pesos 40/100 M.N.), requiriéndole el pago a las demandadas y codemandadas de la cantidad antes mencionada y en caso de negarse embarguen bienes de su propiedad, con excepción de aquellos bienes que no son susceptibles de embargo. Es de hacerse notar que el acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, NO EXISTÍA; ya que la misma fue presentada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós y la autoridad responsable mediante auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, acordó el escrito de doce de julio de dos mil veintidós, en el que tuvo a la parte actora solicitando que se efectuara auto de requerimiento y embargo para dar cumplimiento a la planilla de liquidación de dieciséis de junio de dos mil veintidós y al laudo de treinta de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, ya que la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto deben analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, de manera que si el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la omisión de acordar el escrito de doce de julio de dos mil veintidós en el expediente laboral 649/2004, del índice de la Junta responsable; luego, es de colegirse, que debe SOBRESEERSE EN EL JUICIO ANTE LA INEXISTENCIA del aludido acto reclamado al momento de la presentación de la demanda de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá´ dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio del concepto de violación formulado por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la Litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Ángel Cruz Alamilla Avalos, apoderado legal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, mediante el cual, en atención al proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, solicita a este juzgado le conceda una prórroga prudente para efectos de girar los oficios pertinentes y dar cumplimiento al fallo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IX, del artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, y sus reformas, que posibilita a los órganos jurisdiccionales a fijar los plazos que permita a las responsables a dar cumplimiento a sus mandatos, a fin de garantizar la salud pública de la colectividad, POR ÚLTIMA OCASIÓN SE CONCEDE UNA PRÓRROGA a las autoridades vinculadas del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco: Sheila Darling Álvarez Hernández, Primer Regidor y Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Carlos Ovando Lázaro, Segundo Regidor y Síndico de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Gaby del Carmen Rodríguez Rodríguez, Tercer Regidor del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Carmen Remedios López, Cuarto Regidor del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Alejandrina Hernández Geronimo, Quinto Regido del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Cirilo Cruz Dionisio, Secretario del Ayuntamiento del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Mateo García Alamilla, Director de Contraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Juan Antonio de la O de la O, Director de Administración del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Josefina Avalos León, Director de Programación del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco; Valentín Vázquez Díaz, Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco Adalberto Rivera Ramón, Director de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Para que dichos funcionarios en el término de QUINCE DIAS, contado a partir de que surta efectos la notificación que se realice del presente acuerdo, informen las gestiones realizadas tendientes a solicitar ante el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco , Congreso del Estado y Secretario de Finanzas, la ampliación presupuestal necesaria para ejecutar el laudo dictado en el expediente laboral 158/2007 acumulado al 167/2007 y remitan copia certificada de las constancias con las cuales acrediten haber realizado el pago a los quejosos restantes las cantidades de: Antonio Ramón Gutierrez: $269,275.24 (doscientos sesenta y nueve mil doscientos setenta y cinco pesos 24/100 moneda nacional). Ana Rosa Rodríguez Luna: $358,971.96 (trecientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y un pesos 96/100 moneda nacional). Cirilio Cruz Dionisio $743,305.91 (setecientos cuarenta y tres mil trecientos cinco pesos 91/100 moneda nacional). Alejandro Avalos García: $342,763.20 (trecientos cuarenta y dos mil setecientos sesenta y tres pesos 20/100 moneda nacional). Tirso Ramón Falcón: $673,674.53 (seiscientos setenta y tres mil seiscientos setenta y cuatro pesos 53/100 moneda nacional). Yanet del Carmen Chacón Velázquez: $319,215.91 (trecientos diecinueve mil, doscientos quince pesos 91/100 moneda nacional). Matea Salvador Hernández: $194, 267.55 (ciento noventa y cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos 55/100 moneda nacional). Lo anterior, no obstante que las citadas autoridades no hayan figurado como autoridades responsables en este juicio, pues de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades vinculadas al cumplimiento de una sentencia de amparo deben acatarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". De igual forma, se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Congreso del Estado de Tabasco, y a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, para que como autoridades vinculadas, en el margen de sus respectivas competencias, auxilien en el cumplimiento de la sentencia de amparo. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, CADA UNA de las autoridades antes mencionadas, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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